Las consecuencias positivas del acuerdo de libre comercio se derivarán más del fin de la incertidumbre que de las nuevas disposiciones introducidas

Tras un año y medio de negociaciones, el nuevo Tratado de Estados Unidos, Canadá y México (este país lo ha bautizado como T-MEC, los otros dos hablan de USMCA) está aún pendiente de aprobación por las cámaras legislativas de cada país. En Washington el debate político debiera comenzar en breve; en él tendrá importancia qué efectos se prevé para la economía de EEUU y la de sus dos vecinos. Los primeros estudios discrepan en algunos aspectos, si bien coinciden en que los cambios introducidos en la renegociación del acuerdo que existía desde 1994 no van a tener especial impacto.

▲ Firma del tratado de libre comercio entre EEUU, México y Canadá, en el marco del G-20, en noviembre de 2018 [Shealah Craighead-Casa Blanca]

ARTÍCULO / Ramón Barba

La renegociación del antes llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN, o NAFTA por su siglas en inglés) y ahora bautizado como Tratado de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC o, en su versión anglosajona, USMCA), ha sido uno de los principales puntos en la agenda de la Administración Trump. Aprobado por las tres partes negociadoras a finales de 2018, ahora el tratado está pendiente de ser ratificado por las cámaras legislativas de cada país.

Puesto en marcha en 1994, el acuerdo había sido calificado por Trump como “el peor tratado comercial de la historia”. Desde el comienzo de su presidencia, Trump se propuso modificar algunos aspectos del acuerdo para reducir el gran déficit comercial con México (unos 80.000 millones de dólares, el doble del déficit que EEUU tiene con Canadá), y al tiempo devolver actividad y empleos al Rust Belt estadounidense, donde el eco de sus promesas había sido decisivo para su victoria electoral.

¿Qué ha ganado y qué ha perdido cada país en la renegociación del tratado? Y, sobre todo, ¿qué efectos va a tener en la economía de cada país? ¿mejorará Estados Unidos su balanza comercial? ¿se verán afectados negativamente México o Canadá por algunas modificaciones introducidas? Primero examinaremos cómo quedaron las pretensiones de cada uno de los socios al término de las negociaciones, y luego veremos el posible efecto económico de la nueva versión del tratado a la luz de dos recientes estudios, uno de un órgano independiente de la Administración estadounidense y otro elaborado por el FMI.

Tira y afloja

En las negociaciones, que se alargaron durante casi año y medio, México y Canadá lograron “mantener el status quo en muchas áreas importantes”, pero si bien los cambios reales fueron modestos, según se analizó desde Brookings Institution, estos “fueron casi uniformemente en la dirección de lo que quería Estados Unidos”. “El enfoque agresivo y amenazador de Trump”, que desafió con romper definitivamente el tratado, “logró obtener concesiones modestas de sus socios”.

En el punto clave de la industria automotriz, EEUU consiguió aumentar del 62,5% al 75% la proporción de la producción de un automóvil que debe hacerse dentro del área de libre comercio, obligar a que el 30% del trabajo necesario para fabricar un coche tenga un salario de 16 dólares/hora (el 40% a partir de 2023) –una medida dirigida a apaciguar a los sindicatos estadounidenses, pues en México el sueldo medio de un trabajador de la automoción es hoy de 4 dólares/hora–, y fijar un arancel del 25% para los coches llegados de fuera.

México y Canadá vieron atendida su demanda de que no introducir una cláusula de terminación autonómica a los cinco años si no había consenso previo para la renovación del acuerdo, puesta sobre la mesa por Washington. Finalmente, el T-MEC tendrá una duración de 16 años, renovable, con una revisión al sexto año.

El Gobierno de Justin Trudeau tuvo que hacer algunas cesiones ante el sector lácteo estadounidense, pero preservó lo que desde el comienzo había sido su principal línea roja: la vigencia del capítulo 19, referente a la solución de controversias mediante un arbitraje binacional independiente.

México, por su parte, ganó la tranquilidad que supone la pervivencia del tratado, evitando incertidumbre futura y garantizando la estrecha relación comercial con el gran mercado estadounidense. No obstante, las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos puede funcionar como un arma de doble filo para la economía azteca, pues por un lado puede favorecer una mejora del nivel de vida e incentivar el consumo, pero por otro puede afectar a la localización de empresas debido a unos salarios menos competitivos.

Al margen de estos cambios en una u otra dirección, la actualización del tratado era necesaria tras 25 años de un acuerdo que se firmó antes de la revolución de internet y de la economía digital que esta ha traído. Por otra pare, el cambio de denominación del tratado fue una “triquiñuela” ideada por Trump para vender a su electorado la renovación de un acuerdo cuyo nombre anterior iba asociado a críticas vertidas en las dos últimas décadas.

El debate sobre el texto se desarrollará en otoño en el Congreso estadounidense, donde los demócratas insistirán en reforzar las garantías de que México aplicará las medidas laborales comprometidas. Antes del voto EEUU deberá aplicar un exención a Canadá y México de los aranceles sobre el acero y el aluminio que la Administración Trump ha impuesto internacionalmente.

Efecto económico

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), órgano independiente que tiene el estatus próximo al de una agencia gubernamental, considera que el T-MEC tendrá un impacto limitado, pero positivo para la economía estadounidense. Así, en un informe publicado en abril, estima que la entrada en vigor del reformulado acuerdo hará aumentar la producción de EEUU en un 0,35%, con un incremento del empleo del 0,12%, cifras algo menores de las previstas cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, momento en que EEUU esperaba un aumento del 0,5% de su economía y una subida del 1% del empleo.

En cualquier caso, ese tímido impacto no sería tanto por el contenido del texto acordado, sino por su mera existencia, ya que elimina incertidumbres sobre las relaciones comerciales de EEUU con sus dos vecinos.

El informe cree que el T-MEC supondrá un incremento de la producción de accesorios de automóvil en EEUU, arrastrando hacia arriba el empleo en ese país, pero provocando un encarecimiento de los productos y, por tanto, afectando negativamente la exportación. El informe prevé también que el mantenimiento del actual el sistema de arbitraje, como exigían México y Canadá, desanimará inversiones estadounidenses en el mercado mexicano y las potenciará en EEUU.

Esas conclusiones no coinciden con la apreciación del Fondo Monetario Internacional, si bien ambas instancias están de acuerdo en descartar efectos mayores del acuerdo. Así, un estudio del FMI publicado en marzo cree difícil afirma que, en el nivel agregado, los efectos del nuevo redactado “son relativamente pequeños”. Las nuevas provisiones “podrían llevar a una menor integración económica de Norteamérica, reduciendo el comercio entre los tres socios norteamericanos en más de 4.000 millones de dólares (0,4%), al tiempo que otorgando a sus miembros unas ganancias conjuntas de 538 millones de dólares”. Añade que los efectos en el PIB real del área de libre comercio son “insignificantes”, y matiza que muchos de los beneficios “vendrían de las medidas de facilitación comercial que modernizan e integran procedimientos aduaneros para reducir aún más los costes de comercio y las ineficiencias fronterizas”.

El resultado del estudio muestra que las más exigentes normas de origen en el sector de la automoción y los requerimientos de contenido de valor laboral, asuntos que atañen especialmente a la relación EEUU-México, “no conseguirían sus deseadas consecuencias”. Según el FMI, “las nuevas reglas llevan a un declive en la producción de vehículos y partes en los tres países norteamericanos, con giros hacia mayor abastecimiento de vehículos y partes de fuera de la región. Los consumidores encontrarán precios de vehículos más altos y responderán con una demanda de menor cantidad”.

En cuanto al mercado lácteo de Canadá, cuestión de especial relevancia en la relación comercial entre ese país y EEUU, los efectos de un mayor acceso estadounidense “serían muy pequeños y macroeconómicamente insignificantes”.

Esta disparidad de previsiones entre la USITC y el FMI obedece a que diversas variables están indeterminadas, como el futuro del acuerdo transpacífico, en el que están Canadá y México, o las discusiones comerciales en curso entre EEUU y China. Una muestra en que el terreno es especialmente movedizo es el dato de que en enero y febrero de 2019 México pasó a ser el primer socio comercial de EEUU (un intercambio de 97.400 millones de dólares), por delante de Canadá (92.400 millones) y China (90.400 millones). Eso elevó en 3.000 millones de dólares el déficit comercial de EEUU con México, justo en la dirección opuesta de las pretensiones de la Administración Trump.

El cambio de Gobierno y su visión más estricta han ralentizado la implementación del acuerdo, pero este avanza en su aplicación

La implementación del acuerdo de paz en Colombia se está llevando a cabo con más lentitud de la que preveían quienes lo firmaron hace dos años, pero no ha habido la parálisis o incluso la crisis que vaticinaban quienes se opusieron a la elección de Iván Duque como presidente del país. La última estimación habla de un cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de paz cercano al 70%, si bien ya se está produciendo un incumplimiento en el 30% restante.

▲ El presidente colombiano, Iván Duque, en una acto público [Efraín Herrera-Presidencia]

ARTÍCULO / María Gabriela Fajardo

Iván Duque llegó a la Casa de Nariño –la sede de la presidencia colombiana– con el lema “Paz con Legalidad”, título que sintetizaba su compromiso de aplicar el acuerdo de paz, firmado en noviembre de 2017, pero reduciendo los márgenes de impunidad que a su juicio y el de su partido, el Centro Democrático, existían para los antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando se cumple un año de su elección como presidente, cabe realizar un análisis de cómo está siendo la implementación del acuerdo de paz.

Cerca del 70% de las disposiciones del acuerdo se han cumplido ya, total o parcialmente, o lo harán en el tiempo fijado, de acuerdo con la estimación del Instituto Kroc, encargado de hacer la estimación oficial de la implementación del proceso de paz. Según su tercer informe, publicado en abril, el 23% de los compromisos se han cumplido completamente, el 35% han alcanzado niveles avanzados de implementación y se espera que el 12% se cumplan del todo en el momento estipulado. Con todo, existe casi un 31% del contenido del acuerdo que no se ha comenzado a ejecutar, cuando debía estar ya en marcha.

Las Naciones Unidas, a las que el acuerdo concede un papel supervisor, han subrayado los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno para activar las distintas instancias previstas en el texto. En su informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó a finales de 2018 la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Como ha indicado Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el informe de Guterres estimó positivamente que se hubiera “obtenido la aprobación de 20 proyectos colectivos y 29 proyectos individuales de excombatientes en proceso de reincorporación, valorados en 3,7 millones de dólares y que beneficiarán en total a 1.340 excombatientes, incluidas 366 mujeres”. Esos proyectos han contado con la participación de las gobernaciones de Antioquia, Chocó, Cauca, Meta, Santander, Sucre y Valle del Cauca, las cuales han facilitado mesas departamentales de reincorporación para coordinar esfuerzos locales y regionales, involucrando así en mayor medida a la sociedad civil colombiana.

