La última actualización de las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a poner el dedo en la llaga. Mientras el resto de economías desarrolladas parece mostrar síntomas de recuperación, España podría ser la única que viera caer su PIB en 2010.

Sigue siendo una economía débil y aquejada de numerosos achaques. A la gripe financiera que, a modo de pandemia, ha afectado a gran parte del mundo, hay que sumar, en el caso español, diversos desequilibrios, todos ellos resultantes de una larga etapa de excesos que ahora deben purgarse.
La profundidad, gravedad y variedad de tales desajustes, junto con la ausencia durante años del tratamiento adecuado, van a exigir un largo periodo de recuperación en el que no serán posibles las alegrías del pasado reciente. Además, ni siquiera contamos ya con aquel alivio balsámico que proporcionaban las devaluaciones de la peseta.

El grave cuadro de "fiebre" experimentado por la economía española ha sido especialmente dañino. En este caso, no se ha elevado la temperatura, sino el precio de la vivienda. Pero los efectos han sido parecidos a los de un intenso proceso febril, que provoca confusión o, incluso, delirios en el paciente.
En efecto, los españoles –e incluyo aquí a todos los agentes, desde las Administraciones Públicas a las entidades financieras, pasando por las empresas y los consumidores–, ofuscados por las continuas alzas del precio de la vivienda, tomaron decisiones que ahora entendemos menos sensatas de lo que creímos en su momento: endeudarse demasiado, abandonar la educación atraídos por puestos de trabajo que requerían poca cualificación, invertir los ahorros en un activo que ahora se deprecia, facilitar desmedidos planes urbanísticos y conceder préstamos con cierta facilidad a quien suponía un alto riesgo de impago.

Esas decisiones han colocado a España en una difícil situación, con problemas profundos que resultan más patentes conforme baja la fiebre y vemos la realidad con mayor claridad. Un sector constructor sobredimensionado, el asfixiante nivel de deuda privada, unas entidades financieras sobreexpuestas a los riesgos de la morosidad, la excesiva dependencia de la financiación exterior o un mercado de trabajo injusta e ineficientemente dual son algunos de los problemas cuya corrección exigirá tiempo y sacrificios.

Una larga convalecencia

Las medidas de política económica aplicadas apenas han servido de paliativo. Es cierto que el impulso fiscal, en forma de un mayor gasto público, ha logrado amortiguar la caída de la demanda agregada. Pero el precio a pagar es muy alto, demasiado alto. Nos hemos deslizado, a velocidad de vértigo, por la pendiente del déficit y el endeudamiento público, creando un nuevo y peligroso desequilibrio por el que los mercados internacionales pueden penalizarnos.

No va a ser nada fácil salir del atolladero. Para conseguirlo, además del control del déficit público, cuestión más política que económica dado el nivel de descentralización de nuestra administración pública, se precisan reformas estructurales valientes, que ataquen los males de España en su origen. Es necesario un sistema educativo que dote a la economía española del capital humano propio de las economías avanzadas.

Es urgente un cambio en el diseño institucional del mercado laboral, que haga de éste un mecanismo eficiente en la asignación del factor trabajo. Asimismo, la modernización del sistema productivo pasa por la entrada en vigor de una regulación que impulse una sana competencia y la aparición de nuevos emprendedores.

No nos engañemos. Reformas como éstas no serán curas milagrosas ni evitarán la larga convalecencia que espera a nuestra economía. Pero sí permitirán, en unos años, una recuperación plena y un crecimiento más vigoroso y sostenible. De no llevarse a cabo, con la actual falta de competitividad y de disciplina fiscal, se corre el peligro de hacer crónicos los males de la economía española e, incluso, como advierte Nouriel Roubini, España puede llegar a convertirse en una seria amenaza para la salud de la zona euro.