Ahora que entra en vigor la nueva Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre publicidad de criptoactivos presentados como objeto de inversión saltan noticias alarmantes que ponen de nuevo de relieve la gravedad del riesgo que suponen estos instrumentos.

En efecto, entra ahora en vigor la Circular de la CNMV publicada en enero que, curiosamente, trata sobre la publicidad de unos activos que no están bajo la supervisión de la propia CNMV. Porque, ciertamente, los criptoactivos que ya sean «instrumentos financieros» (los que suponen invertir fondos para financiar a una empresa, a cambio de obtener una rentabilidad de la actividad que lleve a cabo esa empresa) ya están regulados, incluida su publicidad. Y por lo tanto la Circular referida trata de otros criptoactivos, los que no son «valores», pero que muchísimos inversores minoristas confunden con tales: en definitiva, y hablando en claro, las criptomonedas. Éstas nacieron, en principio, como «medios de pago», pero se han convertido para muchos en un instrumento de inversión (o, más bien, de especulación). La CNMV no puede regular las criptomonedas, porque no son técnicamente «valores» sujetos a su supervisión, pero sí regula su publicidad porque incide en la credibilidad y estabilidad del mercado de valores (en general, del sistema financiero). Y lo que hace esa norma es algo obvio: recordar que la publicidad debe ser veraz y clara, y debe enfatizar los grandes riesgos que supone «invertir» en estos criptoactivos: alta volatilidad, falta de control acerca de la formación de sus precios, no respaldo en Fondos de Garantía, etc.

Estos días han surgido varias noticias que no hacen sino poner de manifiesto el riesgo que suponen estas inversiones. El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) considera que los criptoactivos pueden amenazar la estabilidad financiera, porque si bien el valor de su capitalización es relativamente bajo, en comparación con la de los instrumentos financieros clásicos, el colapso de una gran criptomoneda podría provocar una crisis de confianza en otros tipos de activos. Y este posible colapso puede no ser tan lejano si tenemos en cuenta que el valor de estos criptoactivos es puramente convencional, sin ningún respaldo patrimonial real: valen lo que se paga por ellos simplemente porque hay personas que están dispuestas a pagarlo, no porque exista un subyacente que justifique una mayor o menor riqueza. Y otro gran peligro son las estafas cometidas a través de «intermediarios» que operan de forma fraudulente (hallándose sub iudice casos como los de Arbistar, Kuailian o MindCapital). El colmo de estos fraudes también se ha publicado estos días: la propia CNMV ha alertado del envío de correos suplantando su identidad para ofrecer la venta de criptomonedas a los destinatarios (comunicado de la CNMV de 14 de febrero). 

El problema no es sólo el alto riesgo de volatilidad y los posibles fraudes, sino también la falta de regulación de las criptomonedas y la falta de supervisión de los intermediarios de estos mercados. Existe un proyecto de regulación para la Unión Europea (el llamado Reglamento MiCA), presentado a fines del año pasado, pero hasta su aprobación (prevista en dos años más) seguimos con una actividad no regulada. Los criptoactivos no son ilegales, ni fraudulentos per se, pero su alegalidad y otras características de estos mercados «cripto» (como el anonimato de las transacciones, o la dependencia de unas tecnologías que no siempre están suficientemente testadas, ni son inmunes a ataques cibernéticos) introducen demasiados factores de inestabilidad.

Muchos pequeños inversores contemplan estas operaciones sobre criptomonedas con ilusión, como una alternativa a productos de inversión que hoy en día ya no tienen la rentabilidad de antaño. Y es posible que para muchos realizar estas operaciones suponga una actuación «antisistema», una protesta frente a los mecanismos financieros clásicos «capitalistas». Además las entidades de crédito parece que también quieren participar en ese «reparto» del pastel y entrar en el asesoramiento e intermediación en la negociación de criptoactivos (así lo anunciaba estos días una de las principales entidades bancarias españolas), lo cual las dotaría de una mayor apariencia de «seriedad». Pero la «tarjeta amarilla» que la CNMV mostró a un conocido exfutbolista por hacer publicidad de cierto intermediario en criptoactivos constituye el ejemplo de que no todo vale en estos mercados tan arriesgados y faltos de regulación y supervisión. Los criptoactivos (y especialmente las criptomonedas) constituyen una «amenaza fantasma» para el mercado financiero, porque sin formar parte del mismo (no financian ninguna actividad empresarial) pueden incidir fuertemente en su credibilidad y estabilidad.