La ONU también ha expresado algunas preocupaciones, compartidas por la sociedad civil colombiana. La principal tiene que ver con la seguridad en algunas de las zonas históricas del conflicto en las que un elevado número de líderes sociales han sido asesinados. Los asesinatos se han concentrado en Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño y Norte de Santander. De esta forma, a lo largo 2018 fueron asesinados al menos 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La Defensoría del Pueblo situó la cifra en 164.

Además, como ha recordado Rosende, en muchas de las comunidades indígenas han tenido lugar asesinatos, amenazas y desplazamiento forzoso. Esto se ha dado en territorios étnicos de los pueblos awá, embera chamí y nasa en Caldas, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Junto a los éxitos y las preocupaciones, la ONU también apunta una serie de retos que tiene por delante el posconflicto. Por un lado, está el de garantizar a los excombatientes una necesaria seguridad jurídica, generando confianza y produciendo reales avances en cuestión de reinserción social y política. Otro gran desafío es lograr el funcionamiento autónomo y efectivo de mecanismos clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición o Comisión de la Verdad. Además, está también el reto social de atender a las comunidades afectadas por el conflicto, las cuales reclaman seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables contra las economías ilegales.

Aspectos controvertidos

Los asuntos relacionados con la JEP han centrado las mayores controversias de la actuación de Duque. En marzo, el mandatario presentó objeciones formales a la ley que regula la JEP, de la que desea modificar seis puntos de sus 159 artículos. Dos de ellos se refieren a la extradición de excombatientes, algo que ahora no se contempla si colaboran con el sistema de justicia transicional, especialmente en el caso de delitos cometidos tras la firma del acuerdo. Duque también plantea una reforma constitucional que excluya de la JEP los crímenes sexuales contra menores, determine la pérdida de todos los beneficios si hay reincidencia en un delito y transfiera a la justicia ordinaria los casos de conductas ilegales comenzadas antes del acuerdo y que continuaron después. Las objeciones fueron rechazadas en el mes de abril por la Cámara de Representantes y también por el Senado, aunque la validez del resultado en este último quedó en cuestión, alargando así el debate.

Una nueva polémica puede suscitarse cuando en el mes de agosto deba darse fin a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En ellos o en sus alrededores todavía se encuentran alrededor de 5.000 excombatientes. El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, ha manifestado que para ese momento, con la ayuda de la FARC (el partido político que sucedió a la guerrilla) y el Gobierno, los excombatientes deben contar con trabajo, tener claro cuál va a ser su residencia y estar preparados para la reincorporación a la vida civil.

Dentro del proceso de reincorporación, es preocupante la falta de cumplimiento por parte de los cabecillas de las FARC de su compromiso, estipulado en el acuerdo de paz, de permanecer hasta el final en los ETCR con el fin de contribuir con su liderazgo a la buena marcha del proceso. Sin embargo, en los últimos meses, diversos jefes han abandonado esos territorios, entre ellos “el Paisa”, quien además no se ha presentado ante la JEP, por lo que esta ha reclamado su captura.

Tampoco el antiguo cabecilla Iván Márquez está colaborando con el sistema de justicia transicional, retrasando sucesivas veces su comparecencia ante la JEP alegando cuestiones de seguridad. Márquez ha mencionado el asesinato de 85 exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz, y ha acusado al Gobierno de serios incumplimientos.

Está además el caso de Jesús Santrich, quien como Márquez había adquirido un asiento en el Congreso gracias a la implementación del proceso de paz. Santrich se encuentra detenido desde abril de 2018 con base a una circular roja de la Interpol a petición de los Estados Unidos, que le acusa del envío de 10 toneladas de cocaína realizado después de la firma del acuerdo de paz.

Un tema bastante abordado desde el momento de las negociaciones tiene que ver con la erradicación forzada y aspersión de cultivos. El programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados en 2018, dando lugar a que miles de familias campesinas acordaran con el Gobierno Nacional sustituir sus cultivos de coca por otros cultivos lícitos. Aunque en algunos departamentos como el Guaviare se dio de manera voluntaria la erradicación de cultivos, eso no fue suficiente para compensar el aumento de siembras en 2016 y 2017. En 2018, cerca de 100.000 familias —responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca— firmaron acuerdos de sustitución y se espera que este número continúe aumentando a lo largo del 2019. Según el gobierno de Colombia, citando cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, se han sembrado más de 209.000 hectáreas de hoja de coca, una muy cifra superior a la de la época de Pablo Escobar, según cifras presentadas por el presidente Iván Duque el mes pasado ante la Corte Costitucional.

Los beneficios de la paz son indiscutibles y queda mucho por hacer para consolidarla. Es una labor que no puede dejarse solamente en manos del Gobierno, sino que requiere del apoyo de los excombatientes, de sus antiguos cabecillas y de la sociedad civil. El gran reto es acelerar la implementación del acuerdo y disminuir la polarización política, todo en busca de lograr la reconciliación nacional.

La sorpresa electoral de Thierry Baudet y la nueva derecha holandesa

Holanda ha conocido los últimos años no solo el declive de algunos de los partidos tradicionales, sino que incluso el nuevo partido del populista Geert Wilders se ha visto superado por una formación aún más reciente, liderada por Thierry Baudet, también marcadamente de derecha pero algo más sofisticada. El terremoto político de las elecciones regionales de marzo podría llevarse por delante la coalición de Gobierno del liberal Mark Rutte, quien ha dado continuidad a la política holandesa a lo largo de los últimos nueve años.

▲ Thierry Baudet, en un spot publicitario de su partido, Foro para la Democracia (FVD)

ARTÍCULO / Jokin de Carlos Sola

El pasado 20 de marzo se celebraron elecciones regionales en los Países Bajos. Los partidos que conforman la coalición que mantiene en el poder a Mark Rutte sufrieron un fuerte castigo en todas las regiones, y lo mismo ocurrió con el partido del celebre y polémico Geert Wilders. El gran ganador de estas elecciones fue el partido Foro para la Democracia (FvD), fundado y dirigido por Thierry Baudet, de 36 años y nueva estrella de la política neerlandesa. Estos resultados siembran dudas sobre el futuro del Gobierno de Mark Rutte una vez se renueve la composición del Senado el próximo mes de mayo.

Desde la Segunda Guerra Mundial tres fuerzas han protagonizado la política holandesa: la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), el Partido Laborista (PvA) y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), de tendencia liberal. Las tres sumaban el 83% del electorado neerlandés en 1982. Debido al sistema holandés de representación proporcional ningún partido ha tenido nunca mayoría absoluta, por lo que siempre han existido gobiernos de coalición. El sistema también propicia, al no ser castigados, que los pequeños partidos siempre logren representación, dándose así una gran variedad ideológica en el Parlamento.

Con el pasar de los años los tres partidos principales fueron perdiendo influencia. En 2010, tras ocho años de gobierno, la CDA paso del 26% y el primer puesto en el Parlamento al 13% y cuarto puesto. Esta caída llevó por primera vez al VVD al poder bajo el liderazgo de Mark Rutte y provocó la entrada de Geert Wilders y su Partido por la Libertad (PVV), una formación populista de derecha, en la política holandesa. Poco después Rutte formó una Gran Coalición con el PvA. Sin embargo, esta decisión causó que los laboristas bajaran del 24% al 5% en las elecciones de 2017. Estos resultados hicieron que tanto el VVD como Rutte quedasen como el último elemento de la antigua política neerlandesa.

Esas elecciones de 2017 generaron aún mayor diversidad en el Parlamento. En ellas lograron representación partidos como el Partido Reformado, de ideología Ortodoxa Calvinista; el bautizado como 50+, con el objetivo de defender los intereses de los jubilados, o el partido DENK, creado para defender los intereses de la minoría turca en el país. Sin embargo, ninguno de estos partidos tendría tanta relevancia posterior como el Foro para la Democracia y su líder Thierry Baudet.

Foro para la Democracia

El Foro para la Democracia fue fundado como un think tank en 2016, dirigido por el franco-neerlandés Thierry Baudet, de 33 años. Al año siguiente el FvD se convirtió en partido, presentándose como una formación conservadora o nacional conservadora, y logró dos parlamentarios en las elecciones regionales. Desde entonces ha ido creciendo, a costa principalmente de Geert Wilders y su PVV. Una de las principales razones de esto es que Wilders es acusado de no tener más programa que el rechazo de la inmigración y la salida de la Union Europea. Tan celebre como polémico fue el hecho que PVV presentó su programa en tan solo una página. Por el contrario, Baudet ha creado un programa amplio en el que se proponen temas como la introducción de la democracia directa, la privatización de ciertos sectores, el fin de los recortes militares y un rechazo al multiculturalismo en general. Por otra parte, Baudet se ha creado una imagen de mayor talla intelectual y respetabilidad que Wilders. No obstante, el partido también ha sufrido descensos de popularidad por ciertas actitudes de Baudet, como su negacionismo del cambio climático, su relación con Jean Marie Le Pen o Filip Dewinter y su negativa a responder si relacionaba el coeficiente intelectual con la raza.

Elecciones Regionales

Los Países Bajos están divididos en 12 regiones, cada región dispone de un Consejo, el cual puede tener entre 39 y 55 representantes. Cada consejo elige tanto al Comisario Real, quien actúa como máxima autoridad de la región, como al ejecutivo, generalmente formado mediante una coalición de partidos. Las regiones tienen una serie de competencias concedidas por el Gobierno central.

En las elecciones provinciales del pasado mes de marzo el FvD logró ser el primer partido en 6 de 12 regiones, incluidas las de Holanda del Norte y Holanda del Sur, donde se encuentran las ciudades de Amsterdam, Rotterdam y La Haya, que habían sido tradicionales bastiones del VVD. Además de esto consiguió ser el partido con más representantes de toda Holanda. Estos avances se lograron principalmente a expensas del PVV. Aunque estos resultados no garantizan al FvD tener el gobierno en ninguna región, si le dan influencia y eco mediático, algo que Baudet ha sabido aprovechar.

Varios medios relacionaron la victoria de Baudet con el asesinato días previos en Utrech de tres holandeses a manos de ciudadano turco, que según las autoridades tuvo muy posiblemente una motivación terrorista. No obstante, el FvD llevaba tiempo creciendo y ganando terreno. Las razones de su auge son varias: el declive de Wilders, las acciones del primer ministro Rutte en favor de empresas holandesas como Shell o Unilever (empresa donde él trabajó previamente), el desgaste de los partidos tradicionales, que a su vez daña a sus aliados, y el rechazo a ciertas políticas migratorias que Baudet relacionó con el atentado en Utrecht. También los Verdes holandeses han experimentado un gran crecimiento, acumulando el voto joven que antes apoyaba a Demócratas 66.

