El interés mundial por este grano de moda ha supuesto ingresos adicionales para las comunidades andinas

La localización de la producción de quinoa sobre todo en Perú y Bolivia (juntos acaparan casi el 80% de la exportación mundial) ha dado a estas naciones un inesperado valor estratégico. El alto componente proteínico de este pseudocereal lo hace atractivo para aquellos países que tienen la seguridad alimentaria como una prioridad.

▲ Campo de quinoa en los Andes de Bolivia [Michael Hermann-CC]

ARTÍCULO / Elisa Teomiro

La quinoa, a la que también se le da el nombre de quinua (en latín Chenopodium quinoa), es un grano ancestral de más de 5.000 años de antigüedad cultivado, en sus inicios, por las culturas precolombinas andinas. Tras la llegada de los españoles a América, fue en parte desplazado por los cereales que se llevaron desde la península. No pertenece a la familia de las gramíneas si no a la de las quenopodiáceas (espinacas, acelgas o remolachas); por tanto es más correcto considerarlo como un pseudocereal.

Constituye la base de la alimentación de la población andina de Sudamérica, especialmente de las zonas alto andinas de Bolivia y Perú (entre los dos países concentran aproximadamente el 76% del volumen total de quinoa que se exporta en el mundo, 46% Bolivia y 30% Perú). En la actualidad, por su adaptación a diferentes climas (sobrevive a las heladas, a las altas temperaturas, a la escasez de oxígeno en el aire, a la falta de agua y a la salinidad alta), su producción se ha diversificado y son más países los que la producen: Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, EEUU y Canadá, en el continente americano, así como Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia, Holanda, España, Australia y la URSS, fuera de él.

La quinoa ha pasado de ser un perfecto desconocido, para la mayoría de la población no americana, a sufrir un alza espectacular en muy poco tiempo. Una de las razones que ha contribuido a ello fue la decisión  que tomó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) de declarar 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. La FAO quería recompensar con ello el gran esfuerzo que estaban haciendo los pueblos andinos para conservar el grano en estado natural, como alimento para las generaciones actuales y venideras. Las actividades realizadas durante ese año permitieron dar a conocer al mundo la quinoa y sus propiedades nutritivas.

Aumento del precio

El interés despertado por este grano hizo triplicar su precio entre 2004 y 2013, lo que curiosamente generó un debate sobre un posible impacto negativo en las poblaciones productoras. Así, se alegó que la alta demanda de este cultivo por parte de los países desarrollados había convertido a la quinoa en un "artículo de lujo" en los países productores, donde costaba ya más que el pollo o el arroz. Se consideraba que esta situación podría causar malnutrición en la población andina, al no poder complementar su escasa dieta con la quinoa.

Un seguimiento de esta cuestión mostró posteriormente que en realidad el boom de la quinoa estaba ayudando a las comunidades en origen. Un estudio realizado por el Centro de Comercio Internacional, agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas con base en Ginebra, llevado a cabo a lo largo del periodo 2014-2015, apuntó que el consumo de quinoa por parte de los países desarrollados mejoraba las condiciones de vida de los pequeños productores; la mayor parte de ellos, mujeres.

De acuerdo con este estudio, la subida de precios entre 2004-2013 hizo que tanto productores como consumidores en las regiones productoras se beneficiaran financieramente del comercio. Así, hubo un incremento del 46% en su bienestar en este periodo, medido a través del valor de bienes y servicios consumidos por las familias. El informe destacaba también cómo, por el contrario, la caída en el precio del grano de quinoa de un 40%, sufrida hacia finales de 2015, causó un descenso en el bienestar de los hogares rurales (descendió el consumo de alimento en un 10% y los salarios en un 5%). El estudio llegaba a dos conclusiones claras: el descenso mantenido en Perú en el consumo de quinoa desde 2005 obedecía probablemente más al cambio en las preferencias del consumidor debidas a la globalización y la mayor oferta de productos, que a la variación en los precios del grano; el consumo mundial de quinoa en los países desarrollados contribuía, sin duda, al desarrollo de las comunidades en el altiplano con falta de recursos.

Producción y comercio

Las razones por las que este grano se ha hecho tan atractivo a los consumidores de Europa y EEUU –crecientemente también de China y Japón– son varias: su contenido en proteínas es muy alto, entre el 14% y el 18%, y además son proteínas de alto valor biológico que le permitirían ser un sustituto de la proteína animal (contiene los 10 aminoácidos esenciales para la dieta humana). Este factor, junto con su alto contenido en hierro lo hacen un pseudocereal ideal para los vegetarianos; no contiene gluten por lo que los celíacos también la pueden consumir; tiene un contenido glucémico bajo y esto permite su consumo por parte de los diabéticos; su contenido en fibra y en ácidos grasos insaturados (principalmente ácido linoléico) es alto, por lo que todos aquellos preocupados por su salud tienen una opción en la quinoa. Además es una fuente de  vitamina E y B2 (riboflavina) y tiene un alto contenido en calcio, fósforo, magnesio, potasio y hierro. Por todo ello, la FAO considera que por su alto valor nutricional ayuda a erradicar el hambre y la malnutrición.

El ranking de países productores de quinoa lo encabeza Bolivia (sus 118.913 hectáreas de cultivo suponían en 2016 el 60% de la superficie total de quínoa sembrada en el mundo), seguido de Perú (64.223 hectáreas, que representan el 30% de la superficie mundial sembrada) y Ecuador (2.214 hectáreas) [Tabla 1]. Desde 1990 hasta 2014, se pasó de 47.585 hectáreas de superficie sembrada con quinoa a 195.342 hectáreas. El valor global de las exportaciones pasó de 135,5 millones de dólares en 2012 a 321,5 millones de dólares en 2015.

En cuanto al volumen de exportación en toneladas, Bolivia fue el primer país durante el año 2012 (más de 25.000 toneladas), lo que representó junto a las exportaciones de 2013 unos ingresos para el país de 80 millones de dólares. En ese mismo año, las exportaciones de quinoa peruana superaron las 10.000T que supusieron un ingreso para el país de 38 millones de dólares. En 2014, Perú tomó el relevo y dominó el mercado también en 2015 y 2016 [Tabla 2].

EEUU es el principal importador de quinoa del mundo, con un 40%; le sigue la Unión Europea, con más de un 30% del total (Francia, Holanda, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Bélgica principalmente) y después Canadá. El precio medio del kilo de quínoa fue de 3,2 dólares en 2012 y de 6,2 dólares en 2014. En 2015 descendió a 5 dólares. El consumo per cápita lo encabezan lógicamente los dos principales productores: Bolivia consume 5,2 kilos y Perú 1,8 kilos, seguidos a distancia por Ecuador, con 332 gramos por persona.

En países no productores, la quinoa se introdujo primero en el sector orgánico, con consumidores preocupados por dietas más saludables, aunque actualmente ya no es solamente exclusivo de este mercado. El mayor consumidor de quinoa per cápita a nivel mundial es Canadá, con más de 180 gramos, seguido muy de cerca por Holanda; Francia y Australia consumen entre 120 y 140 gramos. En España el consumo es todavía pequeño, situándose alrededor de los 30 gramos. Las previsiones globales hasta 2025 son que se alcanzará un consumo per cápita de 200 gramos (logro que Canadá tiene ya en estos momentos al alcance de la mano) y que incluso países tradicionalmente de consumo de arroz, como Japón y Corea del Sur, abrazarán también la quinoa.

La producción de quinoa cuenta con problemas de futuro tanto de tipo medioambiental como de mercado. Antes de su boom en 2013, se cultivaban casi 60 variedades distintas del grano en el altiplano andino y prácticamente casi toda la quinoa era orgánica. En la actualidad el comercio desenfrenado y la producción a gran escala en grandes fincas, ha reducido la biodiversidad a menos de 20 tipos diferentes.

Las previsiones del estudio de mercado encargado por el Trade for Development Center en 2016 sobre los mercados actuales y futuros para la quinoa apuntan a que en diez años es muy probable que se duplique el mercado global, especialmente con la quinoa convencional producida no sólo en Perú, sino también en Australia, Estados Unidos y Canadá. La producción de quinoa orgánica, producida por los pequeños agricultores del altiplano permanecerá relativamente estable. La competencia de mercado seguirá siendo feroz por lo que los agricultores del altiplano deberán buscar medidas que les permitan seguir manteniendo un nicho de mercado con una quinoa orgánica certificada, cultivada a partir de métodos tradicionales y de comercio justo.

Pugna Polonia-Alemania por ganar influencia en la región europea entre el Báltico, el Adriático y el Mar Negro

La última cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares (ITM) contó con la presencia del presidente de la Comisión Europea, lo que muestra un aval de Bruselas que hasta ahora no parecía completo. También contó con la asistencia de representantes alemanes, aunque Alemania no forma parte de ese club de doce naciones del Centro y Este de Europa. Polonia, respaldada por Estados Unidos, desea liderar el esfuerzo en curso para restar dependencia energética de esa región respecto al gas ruso; como reacción, Alemania ha anunciado una apuesta, de momento tímida, por importar de gas licuado de EEUU.  

ARTÍCULO / Paula Ulibarrena

Los días 17 y 18 de septiembre de 2018 se desarrolló en Bucarest la tercera cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares, cuyo objeto es el desarrollo económico del área de la Unión Europea (UE) entre los mares Báltico, Adriático y Negro. El encuentro tuvo la presencia de nueve jefes de Estado, dos presidentes de Parlamentos nacionales, un primer ministro y un ministro de Exteriores, junto con varios altos responsables europeos, encabezados por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, y una nutrida representación alemana, así como dirigentes estadounidenses.

