Tras más de dos años en que la crisis se ha ensañado con nuestro mercado laboral, son pocos quienes niegan la necesidad de una reforma que libere a este mercado de las rigideces e ineficiencias que producen niveles de temporalidad y desempleo sin parangón en el resto de países desarrollados. El propio gobierno español ha planteado esta necesidad, aunque no en términos de reforma, sino de "líneas de actuación en el mercado de trabajo". Denominación acertada en todo caso, porque la propuesta gubernamental no apunta a una auténtica reforma, sino a una serie de medidas deslavazadas que, siendo optimistas, podemos entender como una reforma menor.

El planteamiento del gobierno no es el adecuado ante la gravedad de la situación. Con sus propuestas y el modo en que las anuncia, convierte el necesario debate en discusiones poco productivas en torno a aspectos menores, que dificultan una visión global del problema, provocan el cansancio o descontento de los agentes implicados y terminan por impedir la adopción de reformas de alcance. Frente a estos anuncios gubernamentales, encontramos las propuestas lanzadas desde varias instituciones y organismos, por ejemplo el servicio de estudios del BBVA o el conocido como grupo de los 100 economistas. Sin entrar en los detalles de cada una de ellas, estas propuestas tienen el atractivo de plantear una reforma integral, coherente con los objetivos a que aspiran. Creo que también tienen el atractivo de un enfoque muy distinto del que en la actualidad rige la configuración institucional del mercado laboral. Se trata, en concreto, de propuestas que aspiran a la defensa del trabajador.

Tal vez la afirmación anterior resulte sorprendente, pues ¿no abogan esas propuestas por la reducción de los costes de extinción de los contratos indefinidos? En efecto, así es, ya que defienden la creación de un contrato indefinido único con compensaciones por despido crecientes en función de la antigüedad e inferiores a los actuales 45 días de sueldo por año trabajado. Pero eso no significa una mayor desprotección por varias razones. En primer lugar, porque esa nueva figura se aplicaría sin carácter retroactivo. En segundo término, porque un contrato de esa naturaleza otorgaría mayor protección que los contratos temporales, cuyo coste de extinción es prácticamente cero. En tercer lugar, porque ese nuevo contrato único supondría un mayor aliciente para la contratación indefinida al reducir costes para el empleador.

Por supuesto, la reforma no debería quedarse en esa única medida, sino que habría de ir acompañada de otras que protegieran al trabajador desempleado, le incentivaran a la búsqueda activa de trabajo, incrementaran su empleabilidad y facilitaran su transición rápida a un empleo. En ese sentido, muchas de las medidas reformadoras tendrían que adoptarse en ámbitos distintos del mercado laboral. Sería necesario, en general, emprender reformas que modernizaran el patrón de especialización productiva, tales como la mejora del sistema educativo, la introducción de mayores dosis de competencia en determinados mercados o la creación de un marco legal más favorable para los emprendedores. Pero otras muchas acciones deberían ponerse en marcha en el propio mercado laboral, para hacer de éste un mecanismo más dinámico de creación de empleo y bienestar, contribuyendo también al cambio de modelo de crecimiento.

Así, la negociación colectiva requiere de modificaciones que conduzcan a un mecanismo de fijación de salarios más atento a las condiciones de desempleo y productividad que el actual. Son necesarias políticas activas de empleo más eficientes en su misión de incrementar la empleabilidad de los trabajadores, tanto mediante una formación que amplíe las alternativas de colocación, como a través de mejores sistemas de intermediación que aminoren los costes de búsqueda y transacción para oferentes y demandantes de trabajo. En cuanto a la cobertura del desempleo, deben buscarse opciones que combinen una protección suficiente con incentivos para la búsqueda activa de empleo.

Al igual que en otros frentes de nuestra política económica, el "más de lo mismo" es una receta contraproducente para el mercado laboral. El Gobierno y los interlocutores sociales harían bien en observar lo que hacen otros países y reflexionar, sin prejuicios, acerca de las muchas e interesantes propuestas publicadas en los últimos meses. Por lo visto hasta el momento, me temo que no será fácil.