Impacto en la Política Holandesa

La victoria del partido Baudet sobre el de Rutte afecta directamente al Gobierno central, al sistema electoral holandés y al propio primer ministro. En primer lugar, muchos medios acogieron los resultados como una valoración de los holandeses sobre el Gobierno de Rutte. El mayor castigo fue para los aliados de Rutte, los Demócratas 66 y la Llamada Demócrata Cristiana, que fueron los que más apoyos perdieron en las regiones. Desde que llegó al poder en 2010, Rutte ha logrado mantener la fidelidad de su electorado, pero todos sus aliados han terminado siendo castigados por sus votantes. Por ello cabe la posibilidad que el Gobierno de Rutte no llegue a terminar su mandato, si sus aliados terminan dándole la espalda.

El resultado de las regionales de marzo puede tener un segundo impacto en el Senado. Los neerlandeses no designan a sus senadores de forma directa, sino que son los consejos regionales los que eligen a los senadores, por lo que los resultados de las elecciones regionales tienen un efecto directo en la composición de la cámara alta. Por ello es muy posible que los partidos que conforman el Gobierno de Rutte sufran un gran retroceso en el Senado y eso le complique al primer ministro la aprobación de sus iniciativas legislativas.

La tercera consecuencia afecta de forma directa al propio Rutte. En 2019 Donald Tusk termina su segundo mandato como presidente del Consejo Europeo y Rutte tenía muchas posibilidades de sucederle, pero siendo él el principal activo electoral de su partido, su marcha podría hundir al VVD. Podría ocurrir entonces como sucedió con la salida de Tusk de Polonia, que resultó en una victoria conservadora un año más tarde.

Cualquiera que sea el desenlace, la política holandesa ha demostrado en los últimos años una gran volatilidad y mucho movimiento. En 2016 se creía que Wilders ganaría las elecciones y anteriormente que el D66 arrebataría al VVD el liderazgo liberal. Es difícil predecir la dirección en la que el viento hará girar el molino.

La posibilidad de que el Gobierno de Bolsonaro busque catologar de terrorista al Movimiento Sin Tierra por ocupar fincas a la fuerza reabre una histórica controversia

Cuando en torno a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Brasil aprobó su primera legislación antiterrorista, la iniciativa fue vista como un ejemplo a seguir por otros países latinoamericanos, hasta entonces poco familiarizados en general con un fenómeno que desde el 11-S tenía preeminencia en muchas otras partes del mundo. Sin embargo, la posiblidad de que, con el impulso político de Jair Bolsonaro, algún movimiento social, como el de los Sin Tierra, pase a ser catalogado como terrorista, viene a reavivar viejos temores de la izquierda brasileña y a acentuar la polarización social.

▲ Bandera del Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

ARTÍCULO / Túlio Dias de Assis

En el último Festival de Cine de Berlín, el famoso actor y cineasta brasileño Wagner Moura presentó una película un tanto controvertida, “Marighella”. El filme retrata la vida de un personaje de la historia brasileña reciente, amado por unos y odiado por otros: Carlos Marighella, lider de la Ação Libertadora Nacional. Esta organización fue una guerrilla revolucionaria responsable de varios atentados contra del régimen dictatorial militar que entre 1964 y 1985 rigió Brasil. Por ello, la película provocó reacciones muy dispares: para algunos, es la justa exaltación de un auténtico mártir de la lucha antifascista; para otros, una apología del terrorismo de guerrillas armadas. Esta pequeña contienda ideológica acerca de “Marighella”, aunque pueda parecer insignificante, es el reflejo de una antigua herida en la política brasileña que se reabre cada vez que el país debate sobre la necesidad de una legislación antiterrorista.

El concepto de legislación antiterrorista es algo que se ha asentado en muchas partes del mundo, especialmente en Occidente tras el 11-S. Sin embargo, esta noción no es tan común en Latinoamérica, probablemente por la poca frecuencia de ataques de este tipo sufridos por la región. Con todo todo, la falta de atentados no implica que no haya presencia de movimientos de ese género en los países americanos; es más, varios de ellos son conocidos por ser “refugio” de organizaciones de esta índole, como ocurre en la Triple Frontera, la zona de contacto entre las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Lo que sucede en ese área se debe en gran medida a la falta de legislación directa y efectiva contra el terrorismo organizado por parte de los gobiernos nacionales.

En el caso de Brasil, al igual que ocurre en algunos de sus países vecinos, la falta de una legislación antiterrorista se debe al temor histórico por parte de los partidos de izquierda a su posible en contra de movimientos sociales de cierto carácter agresivo. En Brasil, esto se vio ya reflejado en transición política de finales de la década de 1980, cuando hubo una clara protesta por parte del PT (Partido dos Trabalhadores), entonces bajo el mando de Luiz Inácio “Lula” da Silva, en contra de todo intento de introducir el concepto antiterrrorista en la legislación. Curiosamente, la misma Constitución Federal de 1988 menciona la palabra “terrorismo” dos veces: primero, como algo que debe rechazarse en la política exterior brasileña, y segundo, como uno de los crímenes imperdonables contra la Federación. Pese a ello, no prosperó ningún intento de definir dicho crimen, y aunque tras los atentados del 11-S se reanudaron las discusiones acerca de una posible ley, la izquierda laborista –ya durante la presidencia de Lula– siguió justificando su negativa invocando la persecución ejecutada por la Junta Militar de la dictadura. Véase que la misma expresidenta Dilma Rousseff fue encarcelada por formar parte de la VAR-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares), un grupo revolucionario de extrema izquierda que formaba parte de la oposición armada al régimen.

Amenaza terrorista en los JJOO

Durante los mandatos del PT (2003-2016) no hubo ningún tipo de iniciativa legislativa por parte del Gobierno sobre el tema; además, cualquier otro proyecto que surgiera desde el Legislativo, ya fuera el Senado o la Cámara de los Diputados, se veía bloqueado por el Ejecutivo. A menudo el Gobierno también justificaba su posición aludiendo una supuesta “neutralidad”, escudándose en el deseo de no involucrarse en conflictos externos. Esta actitud llevaría a que varios prófugos acusados de participar o colaborar en atentados en otros países se refugiaran en Brasil. Sin embargo, a mediados de 2015, al acercarse al inicio de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, se valoró el riesgo de un posible atentado ante un evento de tamaña relevancia. Esto, junto a la presión de la derecha en el Congreso (téngase en cuenta que Rousseff ganó las elecciones de 2014 con un margen muy estrecho, de menos del 1%), llevó a que el Gobierno petista pidiera al parlamento que redactara una definión concisa de terrorismo y de otros crímenes relacionados, como los relativos a la financiación. Finalmente, la primera ley antiterrorista brasileña fue firmada por Rousseff en marzo de 2016. Si bien esta es la versión “oficial” de ese proceso, no son pocos los que defienden que la razón real para la implantación de la ley fuera la presión ejercida por el FATF (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, creada por el G8), dado que esta entidad había amenazado con incluir a Brasil en la lista de países no cooperantes contra el terrorismo.

La ley antiterrorista brasileña tuvo su eficacia, pues sirvió de marco legal para la llamada Operação Hardware. Mediante esta operación la Policía Federal Brasileña logró arrestar a varios sospechosos de una rama del DAESH operativa en Brasil, los cuales planeaban realizar un atentado durante los JJOO de Río. El juez federal Marcos Josegrei da Silva condenó a ocho sospechosos por afiliación a un grupo terrorista islámico, en la primera sentencia de este tipo en la historia de Brasil. La decisión del juez fue bastante controvertida en su momento, en gran medida debido a la poca familiaridad de la sociedad brasileña con este tipo de riesgos. Por ello, muchos brasileños, incluida parte de la prensa, criticaron la “desproporcionalidad” con la que se les trataba a los acusados.

Impulso Bolsonarista

Desde entonces Brasil viene a ser considerado como una especie de ejemplo entre los país sudamericanos en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, no parece que el status quo mantenido durante el final de la administración Rousseff y el corto mandato de Temer vaya a quedar intacto por mucho tiempo. Esto se debe al ardiente debate suscitado por la derecha bolsonarista, que aboga para que sean clasificadas como terrorismo las actividades delictivas de varios grupos de extrema izquierda, especialmente el MST (Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). El MST es el mayor movimiento social agrario, de talante marxista, y es conocido a nivel nacional por sus ocupaciones de aquellas tierras que el grupo considera “inútiles o malaprovechadas” a fín de que “se les de un mejor uso”. La ineficacia del Estado a la hora de detener las invasiones de propiedad privada llevadas a cabo por el MST ha sido denunciada de modo recurrente en el Congreso, especialmente durante los años de gobierno del PT, sin mayores consecuencias. Sin embargo, ahora que la derecha tiene un mayor peso, el debate ha vuelto a cobrar vida y no son pocos los diputados que han mencionado ya su intención de procurar denominar al Movimiento Sin Tierra como organización terrorista. El propio Bolsonaro ha sido un férreo defensor de proscribir al MST.

Asímismo, a la vez que el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, anuncia la posibilidad de la creación de un sistema de inteligencia antiterrorista, siguiendo el modelo de su homólogo estadounidense, y el Congreso debate la expansión de la actual lista de orrganizaciones terroristas para incluir grupos como Hezbolá, otros políticos brasileños han decidido poner en marcha en el Senado una propuesta de legislación para criminalizar las acciones del MST. En caso de ser aprobada, esta iniciativa vendría a hacer realidad el temor que la izquierda ha invocado todos estos años. Al fin y al cabo, esta no es que sea la mejor manera de cumplir la promesa de “gobernar para todos”. Es más, una medida tan desproporcionada para este tipo de actividades no haría más que aumentar la ya intensa polarización política hoy presente en la sociedad brasileña: más bien sería lo equivalente a echar sal a una vieja herida, una que parecía estar ya a punto de cicatrizar.

La ruptura con Rusia de los ortodoxos de Ucrania traslada al ámbito religioso la tensión entre Kiev y Moscú

Mientras Rusia cerraba a Ucrania los accesos del Mar de Azov, a finales de 2018, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana avanzaba en su independencia respecto al Patriarcado de Moscú, cortando un importante elemento de influencia rusa sobre la sociedad ucraniana. En la “guerra híbrida” planteada por Vladimir Putin, con sus episodios de contraofensivas, la religión es un ámbito más de soterrada pugna.

▲ Proclamación de autocefalia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, con asistencia del presidente ucraniano Poroshenko [Mykola Lazarenko]

ARTÍCULO / Paula Ulibarrena

El 5 de enero de 2019 fue un día importante para la Iglesia Ortodoxa. En la histórica Constantinopla, hoy Estambul, en la catedral ortodoxa de San Jorge, se verificó la ruptura eclesiástica entre el rus de Kiev y Moscú, naciendo así la decimoquinta Iglesia Ortodoxa autocéfala, la de Ucrania.

El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, presidió el acto junto al metropolitano de Kiev, Epifanio, que fue elegido en otoño pasado por parte de los obispos ucranianos que quisieron escindirse del Patriarcado de Moscú. Tras un solemne recibimiento coral a Epifanio, de 39 años, los dirigentes eclesiásticos colocaron en una mesa del templo el tomos (decreto), un pergamino escrito en griego que certifica la independencia de la Iglesia de Ucrania.