La Iniciativa de los Tres Mares (ITM, conocida en inglés como BABS-Initiative: Baltic, Adriatic, Black Sea) fue puesta en marcha en 2015 y está formada por doce países: Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Según el Instituto Polaco de Asuntos Exteriores, las reticencias iniciales de la Unión Europea sobre la ITM parece que están superadas, ya que la cumbre fue respaldada por la Comisión Europea y por el Comisionado para política regional del Parlamento Europeo. De esta forma se reconoce el papel de la ITM en la cohesión y en el fortalecimiento de la UE.

La importancia del suministro de energía

Uno de las principales aspectos de que se ocupa la ITM es el energético. Su objetivo es tener un acceso ágil a la energía, pero también asegurando el suministro desde diversos puntos, para no depender de un solo proveedor, y además intentando jugar un papel de diversificación en el suministro a otras regiones europeas. En el momento actual sus esfuerzos se focalizan principalmente en el denominado proyecto BRUA que pretende abrir la posibilidad de transportar gas de la zona del mar Caspio a la frontera sur de Rumanía, y de ahí hasta la frontera noroeste de Rumanía con Hungría.

BRUA es acrónimo de Bulgaria, Rumanía, Hungría y Austria, y pretende diversificar el sistema de abastecimiento de gas natural en la región. “Estamos creando una red de distribución”, ha indicado Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Energía y Cambio Climático; “no se trata sólo de un gran gasoducto clásico sino de pequeños gasoductos de flujo reversible que permiten enviar el gas en sentido sur, este, oeste, así que la región dispondrá de más fuentes de energía y de una energía más barata”.

El gasoducto BRUA sería, en alguna medida, un sustituto del fracasado proyecto Nabucco. Este proyecto consistía en el desarrollo de una capacidad de transporte de gas natural entre puntos existentes de interconexión con las redes de transporte de gas natural de Bulgaria (en Giurgiu) y Hungría (Csanadpalota), a través de la construcción de un nuevo gasoducto con una longitud total de 550 km, en la ruta Giurgiu-Podisor-Corbu-Hurezani-Hateg-Recas-Horia, y de tres estaciones compresoras ubicadas a lo largo de su recorrido (en Corbu, Hateg y Horia). Preveía alcanzar un flujo de gas de 4,4 millones de metros cúbicos al año en sentido Hungría, y 1,5 millones de metros cúbicos hacia Bulgaria.

El gaseoducto BRUA solo supondrá un tercio del flujo que hubiese aportado Nabucco, de modo que se minimiza el riesgo de pérdida de mercado para Rusia. El trazado que atraviesa Rumanía de este a oeste y de norte a sur, tiene un coste calculado de un total de 560 millones de euros. Rumanía prevé que las actividades de exploración del Mar Negro de la compañía OMV Petrom ExxonMobil podrían conducir al descubrimiento de nuevos yacimientos de gas natural. Para ello se contempla extender el gasoducto BRUA otros 300 kilómetros, de Giurgiu a los perímetros del Mar Negro.

Alemania envió a la cumbre como observador a su ministro de Asuntos Exteriores. El interés de Alemania es fortalecer su presencia económica en la región este de la UE, con el fin de prevenir el creciente peso de China, asegurarse el aporte energético y jugar un papel importante en la red de distribución de gas en el interior de Europa, en un contexto de conflicto por el suministro de gas ruso, y la dependencia que esto conlleva para los países europeos. En el momento actual se está finalizando la construcción del segundo oleoducto europeo del norte, conocido como proyecto NS2 (Nord Stream 2) que llevará gas licuado desde Vyborg (oeste de Rusia) hasta Greifswald, en la costa báltica de Alemania. Este proyecto siempre ha contado con la oposición de Estados Unidos, que ve con disgusto la dependencia energética de la UE respecto de Rusia, motivo por el que EEUU se inclina por potenciar la ITM como área de desarrollo y de entrada de fuentes energéticas no dependientes de Rusia.

Polonia entra en juego

Polonia se alinea con EEUU e intenta reducir la dependencia económica y energética de los países del este de Europa frente a Rusia. Pero también intenta reducir el peso de Alemania en la región; esto recuerda al Intermarium impulsado por Polonia en los años ente las dos guerras mundiales. La pretensión de Polonia es convertirse en un nuevo núcleo de distribución de gas para la UE, donde sus puertos servirían para el desembarco de gas natural licuado de origen estadounidense. Estos puertos se conectarían con el proyecto BRUA, sustituyendo a Ucrania como entrada de gas a la UE y a su vez sustituyendo el gas ruso por el estadounidense (9).

Precisamente este proyecto de la ITM, junto a la presión del presidente estadounidense, ha provocado la reacción de Berlín. La canciller alemana, Angela Merkel, contraatacó en octubre con el anuncio de que Alemania vuelve a abrir la puerta al gas estadounidense, al decidir cofinanciar la construcción de una terminal para barcos de gas natural licuado en el norte del país, por valor de 500 millones de euros. De esta forma, Alemania reforzaría su alianza con Estados Unidos, pero además podría reducir su dependencia de la energía nuclear y la emisión de gases invernadero.

Los proyectos de la ITM se financian con un fondo económico propiciado por seis de los estados miembros (Croacia, República Checa, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Letonia), pero abierto a la participación de todos los países que componen el grupo. Su objetivo es proporcionar soporte económico para el desarrollo de las infraestructuras trans-nacionales en las que participen al menos tres estados miembros de la ITM. El aporte institucional sobrepasa los 5.000 millones de euros, y pretende atraer inversión externa, de fondos privados, que fortalezca al propio fondo. Con una perspectiva a treinta años, se pretende sobrepasar los 100.000 millones de euros.

▲Satellite imagery of the Jordan River [NASA]

ANALYSIS / Marina Díaz Escudero

Water is an essential natural resource, not only for individual survival on Earth, but also for nation-states and their welfare; having an effect on socio-economic development, trade, health and population productivity.

As a natural determinant of power, its accessibility must be considered by states in their policies on national security; “hydropolitics” being the branch of study for this phenomenon. Although it has been, and continues to be, a major source of inter-state conflict, it is an arena in which cooperation and diplomacy between rival countries can set the ground for further political agreements, effectively leading to more stable and peaceful relations.

On the other hand, when water is used as a natural border or must be shared between various countries, concurrent cooperation between all of them is essential to find an effective and non-violent way to approach the resource. Otherwise, an overlapping of different, and potentially contradictory, bilateral agreements may lead to frictions. If one of the concerned countries is not present in negotiations, as some historical events suggest (e.g. 1992 multilateral negotiations in Moscow, where Lebanon and Syria where not present), this will always constitute an obstacle for regional stability.

Moreover, although 71% of the Earth’s surface is covered by water, factors such as economic interests, climate change, and explosive population growth are also challenging the sustainable distribution of water sources among countries. The future effects of this scarcity in the region will demand consistent political action in the long-term and current leaders should bear it in mind.

Water availability and conflict in the MENA region

The Middle East and North Africa (MENA) region is known as an arid and semi-arid region, with only 1% of the world’s renewable water resources. On average, water availability is only 1,200 cubic meters, around six times less than the worldwide average of 7,000 cubic meters.

As global temperatures rise, more frequent and severe droughts will take place in the region and this will make countries which already have socio-economic rivalries more prone to go to war with each other. According to the World Resources Institute, thirteen of the thirty three states that will suffer from worse water scarcity in the twenty-first century will be Middle Eastern countries.

To cite the findings of the National Intelligence Council (NIC) report, Global Trends: Paradox of Progress, more than thirty countries – nearly half of them in the Middle East – will experience extremely high water stress by 2035, increasing economic, social, and political tensions.

Although claims to the land were and are the main motives for much of the current conflict, water, as part of the contested territories, has always been considered as a primary asset to be won in conflict. In fact, recognition of the importance of water lent the term, the “War over Water”, to conflicts in the region, and control over the resource constitutes a significant advantage.

Despite there being several water bodies in the Middle East (Nile, Euphrates, Tigris…), the Jordan River basin is one of the most significant ones today in terms of its influence on current conflicts. The Jordan River Basin is a 223 km long river with an upper course from its sources up to the Galilee Sea, and a lower one, from the latter to the Dead Sea. Territories such as Lebanon, Israel and the West Bank are situated to its West, while Syria and Jordan border it to the East. Water scarcity in the Jordan watershed comes from many different factors, but the existence of cultural, religious and historical differences between the riparian countries (situated on the banks of the river) has led to a centuries-long mismanagement of the source.

Tensions between Zionism and the Arab world on regards to the Jordan River became noticeable in the 1950s, when most Arab countries rejected the Johnston Plan that aimed at dividing the water by constructing a number of dams and canals on the different tributaries of the river. The plan was based on an earlier one commissioned by the United Nations Relief and Works Agency (UNWRA) and was accepted by the water technical committees of the five riparian countries. Nevertheless, the Arab League didn’t give the go-ahead and even hardened its position after the Suez Crisis.

In spite of this, Jordan and Israel decided to abide by their allocations and developed two projects, the Israeli National Water Carrier (to transport water from the north to the center and south) and Jordan’s East Ghor Main Canal (King Abdullah Canal). In retaliation and with severe consequences, Arab states reunited in an Arab Summit (1964) and decided to divert Jordan’s headwaters to the Yarmouk river (for the Syrian Arab Republic and Jordan), depriving Israel of 35% of its Water Carrier capacity.

