El conflicto gibraltareño puede verse como una manifestación de la obsolescencia de las decisiones políticas. Lo que en su día pudo ser una solución, la cesión de ese territorio al Reino Unido sin cederle la soberanía, hoy es un problema. Lo ha sido de forma cada vez más aguda desde que nuevos medios técnicos han cambiado la naturaleza del asentamiento, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la descolonización y el fin de los imperios han cambiado la relación entre las potencias. Todo ello hace de Gibraltar un caso nuevo de origen añejo.

Los responsables políticos lo han percibido y han intentado alcanzar soluciones negociando. La falta de fruto de esas conversaciones dio lugar al cierre de la frontera en tiempos de Franco. Se intentó arreglar el problema en la Transición y en 1980 Suárez alcanzó un compromiso para abrir la verja. Una declaración conjunta efectuada en Londres en enero de 1982 por Calvo-Sotelo y Margaret Thatcher parecía confirmar que el cambio estaba próximo. Tres meses más tarde estalló la guerra de las Malvinas y el Gobierno español consideró prudente posponerla decisión.

El Ejecutivo de González pudo proceder ala apertura unos años después. Pero ese estilo de consenso es algo que quizá pertenece ya a nuestro pasado.

A lo mencionado debe sumarse el carácter de núcleo de comercio ilegal o paraíso fiscal que tiene el tráfico de mercancías y capitales por el Peñón.

Ese conjunto de circunstancias puede ayudar a comprender la complejidad de las decisiones en torno a la cuestión. Parece evidente que la situación de Gibraltar es un anacronismo. También parece claro que la política de cesiones no conduce a mejorar la situación, como tampoco lo haría un enfrentamiento cerrado. Una vez más, la política se enfrenta al desafío de encontrar soluciones que sean mejores que una simple prolongación del statu quo.