Pero quien realmente encabezó la delegación ucraniana fue el presidente de esa república, Petró Poroshenko. “Es un acontecimiento histórico y un gran día porque hemos podido escuchar una oración en ucraniano en la catedral de San Jorge”, escribió momentos después Poroshenko en su cuenta de la red social Twitter.

El acto contó con el frontal rechazo del Patriarcado de Moscú, que lleva tiempo enfrentado con el patriarca ecuménico de Constantinopla. El arzobispo Ilarión, jefe de relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa, comparó la situación con el Cisma de Oriente y Occidente de 1054 y advirtió de que el conflicto actual puede prolongarse "por decenios e incluso siglos".

El gran cisma

Así se denomina al cisma o separación de la Iglesia de Oriente (Ortodoxa) de la Iglesia Católica de Roma. La separación se gestó a lo largo de siglos de desavenencias comenzando por el momento en que el emperador Teodosio el Grande dividió a su muerte (año 395) el Imperio Romano en dos partes entre sus hijos: Honorio y Arcadio. Sin embargo, no se llegó a la ruptura efectiva hasta 1054. Las causas son de tipo étnico por diferencias entre latinos y orientales, políticos por el apoyo de Roma a Carlomagno y de la Iglesia oriental a los emperadores de Constantinopla pero sobre todo por las diferencias religiosas que a lo largo de esos años fueron distanciando a ambas iglesias, tanto en aspectos como santorales, diferencias de culto, y sobre todo por la pretensión de ambas sedes eclesiásticas de ser la cabeza de la Cristiandad.

Cuando Constantino el Grande mudó la capital del imperio de Roma a Constantinopla, esta pasó a ser denominada la Nueva Roma. Tras la caída del imperio romano de Oriente a manos de los turcos en 1453 Moscú utilizó la denominación de “Tercera Roma”. Las raíces de este sentimiento comenzaron a gestarse durante el reinado del gran duque de Moscú Iván III, que había contraído matrimonio con Sofía Paleóloga quien era sobrina del último soberano de Bizancio, de manera que Iván podía reclamar ser el heredero del derrumbado Imperio Bizantino.

Las diferentes iglesias ortodoxas

La Iglesia Ortodoxa no tiene una unidad jerárquica, sino que está constituida por 15 iglesias autocéfalas que reconocen solo el poder de su propia autoridad jerárquica, pero mantienen entre sí comunión doctrinal y sacramental. Dicha autoridad jerárquica se equipara habitualmente a la delimitación geográfica del poder político, de modo que las diferentes iglesias ortodoxas han ido estructurándose en torno a los Estados o países que se han configurado a lo largo de la historia, en el área que surgió del Imperio Romano de Oriente, y posteriormente ocupó el Imperio Otomano.

Son las siguientes iglesias: la de Constantinopla, la rusa (que es la mayor, con 140 millones de fieles), la serbia, la rumana, la búlgara, la chipriota, de georgiana, la polaca, la checa y eslovaca, la albanesa y la ortodoxa de América, así como las muy prestigiosas pero pequeñas de Alejandría, Jerusalén y Antioquía (para Siria).

La Iglesia Ortodoxa de Ucrania ha dependido históricamente de la rusa, paralelamente a la dependencia del país respecto a Rusia. En 1991 a raíz de la caída del comunismo y de la desaparición de la URSS, muchos obispos ucranianos autoproclamaron el Patriarcado de Kiev y se separan de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Esta separación fue cismática y no obtuvo apoyo del resto de iglesias y patriarcados ortodoxos, y de hecho supuso que en Ucrania coexistiesen dos iglesias ortodoxas: el Patriarcado de Kiev y la Iglesia Ucraniana dependiente del Patriarcado de Moscú.

Sin embargo esta falta de apoyos iniciales cambió el año pasado. El 2 de julio de 2018, Bartolomé, patriarca de Constantinopla, declaró que no existe ningún territorio canónico de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ucrania ya que Moscú se anexionó la Iglesia Ucraniana en 1686 de forma canónicamente inaceptable. El 11 de octubre, el Santo Sínodo del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla decidió conceder la autocefalia del Patriarca Ecuménico a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y revocó la validez de la carta sinodal de 1686, que concedía el derecho al Patriarca de Moscú para ordenar al Metropolitano de Kiev. Esto llevó a la reunificación de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y su ruptura de relaciones con la de Moscú.

El 15 de diciembre, en la Catedral de Santa Sofía de Kiev, se celebró el Sínodo Extraordinario de Unificación de las tres iglesias ortodoxas ucranianas, siendo elegido como Metropolitano de Kiev y toda Ucrania el arzobispo de Pereýaslav-Jmelnitski y Bila Tserkva Yepifany (Dumenko). El 5 de enero de 2019, en la Catedral patriarcal de San Jorge en Estambul el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I rubricó el tomos de autocefalia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania.

La política, ¿acompaña la división o es su causa?

En el Este de Europa es casi una tradición la relación íntima entre religión y política, como ha sido desde los principios de la Iglesia Ortodoxa. Parece evidente que la confrontación política entre Rusia y Ucrania es paralela al cisma entre las iglesias ortodoxas de Moscú y Kiev, e incluso es un factor más que añade tensión a este enfrentamiento. De hecho, el simbolismo político del acto de Constantinopla se vio reforzado por el hecho de que fue Poroshenko, y no Epifanio, el que recibió el tomos de manos del patriarca ecuménico, al que agradeció el “coraje de tomar esta histórica decisión”. Anteriormente el mandatario ucraniano ya había comparado este hecho con el referéndum mediante el que Ucrania se independizó de la URSS en 1991 y con la “aspiración a ingresar en la Unión Europea y la OTAN”.

Aunque la separación llevaba años gestándose, curiosamente la búsqueda de esa independencia religiosa se ha intensificado tras la anexión por parte de Rusia de la península ucraniana de Crimea en 2014 y el apoyo de Moscú a milicias separatistas en el este de Ucrania.

El primer resultado se hizo público el 3 de noviembre, con una visita de Poroshenko a Fanar, la sede de Bartolomé en Estambul, tras la cual el patriarca subrayó su apoyo a la autonomía eclesiástica de Ucrania.

El reconocimiento de Constantinopla de una iglesia autónoma ucrania supone también un impulso para Poroshenko, que se enfrenta a una dura carrera electoral en marzo. En el poder desde 2014, Poroshenko ha centrado en el asunto religioso gran parte de su discurso. “Ejército, idioma, fe”, es su principal eslogan electoral. De hecho, tras la separación, el mandatario afirmó: “nace la Iglesia Ortodoxa Ucraniana sin Putin y sin Kirill, pero con Dios y con Ucrania”.

Kiev asegura que las iglesias ortodoxas respaldadas por Moscú en Ucrania —unas 12.000 parroquias— son en realidad una herramienta de propaganda del Kremlin, que las emplea también para apoyar a los rebeldes prorrusos del Donbás. Las iglesias lo niegan rotundamente.

En el otro lado, Vladímir Putin, que se erigió hace años como defensor de Rusia como potencia ortodoxa y cuenta con el patriarca de Moscú entre sus aliados, se opone fervientemente a la separación y ha advertido de que la división producirá “una gran disputa, si no un derramamiento de sangre”.

Además, para el patriarcado de Moscú —que rivaliza desde hace años con el de Constantinopla como centro de poder ortodoxo— supone un duro golpe. La Iglesia Rusa tiene alrededor de 150 millones de cristianos ortodoxos bajo su autoridad, y con esta separación perdería una quinta parte, aunque todavía seguiría siendo el patriarcado ortodoxo más numeroso.

También este hecho tiene un gemelo político, pues Rusia ha afirmado que romperá relaciones con Constantinopla. Vladimir Putin sabe que pierde una de las mayores fuentes de influencia que posee en Ucrania (y en lo que él llama “el mundo ruso"): el de la Iglesia Ortodoxa. Para Putin, Ucrania se encuentra en el centro del nacimiento del pueblo ruso. Esta es una de las razones, junto a la importante posición geoestratégica de Ucrania y su extensión territorial, por las que Moscú quiere seguir manteniendo la soberanía espiritual sobre la antigua república soviética, ya que políticamente Ucrania se está acercando a Occidente, tanto a la UE y como a Estados Unidos.

Tampoco hay que olvidar la carga simbólica. La capital ucraniana, Kiev, fue el punto de partida y origen de la Iglesia Ortodoxa Rusa, algo que acostumbra a recordar el propio presidente Putin. Fue allí donde el príncipe Vladimir, figura eslava medieval reverenciada tanto por Rusia como por Ucrania, se convirtió al Cristianismo en el año 988. “Si la Iglesia Ucraniana gana su autocefalia, Rusia perderá el control de esa parte de la historia que reclama como origen de la suya propia”, asegura a la BBC el doctor Taras Kuzio, profesor en la Academia de Mohyla de Kiev. “Perderá también gran parte de los símbolos históricos que forman parte del nacionalismo ruso que defiende Putin, tales como el monasterio de las Cuevas de Kiev o la catedral de Santa Sofía, que pasarán a ser enteramente ucranianos. Es un golpe para los emblemas nacionalistas de los que presume Putin”.

Otro aspecto a considerar es que las iglesias ortodoxas de otros países (Serbia, Rumanía, Alejandría, Jerusalén, etc) se empiezan a alinear a un lado u otro de la gran grieta: con Moscú o con Constantinopla. No está claro si esto quedará como un cisma meramente religioso, de producirse, o si arrastrará también al poder político, pues no hay que olvidar, como ya se ha señalado, que en ese área que denominamos Oriente siempre han existido unos lazos muy fuertes entre poder religioso y político desde el gran cisma con Roma.

¿Por qué ahora?

El anuncio de la escisión entre ambas iglesias es, para algunos, algo lógico en términos históricos. “Tras la caída del Imperio Bizantino, las iglesias ortodoxas independientes fueron configurándose en el siglo XIX de acuerdo a las fronteras nacionales de los países y este es el patrón que, con retraso, está siguiendo ahora Ucrania”, explica en la citada información de la BBC el teólogo Aristotle Papanikolaou director del Centro de Estudios Cristianos Ortodoxos de la Universidad de Fordham, en Estados Unidos.

Hay que considerar que es la oportunidad de Constantinopla de restar poder a la Iglesia de Moscú, pero sobre todo es la reacción del sentimiento general ucraniano frente a la actitud de Rusia. “¿Cómo pueden los ucranianos aceptar como guías espirituales a miembros de una iglesia que se cree implicada en las agresiones imperialistas rusas?”, se pregunta Papanikolau, reconociendo el impacto que la guerra de Crimea y su posterior anexión pudo haber tenido en la actitud de los eclesiásticos de Constantinopla.

Existe, pues, una relación clara y paralela entre el deterioro de las relaciones políticas entre Ucrania y Rusia, y la separación entre el rus de Kiev frente a la Iglesia de Moscú. Ambas iglesias ortodoxas están muy imbricadas, no solo en sus respectivas sociedades, sino también en los ámbitos políticos y estos a su vez utilizan para sus fines la importante ascendencia de las iglesias sobre los habitantes de los dos países. En definitiva, la tensión política arrastra o favorece la tensión eclesiástica, pero a su vez las aspiraciones de independencia de la Iglesia Ucraniana ven este momento de enfrentamiento político como el idóneo para independizarse de la moscovita.

