Desde que fue creado, en 1981, el sistema privado de pensiones de Chile ha sido paradigmático en muchos sentidos y exportado, con algunas variaciones, a otros países. Su objetivo: otorgar a los  trabajadores, y no al Estado, la capacidad de generar y administrar los recursos económicos con que se financiarán sus pensiones de vejez e invalidez.

La ley fue diseñada por el entonces ministro José Piñera, hermano del Presidente electo Sebastián Piñera, e implantada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. José Piñera aseguraba entonces que el sistema estatal de reparto era ineficiente, regresivo y entregaba malas pensiones: "Tiene una falla fundamental, originada en una concepción errónea del comportamiento humano: destruye el vínculo entre contribuciones y beneficios, en otras palabras, entre responsabilidades y derechos. Cuando esto sucede en una escala masiva y durante un período largo de tiempo, el resultado final es un desastre".

Aunque este régimen previsional ha sido perfeccionado por la coalición de centro-izquierda que gobierna en Chile desde 1990, sigue despertando encendidos debates en todos los sitios donde se plantea. Aquí en España, Pedro Solbes acusó a Manuel Pizarro de querer importar "el sistema privatizado de pensiones impuesto en Chile por Pinochet", durante el debate televisado que enfrentó a los dos en la última campaña electoral. Más recientemente, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman visitó Santiago y se despachó a gusto en contra del modelo liberal de sus anfitriones: "En 2005 en Estados Unidos estaba de moda adoptar el sistema de pensiones chileno, pero gracias a Dios seguimos teniendo un modelo estatal.  De lo contrario, en nuestro país se hubiese producido otra gran crisis". Krugman olvidó que según las proyecciones que maneja el Capitolio, en dos décadas más los ingresos del sistema de reparto serán menores que los pagos, y las reservas se agotarán en torno a 2040. Es la misma crisis fiscal que amenaza a países europeos cuyas poblaciones envejecen, como España, donde se empieza a debatir la posibilidad de posponer la edad de jubilación: si cae la tasa de natalidad y aumenta la expectativa de vida de las personas, hay menos trabajadores activos y más jubilados, entonces el sistema reduce los beneficios prometidos y surge el fantasma de la bancarrota.

El modelo chileno intenta evitar eso con la siguiente fórmula: a) está basado en la cotización obligatoria de los trabajadores, quienes depositan en cuentas personales el 10% de sus remuneraciones; b) ese dinero es gestionado por empresas privadas, las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que compiten por alcanzar la mayor rentabilidad para atraer nuevos clientes; c) los trabajadores eligen libremente la AFP y el fondo, entre cinco alternativas, dependiendo de su mayor o menor aversión al riesgo; d) las AFP invierten esos ahorros en instrumentos de renta fija y/o variable, previamente autorizados por los organismos reguladores, dependiendo de la selección de los cotizantes; e) la AFP y el fondo son entidades distintas: si la AFP quiebra el fondo se traspasa a otra empresa; y f) el Estado cumple un rol meramente fiscalizador y subsidiario: controla y supervisa a las AFP y garantiza las pensiones de quienes no acumulan ahorros suficientes.

Gracias a los fondos de pensiones, la tasa de ahorro de Chile supera establemente el 20% del producto interior bruto, duplicando la que existía a principios de los ochenta. Como el dinero reunido por las AFP se invierte principalmente en la economía doméstica, el mercado de capitales se ha desarrollado más que el de cualquier otro país latinoamericano, debido a que recibe cada año aportaciones millonarias para financiar y construir infraestructuras y proyectos empresariales en todos los ámbitos. El moderno mercado local de acciones y bonos sería impensable sin la existencia de las AFP.

Por si lo anterior fuese poco, los cotizantes han obtenido rentabilidades muy superiores a las exhibidas anteriormente: cada año, los fondos privados se han valorizado cerca de un 10%, en promedio, y las pensiones de vejez son un 40% superiores a las que existían con el esquema estatal. Cuando las vacas enflaquecen, sin embargo, la rentabilidad cae: en 2008 descendió un 20%, en promedio. Sin embargo, como el año pasado la Bolsa de Santiago experimentó un sólido repunte, la rentabilidad de las AFP subió un 24%, como media, recuperándose de todas las pérdidas.

Los críticos se quejan de que el régimen previsional sigue siendo poco  representativo, y que se ha concentrado en unas pocas compañías que se enriquecen a cambio de gestionar, costosamente, los ahorros obligatorios de 7 millones de asalariados. Los trabajadores siguen sin tener una silla en los consejos de administración de las AFP y pagan comisiones muy altas por la administración de su dinero, las que bordean el 2% de sus rentas imponibles.

Además, el nivel de participación de los autónomos es bajo. Como no están obligados a cotizar, solo el 4% lo hace. Por ello, algunos analistas temen que el Estado se vea obligado a cubrir, algún día, la mitad de las jubilaciones, las que no contarán con ahorros mínimos. Previsiones más optimistas aseguran que el Fisco solo tendrá que hacerse cargo del 5%.

Otros detractores dicen que el sistema discrimina a las mujeres, las que pueden jubilarse con 60 años y no con 65, como los hombres. Por ello, sus jubilaciones son menores. La presidenta socialista Michelle Bachelet se ha negado, sin embargo, a subir la edad de jubilación femenina, porque supondría la pérdida de un derecho.

Bachelet introdujo esta misma semana una nueva reforma legal para afrontar algunos de los problemas descritos: para reducir las comisiones, su gobierno acumuló una cartera de nuevos cotizantes y la licitó públicamente. El empresario que se adjudicó el concurso se comprometió a cobrar comisiones más económicas. Así, se introdujo más competencia en un mercado que se ha concentrado con el paso del tiempo: cuando nació tenía 12 empresas; hoy cuenta con la mitad.

Aunque el modelo chileno carga con el pecado original de haber sido gestado por una dictadura, hoy goza de una gran legitimidad. La Concertación que ha gobernado Chile durante 20 años tiene muchísima responsabilidad al respecto: ha introducido cambios dentro del sistema, pero nunca ha planteado un cambio de sistema, "porque ha funcionado y ha sido exitoso", ha dicho el ex Presidente socialista Ricardo Lagos.

En Chile son absolutamente marginales las voces que proponen una nacionalización de las pensiones, como la dispuesta por la Presidenta y el Parlamento de Argentina, en noviembre de 2008. Los trabajadores chilenos saben que las pensiones son de su propiedad y que, con cada cotización, ellas crecen de forma proporcional a sus esfuerzos. Ningún gobierno ha intentado, hasta ahora, apropiarse de aquello.