Hace algunas semanas los medios de comunicación destacaban que más de 300.000 personas mayores sufrían maltrato en España. De ellas la mitad eran atendidas por sus familias, con lo cual se confirmaba que los malos tratos también tienen lugar en los hogares. Y es que aunque nos cueste creerlo, o sea invisible a nuestros ojos, algunos de nuestros mayores son maltratados. Una situación especialmente grave en el caso de las personas dependientes debido a su indefensión.

Un experto en el tema, Alejandro Morlán, miembro de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), aseguraba entonces que en tres años esta cifra se había incrementado un 83,30%. Un porcentaje alarmante que, según él, podía ser incluso mayor, ya que otros estudiosos defendían la existencia de un efecto iceberg por el que sólo se detecta uno de cada seis casos.

En España se estima que el porcentaje de personas ancianas mayores de 65 años con una dependencia fuerte está entre un 10 y un 15%. En Navarra esta cifra alcanza las 8.000 personas con dependencia severa o alta, lo que representa algo más del total de personas que padece algún tipo de minusvalía. Además, en estas situaciones complejas el 83% de la ayuda prestada es ejercida por la familia. Más concretamente, por las mujeres. Así, si no fuese por los cuidadores, que dedican gran parte de su día a día a atender a los familiares -una media de 70 horas semanales- la mayoría de los ancianos con dependencia no sobreviviría. Es evidente, por lo tanto, que la familia cumple una labor socioeconómica clave en el entorno.

Sin embargo no podemos obviar que en algunos casos esa asistencia no está garantizada e incluso puede desembocar en maltrato, debido en parte al estrés y la carga que supone el cuidado a la persona dependiente. En este contexto los profesionales de Enfermería debemos hacernos cargo de que la situación afecta a todos los miembros de la familia, que ven su vida alterada de muchos modos, e incluso provoca conflictos dentro del seno familiar. Por eso consideramos a sus miembros "pacientes ocultos", que necesitan ser valorados y atendidos por los profesionales de la salud para superar el impacto de una situación de dependencia dentro de la familia.

Por otro lado, los recursos disponibles para ayudar a las familias son escasos e insuficientes. Si existen, no se distribuyen ni aplican con la intensidad que deberían. En este sentido, la aprobación de la Ley de Dependencia hubiera supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en un sistema de servicios sociales con importantes limitaciones. Sin embargo, los problemas económicos no han permitido el desarrollo adecuado de la norma.

Con todo, la idea de que las personas dependientes se encuentran mejor atendidas en el seno de la familia sólo se mantendrá si la sociedad es capaz de generar unos servicios de calidad, con personal formado que sirva de apoyo y complemente los cuidados dentro de la familia.

La formación de estos expertos, además, beneficiará a los hogares, donde promoverán la cooperación, el apoyo mutuo y la coordinación, con el objetivo de enfrentar juntos las situaciones diferentes que se darán en ese ciclo vital familiar modificado por la presencia de un miembro con dependencia.

En conclusión, los profesionales de la salud, concretamente los profesionales de enfermería, podemos actuar como mediadores para guiar a la familia, orientarla en la toma de decisiones relacionadas con el cuidado de la persona dependiente y evitar así, en muchos casos, que se lleguen a producir situaciones de maltrato o falta de calidad en la asistencia del enfermo.