Es difícil encontrar en los años de vigencia de la Constitución de 1978 un escenario de desgaste institucional y crisis de legitimidad como el actual. El Tribunal Constitucional no ha salido incólume de este contexto general, más bien al contrario. Y en ese contexto la triple dimisión no debe sorprender, aunque sea atenuada con la excusa del vencimiento del mandato.

Entiendo que mucho más allá de los magistrados –sobre los que la generalización hace injusticia– la responsabilidad sobre este asunto alcanza a muchos niveles.

La crisis es muy grave porque el Tribunal Constitucional es el broche de cierre de nuestra democracia constitucional. Su papel es el de «guardián de la Constitución» frente al legislador, vela por el reparto de competencias en un modelo territorial complejo y abierto y, a través de los procesos de amparo, le compete la tutela de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Como tal pieza del sistema es extraordinariamente delicada, en particular cuando tiene la última palabra sobre las decisiones políticas más en el límite de la Constitución.

Un juicio ponderado no admite la demolición de su obra a lo largo de estos años. La construcción dogmática y el  efecto pacificador de las sentencias se ha dado en muchos casos. Sin embargo, en otros no se puede decir lo mismo: la polémica ha precedido y seguido a algunas sentencias,  muchas veces alentada por la propia división del Tribunal. Hoy, recuperar el prestigio de la institución es una prioridad para nuestro sistema democrático.