This provocation led to a series of military clashes and prompted Israel’s attack on Arab construction projects; a move that would help precipitate the 1967 Six-Day War, according to some analysts. As a result of the war, Israel gained control of the waters of the West Bank (formely Jordan-annexed in the 1948 war and today still controlled by the Israeli Civil Administration) and the Sea of Galilee (today constituing about 60% of the country’s fresh water).

Later, in 1995, by the Article 40 of the Oslo II political agreement, […] Israel recognized Palestinian water rights in the West Bank and established the Joint Water Committee to manage and develop new supplies and to investigate illegal water withdrawals. Nevertheless, the loss of control over water in the West Bank has never been accepted by neighbouring Arab countries as, despite the agreement, much of the water coming from it is still directly given to Israeli consumers (and only a smaller fraction to Palestinians living under their control).

Role of water in Syrian-Israeli hostilities

Hostilities have been covering the agenda of Syrian-Israeli relationships ever since the Armistice Agreements signed by Israel with each of the four neighbouring Arab countries in 1949. This is compounded by the fact that there is seldom mutual agreement with resolutions proposed by the United Nations Security Council (UNSC).

The Golan Heights, a rocky plateau in south-western Syria, was taken away by Israel in the aftermath of the Six-Day War and is still considered an Israeli-occupied territory. In 1974 the Agreement on Disengagement was signed, ending the Yom Kippur War and resulting in the formation of the United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF), a buffer zone separating the Israeli portion of the Golan Heights and the rest of Syria. Although Israel kept most of the Golan Heights territory, in 1981 it unilaterally passed the Golan Heights Law to impose its jurisdiction and administration on the occupied territory (refusing to call it “annexation”). These laws did not receive international recognition and were declared void by the UNSC.

The fact that Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu stated in April 2016 in a weekly cabinet meeting that “the Golan Heights will remain forever in Israeli hands” has once again triggered the rejection of UNSC’s members, who have declared that the status of the Heights “remains unchanged.”

Rainwater catchment in the Golan Heights feeds into the Jordan River and nowadays provides a third of Israel's water supply. Although “Syria has built several dams in the Yarmouk river sub-basin, which is part of the Jordan River basin”, the Golan Heights are likely to remain an important thorn in future Israeli-Syrian relationships.

Water as a casus belli between Lebanon and Israel

In March 2002, Lebanon decided to divert part of the Hasbani (a major tributary of the Jordan upper course) to supply the lebanese Wazzani village. Ariel Sharon, the former Prime Minister of Israel, said that the issue could easily become a "casus belli". According to Israel, Lebanon should have made consultations before pumping any water from the Springs, but both the Lebanese government and Hezbollah (a shi’a militant group) condemned the idea.

The Wazzani project, according to Lebanon, only aimed to redevelop the south by extracting a limited amount of water from the Hasbani; 300 MCM per year (they drew 7 MCM by the time). The actual conflict with Israel began when Lebanon started constructing the pumping station very close to the Israeli border.

The United States (US) decided to establish a State Department water expert in order to assess the situation “and cool tempers” but in 2006, during the Lebanon war, the pumping station and other infrastructures, such as an underground water diversion pipe which run Letani river water to many villages, were destroyed.

Although Israeli-Lebanese tensions have continued due to other issues, such as spying, natural gas control and border incidents, water source domination has been a significant contributor to conflict between the two states.

Inter-Arab conflicts on water allocation

Some inter-Arab conflicts on regards to water distribution have also taken place, but they are small-scale and low level ones. In 1987, an agreement was signed between Jordan and Syria which allowed the latter to build twenty five dams with a limited capacity in the Yarmouk River. Later on it was proved that Syria had been violating the pact by constructing more dams than permitted: in 2014 it had already constructed forty two of them. New bilateral agreements were signed in 2001, 2003 and 2004, but repeated violations of these agreements by Syria in terms of water-allocation became unsustainable for Jordan. Most recently (2012), former Jordan's water minister Hazim El Naser stressed the necessity “to end violations of the water-sharing accords.”

Although these are low-level tensions, they could quickly escalate into a regional conflict between Jordan, Syria and Israel, as a decrease of water from the Yarmouk released by Syria to Jordan may prevent Jordan to comply with its commitments towards Israel.

Regional cooperation: from multilateralism to bilateralism

Since the beginning of the last century, attempts to achieve multilateral cooperation and a basin-wide agreement between the five co-riparian countries have been hindered by regional political conflict. Boundary definition, choices about decision-making arrangements, and issues of accountability, together with other political divisions, can help explain the creation of subwatershed communities of interest instead of a major watershed agreement between all neighbour countries.

The Israeli-Palestine peace process begun in 1991 with the Conference in Madrid, attended by all riparians: Israel, Jordan, Palestine, Lebanon and Syria. Co-sponsored by the US and the Soviet Union as representatives of the international community, it addressed several regional issues, such as environment, arms control, economic development and, of course, water distribution (in fact, water rights became one of the trickiest areas of discussion).

In 1992, multilateral negotiations about regional cooperation continued in Moscow but this time they were only attended by Israel, the Jordanian-Palestinian delegation and the international community; Syria and Lebanon were not present. “After the failed Johnston plan, external efforts to achieve a multilateral agreement through cooperation on water sources were attempted by the Centre for Environmental Studies and Resource Management (CESAR) […] As Syria and Lebanon did not want to participate in a process involving Israel, (it) ran parallel processes for Israel, the Palestinian Authority and Jordan on the one hand, and Syria and Lebanon on the other hand.”

As a matter of fact, bilateral instruments grew in importance and two treaties, between Israel and Jordan/Palestine respectively, were signed: The Treaty of Peace between The Hashemite Kingdom of Jordan and The State of Israel (1994) and The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip (Oslo II, 1995). Discussions about water use and joint water management played an important role and were included in the annexes.

In 1996, the Trilateral Declaration on Principles for Cooperation on Water-Related Matters and New and Additional Water Resources was signed by Israel, Jordan and the Palestine Liberation Organisation (PLO) and in 2003 the first two initiated a plan called Roadmap for Peace which included the revival of cooperation on regional issues like water.

Although Israel and Syria started some negotiations to solve the Golan Heights’ problem in 2008, after the break out of the Syrian civil war distrust between both actors has increased, leaving the most important thorn in multilateral regional negotatiations still unsolved. Nevertheless, “a new government in Syria after the end of the war may provide new opportunities for improved bi- and ultimately multilateral cooperation,” says the FAO. The previous year (2007) Jordan and the Syrian Arab Republic also signed some agreements “in regard to shared water in the Yarmouk river basin.”

Role of Non-Governmental Organizations

Civil society has also been an important platform for resource-management discussions between riparian countries.

Middle Eastern rhetoric, according to the BBC, “often portrays the issue of water as an existential, zero-sum conflict - casting either Israel as a malevolent sponge sucking up Arab water resources, or the implacably hostile Arabs as threatening Israel's very existence by denying life-giving water.”

For this reason, in 2010, Friends of the Earth Middle East (FoEME, also called EcoPeace Middle East) stressed the importance of replacing this win-lose approach for a compromising perspective of mutual gains for all. In this way, their proposals don’t “include quantitative water allocations, but the implementation of a joint institutional structure that is continuously tasked with peaceful conflict resolution over water resources; […] defining water rights not as the access to a certain water quantity, but as a broader bundle of rights and duties to access and use the available water and to uphold quality and quantity standards.”

Through “The Good Water Neighbors” project (2001), the NGO tried to raise awareness about the negative consequences of leaving this issue unmanaged and reiterated its willingness to strenghten ”institutional capacities for collaboration in the region.” According to the staff, Israel, Jordan and Palestine could develop a certain interdependence, focused on water (Israel to Jordan/Palestine) and solar-generated electricity (Jordan to Palestine/Israel), in order to facilitate the powering of desalination plants and produce more cleanwater for sale.

The use of this type of political support for transboundary cooperation, based on water access but focused on solving less cultural and sensitive problems (like environmental sustainability), as a means to opening up avenues for dialogue on other political issues, could be the key for a lasting peace in the region.

According to Gidon Brombert, cofounder and Israeli director of FoEME, adopting “healthy interdependencies is a powerful way to promote regional water and energy stability as a foundation for long-lasting peace between our people.”

A testament to the success of these initiatives is the fact that Jordan and Israel scored 56.67 under the Water Cooperation Quotient (WCQ) 2017, which means that there is currently zero risk of a water-related war between both states (50 is the minimum score for this to apply).

Final key points and conclusions

There is no doubt that water issues have been a key discussion point between riparian countries in the Jordan River watershed since the late nineteenth century, and rightly so, as the only way to achieve a long-lasting peace in the region is to accept that water management is an integral part of political discourse and decisions. Not only because it is an essential factor in the conflicts that arise between states, but because agreements on other political matters could be furthered through the establishment of sound agreements in the hydropolitical arena.

In other words, a “baby-step” approach to politics should be applied: peaceful discussions on this and other matters leveraged to talk about other sources of conflict and utilized to improve political relations between two parties. The Korean conflict is a good example: although both Koreas are far from agreeing with regards to their political outlook, they have been able to cooperate in other fields, such as the Winter Olympic games. Communication during the games was used to subtly suggest avenues for a political reapproachment, which now seems to be progressing satisfactorily.

