Con ocasión de la nueva ley del aborto, para algunos "retrógrada", para otros "insuficiente", se han oído de nuevo viejos argumentos relativos al modo de enfocar la relación entre moral y legalidad en una democracia.  Se asume que la moral representa el ámbito de las convicciones personales, privadas, y que, por consiguiente, no debe interferir en la elaboración de las leyes, las cuales, en una democracia, expresan la voluntad soberana del pueblo.

Actualmente asistimos a una crisis del moderno concepto de "representación" política, pero no es esto en lo que quisiera fijarme aquí, pues, con razón o sin ella, de hecho seguimos admitiendo que la voluntad del pueblo, expresada en las urnas y reflejada en el Parlamento, es la fuente de legitimidad política, por mucho que no sea la fuente de legitimidad moral.  

Mi interés aquí se dirige, sobre todo, a analizar la confusión que se desliza frecuentemente en aquel argumento que establece una férrea división entre la privacidad de la moral y la publicidad de la ley, porque, de una parte, dicho argumento pasa por alto que las convicciones morales se distinguen de los simples intereses o de las meras opiniones, y, de otra, olvida también que las convicciones morales incorporan contenidos cognitivos, que pueden ser objeto de un debate público de bastante más altura que aquel al que estamos tristemente acostumbrados.

Para empezar, es claro que un político no puede, en el ejercicio de su cargo, desviar la voluntad soberana del pueblo hacia sus intereses personales, o los de un grupo cualquiera. Tampoco debe valerse de su cargo para "imponer" coactivamente sus convicciones morales a quien no las tenga. Pero eso no significa que pueda y mucho menos deba obrar contra ellas, sacrificando su conciencia, y convirtiéndose a sus propios ojos en una pieza más de la maquinaria política, o de una cadena de mando, como un Eichmann cualquiera. No solo es un error equiparar las convicciones morales a los intereses personales o de partido, sino que, como ha subrayado Hans Joas, es erróneo suponer que una persona puede tratar sus convicciones morales como si se tratara de simples opiniones, modificables a la primera de cambio: si así fuera, no se trataría de convicciones –por las cuales mucha gente estaría dispuesta a sacrificar bienestar, honores, la misma—, sino de simples ideas, más o menos interesantes.

Ciertamente, las convicciones morales incorporan ideas, que pueden ser verdaderas o falsas; pero una idea cualquiera no sería una "convicción", ni su exposición pública tendría tanta carga dramática, si no fuera por el hecho de que en ellas la persona ve subjetivamente comprometida su identidad y su dignidad moral. El reconocimiento de la objeción de conciencia por parte del Estado de Derecho obedece precisamente a esta circunstancia: no entra a valorar si, desde un punto de vista cognitivo, la idea en cuestión es verdadera o falsa, sino que se limita a considerarla una convicción, en la que la persona ve comprometida su dignidad. Quienes detentan cargos políticos no son ajenos a esta circunstancia: también ellos tienen convicciones –o deberían tenerlas—, más allá de las variables opiniones de sus electores.

Sin embargo, el hecho de que las convicciones morales tengan un contenido cognitivo, es decir, el hecho de que incorporen ideas, y de que estas puedan ser verdaderas o falsas, significa que pueden y deben ser argumentadas públicamente, sin prematuras descalificaciones ideológicas, y sin deshonestas manipulaciones emocionales.

Esto, en general, no es fácil. Y resulta particularmente difícil en el caso del aborto, en la medida en que unos lo defienden como un derecho mientras que otros lo condenan como un crimen, y ambas cosas, como es obvio, no pueden ser simultáneamente verdaderas. Ahora bien, el modo de afrontar esa discrepancia, no es silenciarla en el fondo de las conciencias, como quien esconde el polvo bajo la alfombra, para luego continuar la vida hipócritamente, como si tal cosa. Las convicciones morales, cuando son reales, piden informar la vida entera, incluida la vida ciudadana. Y si algún valor tiene la democracia, por el cual merece la pena, es precisamente el de proporcionar a sus ciudadanos la libertad suficiente para expresar pública y honestamente sus propias convicciones, sean estas cuales sean, procurando argumentarlas de forma convincente, sin atropellos. Asegurar el espacio público para un debate de esta naturaleza no significa que ambas posturas sean objetivamente equivalentes: significa que nadie puede arrogarse el derecho de afirmar que el otro no defiende su postura convencido de estar en lo cierto.  Reconocer esa posibilidad, aun a sabiendas de que tantas veces entran otros intereses en juego, forma parte del respeto necesario para un auténtico debate democrático, del que todos podemos beneficiarnos. Pues si bien es cierto que pocas veces presenciaremos "conversiones" al bando contrario entre los apóstoles de una determinada postura, los indecisos dispondrán al menos de más elementos de juicio, y el propio diálogo constituirá un modo de acercar posturas, de crear sociedad civil, aun en medio de graves diferencias. Con ello, de más está decirlo, ganaría altura dialéctica y humana nuestro debate político, hoy por hoy bastante mediocre y tecnocrático. En cambio, nada ganamos descalificando al adversario político con burdos argumentos ad hominem, o convirtiendo la convivencia pública en un festival de gritos.