Tras cuatro años de junta militar, las próximas elecciones abren la posibilidad de retornar a una legitimidad demasiado interrumpida por golpes de Estado

Tailandia ha conocido diversos golpes de Estado e intentos de vuelta a la democracia en su historia más reciente. La Junta militar que se hizo con el poder en 2014 ha convocado elecciones para el 24 de marzo. El deseo, sin éxito, de la hermana del rey Maha Vajiralongkorn de concurrir a las elecciones para acceder al puesto de primera ministra ha llamado la atención mundial sobre un sistema político que no logra atender las aspiraciones políticas de los tailandeses. 

▲ Escena de una calle de Bangkok [Pixabay]

ARTÍCULO / María Martín Andrade

Tailandia es uno de los países integrantes de ASEAN que más rápido se está desarrollando en términos económicos. No obstante, estos avances se encuentran con un difícil obstáculo: la inestabilidad política que el país arrastra desde principios del siglo XX y que abre un nuevo capítulo ahora, en 2019, con las elecciones que tendrán lugar el 24 de marzo. Estas elecciones suponen un antes y un después en la política tailandesa reciente, después de que en 2014, el general Prayut Chan-Ocha diese un golpe de Estado y se convirtiera en primer ministro de Tailandia encabezando el NCPO (Consejo Nacional para la Paz y el Orden), la junta de gobierno constituida para dirigir el país.

Sin embargo, no son pocos los que se muestran escépticos ante esta nueva entrada de la democracia. Para empezar, las elecciones se fijaron inicialmente para el 24 de febrero, pero poco tiempo después el Gobierno anunció un cambio de fecha y las convocó para un mes más tarde. Algunos han expresado sospechas acerca de una estrategia para que las elecciones no tengan lugar, ya que, según la ley, no pueden celebrarse una vez transcurridos ciento cincuenta días a partir de la publicación de las diez últimas leyes orgánicas. Otros temen que el NCPO se haya dado más tiempo para comprar votos, al tiempo que comentan su inquietud por la posibilidad de que la Comisión Electoral, que es una administración independiente, sea manipulada para lograr un éxito que a la junta militar le va a resultar difícil asegurar.

Centrando este análisis en lo que el futuro depara a la política tailandesa, es necesario remontarse a su trayectoria en el último siglo para darse cuenta de que sigue una estela circular.

Los golpes de Estado no son algo nuevo en el país (1). Ha habido doce desde que en 1932 se firmó la primera Constitución. Todo responde a una interminable pugna entre el “ala castrense”, que ve el constitucionalismo como una importación occidental que no termina de encajar con las estructuras tailandesas (también defiende el nacionalismo y venera la imagen del rey como símbolo de la nación, la religión budista y la vida ceremonial), y la “órbita izquierdista”, originariamente compuesta por emigrantes chinos y vietnamitas, que percibe la institucionalidad del país como similar a la de la “China pre-revolucionaria” y que a lo largo de todo el siglo XX se expresó por medio de guerrillas. A esta última ideología hay que añadir el movimiento estudiantil, que desde los comienzos de la década de 1960 critica la “americanización”, la pobreza, el orden tradicional de la sociedad y el régimen militar.

Con el boom urbano iniciado en la década de 1970, el producto interior bruto se quintuplicó y el sector industrial pasó a ser el de mayor crecimiento, gracias a la producción de bienes tecnológicos y a las inversiones que las empresas japonesas empezaron a hacer en el país. Durante esta época se produjeron golpes de Estado, como el de 1976, y numerosas manifestaciones estudiantiles y acciones guerrilleras. Tras el golpe de 1991 y nuevas elecciones se abrió un debate sobre cómo crear un sistema político eficiente y una sociedad adaptada a la globalización.

Estos esfuerzos se truncaron cuando llegó la crisis económica de 1997, que generó divisiones y despertó rechazo hacia la globalización, por considerarla la fuerza maligna que había llevado el país a la miseria. Es en este punto cuando entró en escena alguien que desde entonces ha sido clave en la política tailandesa y que sin duda marcará las elecciones de marzo: Thaksin Shinawatra.

Shinawatra, un importante empresario, creó el partido Thai Rak Thai (Thai ama Thai) como reacción nacionalista a la crisis. En 2001 ganó las elecciones y apostó por el crecimiento económico y la creación de grandes empresas, pero a la vez ejerció un intenso control sobre los medios de comunicación, atacando a aquellos que se atrevían a criticarle y permitiendo únicamente la publicación de noticias positivas. En 2006 se produjo un golpe de Estado para derrocar a Shinawatra, acusado de graves delitos de corrupción. No obstante,  Shinawatra volvió a ganar los comicios en 2007, esta vez con el Partido del Poder Popular.

En 2008 se produjo una nueva asonada, pero la marca Shinawatra, representada por la hermana del exprimer ministro, ganó las elecciones en 2011, esta vez con el partido Pheu Thai. Yingluck Shinawatra se convirtió así en la primera mujer en presidir el Gobierno de Tailandia. En 2014 otro golpe la apartó a ella e instauró una junta que ha gobernado hasta ahora, con un discurso basado en la lucha contra la corrupción, la protección de la monarquía, y el rechazo a las políticas electorales, consideradas como la epidemia nacional.

En este contexto, todo el esfuerzo de la junta, que se presenta en marzo bajo el nombre del partido Palang Pracharat, se ha centrado en debilitar a Pheu Thai y así eliminar del mapa todo rastro que quede de Shinawatra. Para conseguir esto, la junta ha procedido a reformar el sistema electoral (en 2016 una nueva Constitución sustituyó a la de 1997), de forma que el Senado ya no es elegido por los ciudadanos.

A pesar de todos los esfuerzos manifestados en la compra de votos, la posible manipulación de la Comisión Electoral y la reforma del sistema electoral, se intuye que la sociedad tailandesa puede hacer oír su voz de cansancio del gobierno militar, que además pierde apoyo en Bangkok y en el sur. A esto se añade el convencimiento colectivo de que, más que perseguir el crecimiento económico, la Junta se ha centrado en conseguir la estabilidad haciendo más desigual la economía de Tailandia, según datos de Credit Suisse. Por ello mismo, el resto de los partidos que se presentan a estas elecciones, Prachorath, Pheu Thai, y Bhumjaithai, coinciden en que Tailandia se tiene que volver a integrar en la competencia global y que el mercado capitalista tiene que crecer.

A principios de febrero el contexto se complicó aún más, cuando la princesa Ulboratana, la hermana del actual rey, Maha Vajiralongkorn, comunicó la presentación de su candidatura en las elecciones como representante del partido Thai Raksa Chart, aliado de Thaksin Shinawatra. Esta noticia supuso una gran anomalía, no únicamente por el hecho de que un miembro de la monarquía mostrase su intención de participar activamente en política, algo que no ocurría desde que en 1932 se pusiera fin a la monarquía absoluta, sino porque además todos los golpes de estado que se han dado en el país han contado con el respaldo de la familia real. El último, de 2014, contó con la bendición del entonces rey Bhumibol. Asimismo, la familia real siempre ha contado con el apoyo de la Junta militar.

En aras de evitar un enfrentamiento que dañaba a la monarquía, el rey reaccionó con rapidez y mostró públicamente su rechazo a la candidatura de su hermana; finalmente la Comisión Electoral decidió retirarla del proceso de elecciones.

Gobierno deficiente

Durante los últimos años la Junta militar ha sido responsable de mala gobernanza, de la débil institucionalidad del país y de una economía amenazada por las sanciones internacionales que buscan castigar la falta de democracia interna.

Para empezar, siguiendo el artículo 44 de la Constitución proclamada en 2016, el NCPO tiene legitimidad para intervenir en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo con el pretexto de proteger a Tailandia de amenazas contra el orden público, la monarquía o la economía. Esto no solo impide toda posibilidad de interacción y resolución efectiva de conflictos con otros actores, sino que es un rasgo inequívoco de un sistema autoritario.

Han sido precisamente sus características de régimen autoritario, que es como se puede calificar a su sistema gubernamental, las que han hecho a la comunidad internacional reaccionar desde el golpe de 2014, imponiendo diversas sanciones que pueden afectar a Tailandia seriamente. Estados Unidos suspendió 4,7 millones de dólares de asistencia financiera, mientras que Europa ha puesto objeciones en la negociación de un acuerdo de libre comercio, pues como ha indicado Pirkka Tappiola, representante de la UE ante Tailandia, solo será posible establecer un acuerdo de ese tipo con un gobierno democráticamente elegido. Además, Japón, principal inversor en el país, ha empezado a buscar vías alternativas, implantando fábricas en otros lugares de la región como Myanmar o Laos.

Ante el cuestionamiento de su gestión, la Junta reaccionó dedicando 2.700 millones de dólares a programas destinados a los sectores más pobres de la población más pobres, especialmente los campesinos, e invirtiendo cerca de 30.000 millones en la construcción de infraestructuras en zonas aún no explotadas.

Dado que las exportaciones en Tailandia son el 70% de su PIB, el Gobierno no se puede permitir el lujo de tener a la comunidad internacional enfrentada. Eso explica que la Junta creara un comité para gestionar problemas referentes a los derechos humanos, denunciados desde el exterior, si bien el objetivo de la iniciativa parece haber sido más bien publicitario.

De cara a una nueva etapa democrática, la Junta tiene una estrategia. Habiendo puesto la mayor parte de sus esfuerzos en la creación de nuevas infraestructuras, espera abrir un corredor económico, el Eastern Economic Corridor (EEC), con el que convertir las tres principales provincias costeras (Chonburi, Rayong, y Chachoengsao) en zonas económicas especiales donde se potencien industrias como las del automóvil o la aviación, y que sean atractivas para la inversión extranjera una vez despejada la legitimación democrática.

Es difícil prever qué ocurrirá en Tailandia en las elecciones del 24 de marzo. Aunque casi todo habla de una nueva vuelta a la democracia, está por ver el resultado del partido creado por los militares (Pralang Pracharat) y su firmeza en el compromiso con un juego institucional realmente honesto. Si Tailandia quiere seguir creciendo económicamente y atraer de nuevo a inversores extranjeros, los militares debieran dar pronto paso a un proceso completamente civil. Posiblemente no será un camino sin contratiempos, pues la democracia es un vestido que hasta ahora le ha venido un tanto ajustado al país.

(1) Baker, C. , Phongpaichit, P. (2005). A History of Thailand. Cambridge, Univeristy Press, New York.