As for multilateral-bilateral conditions of negotiations, it is important to take into account the fact that the Jordan River basin, mainly due to its geological condition as a watershed, has to be shared by several different countries, five to be exact. This may seem obvious but clearly many actors don’t see its implications.

Understandably, it is very difficult for a state to manage various bilateral agreements concerning the same asset with countries that are mutually at odds with one another. Their contents can overlap, creating contradictions and making the achievement of a general arrangement not only disorganized, but also challenging. Notwithstanding, a multilaterally agreed distribution of the basin’s water – taking into account the necessities of all riparians simultaneously, could more easily pave the way for further cooperation on other, pressing, political issues.

Last but not least, it is important not to forget about policies related to other regional affairs, and their potential effect on water management. Climate change, for instance, will certainly affect water availability in the MENA region and the Jordan River basin, easily disrupting and modifying past and future agreements on the resource’s allocation and distribution. Attention should also be paid to interest groups and to the economic situation of the countries involved in the negotitations, as these will be determinant in states’ decisions about the implementation of certain future projects.

Las repúblicas centroasiáticas se disputan los escasos recursos hídricos de la Cuenca del Mar de Aral

La falta de cooperación efectiva entre las repúblicas por donde atraviesan los dos principales ríos de Asia Central, el Amu Darya y el Syr Darya, que históricamente han alimentado el Mar de Aral, está impidiendo resolver los problemas hídricos de la región. Objetivos a corto plazo, como la explotación hidroeléctrica o las prospecciones petroleras, dificultan el entendimiento, si bien recientes iniciativas apuntan en la correcta dirección.

▲Imagen satelital del Mar de Aral, con el norte abajo [NASA]

ARTÍCULO / Roberto Ramírez Millán

Fuente de vida, alimento de los cultivos, medio de navegación… Son muchas las funciones que cumple el agua como recurso humano. Es indispensable y necesaria para el mantenimiento y desarrollo de cualquier nación. Hoy este recurso se está agotando debido a la gran expansión industrial de los últimos siglos, el crecimiento en masa de la población y el cambio climático. La disputa por el agua dulce, dada su importancia económica, geopolítica y geoestratégica está desencadenando conflictos entre diversos países, conocidos como “guerras del agua”. Eso ocurre en el área del Asia-Pacífico y singularmente en el caso la región de Asia Central, en la Cuenca del Mar de Aral.

Debido a la sequía que caracteriza a esta zona, los ríos Amu Darya y Syr Darya están sometidos a especial tensión como principales proveedores de agua dulce a los países de Asia Central. Desde el colapso de la URSS, junto con sus organizaciones para la negociación de las aguas de esta cuenca, y la independencia de los países localizados en esta región, la falta de una organización internacional efectiva que regule el uso de este recurso entre los Estados ha conllevado una serie de conflictos internacionales debido a las desigualdades de acceso al agua.

En 1993 la República de Kirguistán comenzó a usar la cascada de Naryn como una fuente de energía hidroeléctrica, con la intención de suplir la carencia de combustible orgánico. Con este nuevo uso de las infraestructuras, que conllevaba una gran retención de agua durante el verano, la República de Kirguistán aprovechó para vender energía eléctrica a precios desorbitantes a cambio de gas y carbón, del cual carece, a países como Kazajstán y Uzbekistán. La búsqueda del beneficio propio de los Estados y la falta de cooperación entre ellos imposibilitó alcanzar ningún acuerdo. 

Además, en 1997, Kirguistán declaró que el río Syr Darya dejaría de ser a efectos legales un bien común. Para ello, remodeló y restringió el derecho a su uso y exigió a los Estados que se beneficiasen de esta cuenca una ayuda financiera para mantener las reservas de agua dulce disponibles en su territorio. No conforme con esto, remarcó que, si Uzbekistán no pagaba, vendería gran parte de esta agua a China, dañando de este modo los intentos de llegar a un acuerdo entre ambos.

Estos eventos no han sido los únicos que han dificultado la cooperación entre estos países, también se podría destacar la fuerte caída de carácter mundial de los precios de la agricultura irrigada, los cultivos de algodón uzbekos que requieren de grandes cantidades de agua y los problemas consecuencia del cambio climático, entre otros.

Mar de Aral

Además, también hay que tener en cuenta la actual situación en la que se encuentra el Mar de Aral. El que fue uno de los cuatro lagos más grandes del mundo y proveía de sostenibilidad económica a la región, se encuentra en un estado de sequía continua desde 1960. Debido a las mencionadas operaciones en los ríos Syr Darya y Amu Darya, el mar de Aral se dividió en dos partes, el lago norte y el lago sur, quedando totalmente evaporada la zona oriental de este último. Anteriormente el Mar de Aral proporcionaba entre 20.000 y 40.000 toneladas de pescado por año; sin embargo, en la actualidad solo puede suministrar alrededor de 1.000 toneladas.

Para lidiar con los problemas de sequía Kazajstán desarrolló el proyecto “Regulación del lecho del río Darya y preservación de la parte norte del Mar de Aral". Este incluyó la construcción de la presa Kokaral en la orilla sur del lago norte, gracias al apoyo del Banco Mundial. La presa aseguró el crecimiento de ese lago en un 20%. El proyecto también aportó la edificación de un criadero de peces, que fomentó una producción de entre 10.000 y 12.000 toneladas de pescado por año.

Sin embargo, estas medidas a favor del desarrollo del Mar de Aral están siendo contrarrestadas al mismo tiempo por las acciones de Uzbekistán. Si anteriormente la parte uzbeka del Mar de Aral se veía perjudicada por alta irrigación de los cultivos de algodón, es ahora la extracción de petróleo la que está dañando el lago sur. La perforación del suelo en el delta del río Amu Darya y en el fondo del Mar de Aral juegan un papel negativo. En el dilema entre el desarrollo de la industria petrolífera y el gas y la salvación de su parte del Aral, Uzbekistán está demostrando cuál es su prioridad, dados los beneficios del desarrollo de hidrocarburos.

Cooperación efectiva

Los investigadores y expertos de la región son conscientes de que la cooperación entre los seis países es indispensable para su desarrollo; es por ello que en 2001 se creó el Regional Environmental Center for Central Asia (CAREC), una organización no gubernamental encargada de abordar los desafíos ambientales y de sostenibilidad en Asia Central y Afganistán. Esta organización ha denunciado que la región está perdiendo 4.500 millones de dólares anuales debido “a la falta de cooperación mutua efectiva entre los países”, como ha indicado su director ejecutivo, Iskandar Abdullayev.

Por este motivo, el pasado 8 de junio, de la mano de CAREC tuvo lugar la ceremonia de puesta en marcha del Clúster de Innovación e Investigación Científica en el ámbito de la gestión del agua, la primera en Asia Central, cuyo objetivo es “garantizar la efectividad y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo”. Estas y parecidas iniciativas constituyen los primeros pasos para la creación de un futuro próspero y sostenible, evitando represalias y previniendo posibles “guerras del agua”.

BIBLIOGRAFÍA:

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Dukhovny, V. A., & Sokolov, V. (2003). Lessons on cooperation building to manage water conflicts in the Aral Sea Basin. Paris: Unesco, 7-16

Karaev, Z. (2005). Water Diplomacy in Central Asia. Middle East Review of International Affairs, 9(1), 63-69.

Sievers, E. W. (2001). Water, conflict, and regional security in Central Asia. NYU Envtl. LJ, 10, 356.

Swain, A. (2004). Managing water conflict: Asia, Africa and the Middle East. Routledge.

Tishkov, V. (1997). Ethnicity, nationalism and conflict in and after the Soviet Union: the mind aflame (Vol. 15). Sage.

The EU has backed down on the project, but Germany still gives support to the Russian initiative

The project of a second set of gas pipelines through the Baltic Sea, in order to transport Russian gas to the European Union without crossing Ukraine, has divided the EU governments. Some Eastern and Central European countries, backed by the United States, argue against any dependency on Russian gas supplies, but Germany keeps its support to the Russian plans.

▲The routes of the Nord Stream and the planned Nord Stream 2 pipelines from Russia to Germany [Gazprom]

ARTICLE / Ane Gil Elorri

The natural gas consumption for nowadays is essential to have basic necessities covered. Therefore, it´s imperative for everyday life. Nevertheless, it goes through a laborious process before it reaches the consumers. The gas needs to be extracted from the land or sea subsurface, and transported, before it reaches its destiny, being pipelines the most common via of transportation.

The EU´s domestic gas production has been declining and the reserves in the North Sea depleted. Therefore, in order to meet demands, the EU has turned to other suppliers; being the most important Russia, Saudi Arabia and Norway. In fact, a lot of countries in the European Union are heavily dependent on Russian imports, especially of natural gas, which often go through transit countries such as Ukraine and Belarus. The decisions are all make through the EU-Russia Energy Dialogue. Russia has the largest gas reserves in the world. With 44,600 billion cubic meters, Russia has 23.9 percent of the world’s currently known gas reserves, followed by Iran (15.8 percent), Qatar (13.5 percent), the United States, and Turkmenistan (4.3 percent each).

The most prominent European energy supply is the Nord Stream Pipelines. Nord Stream are a twin set of pipelines that provide gas transportation capacity for the natural gas, which comes from the Western Russia (Vyborg) into Lubmin, Germany, for the distribution into the European gas grid. This system is composed by a set of 1,224-kilometre pipelines through the Baltic Sea, and each hold the capacity to transport 27.5 billion cubic metres of natural gas a year. Line 1 became operational in November 2011 and by October 8, 2012 the system was fully operational, having taken the construction of these pipelines 30 months.

