En un corto periodo de tiempo hemos asistido al nombramiento del nuevo primer ministro de Grecia, Lucas Papademos, así como a la dimisión en Italia de Silvio Berlusconi y a su sustitución por el economista y excomisario europeo, Mario Monti.  Los nuevos dirigentes tienen en común un marcado perfil tecnócrata y su llegada al poder parece obedecer a una imposición del núcleo duro de la Unión  Europea. Se alzan voces criticando la falta de legitimidad democrática de tales nombramientos que no responden a una voluntad del electorado expresada en las urnas sino a la confianza que inspiran en los mercados y en las instituciones internacionales. Hay quien etiqueta tales maniobras como propias de un nuevo despotismo ilustrado que no hacen sino evidenciar un cada vez mayor distanciamiento de los ciudadanos del funcionamiento del sistema.

Desde un punto de vista puramente formal, de cumplimiento de las reglas de juego, el nombramiento de los nuevos dirigentes de Grecia e Italia parece irreprochable. Lo que caracteriza a los sistemas parlamentarios, como también es el caso de España, es que los ciudadanos no eligen directamente al Presidente del Poder Ejecutivo, no existe una separación absoluta de poderes. El Presidente del Gobierno no debe su cargo a una elección directa del electorado sino a los miembros del Congreso de los Diputados que le otorgan su confianza en la votación de investidura. Ciertamente, las elecciones legislativas sirven en la práctica, como hemos tenido ocasión de comprobar esta misma semana, para la elección del Presidente del Gobierno, en cuanto que desde las primeras elecciones democráticas quien ha ganado las elecciones ha conformado Gobierno. No obstante, al ser necesaria la confianza del Congreso de los Diputados pueden darse determinadas situaciones en las que el Presidente cambia sin que sea precisa la celebración de unas nuevas elecciones, pensemos en los casos en que triunfa una moción de censura, en los que el candidato propuesto se entenderá investido de la confianza de la Cámara, o en el caso de dimisión del Presidente que dará lugar a una nueva votación de investidura.

A pesar de su legitimidad formal, la designación de los nuevos ministros de Grecia e Italia reviste un cierto carácter de imposición externa. Es muy relevante que la caída de Papandreu se precipitara, precisamente, por su anuncio de convocar un referéndum para consultar a los ciudadanos de su país sobre el plan de rescate. Ciertamente, la situación que vive Europa es excepcional, con una prolongada situación de crisis económica en la que parecen tambalearse los cimientos del Estado del bienestar, la gravedad se agudiza en Grecia e Italia a consecuencia del alto nivel de endeudamiento y la falta de reformas. Únicamente, desde este punto de vista de excepcionalidad del contexto se puede justificar que, al margen del cuerpo electoral, alcancen el poder personajes con un marcado carácter técnico, aparentemente carentes de perfil político.

En la antigua Roma, durante la República, estaba previsto que con carácter excepcional se pudiera nombrar un dictador para actuar en casos de especial gravedad, asumiendo todos los poderes de la República sin estar sometido a control. El dictador era elegido por un cónsul previa orden del Senado y asumía su función durante un período de seis meses improrrogables. Durante muchos años se hizo un uso muy restrictivo de esta posibilidad. Posteriormente, cuando el poder empezó a acumularse en manos de una sola persona por periodos prolongados de tiempo, como durante la Dictadura de Sila o la de Julio César, las instituciones republicanas se convirtieron en una simple fachada. Es preciso, por tanto, que determinadas decisiones extraordinarias que se toman en el seno de los países de la Unión Europea respondan efectivamente a este carácter de excepcionalidad y limitación en el tiempo. No se puede producir un vaciamiento de la sustancia democrática de los sistemas parlamentarios de tal modo que los ciudadanos nos veamos cada vez más alejados de participar en la toma de decisiones o, por lo menos, de la posibilidad de elegir a quien haya de tomarlas.