La primera gran crisis financiera del siglo XXI – en primer lugar – y la actual crisis económica – en segundo lugar – han modificado nuestras vidas. Las cosas ya no serán como antes del verano de 2007. Atrás se ha quedado, y ya algo olvidado en la memoria, esa coyuntural época dorada de la economía española con unas tasas de paro del 11%, unas finanzas públicas saneadas que se reflejaron en un superávit presupuestario y unas tasas de crecimiento del PIB entre las más altas de la zona euro. Para algunos economistas, es la peor crisis económica después de la Gran Depresión de los años 30, y las respuestas a la crisis han sido diferenciadas tanto para las autoridades públicas como para los ciudadanos de a pie.

La crisis ha llevado al Gobierno a modificar el diseño de la política económica. Desde el inicio, las actuaciones de las autoridades políticas en relación con la crisis financiera y económica han pasado por tres etapas opuestas entre sí, con la misma facilidad con la que un camaleón se adapta a un hábitat novedoso. La primera etapa fue de negación de una clara y cierta crisis financiera y económica de impacto global. Durante esa primera etapa, predominó la inactividad en materia de política económica ante la crisis. La segunda etapa se caracterizó por una política fiscal expansiva, reflejada en aumentos de las compras del Estado – a diferencia de la primera etapa, caracterizada por una total inactividad –. Dicha política se tradujo en unos planes de estímulo fiscales excesivamente generosos, liderados por los ya conocidos Plan E y Plan Renove – entre otros –. En la tercera etapa, las autoridades políticas han optado por una política de recorte fiscal, opuesta a la expansiva –repito, opuesta a la política previa –. En esta etapa se ha seguido una reducción de las compras del Estado – anteriormente expansivas – y un aumento de los impuestos.

Sin embargo, la respuesta del conjunto de los hogares y de las familias ante la crisis no ha sido tan contradictoria como la del Gobierno. Los agentes económicos, en última instancia, desean mantener un nivel de vida estable y duradero a lo largo del tiempo, y su reacción ante cualquier situación de incertidumbre suele ser única: un aumento de la tasa de ahorro, por precaución. Ese miedo a lo desconocido, a lo que está por llegar, y que podrá ser más o menos duradero en el tiempo, se traduce en una reducción del consumo presente y en un aumento del ahorro – consumo futuro –.

Aumento del ahorro

A partir del año 2008, los datos reflejan un aumento continuado de la tasa de ahorro entre los ciudadanos españoles, en respuesta a la crisis económica. En concreto, los factores que ayudan a entender el aumento del ahorro son los siguientes. En primer lugar, la crisis se ha traducido en un aumento en la destrucción del empleo y en la tasa de paro, por lo que el conjunto de las rentas laborales se han reducido. En segundo lugar, la crisis ha mermado la riqueza financiera de las familias. Finalmente, a raíz de la crisis, se ha limitado el acceso al crédito de las entidades financieras. En resumen, las respuestas a la crisis han sido diferenciadas, tanto para las autoridades públicas como para los ciudadanos de a pie. Mientras el Gobierno no ha mantenido una política económica estable y creíble en el tiempo, los ciudadanos de a pie sí lo hicieron, aumentando el ahorro. La esperada recuperación económica necesita una política económica adecuada, creíble y estable en el tiempo –que mejore la confianza, la inversión y la creación de empleo – y unos ciudadanos ahorradores – que financiarán las actuaciones de la clase política –.