The desire of a grand-scale gas transport between Russia and the western Europe goes back to the 1970´s, to the contract between a German company (Ruhrgas AG) and Gazprom (national Russian gas company) to supply natural gas. In 2000 the European Commission recognized the need for a pipeline in the Baltic Sea. In December 2005, the North European Gas Pipeline Company was established and by October 4, 2006, the North European Gas Pipeline was officially renamed Nord Stream. It was finally completed and functional in October 2012.

The Nord Stream project was very ambitious. Nevertheless, it was completed on time, on budget, and without permanently impacting the environment. The Nord Stream Pipeline system is fully operational and capable of transporting up to 55 billion cubic metres (bcm) of natural gas every year to Europe.

Now, a new project is developing based on the success of the Nord Stream Pipelines: Nord Stream 2. This project will benefit from the experience of the previous pipeline, which has set a new high for the environmental, technical and safety standards throughout its planning, construction and operation. The idea is to add a new set of twin pipelines along the Baltic Sea route to increase the capacity of gas transportation in order to meet the demands of Europe. In fact, this new pipeline will create a direct link between Gazprom and the European consumers.

The Nord Stream 2 project is implemented by the Nord Stream 2 AG project company, where Gazprom is the sole shareholder. In October 2012, the shareholders of the Nord stream project examined the possibility of constructing a third and fourth pipeline and came to the conclusion that it was economically and technically attainable. In April 2017, Nord Stream 2 AG signed the financing agreements for the Nord Stream 2 gas pipeline project with ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, and Wintershall. These five European energy companies will provide long-term financing for 50 per cent of the total cost of the project.

The entry point into the Baltic Sea of the twin pipeline will be the Ust-Luga area of the Leningrad Region. Then the pipeline will stretch across the Baltic Sea. Its exit point in Germany will be in the Greifswald area close to the exit point of the original Nord Stream. The route covers over 1,200 kilometres.

The total capacity of the second twin set of pipelines is 55 billion cubic metres of gas per year. Therefore, the sum with the prior pipelines would give an outstanding number of 110 billion cubic metres of gas per year. Nord Stream 2 will be operational before late 2019.

This project is defended with the argument that it supposed a diversification of the routs transporting natural gas to Europe and to elevate the energetic security due to the instability of the transit of gas through Ukraine. For now, a lot of the natural gas consumed by Europe comes from Russia through Ukraine. Nevertheless, if this project goes through, Ukraine will lose 2,000 million dollars for the transit of natural gas, and even the proportion of gas will decrease (which is also for personal use) leading to the collapse and finalization of the transit of natural gas through Ukraine. Furthermore, if Hungary, Slovakia and Poland receive natural gas through the Nord Stream 2 pipelines instead of through Ukraine, it will be very difficult that Ukraine receives gas from the west, seeing as Gazprom along with others controls EUGAL (European Gas Pipeline Link) can reduce the supply of gas to those companies that provide gas to Ukraine.

The cost of 1,000 cubic meters in 100 kilometres through Nord Stream 2 would cost 2,1 million dollars while through Ukraine it costs 2,5 million dollars. The tariff of transportation of natural gas through Nord Stream is 20% lower than through Ukraine.

Only half of the European Union members approve the negotiations between the EU and Russia over the Nord Stream 2 Project. It is true that the natural gas demand of Europe is growing each year but some countries such as the Baltics are against anything that has to do with Russia. Besides the US, thanks to fracking, has become the biggest producer of gas, and is now looking to substitute Russia as the principal gas provider of the EU.

But other countries are in favour of this project. In January 31 this year, Germany gave its permission to begin the construction of the pipelines of Nord Stream 2 in their territorial waters. Berlin also authorized the construction of the section of 55 kilometres that will go through the terrestrial part situated in Lubmin. In April this year, Finland has also given the two permissions needed to begin the construction.

Nevertheless, Gazprom will be facing a few difficulties in order to pull through with this project. The company still needs that other countries, such as Norway, Denmark and Russia, give authorizations and permissions to construct the pipelines in their exclusive economic zone. There is a risk that Denmark doesn’t authorize these new pipelines. The Danish Agency of Energy and the Foreign Office both have to give their approval but can deny the permit if Nord Stream 2 represents a danger for the environment. Another problem is purely political: the European Commission is trying to make the implementation of the project fit with the EU legislation. In November 2017, the European Commission prepared a list of amendments to its energy legislation, known as the Third Energy Package, which will pursue gas pipelines that come from the markets of countries that have the Brussels standards. Because of this, Gazprom won’t be able to be the only shareholder of the Nord Stream 2 project and the pipelines will have to carry gas of other companies that have nothing to do with Gazprom.

Although, as previously mentioned, Nord Stream 2 has already received the two permits necessary in Germany and Finland in order to begin the construction, it seems that not many European countries are in favour of this project. In fact, since this April, the EU and the European Commission have withdrawn their support claiming that Nord Stream 2 does not encourage the diversification of gas supply, and they give more significance to the gas pipelines going through the Ukrainian territory in context of diversification of supply routes.
Other EU countries and of the region, such as Ukraine, Denmark, the Baltic States and Poland, have continuously spoken against Nord Stream 2, claiming that the project will increase Europe’s dependence on imported Russian gas. Nevertheless, German Chancellor Angela Merkel supports this project, considering it to be an economic project which does not pose a threat to EU energy security, has is expected, seeing as the Nord Stream 2 is a joint venture between Russia’s Gazprom, France's Engie, Austria’s OMV AG, the Anglo-Dutch company Royal Dutch Shell, and Uniper and Wintershall, both German.

Nevertheless, the most vocally active countries against this project are the US and Ukraine. On one side, the United States believes that this project would undermine Europe´s overall energy security and stability. It would also provide Russia other ways to pressure European countries, especially Ukraine. The US even threatened the EU firms to be subjected to Countering America´s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). On the other side, Ukraine’s efforts to prevent the implementation of Nord Stream appears to be futile. They openly stated that this would conclude on the Russian monopoly on the world gas market, which would lead in Europe to an energy crisis and to an economic and political destabilization, and called for the international community to step in. Unfortunately, Germany is as headstrong as ever, stating that underwater pipeline to bring gas from Russia could not go forward without Ukrainian involvement in overland transit.

As the recent expulsion of European diplomats in Moscow shows, the global political relations have worsened considerably in the last few years. In fact, some would say that it the worst condition since the Cold War. This new political situation has had consequences on the Nord Stream 2, causing European countries to oppose to this project. The ultimate defender left standing of the programme is Germany, even the EU has backed down after Ukraine's protest. Ukraine has every right to oppose to this project, seeing as Russia has had nothing more but cold moves towards this country (cut off gas supplies in the middle of winter, Crimea), and is not outrageous to think that this project would ultimately affect the country, specially economically. Therefore, this project does not diversify the sources of natural gas, the first Nord Stream already reached this objective. The second Nord Stream, however, would grant Russia a monopoly of natural gas, which is not recommendable seeing as it would create Europe’s dependence on Russia, and Russia could take advantage of it. Unfortunately, Russia will not give up this project, even with mostly everybody turns against it.

La demanda interna aumentará, a diferencia de lo que ocurrirá en regiones más avanzadas

En las próximas décadas, el consumo petrolero en América Latina seguirá creciendo, frente a una tendencia a la baja que ya se vislumbra en el horizonte de muchos países avanzados. El crecimiento de población y el incremento de la clase media explica ese aumento de la demanda. Esta demanda interna servirá para fortalecer las industrias extractivas de los productores de crudo latinoamericanos, pero hará crónico el déficit de refinación que sufre la región.

ARTÍCULO / Ignacio Urbasos

La industria petrolera está viviendo un cambio en los patrones exportadores y de consumo en la región de América Latina. La clásica orientación del sector hacia los Estados Unidos ha cambiado en un nuevo contexto en el que las exportaciones están mucho más diversificadas con una basculación hacia los países emergentes de Asia. De igual modo, la demanda interna aumenta de forma constante debido al crecimiento poblacional y económico. Sin embargo, la capacidad refinera de la región seguirá siendo insuficiente. En este documento se ofrecerá un análisis enfocado en el largo plazo para tratar de ofrecer una mejor comprensión del futuro energético de la región, principalmente en sus consumos, extracción y posterior refinamiento.

En primer lugar, se deben tener en cuenta las expectativas demográficas y económicas de Latinoamérica: el crecimiento demográfico supondrá el aumento de 800 millones de personas para 2050, y el económico podría ser de un 2% anual durante al menos la próxima década. Efecto directo de esto será el aumento de la demanda eléctrica en un 91% para 2040 y el incremento del número de vehículos en la región de 94 millones en 2016 a los 165 millones esperado para 2040.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico inferior, la mayor demanda de petróleo en la región vendrá asociada al transporte, el cual sí tenderá a una mayor eficiencia en los consumos, pero aún está lejos la prometida llegada del coche eléctrico con expectativas de menos del 4% para 2030 a nivel mundial. Igualmente, el incremento de la clase media en 126 millones de personas para 2030 tendrá un impacto directo en el aumento del transporte aéreo, el cual se prevé que crezca de media un 3,4% anual hasta 2034, de acuerdo al último informe de la OACI, con el consiguiente aumento del consumo de keroseno.