Los bombarderos estratégicos seguirán importando en el equilibrio geopolítico como “armas de disuasión masiva”

La flota estadounidense de bombaderos B-52 va a recibir una serie de mejoras que impulsarán su vida en activo al menos hasta la década de 2050. Para entonces, el B-52 llevará volando cerca de 90 años, desde su despegue en la presidencia de Eisenhower. Esto le convertirá, de lejos, en el modelo de avión que más tiempo llevará volando con su operador principal, en este caso la USAF.

▲ Un B-52G cuando estaba en servicio [USAF]

ARTÍCULO / Jairo Císcar Ruiz

Puede que las palabras “bombardero estratégico” suenen a Guerra Fría, a Unión Soviética y a aviones espías, pero hoy es un concepto que está al orden del día a pesar de sonar muy lejano. Es cierto que la situación actual de la aviación estratégica se ve limitada por el Acuerdo de Praga de 2010 (START III), que restringe a 700 los vectores de lanzamiento de armas nucleares desplegados. Entre estos vectores se encuentran los bombarderos estratégicos, los ICBM (misiles intercontinentales) y los SLBM (lanzamiento submarino). A pesar de que actualmente tanto Rusia como EEUU han reducido notablemente el número de sus bombarderos (EEUU cuenta “solo” con 176), las armas estratégicas (y con ello, los bombarderos) van a seguir siendo una parte fundamental del equilibrio geopolítico en las relaciones internacionales.

Solo hay 3 países en el mundo que tengan en su arsenal bombarderos estratégicos, EEUU, Rusia y China (aunque el Xian H-6 chino se encuentra muy por debajo de sus homólogos rusos y estadounidenses), y esta escasez de aviones hace que sean tan preciados y supongan un elemento diferenciador en el campo de batalla. Pero no solo es en el campo de batalla donde estos aviones provocan un desequilibrio, sino que especialmente destacan en el ámbito de las relaciones internacionales como “armas de disuasión masiva”.

Un bombardero estratégico es un avión diseñado no para el campo de batalla directamente, sino para penetrar en el territorio enemigo y atacar tanto objetivos estratégicos (bases militares, cuarteles generales, búnkers...) como lugares críticos para el esfuerzo de guerra de un país. El hecho de que un país cuente en su flota de aeronaves con un avión así claramente supone un elemento disuasorio hacia posibles enemigos. Tanto Rusia como EEUU –especialmente este último país– son capaces de tener permanentemente en el aire a sus bombarderos (gracias a los repostajes en vuelo) cargados con hasta casi 32 toneladas de armamento, con una duración de vuelo solo restringida a la capacidad de aguante de la tripulación. En esta “diplomacia del miedo”, los bombarderos estratégicos seguirán siendo elementos destacados en el plano de la geoestrategia y el equilibrio de fuerzas a nivel mundial. EEUU es plenamente consciente de ello y por eso se está embarcando en una serie de ambiciosos planes para seguir gozando de superioridad aérea y geoestratégica. De estos planes, uno de los más nuevos y, quizás, más esperados es el anuncio de que los B-52 americanos seguirán volando hasta, al menos, 2050.

Aunque se presuponía que iba a ser así, la confirmación que dio la US Air Force no deja de ser menos sorprendente: la flota de B-52 en activo va a recibir una serie de mejoras que van a impulsar su vida en activo hasta, como mínimo, la década de 2050. No sería una noticia demasiado notable teniendo en cuenta que es habitual la aprobación de paquetes de mejora, ya sea de aviónica o de software para aumentar la vida útil de los aviones en servicio, pero la realidad es que último B-52 Stratofortress salió de la planta de ensamblaje de Boeing en Wichita (Kansas) en el año 1962. Es decir, que en 2050 la flota completa llevaría volando cerca de 90 años, lo que le haría ser, con gran diferencia, el modelo de avión que más tiempo llevará volando con su operador principal, en este caso la USAF.

Polivalencia, efecto disuasorio y menor coste operativo

¿Pero puede un avión que fue puesto en servicio a partir de 1955, con Eisenhower como presidente, plantar cara a los nuevos modelos de bombarderos, como el B-2 o el futuro B-21 Raider? ¿Es justificable el enorme desembolso que pretende realizar el Congreso de EEUU? Se calcula que solo en motores podría gastar 11.000 millones; para el ejercicio 2019 están aprobados casi 300 millones.

La respuesta es sí. Tanto por su polivalencia estratégica, como por su efecto disuasorio y su, comparativamente, escaso coste operativo, el B-52 se convierte en un aparato vital para EEUU.

Su polivalencia en combate ha sido largamente probada, desde su “debut” en la Guerra de Vietnam, donde fue protagonista de los bombardeos en alfombra (es capaz de lanzar más de 32 toneladas de explosivos). Conforme fue avanzando el tiempo demostró que no solo podía lanzar bombas, sino misiles de largo alcance como el AGM-158 JASSM o el antibuque Harpoon. Su gran capacidad armamentística le hace ser uno de los aviones insignia de ataque a larga distancia de EEUU. Así se ha atestiguado en la misión internacional contra el Daesh, en la que, hasta ser relevados por el B-1, los B-52 realizaron 1.850 misiones de combate, arrojando unas 12.000 bombas, algo que fue fundamental para la victoria sobre el Daesh en Mosul.

Precisamente hablando de larga distancia es donde el B-52 apabulla: sin repostaje, un B-52 puede volar más de 15.000 km, llegando a haber volado 20.000 km en situaciones extraordinarias. Esto ofrece una capacidad de ataque a nivel global, ya que en caso de repostar, solo impediría estar indefinidamente en vuelo la propia resistencia de la tripulación. Esta capacidad los hace ideales no solo para efectuar bombardeos desde bases alejadas del enemigo, sino para participar en tareas de búsqueda, pudiendo realizar entre dos aviones un “escaneo” de 364.000 km2  en una dos horas. Esto resulta vital para su uso por parte de la US Navy en misiones antisubmarinas o de detección de armadas enemigas.

Los mismos parámetros y ventajas se aplican al uso del B-52 como arma de disuasión “masiva”. Creado inicialmente para tener permanentemente una escuadra en vuelo armada con bombas nucleares, y así garantizar una respuesta inmediata ante cualquier agresión, actualmente los aviones destacados en Guam se utilizan como parte de la táctica estadounidense de libre paso por las aguas internacionales del Mar de China. También se han empleado como apoyo aéreo permanente en zonas de especial riesgo como el valle de Korengal, en Afganistán, o al principio de la propia guerra, en Tora Bora. Al tener un B-52 en espera, las tropas podían disponer en pocos momentos (y durante un largo tiempo) de un apoyo aéreo que, de otra manera, tardaría en llegar.

Otra ventaja incontestable de estos aparatos es su, relativo, bajo coste en proporción con los otros bombarderos de la flota estadounidense. Primero hay que aclarar que el coste por hora de vuelo no es solo cuenta el combustible utilizado, sino también el coste de mantenimiento, repuestos... Es cierto que a estos precios teóricos no se les añaden ni el coste de la munición (que puede ascender a decenas de millones) ni otras variables como el sueldo de pilotos, mecánicos, coste de seguro, costes de aparcamiento en hangares u otras variables que resultan clasificadas, pero sí que sirven para darnos una visión global de su coste operativo. Los B-52 cuestan al contribuyente estadounidense unos 70.000 dólares por hora. Puede parecer un precio extraordinariamente alto, pero su “hermano” el B-2 alcanza los 130.000 dólares la hora. A pesar de ser precios exorbitantes para un ejército como el español (los Eurofighter cuestan unos 15.000 dólares/hora), para el presupuesto de Defensa de EEUU no es significativo (Trump pretende llegar hasta los 680.000 millones de dólares en presupuesto).

Renovación de motores

Hemos visto que el B-52, ese Big Ugly Fat Fellow como lo apodan cariñosamente sus tripulaciones, puede seguir siendo un vector a tomar en cuenta en el aire durante los próximos años, pero la USAF no quiere que se convierta en un actor secundario, sino que siga siendo el actor principal. Para ello, ha creado el programa Commercial Engine Reengining Program (CERP) para sustituir los viejos motores originales. Los TF33 tienen ya más de 50 años, y en los últimos 20 años su coste se ha duplicado, debido a la falta de recambios (actualmente tienen que canibalizar las piezas de motores retirados) y a su ineficiente consumo. No hay que olvidar que tiene 8 motores, por lo que el consumo no es asunto baladí. Para sustituirlos, la USAF ha abierto un concurso que se debería fallar a partir de mediados de 2019. De momento, las especificaciones de la USAF pretenden, como mínimo, conseguir motores un 25% más eficientes y que tarden 5 veces más en necesitar una reparación, lo que supondría un ahorro a 30 años vista (hasta 2050) de cerca de 10.000 millones de dólares. Con un contrato muy jugoso (se habla del orden de 11.000 millones de dólares para sustituir los 650 motores de la flota de B-52), las grandes empresas de aviación militar han empezado a presentar sus propuestas, entre ellas Pratt&Whitney (con el PW815), General Electric (con el nuevo Passport Advanced Turbofan) y Rolls-Royce (con el Pearl o el BR735). Otras insignias de la industria aeronáutica están pendientes de presentar sus propuestas.

Pero no solo los motores se verán beneficiados de las mejoras y la inversión, sino que precisamente la compra de nuevos motores va a hacer necesario un cambio en la instrumentación de la cabina: de esta manera, también van a aprovechar la remodelación para cambiar los viejos indicadores analógicos y pantallas de rayos catódicos por las modernas pantallas multifuncionales que vemos en cualquier caza actualmente. El secretario asistente de la USAF para compras, William Roper, también ha comentado que se están considerando nuevos asientos eyectables.

Más allá de las especulaciones, es seguro que en el marco del Radar Modernization Program (RMP), se van a invertir 817 millones de dólares entre los ejercicios fiscales de 2019 y 2023 en la compra de nuevos sistemas de radar para sustituir los APQ-166, de los años 60. También se va a comprar nuevo software táctico de datos Link 16, ya que es el único avión de la USAF que no lo tiene incorporado y es vital para llevar acabo operaciones conjuntas, tanto dentro del propio ejército estadounidense como con ejércitos OTAN europeos.

En futuro, se adaptará el software y el propio avión para aumentar sus capacidades ofensivas, como ya se hizo con el programa IWBU, que aumentó su capacidad de carga en la bodega en un 67%. Uno de los objetivos principales de la remodelación de corte ofensivo es poder llevar como mínimo una GBU-43/b (o MOAB; Madre de todas las bombas; la bomba no nuclear más potente del mundo). Para ello se está diseñando un nuevo pilón alar que pueda soportar 9.000 kilos de peso. Ya de cara a un futuro, el B-52 podrá llevar misiles hipersónicos, pero eso no se verá hasta mediados de la década de 2020 como mínimo.

De esta manera, la USAF pretende conseguir que el B-52 Stratofortress siga siendo la opción A de su flota a la hora de realizar bombardeos pesados. Por tanto, el B-52 va a seguir siendo un factor estratégico-militar fundamental para entender las relaciones internacionales durante los años venideros. Nadie hubiera afirmado en 1955 que aquel avión, por muy bueno que fuera, podría seguir volando hasta cien años más tarde. Para ello quedan todavía 31 años, pero veremos qué nos depara el B-52, ese “gran tipo gordo y feo” que se ha convertido, gracias a su magnífico diseño y construcción, en el decano de los aviones de bombardeo: el B-52 (posiblemente) el mejor bombardero del mundo.

