Hablar de escándalo en Alemania lleva estos días a pensar en el exministro de Defensa, KT, Karl-Theodor zu Guttenberg, y el plagio de su tesis doctoral. Pero hay también otros casos dignos de mención. Antes de que el estiloso KT acaparase la atención pública, 2011 se abrió con las noticias del escándalo de la dioxina. El affaire alcanzó una repercusión europea e incluso mundial: «Alemania cierra 4.700 granjas por usar piensos contaminados con dioxinas». «La UE dice que hay huevos contaminados en Reino Unido». «China suspende las importaciones de carne de cerdo y ave de Alemania». «Alemania teme inmensos daños», fueron titulares las primeras semanas de enero.

El desarrollo de los hechos se ciñó a las exigencias del guión en este tipo de acontecimientos: se descubren los primeros casos, se consideran en principio un asunto local y aislado; luego los incidentes se multiplican y, cuando la opinión pública empieza a alarmarse, los responsables del sector y las autoridades intentan tranquilizar a la población objetando que se trata de episodios aislados y que la situación está controlada. Finalmente, se impone la cruda realidad: los casos abundan, afectan a un amplio número de agentes -en este caso, granjas y animales- y, además, ante la posibilidad de que el contagio llegue a las personas, cunde el miedo. Como se trata de un sentimiento muy contagioso y como los medios de comunicación son altavoces muy eficaces, la alarma puede acabar fácilmente en pánico y en histeria colectiva.

La reacción de los representantes del sector agropecuario y de las autoridades no se hace esperar. Primero, se esclarecen los hechos: del 12 de noviembre al 23 de diciembre se distribuyeron para la alimentación de animales tres mil toneladas de grasas destinadas al uso industrial. Se identifica a los culpables, se les castiga. El Gobierno federal y los Gobiernos regionales anuncian ahora medidas legislativas para mejorar los mecanismos de control y evitar que se repitan incidentes como este. El espíritu de esas mejoras apunta a un objetivo principal: incrementar la transparencia, para facilitar la información de la gente. El dar publicidad, como vacuna contra los escándalos.

En contraste con la apuesta alemana por la transparencia, pienso, por ejemplo, en el chanchullo andaluz con los ERE y en las reiteradas negativas de los representantes políticos, desde el Ayuntamiento de Sevilla hasta el Parlamento, a investigar el asunto. La justicia debe seguir su curso -algo que en nuestro país no resulta obvio-, pero nada impide que, de modo paralelo, los parlamentos pongan en marcha las correspondientes comisiones de investigación. Su eficacia puede cuestionarse, pero la negativa a investigar desprende un tufo encubridor.

Como mostró el escritor Elias Canetti, el secretismo anida en el corazón del poder. Si un Gobierno elude el debate público y pretende ocultar sus manejos, se deberá normalmente a que no tiene razones de peso para justificar su política o, aun peor, a que se propone fines inconfesables. La transparencia en todos los pasos del proceso deliberativo y ejecutivo es la mejor medida para prevenir la corrupción.