Se debe tener en cuenta que en América Latina existen subsidios tanto a la gasolina como al diésel, lo cual genera precios más asequibles distorsionando la demanda claramente al alza. Estos subsidios responden principalmente a la lógica de que los ciudadanos deben ser beneficiarios de la posesión de recursos naturales por su país, y se concentran en países tradicionalmente petroleros como Ecuador, Venezuela, México o Argentina. No obstante, estos países importan en gran medida el combustible debido a su limitada capacidad refinera, generando un doble déficit comercial y fiscal, como destaca la CEPAL. El futuro de estos subsidios es una incógnita, pero cualquier cambio tendría un alto coste político, ya que al afectar al precio de un bien básico tendría consecuencias sobre amplios sectores sociales con gran impacto electoral.

Por su parte, la contribución del petróleo a la generación eléctrica se mantendrá constante en los 500.000 barriles diarios, descendiendo su importancia desde el 46% actual, según las cifras para Latinoamérica de la Agencia Internacional de la Energía Renovable. La región se verá enormemente beneficiada de la mayor presencia de energías renovables, sector que ya lidera por unas condiciones geográficas incomparables, destacando la enorme importancia de la energía hidroeléctrica.

Durante las próximas décadas dos grandes fenómenos ocurrirán en Latinoamérica: la universalización del acceso a la energía y un nuevo modelo energético con menor presencia del petróleo y biocombustible (madera y desechos) en favor del gas y las energías alternativas. Uno de los grandes retos que afronta la región es la de desarrollar un sistema eléctrico más integrado nacional e internacionalmente que aumente la eficiencia en consumos y permita una mayor flexibilidad en las fuentes de producción. La excepcionalidad geográfica de la región exige enormes inversiones para desarrollar esta tarea; no obstante, ya existen diversos proyectos regionales en esta dirección: Sistema de Interconexión Eléctrico Andino que comprende los países de la Comunidad Andina más Chile y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

Déficit de refinación

Este alza en los consumos no está acompañada de una mayor capacidad refinera, la cual ya es enormemente deficitaria, y genera una crítica dependencia de las importaciones de gasolina y otros derivados desde EEUU. Una tendencia que probablemente sea una constante en el corto y en el medio plazo para la región y se añade al descenso del 14% en la actividad refinera en la región desde 2012 (World Oil Outlook 2017), que ya suma una pérdida de un millón de barriles refinados al día desde ese año. Los altos costes de instalación y de mantenimiento, en torno al 2% del coste de instalación anual, se suman a la crónica incertidumbre política de la región que ahuyenta en gran medida la inversión privada.

Un caso ilustrativo es el de la refinería del Pacífico en Ecuador, la cual se presentó como el mayor proyecto refinero del país en los comienzos de la presidencia de Rafael Correa en 2007. El proyecto comenzó con una participación financiera del 49% por parte de PDVSA y un 51% por parte de Petroecuador, además de la adjudicación del proyecto a la constructora Odebrecht. A día de hoy, PDVSA ha retirado su aportación y la constructora brasileña enfrenta juicios en el país por corrupción, dando como resultado una década perdida y obligando a Lenin Moreno a reformular el proyecto, incluido el nombre: ahora Refinería de Manabí.

Tal y como podemos ver en el gráfico, los grandes productores petroleros de América Latina cuentan con una deficitaria capacidad refinera. Debe tenerse en cuenta que en la región no solo existe una infra capacidad, sino también una infra actividad, lo que genera una brecha todavía mayor. La actividad de estas plantas se encuentra en la actualidad en torno al 70% de su capacidad total. Aquellos países que no cuentan con producción petrolera, pero sí con una relevante industria del refino, son Curaçao, que cuenta con una de los mayores centros de PDVSA, Chile y Perú.

En definitiva, el sector petrolero latinoamericano encara las próximas décadas con enormes dudas en su capacidad refinera y lejos de alcanzar una autosuficiencia. La falta de capacidad para atraer inversión extranjera de los países históricamente petroleros ha generado un escenario decepcionante que agrava la ya de por sí limitada industria en la región. Las transformaciones sociales propias de una sociedad que crece demográfica y económicamente exigen inversión en infraestructuras para poder colmar las expectativas de un acceso universal a la red eléctrica y el consumo propio de la incipiente clase media.

Casi dos tercios de las reservas mundiales de litio identificadas se encuentran en Bolivia, Chile y Argentina

La explosión de la automoción eléctrica mediante el uso de baterías de ión de litio ha puesto las grandes reservas de este metal del altiplano boliviano y el desierto de Atacama en el centro del interés mundial de esa nueva industria. ¿Aprovechará Sudamérica la ocasión para adentrarse ella misma en procesos de innovación tecnológica, o volverá a resignarse, como ha ocurrido con tantos otros minerales, a una mera labor de extracción?

▲Salar de Uyuni, en el altiplano de Bolivia [Luca Galuzzi, Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Milene Pardo-Figueroa

Con la incorporación gradual de vehículos eléctricos al mercado, además del aumento de la venta de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos –productos todos ellos activados por baterías de ión de litio–, la demanda mundial de litio está aumentando. Este elemento químico alcalino, que en su forma pura se presenta como un metal blando, especialmente ligero, es abundante en la naturaleza, si bien las mayores reservas están concentradas en unos pocos países. Debido a las condiciones de su extracción, esta es especialmente rentable en las zonas secas del triángulo delimitado por las fronteras de Bolivia, Chile y Argentina. Si el litio es conocido como “petróleo blanco” o “nueva gasolina”, por el color del salitre de los depósitos donde se encuentra y por ser impulso motriz de los modernos automóviles, la zona fronteriza de esos países es denominada la “Arabia Saudí del litio”.

La “fiebre” por el litio ha llevado a una producción actual de 40.000 toneladas anuales, una cifra que queda por debajo de la enorme demanda existente, que en estos momentos plantea una necesidad de 180.000 toneladas. Aunque ese volumen pueda alcanzarse en los próximos años, los cálculos hablan de una demanda de entre 500.000 y 800.000 toneladas en 2025. Para entonces, de acuerdo con algunas previsiones, el mercado mundial de baterías de litio podría tener un valor de 46.000 millones de dólares. Parte del empuje del sector viene de la innovación de los automóviles eléctricos. La expansión de ese mercado, no obstante, podría verse ralentizada si no se acelera la producción de litio. Como ha advertido el empresario visionario Elon Musk, promotor de la marca de autos eléctricos de alta gama Tesla, “para crear 500.000 vehículos al año, básicamente tenemos que retener toda la generación de litio en el planeta”.

La dificultad para atender esa creciente demanda viene de los altos costos de extracción, que varían considerablemente en función de las características del depósito. Los depósitos más rentables se hallan en los concentrados de salmuera existentes en climas áridos, que al sacarlos a la luz experimentan una rápida evaporación. El lugar donde eso se da especialmente es el área formada por el desierto de Atacama y el altiplano boliviano.

La producción mundial está encabezada por Australia, que en 2016 extrajo 14.300 toneladas, seguida de Chile, con 12.000, y Argentina, con 5.700, de acuerdo con las cifras del Estudio Geológico de EEUU. El volumen de reservas identificadas sitúa a los países suramericanos claramente por delante, especialmente a Bolivia, que reúne los mayores depósitos aunque por ahora haya desarrollo poco la actividad minera de este metal. Así, Bolivia cuenta con unas reservas identificadas de 9 millones de toneladas (22,7% del total mundial), Chile de 7,5 millones (18,9%) y Argentina de 6,5 millones (16,4%), lo que supone que los tres países cuentan con el 58% de las reservas mundiales. Tras ellos están Estados Unidos, con 5,6 millones (13,9%), y China, con 5,4 millones (13,6%). Otras estimaciones otorgan a China unas reservas similares a las de Argentina. El sector está dominado por cinco grandes compañías, que controlan el 90% de la producción mundial: SQM (Chile), FMC y Albermarle (EEUU), Talison (Australia) y Tianqi Lithium (China).

El triángulo blanco

El Salar de Uyuni en el altiplano boliviano –una superficie cubierta de sal, generada por la evaporación de las aguas de mar que quedaron encerradas en un lago al emerger la cordillera de los Andes en su formación–, acoge lo que podría ser el mayor depósito de litio del mundo. Su obtención se enfrenta al problema de que aquí el metal está especialmente mezclado con magnesio y la separación de ambos requiere del acceso a tecnología que de momento Bolivia no dispone a gran escala. Ante el temor de empresas extranjeras sean las que controlen la extracción y dejen escaso beneficio al país, como pasó históricamente con el desarrollo de la minería, el gobierno de Evo Morales ha optado de momento por una explotación limitada. Las autoridades bolivianas han preferido impedir la penetración de multinacionales, con el fin de asegurarse de que la nación sudamericana mantiene el control del negocio. Morales ha anunciado planes para la puesta en marcha, con financiación pública, de una instalación para la fabricación de carbonato de litio en la planta de sal de Uyuni.

La explotación de litio está mucho más avanzada en Chile, país que representa alrededor del 33% del suministro mundial, gracias a los grandes yacimientos en el desierto de Atacama y al desarrollo de una industria propia. La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), compañía privada chilena, lidera el sector nacional, en el que las concesiones están estrechamente controladas por el Estado. Por su parte, Argentina está dando pasos para impulsar el negocio del litio; con ese fin, el gobierno de Mauricio Macri está procediendo a la liberalización del sector y ha establecido contactos para atraer capital extranjero.