Del auxilio soviético a la carrera con EEUU para aprovechar la riqueza mineral de asteroides

La llegada de un artefacto chino al lado oculto de la Luna ha llevado a la opinión pública mundial a fijarse en el programa espacial chino, más desarrollado de lo que muchos imaginaban. Auxiliados por los soviéticos en sus inicios, los chinos han acabado cogiendo en algunos programas la delantera (probablementes más aparente que real, dados ciertos contratiempos sufridos), como el desarrollo de una estación espacial permanente propia, y compiten con Estados Unidos en el deseo de aprovechar la riqueza mineral de asteroides.

▲ Centro de lanzamiento de satélites Jiuquan [CNSA]

ARTÍCULO / Sebastián Bruzzone [Versión en inglés]

El origen del programa espacial chino1 se encuentra en los inicios de la Guerra Fría, en plena tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el control de la política internacional. Desde 1955, el presidente Mao Zedong buscaba el respeto de las potencias mundiales y decidió seguir los pasos del país vecino, la URSS. En marzo del año siguiente, la Quinta Academia del Ministerio de Defensa Nacional comenzó el desarrollo de un primer misil balístico (Plan Aeroespacial Chino de Doce Años). Tras el lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética en 1957, Mao se volcó en el desarrollo de un satélite artificial chino que sería activo en el espacio dos años después (Proyecto 581), en un esfuerzo material y económicamente apoyado por la Unión Soviética. Sin embargo, a principios de la década de 1960, la URSS retiró toda su asistencia económica y tecnológica tras la acusación de Pekín de que el primer secretario del Comité Central del PCUS, Nikita Kruschev, era revisionista y quería restaurar el capitalismo.

La Administración Espacial Nacional China (CNSA) es la responsable de los programas espaciales. El primer vuelo espacial tripulado chino tuvo lugar en 2003, con Yang Liwei, a bordo de la nave Shenzhou 5, que se acopló a la estación espacial Tiangong-1. De este modo, China se convertía en la tercera nación en mandar hombres fuera de la Tierra. El principal objetivo de las misiones Shenzhou es el establecimiento de una estación espacial permanente. Hasta hoy, nueve hombres y siete mujeres chinos han viajado al espacio. 


Desde 2007, China ha mostrado un especial interés por Luna. El programa chino de exploración lunar consta de cuatro fases. En la primera (Chang’e 1 y 2), llevada a cabo con CZ-3A, se lanzaron dos sondas orbitales lunares no tripuladas. En la segunda (Chang’e 3 y 4), en 2013, con CZ-5/E, tuvo lugar el primer alunizaje de dos rovers. La tercera (Chang’e 5 y 6) se ejecutó en 2017 con CZ-5/E, consistiendo en alunizaje y regreso de muestras. La cuarta, con CZ-7, está prevista para 2024; consistirá en una misión tripulada y la implantación de bases permanentes en la superficie lunar.

La misión Chang’e 4 fue lanzada el 8 de diciembre de 2018 y se posó sobre la superficie lunar el 3 de enero de 2019, en el cráter Von Kárman (186 kilómetros de diámetro), en el hemisferio sur de la cara oculta del satélite. Las imágenes transmitidas por el rover Yutu-2 mostraron que esta superficie lunar nunca antes explorada está densamente perforada por cráteres de impacto y que su corteza es más gruesa que el lado visible. Como parte de un ensayo biológico, pudo hacerse brotar una semilla de algodón, pero los altos niveles de radiación, la gravedad menor que la terrestre y los bruscos cambios de temperatura hicieron sucumbir la planta de algodón pocos días después. Los astrónomos consideran que el lado oculto está protegido de las interferencias que proceden de la Tierra, por lo que desde ese lugar sería posible estudiar mejor la evolución de estrellas y galaxias.

A mediados de 2017, se hicieron públicas las intenciones chinas de buscar minerales escasos en la Tierra en la superficie de asteroides, y a ser posible en su interior. Dentro del programa espacial de China, este tema concreto ocupa un importante lugar. De acuerdo con Ye Peijan, máximo responsable del programa de exploración lunar, su país está estudiando en los últimos años la posibilidad de ejecutar una misión que capture un asteroide para situarlo en la órbita de la Luna, y así poder explotarlo mineralmente, o incluso utilizarlo como una estación espacial permanente, según South China Morning Post. El mismo responsable ha destacado que en el Sistema Solar y cerca de nuestro planeta existen asteroides y astros con una gran cantidad de metales preciosos y otros materiales. Dicho plan se pondrá en marcha a partir del año 2020. Para ello, la CNSA utilizará las naves de carga Tianzhou, a diferencia de las Shenzhou tripuladas de exploración cuyo objetivo principal es el establecimiento de una estación espacial permanente, o las Chang’e de misiones lunares.

El coste de este plan futurista sería elevadísimo, pues supondría la organización de misiones complejas y de alto riesgo, pero el interés no decaerá, ya que podría ser muy rentable a largo plazo y daría beneficios billonarios. Según Noah Poponak, analista de Goldman Sachs, un solo asteroide podría tener más de 50.000 millones de dólares en platino, así otros metales preciosos y agua.

La captura de un asteroide exige, primero, que una nave aterrice en su superficie, para anclarse. La nave deberá tener motores extremadamente potentes, para que, al estar anclado, pueda ser capaz de arrastrar el asteroide entero a la órbita de la Luna. Estos propulsores, con la potencia suficiente como para poder mover una roca de miles de toneladas, todavía no existen. Ye Peijan ha advertido que esta tecnología necesaria para tal experiencia espacial podría tardar 40 años aproximadamente en desarrollarse. Por el momento, en marzo de 2017 China comunicó en la prensa oficial que tenía intención de enviar sondas al cosmos para estudiar trayectorias y características de algunos asteroides. Con ello, entra en directa competencia con la NASA, que también está desarrollando un programa dirigido a un asteroide.

Tiangong-1 fue el primer laboratorio espacial que China puso en órbita, en 2011, con una longitud de 10,5 metros, un diámetro de 3,4 metros y un peso de 8,5 toneladas. Su objetivo era realizar experimentos dentro del programa espacial chino y poner en marcha la estación permanente que la CNSA busca tener en órbita para el año 2023. Contra todo pronóstico, en 2016 se perdió el control digital de la nave que acabó destruido en pedazos sobre el océano Pacífico, al noroeste de Nueva Zelanda. Ese mismo año de 2016 se lanzó un segundo módulo, Tiangong-2, con los mismos objetivos. Por otro lado, China está progresando en el plan de establecer una estación espacial permanente. Según Yang Liwei, la cápsula central se lanzará en 2020 y los dos módulos experimentales en los dos años posteriores, con misiones tripuladas y naves espaciales de carga.

Pekín acelera su cambio de estrategia económica mientras Alemania intenta reinventarse como potencia manufacturera con su 'Industry 4.0'

De ser la gran fábrica de los productos más bajos en la cadena mundial de precios a convertirse en una potencia manufacturera apreciada por el valor añadido que China pueda aportar a su producción. El plan 'Made in China 2025' está en marcha con el propósito de operar el cambio en unas pocas décadas. El empuje chino pretende ser contrarrestado por Alemania con su 'Industry 4.0', para preservar el reconocimiento internacional a lo producido por la industria germana.

▲ Stand de Huawei en el Mobile World Congress 2017 [Huawei]

ARTÍCULO / Jimena Puga

“Made in China 2025” es un plan político-económico presentado por el primer ministro chino Li Keqiang en mayo de 2015. El principal objetivo de esta iniciativa es el crecimiento de la industria China, y a su vez fomentar el desarrollo industrial en las áreas más pobres de China situadas en el interior del país, como las provincias de Qinghai, Sinkiang o Tíbet. Una de las metas es aumentar el contenido nacional de los materiales básicos hasta un 40% para 2020 y un 70% para 2025.

Pero, ¿qué quiere conseguir la República Popular con esta iniciativa? Tal y como anunciaba Mu Rongping, director general del Centro de Innovación y Desarrollo de la Academia China de Ciencia, “no creo que el plan Made in China 2025 y otros planes relacionados con la industria supongan una amenaza para la economía mundial y la innovación. Estas políticas industriales dimanan de la cultura tradicional china. En China siempre que establecemos una nueva medida política o económica tenemos las expectativas altas. Así, si conseguimos solo la mitad, estaremos satisfechos. Este punto de vista ha llevado a China al cambio y hasta cierto punto, a la innovación”.

Evolución económica china

En 1978 Deng Xiaoping llegó al poder y cambió todas las estructuras maoístas. Así, desde una perspectiva económica, el Derecho se ha convertido en un elemento decisivo para resolver conflictos y mantener el orden social en China. Deng trató de instaurar un sistema socialista, pero con “características chinas”. De esta forma se justificó una economía de libre mercado y, en consecuencia, la obligación de desarrollar nuevas normas y estructuras. Además, el presidente introdujo el concepto de democracia como un instrumento necesario para la nueva China socialista. La reforma legal más importante fue la posibilidad de crear negocios privados. En 1992 se adoptó la expresión de una “economía de mercado socialista”, una etiqueta para esconder un capitalismo real (1).

El actual presidente de la República Popular, Xi Jinping, se ha manifestado contrario al proteccionismo económico y a favor de equilibrar la globalización para “hacerla más incluyente y equitativa”. También añadió un aumento en el estudio del capitalismo actual y el desarrollo del socialismo con características chinas propio del país, ya que si el partido abandonase el marxismo perdería “su alma y dirección”, además de calificarlo como “irreemplazable para comprender y transformar el mundo”.

El plan Made in China 2025 y el Industry 4.0

Durante esta última década, China ha emergido como uno de los milagros manufactureros más relevantes de la historia desde que empezase la Revolución Industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII. A finales de 2012, China se convirtió en un líder global en operaciones de manufacturas y en la segunda potencia económica del mundo por encima de Alemania. El paradigma Made in China ha sido evidenciado por productos hechos en China, desde productos de alta tecnología como ordenadores o teléfonos móviles hasta bienes de consumo como aires acondicionados. El objetivo del Imperio del Centro es extender este plan a tres fases. En la primera, del año 2015 al año 2025, China pretende figurar en la lista de potencias manufactureras globales. En la segunda, de 2026 a 2035, China prevé posicionarse en un nivel medio en cuanto a poder manufacturero mundial. Y por último, en la tercera fase, de 2036 a 2049, año en que la República Popular celebrará su centenario, China desea convertirse en el país manufacturero líder del mundo.

