El TAS es un tribunal arbitral que resuelve cuestiones de naturaleza deportiva. El TAS también resuelve apelaciones que se hacen de las decisiones de las federaciones nacionales. Cuando la federación española de ciclismo exculpó a Contador por el positivo dado en el Tour, la Agencia Mundial Anti-dopaje y la Unión Ciclista Internacional apelaron dicha decisión ante el TAS, que juzgará a Contador aplicando, muy probablemente, el Código Mundial Antidopaje. En la prensa y en la calle nadie parece sorprenderse mucho ante este panorama: algo que ocurrió en Francia, más tarde se remitió a un organismo público español y la decisión que toma éste será finalmente aprobada o rechazada por una serie de señores que no representan a nadie, sentados en una habitación de hotel en Ginebra y a puerta cerrada, aplicando unas normas que no serán las de Francia, España o Suiza, sino un documento redactado de forma privada aunque, eso sí, respaldado por multitud de gobiernos. ¿No suena raro?

Nuestro esquema secular de cómo hacer justicia se está viniendo abajo. A comienzos del siglo XIX, España era un batiburrillo de jurisdicciones y había que tener cuidado si se quería demandar a alguien, de demandarle ante el tribunal correcto. Luego vino el esquema jerárquico de tribunales que todavía tenemos ahora: en la base, los tribunales de primera instancia y en la cúspide de la pirámide, el Tribunal Supremo. Sin embargo, a lo largo del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, esa pirámide se ha estado desmoronando en parte.

Primero tenemos los tribunales constitucionales, que pueden enmendarle la plana a los tribunales supremos. Además están floreciendo los métodos alternativos de resolución de controversias: el arbitraje comercial, la mediación (comercial, familiar, penal), etc. Algunos actores de la escena económica tratan por todos los medios de escapar de los tribunales nacionales y se crean tribunales arbitrales internacionales, donde un panel de tres profesores de universidad puede condenar a un país Latinoamericano a pagar doscientos millones de dólares por las buenas y sin que los periodistas puedan siquiera entrar a entrevistarles.

Para los crímenes más horribles –el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad- se crean cortes internacionales porque nadie se fía de que determinados países hagan realmente justicia, pero a nadie se le ocurre llamar a eso "imperialismo judicial", por sospechar que al hijo de Gadafi le van a tratar peor en su tierra que en La Haya. Y en fin, tenemos el caso de Contador que, como atleta, parece ser una de las primeras profesiones que tiene su jurisdicción particular, independiente del Estado donde nació, donde resida o donde trabaje como atleta.

Volviendo al TAS, propiamente dicho, podemos decir que es un tribunal arbitral, pero sólo de aquella manera. Lo propio del arbitraje es que las partes en liza se someten al tribunal de modo voluntario y eso es difícil de comprobar en el caso de nuestro ciclista. Tanto la UCI como la federación española pueden haberse sometido al TAS para los supuestos de apelaciones, como se ha dicho más arriba; sin embargo, Contador sólo estaría sometido al TAS al haberse federado en España, cosa que, por otro lado, debía hacer, si quería participar en competiciones oficiales y ganarse la vida.

Por otro lado, las normas que aplicará el TAS para juzgar a Contador son en buena medida normas privadas, que no ha aprobado ningún parlamento y menos aún el español. Y son normas tan leoninas como la de presunción de culpabilidad, una vez que se ha demostrado el positivo por doping, tras lo cual es el atleta el que debe demostrar cómo entró esa sustancia en su cuerpo y si fue intencionadamente, por negligencia o por pura casualidad inevitable. ¿No resulta cuando menos intrigante que algo que puede costarle su carrera deportiva, su honor y su fortuna, se dirima de esta forma? En torno al arbitraje entre Estados e inversores han ido naciendo multitud de grupos de indignados que protestan por lo que entienden que son las injusticias del sistema, en una cuestión de tanto interés público pero… ¿quién se indignará por los deportistas, quién se indignará por Contador?