Más allá de los beneficios económicos que estos países sudamericanos pueden obtener del auge de la explotación de litio, en sus sociedades se ha generado un debate sobre el impacto ecológico que esta puede causar en lugares tan singulares por sus características naturales como Atacama o Uyuni; hay voces que advierten de que la solución salina andina pueden estar condenada a desaparecer para satisfacer el interés exterior por las baterías. También se teme un impacto social, sin compensaciones para los grupos humanos asentados en los territorios afectados.

Por otra parte, el impacto negativo que ha tenido históricamente en Latinoamérica la perpetuación de una cultura económica de extracción aconseja a Bolivia, Chile y Argentina que aprovechen la ocasión para intentar desarrollar iniciativas propias de transformación y nuevas tecnologías en la generación de baterías, sin limitarse, como ocurre con tantos otros minerales, en una actividad extractora.

Genera muchas de las materias primas necesarias para la producción mundial de tecnología

China no solo tiene importantes reservas de recursos minerales, sino que además lidera la producción mundial de muchos de ellos. Eso le da una notable ventaja geopolítica como fuente de los recursos imprescindibles para de la producción tecnológica global.

▲Imagen de satélite [NASA]

ARTÍCULO / Gabriel Ros Casis [Versión en inglés]

Con un vasto territorio como el del país asiático, es obvio pensar que posee gran cantidad de materias primas y recursos naturales. A lo largo de la historia de China, esto se ha convertido en una fuerte baza geopolítica, no solo para el propio desarrollo del país en sí, sino también para sus socios comerciales a través de exportaciones. Hoy en día, cuando hablamos sobre estas materias primas, China destaca en dos principales grupos: los metales básicos y los elementos tecnológicos.

El grupo de los metales básicos comprende esencialmente cinco metales de la tabla periódica, siendo estos: hierro, cobre, aluminio, magnesio y zinc (en ocasiones, el plomo y el estaño también se incluyen). No es necesario recordar que podemos encontrar todos estos metales en objetos cotidianos, y que han sido la columna vertebral de la industria por mucho tiempo. Por lo tanto, todo país los necesita, situando a aquellos con mayores yacimientos de estos metales con una ventaja estratégica. Pero la riqueza mineral de un país no siempre viene dada por esta condición, ya que también puede ser medida por la facilidad y viabilidad de la extracción del producto. En el caso de China, ambos argumentos serían válidos, puesto que el país posee los mayores depósitos de muchos de estos minerales, con el magnesio a la cabeza (79% de las extracciones globales) seguido por el estaño (43%) y el zinc (31%).

En lo que respecta a los metales tecnológicos, es importante fijarse en que incluyen diversos minerales, tales como las tierras raras, metales preciosos, así como semiconductores. Desde un enfoque cuantitativo, la cantidad requerida de estos metales es mínima, a pesar de que su disponibilidad es crucial para la producción de la tecnología de hoy en día. Por ejemplo, algunos de los metales tecnológicos más comunes incluyen litio, itrio, paladio, cerio y neodimio, los cuales fácilmente se pueden hallar en las baterías de los teléfonos móviles, en medicamentos, imanes o catalizadores. Una vez más, China se sitúa a la cabeza con los mayores yacimientos de varios de estos elementos, destacando los de tungsteno (83%) seguidos por los conocidos como tierras raras (78%) y el molibdeno (38%).

De esto podemos sacar como conclusión que China no solo tiene los mayores yacimientos, sino que también es el primer exportador mundial. Además de la extracción este país también refina y fabrica componentes con minerales como aluminio, cobre y ciertas tierras raras e incluso en algunos casos llega a manufacturar el producto final.

Por lo tanto, debe tomarse en cuenta que la extracción trae consigo ciertas consecuencias. Ambientalmente, la extracción siempre tiene un impacto en el terreno, quizás menor en China si se compara con otros países (por la extensión de su territorio), pero igualmente significativo. Desde un enfoque económico, estas extracciones conllevan un gran coste, pero que, gestionado de la manera adecuada, puede generar un inmenso beneficio. En el escenario político, son vistas como una importante ventaja geopolítica, creando dependencia en la demanda de otros países.

Como conclusión, se puede extraer de esto que China tiene un gran poder en lo relativo a recursos de materias primas, pero esto acarrea una gran responsabilidad, ya que una parte sustancial de las materias primas usadas para casi toda la producción mundial de tecnología depende de este país, que proporciona los recursos, pero también los fabrica.

ESSAY / Martín Villegas Jordán

The concept of humanity is a contemporary idea that took shape just recently. Many say that it took place after the conference of Yalta in 1945[1]. In other words, this concept was beginning to be conceived by one of the three leaders that shaped today’s world, U.S. President Franklin D. Roosevelt. During the conference, the three big leaders of the world, who at the time were British Prime Minister Winston Churchill, Soviet Premier Joseph Stalin, and U.S. President Roosevelt[2], came to an agreement (mostly encouraged by Roosevelt) that would eventually give birth to the United Nations. Now it’s vital to know that this intergovernmental organization is intricately composed of the idea of a global union.

Moreover, the concept of a global union, of the United Nations, embodies the idea of humanity as universal. It encompasses the idea of humanity as a composition of every existing nation. In short, humanity eventually becomes the nation for all human beings, a nation of nations. And this is where Mr. Roosevelt plays a relevant role when he said: “A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people”[3].

It’s possible, then to say that the previous century was the time when global issues were given the attention that they deserved. For instance, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) marks 407.62 parts per million of carbon dioxide of earth and 0.99 degrees Celsius for the temperature anomaly of 2016 (denoting that year as one of the sixteen warmest years since 2001)[4].

Besides, humanity faces dramatic gaps in temperature. Take a look, for instance, at Oymyakon, Russia, where the temperature is normally around negative fifty-four degrees Celsius[5]. Now, looking at the Sahara desert, it’s inhabitants face temperatures of fifty-nine degrees Celsius or more.

Moreover, climate change becomes a more pressing matter when looking at two reports of the NASA. On the first hand, the one titled “November of 2017 was the third warmest November on record” states: “The last three Novembers — 2015, 2016, and 2017 — are the three warmest in the entire modern record.”[6]. On the other hand, the one titled “Greenland melt speeds East Coast sea level rise” states the following: “the Greenland and Antarctic influence alone would account for an increase in the rate of sea level rise on the East Coast of 0.0016 to 0.0059 inches (0.04 to 0.15 millimeters) each year, varying by location. That’s equivalent to 7.8 inches (0.2 meters) of sea-level rise on the northern East Coast over the next century, and 2.5 feet (0.75 meters) in the south, though the estimates are quantitative and not an attempt at an actual projection”[7].

Still, having such a clear evidence of climate change, it is true that legislators choose to deny this, which actually ends up convincing people. This is evident, for example, when analyzing the politics of the current President of the U.S., Donald Trump. For instance, during his campaign (when addressing the mining community) he said: “If I take hairspray, and I spread it in my apartment, which is all sealed, you are telling me that affects the ozone layer. I say “no way folks” (…) that is like all of the rules and regulations you people have in mines”[8].

What is also true about this blind humanity is that the many pronunciations of the United States’ president have a strong pull towards decisions that countries in Mesoamerica and South America take. Take Colombia, for instance. Now, this country had banned the eradication of illicit cultivations of drugs by aspartame but president Trump has been insisting and pushing for this harmful way for the environment and for humans that can possibly live by the crops[9]. Furthermore, it can be said that pressure from the North American country has not been light in the rest of Latin America.

Summing up, it is clear that America is clearly in need of renewable energy sources no matter what the political discourse states. Specifically, America is in need of “those sources of energy obtained from natural means that are renewable and susceptible to indefinite use”[10]. Take, for instance, countries like Brazil, Mexico and Argentina, which are called to be the future in the study of sustainability due to their “geographical and climatological conditions, which make Latin America one of the regions that pose high potential from renewable energy sources”[11]. Furthermore, these countries are pioneer in the ambits of wind, hydropower, and large-scale soy growing, which makes them subject to the advantages that the implementation of renewable energy poses. In fact, experts Emma Mendoza and Vadim Pérez at the University of Chile insist on these advantages being: (1) the potential for creating almost six times of what global consumption is today (2) the production being national (3) the de-centralized consumption, meaning that energy is consumed in the place where it is produced and there is no necessity to export (4) the hygiene of the obtained energy, meaning that there are no significantly harmful remnants (5) and the inversion in high tech industry[12].

In fact, in America there has been an exponential growth in the implementation of renewable energy projects since the implementation of the Paris 2015 accords on Climate Change. Such growth though, is directly proportional with the increments in federal or particular centralized companies with strong governmental support [13].

In Latin America the three pillars in the ambit of sustainability are the eolian industry, the hydroelectric industry, and the industry of the monocultures[14]. Of the countries previously mentioned, for example, Brazil and Mexico specialize in the eolian industry, Brazil also plays an important role in hydropower development, and Argentina leads the large scale soy growing. It is of vast importance though, to previously mention the fact that the development of renewable energies is not the only factor that is taken into account when analyzing the socio-scientific field of sustainable energies. Then, in addition to the plain development of these energies, the social movements that emerge in response to the expansion of these industries play a key role for the future of sustainable energies in the world.