En 2013, Alemania, un país mundialmente líder en cuanto a industrialización, publicó su plan estratégico Industry 4.0. Conocido por sus marcas prestigiosas como Volkswagen o BMW, las industrias líderes del país han enfatizado su fuerza innovadora que les permite reinventarse una y otra vez. El plan Industry 4.0 es otro ejemplo de la estrategia manufacturera del país germano para competir en una nueva revolución industrial basada en la integración industrial, en la integración de la información industrial, Internet y la inteligencia artificial. Alemania es mundialmente conocida por el diseño y calidad de sus productos. El plan Industry 4.0, presentado en 2013 por el Gobierno alemán, se centra en la smart factory, es decir, que las fábricas del futuro sean más sostenibles e inteligentes; en sistemas ciberfísicos, que integran tecnologías avanzadas como la automoción, el intercambio de datos en la tecnología de manufacturación y la impresión 3D, y en las mercancías y las personas.

Ambos planes, Industry 4.0 y Made in China 2025 se centran en la nueva revolución industrial y emplean elementos de digitalización manufacturera. El núcleo del plan alemán es el sistema ciberfísico, es decir un mecanismo controlado o monitorizado por algoritmos estrechamente ligados a Internet y a sus usuarios, y la integración en mecanismos de creación de valor dinámico. El plan chino, además del plan de acción “Internet Plus Industry”, tiene un objetivo fijado especialmente en la consolidación de las industrias existentes, en el fomento de la diversidad y la ampliación del margen de actuación de numerosas industrias, realzando la cooperación regional mediante el uso de Internet para una manufacturación sin fronteras, la innovación de nuevos productos y la mejora en la calidad de los mismos.

En 2020 Estados Unidos será el país más competitivo en cuanto a manufacturación del mundo, seguido por China, Alemania, Japón, India, Corea del Sur, México, Taiwán, Canadá y Singapur. De estos diez países, seis son países asiáticos, uno europeo y los tres restantes miembros del NAFTA (North American Free Trade Agreement).

Este nuevo giro en la estrategia industrial se traduce en una anticipación del mundo a una cuarta revolución industrial propiciada por los avances tecnológicos. China será sin duda uno de los líderes internacionales de esta revolución gracias a los planes Made in China 2025 y One Belt One Road, sin embargo, las nuevas economías emergentes como Sudáfrica, Vietnam o Hungría que han contribuido a la economía mundial en los últimos años requerirán más atención.

(1) Vid. ARANZADI, Iñigo González Inchaurraga, Derecho Chino, 2015, p. 197 y ss.

La necesidad de un apoyo aéreo cercano en la lucha contra el ISIS ha hecho replantearse la preferencia de la tecnología sobre la efectividad

En las últimas décadas la constante apuesta por la superación tecnológica había llevado a descartar viejos modelos de aviones de combate que, convenientemente equipados, estás demostrando ser más efectivos en operaciones de contrainsurgencia. Las urgencias planteadas especialmente por la lucha contra el Estado Islámico han convertido esos viejos modelos en una suerte de capacidad de Operaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas.

▲ OV-10 Bronco [USAF, TSgt Bill Thompson]

ARTÍCULO / Ignacio Yárnoz

Agosto de 2015. En el marco del Programa de Operaciones Especiales “Combat Dragon II”, dos aviones OV-10G+ Bronco despegan de una base aérea de Estados Unidos en el norte de Irak. La misión de estos aviones bimotores de tiempos de la guerra de Vietnam es doble. En primer lugar, socorrer a los combatientes peshmergas ante los ataques de los insurgentes del Daesh (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham); la segunda, demostrar la eficacia de los aviones a hélice low cost en operaciones COIN (Counter Insurgency). La misión resultó ser un éxito e hizo replantearse muchas cosas en el Pentágono, donde el asombro inundó los despachos al tratarse de una misión de contrainsurgencia con aviones de hace 50 años.

Hay que destacar los tres pilares fundamentales que hicieron de esta misión un éxito. En primer lugar, está el factor humano que formaba parte de la misión. Los valientes pilotos que se embarcaron en ella fueron minuciosamente escogidos por su experiencia en misiones especiales, además de ser oficiales instructores de la USAF Weapons School. Esto tenía una gran importancia dada la delicadeza de la misión y la precisión que esta requería. A continuación veremos por qué.

El segundo pilar a destacar es el armamento y material utilizado. Más concretamente se trata de los nuevos, pero muy prometedores cohetes guiados por láser APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) y múltiples sistemas modernos de vigilancia infrarroja como el MX-15HD FLIR. Los primeros son cohetes de 70 mm parecidos a los “Hydra” (un sistema estadounidense de cohetes aire-aire/aire-tierra conocidos por ser los más utilizados en el mundo como armamento en helicópteros) a los que se les puede incorporar un sistema de guiado y control láser. Son cohetes que pueden ser disparados o desde muy cerca o a distancias más largas en todos los ángulos que se quiera, dando un margen de tiro al piloto muy amplio que le otorga una importante ventaja táctica. Además, su alta precisión hace que pueda eliminar enemigos o destruir vehículos de blindaje ligero con una eficacia que otros sistemas no llegarían a alcanzar, al menos no sin causar mayor daño colateral. Ahí está la clave comentada en el primer pilar: unos pilotos experimentados en el manejo de armas de precisión acompañados de los medios adecuados hacen de esta una combinación perfecta que convertía a los OV-10G+ Bronco en verdaderas armas de precisión.

Por último, y como tercer pilar, está el propio avión: el OV-10G+ Bronco (o “Black Pony”). Este veterano de la guerra de Vietnam es una leyenda de la aviación. El Bronco nació tras ser aprobada por la Marina y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos una especificación de servicio triple llamada “LARA” (Light Armed Reconnaissance Aircraft, Aeronave Ligeramente Armada de Reconocimiento), expedida a finales de 1963 y concebida para dicha guerra. LARA estaba basada en la necesidad de un nuevo tipo de avión de ataque ligero y observación para la “lucha en la jungla”. Durante el conflicto, los Bronco realizaron operaciones de observación, control aéreo avanzado, escolta de helicópteros, reconocimiento armado, servicios de transporte ligero y limitadas acciones de ataque al suelo. Los Bronco también llevaron a cabo reconocimiento radiológico aerotransportado, observación aérea táctica y para la artillería naval, así como control aéreo de operaciones de apoyo tácticas y, en el frente de batalla, fotografía aérea de baja altura.

Sin embargo, las doctrinas cambiaron desde que las bombas inteligentes se integraron en las fuerzas aéreas. El control aéreo avanzado, una de las misiones principales de este avión, pasó a manos de las tropas terrestres de élite con designadores láser y transmisiones digitales. El concepto de usar los Bronco para merodear sobre una zona y dejar caer munición no fue explorado. Finalmente, el aparato fue dado de baja en julio de 1994.

OV-10 Bronco y A-10 Thunderbolt

Se trata de un avión de ataque ligero y observación propulsado por dos turbohélices que, aun siendo un avión de ala fija, cumple con las capacidades de un helicóptero y de un dron. Como los drones, el OV-10 puede sobrevolar el campo de batalla durante horas, pero con mayor visibilidad que un RQ9 Reaper y con mayor capacidad de armamento. El modelo original era capaz de volar a una velocidad de hasta 560 km/h, llevar hasta 3 toneladas de munición externa y permanecer sobrevolando una zona durante más de tres horas. Por último, este versátil aparato es capaz de operar desde pistas cortas o semipreparadas (STOL) con bajos costes de operación y mantenimiento. En la mayoría de los casos puede volar con un solo motor. Esto último hace del OV-10 Bronco y todos sus homólogos un gran activo dado que mientras los aviones a reacción tienen un gran consumo de combustible en cada vuelo (desde 20.000 dólares el jet más barato, el F16), los aviones ligeros de ataque solo cuestan unos miles de dólares por operación. Asimismo, los aparatos disponibles en estos momentos solo pueden despegar y aterrizar en pistas largas y caras de mantener que se deben ubicar a cientos de kilómetros de la línea del frente y, en consecuencia, el tiempo eficaz de sus misiones es menor y su consumo de combustible es mayor.

Sin embargo, la tendencia de la USAF siempre ha inclinado la balanza hacia la alta tecnología en vez de hacia la efectividad. Desde la Segunda Guerra Mundial y con el principio de la Guerra Fría, la manera estadounidense de luchar ha sido contar con una tecnología superior. Ha habido un constante enfoque en los más importantes avances tecnológicos en los que se encuentra a la vanguardia. Sin embargo, estos aviones efectivos han encontrado un nicho dentro del Ejército, posiblemente las Operaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas. Y es que la necesidad de un apoyo aéreo cercano en la lucha contra el ISIS ha hecho replantearse la estrategia de muchos mandos. De hecho, también ayudó a convencer a la Fuerza Aérea a reconsiderar sus planes de retirar el A-10 Thunderbolt II (A-10 Warthog como lo apodan en la USAF). Los motivos resultan ser análogos al de la puesta en marcha de aviones como el OV-10 Bronco: la necesidad de efectividad, experiencia, apoyo aéreo cercano y control aéreo avanzado, todo ello combinado con bajos costes de mantenimiento.

En el caso del A-10 Thunderbolt II, se trata de un avión diseñado específicamente en torno a su arma principal, un cañón GAU-8/A de 30 mm montado directamente bajo el fuselaje. Con un blindaje de titanio de 540 kg, incorpora dos turbinas General Electric TF34-GE-100 montadas en una posición elevada, de manera que el avión pueda aterrizar en entornos austeros tales como terrenos difíciles, sucios o arenosos. Además, la aerodinámica y tecnología de los motores permiten al A-10 volar más lento y más bajo, y por tanto más cerca de las fuerzas en tierra y los blancos enemigos, específicamente a 555 km/h y a 30 metros de altitud. Por último y no menos importante, es barato de comprar (una media de 11 millones de dólares por cada uno de los 715 construidos) y de operar (unos 17.000 dólares por hora de vuelo).

Aunque el OV-10 Bronco no fue finalmente el seleccionado por la USAF en el marco del Combat Dragon II, ha marcado un hito en la historia aeronáutica. La USAF ha decidido finalmente decantarse por el modelo brasileño A29 SuperTucano, un avión biplaza que ronda los 580 km por hora y posee la aviónica sofisticada típica de los cazas de cuarta generación, incluidos receptores de alerta por radar, sensores por infrarrojos de barrido frontal y la capacidad de lanzar bombas y misiles guiados de precisión. En definitiva, un avión con las mismas capacidades que el OV-10 Bronco de control aéreo avanzado y observación táctica. Este modelo ya forma parte de las fuerzas aéreas afganas, libanesas y nigerianas (países con amenazas de insurgencia como Boko Haram, Hizbulá y Al-Qaeda) además de estar en proceso de sustitución de los Bronco en Filipinas, donde también se están aplicando las mismas técnicas de contrainsurgencia usadas en Iraq para combatir a Daesh en esta región. Independientemente de que no se trate del legendario Bronco, el paradigma sigue latente. Ha quedado demostrado que la aviación ligera puede ser capaz de erigirse como un poderoso aliado en las operaciones COIN de la actualidad.