It is interesting to look at each of the fields with important developments in America. Firstly, taking a close look at how the wind power is transformed in renewable energy and the toll that it has within a socio-economic sphere. Now, this type of energy is the least efficient between the three types analyzed in this paper because it has the least impact on the environment and on society. However, the two countries that contribute primarily are Brazil and Mexico, respectively, with a generation of 256 MW and 88 MW[15]. Mainly, the power generated in each country is based upon eolian parks built on the appropriate territories. For example, Brazil’s main park is found in the municipality of Osório and it includes three projects that sum a generation potential of 150 MW. Unfortunately, the social outcome of eolian implementation has been negative. Experts Mendoza and Pérez state that the probable origin for the social unrest is the government for ignoring the process of negotiation between enterprises and local habitants. Also, the clean energy enterprises are paying only 1.5% of the incomes to the landowners that put their terrains for the disposition of these enterprises. Besides, other social unrest is the co-ownership of most of the terrains, presenting more negotiation difficulties between enterprises and landowners.  In short, the main opponents (via judicial demands) in Mexico are: “la Union de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Itsmo” and “los centros de Derechos Humanos Topeyec y Gubiña”[16]. As if there was not enough opposition already, these denunciators even claim that some of the acts committed by the enterprises are unconstitutional. 

Secondly, it is important to look at hydroelectric power principally developed in Brazil because hydroelectricity is the principal source of electricity generation in Latin America. For example, Brazil’s hydroelectric power in 2006 accounted for 60% of the total of electricity generated. Furthermore, hydroelectricity can be developed under low costs of operation and high efficacy. It is also important to look at hydroelectric power in Brazil as a pioneer due to the first efforts of implementation that have been present in the country since 1970.

Thirdly, the large-scale soy production can also be considered as a renewable energy source.

Avanza la iniciativa de Washington para la diversificación energética de las Antillas

Ante el éxito de la diplomacia petrolera de Venezuela en los países del Caribe (las islas suman 13 de los 35 votos de la OEA), Estados Unidos lanzó en 2014 su propia inciativa para que esos pequeños estados tengan una mayor diversidad energética y no dependan del crudo venezolano. Las dificultades financieras del régimen de Maduro han restado influencia chavista en el Caribe, pero también Trump está aplicando recortes a las ayudas estadounidenses. La diversificación de fuentes de energía, no obstante, avanza porque es una necesidad real de las islas.

▲El boom turístico eleva el consumo eléctrico de las islas caribeñas, donde apenas hay fuentes propias de energía

ARTÍCULO / María F. Zambrano

En las islas del Caribe, la seguridad energética está en el centro de la preocupación  estratégica nacional, debido a su alta dependencia de combustibles fósiles, en su mayoría de importación. La seguridad energética es el foco donde convergen los intereses geopolíticos, diplomáticos y económicos de esos pequeños estados, y no solo de ellos: la gran vulnerabilidad por falta de fuentes de energía propias fue tenida en cuenta por Venezuela para impulsar en 2005 el acuerdo de cooperación de Petrocaribe, que le otorgó gran influencia en las Antillas; desde 2014, Estados Unidos intenta contrarrestar ese programa con la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI en sus siglas en inglés), puesta en marcha por la Administración Obama.

La rivalidad entre las dos iniciativas de diplomacia energética no se dirimirá en realidad por un pulso político entre Caracas y Washington, sino por la necesidad real que tienen las islas del Caribe de diversificar sus fuentes de energía. Eso restará influencia venezolana en la región, y abrirá paso a la oferta estadounidense, centrada precisamente en fomentar fuentes alternativas.

El principal riesgo para la seguridad nacional en las Antillas se encuentra en los altos costos de la electricidad caribeña. Por un lado, las islas han suplantado economías históricamente agrícolas por otras regidas por el turismo, lo que les obliga no solo a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos sino a contar con el costo fijo de una industria con altos niveles de consumo eléctrico. Por otro, la producción no cuenta con estructuras de generación diversificadas. Exceptuando Trinidad y Tobago, Suriname y Belize, las islas se abastencen de petróleo como única capacidad de producción instalada; además, el 87% de las energías primarias (básicamente crudo) son importadas. Estamos ante un problema de alto consumo y otro de dependencia petrolera.

Ante esta situación, y dadas las exigencias que plantea la seguridad energética, entendida como la protección física de las infraestructuras y también el esfuerzo por garantizar la continuidad del suministro, Petrocaribe se convirtió en una clara opción para los intereses antillanos. Los generosos créditos de financiamiento –desde un 5% hasta un 70% por un periodo de 25 años– contribuyeron a la extensión del programa. Durante los primeros 10 años de existencia de Petrocaribe, de acuerdo con datos del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Venezuela cubrió en promedio el 32% de la demanda energética de los Estados participantes; República Dominicana, Jamaica, Nicaragua y Haití recibieron el 87% de los suministros. El acuerdo también supuso inversiones en las refinerías de las islas, que elevaron su capacidad de procesamiento: hasta 135.000 barriles diarios de crudo entre la cubana Camilo Cienfuegos (65.000), la refinería próxima a la capital de Jamaica (36.000) y la refinería Dominicana de Petróleo (34.000).

La alianza alivió para esos países el alza del precio del crudo, pero la región quedaba en manos de la volatilidad de los precios del mercado y en las del principal abastecedor. Un informe del FMI de noviembre de 2017 estima que los movimientos del precio real del crudo afectan en un 7% al crecimiento del PIB en el Caribe, con amplias variaciones según los países: un 15% en Dominica, un 9% en Jamaica y menos de un 1% en Guyana. A su vez, la continua caída productiva de Venezuela, que comenzó a destinar menos barriles a Petrocaribe, dejó a la zona predispuesta a nuevos planteamientos que redujeran su exposición a los choques del mercado.

Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe

Esta expectativa fue abordada en un nuevo marco de seguridad energética que buscaba incrementar la independencia y reducir la vulnerabilidad por medio de la diversificación. Aprovechando la abrupta caída de los precios del crudo de 2014, lo que relajaba los costes energéticos para las islas y les daba mayor margen de maniobra, Washington lanzó la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI). El programa se ha concentrado en apoyar a los países en la diversificación de la generación eléctrica, atendiendo a su importante potencial de energías renovables. Así, a través de CESI se han destinado 2 millones de dólares en apoyo técnico a C-SERMS (Caribbean Sustainable Energy Roadmap and Strategy), una hoja de ruta desarrollada por la división de política energética de CARICOM. En esta se habían armonizado ya las metas de los 15 Estados miembro en materia de eficiencia energética, así como de implementación de energías renovables: dos estrategias que buscaban solventar los problemas expuestos previamente.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que para la aplicación de la hoja de ruta C-SERMS el sector energético caribeño requeriría de una inversión del 7% del PIB regional entre 2018 y 2023. Los países con sectores financieros más sólidos tendrían capacidad de financiar los proyectos sin alterar la sostenibilidad de la deuda, siendo estos proyectos autofinanciados durante un periodo de 20 años.

En el marco de la iniciativa estadounidense, la eficiencia energética fue materializada en el programa CHEER (Caribbean Hotel Energy Efficiency and Renewables program) que ha brindado asistencia técnica a la industria hotelera, principal fuente de consumo. Pero en este campo el FMI apremia a que se implementen políticas públicas más amplias, para una mayor reducción de la importación de crudo y un incremento del PIB a largo plazo.

En la implementación de energías renovables, la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) de Estados Unidos ha promovido infraestructuras con financiación público-privada. Entre otros proyectos, financió la construcción de una planta de energía eólica de 36 MW y una de energía solar 20 MW, ambas inauguradas en 2016 en Jamaica. Estos proyectos también tienen influencias macroeconómicas en la reducción de la dependencia del crudo; en el caso de Jamaica, no obstante, la dependencia ha sido disminuida principalmente por la ampliación de la capacidad de recepción de gas natural, lo que ha permitido a ese país una reducción del 97% al 80% de dependencia de petróleo importado (de hecho, ya no importa crudo venezolano). Desde 2016, la empresa New Fortress Energy ha estado trabajando en la entrega de gas natural licuado a la planta Bogue de Jamaica.

Desde su lanzamiento, la OPIC ha financiado hasta 120 millones de dólares en acuerdos energéticos. A eso se añaden los promovidos por el fondo CEFF-CCA, también del Gobierno de Estados Unidos, que proporcionó 20 millones de dólares no reembolsables para proyectos en fases iniciales; en 2015 comenzó el proyecto “Energía Limpia en el Caribe”, de una duración de cinco años y con especial incidencia en Jamaica.

Recortes de Venezuela... y de Trump

La iniciativa estadounidense para la diversificación energética del Caribe tuvo su respuesta por parte de Venezuela. En 2015, Petrocaribe celebró una cumbre especial donde cuadruplicó el fondo ALBA Caribe, elevándolo de 50 millones de dólares a 200 millones, destinados a financiar proyectos principalmente sociales, en la línea de lo que Javier Corrales y Michael Penfold han denominado “social power diplomacy”. No obstante, la grave crisis económica de Venezuela y las reducidas finanzas de su petrolera nacional, PDVSA, han obligado al Gobierno de Nicolás Maduro a recortar la diplomacia petrolera venezolana.

Por su parte, la llegada de la Administración Trump ha supuesto una disminución significativa de la inversión destinada a CESI. En el marco de un recorte generalizado a programas de ayuda en el extranjero, Washington redujo a 4,3 millones de dólares el monto destinado a potenciar nuevas fuentes de energía en el Caribe.

Estados Unidos, en cualquier caso, no es el único en tratar de ocupar el espacio energético que antes llenaba Venezuela. En 2015 se inauguró en Barbados el Centro de Energías Renovables y Energías Eficientes, promovido por UNID (United Nations Industrial Development Organization) con el respaldo de fondos austriacos y alemanes. Además Rusia realizó el año pasado envíos de combustible a Cuba, supliendo suministros que Venezuela no había podido cubrir.