Al actual gobierno le ha estallado en las manos el problema de las pensiones. A tenor de algunas de las declaraciones escuchadas en los últimos días, hay cierta perplejidad  entre los responsables políticos, que parecían no esperar protestas como las del pasado 17 de marzo. Su  respuesta a las movilizaciones se ha basado en una retahíla de estadísticas, en la promesa de que las pensiones continuarán incrementándose y en argumentos sobre la sostenibilidad del sistema. Razonable, pero insuficiente.

Lo asombroso es que este descontento haya sorprendido al gobierno. El deterioro en las condiciones de sostenibilidad del actual sistema de pensiones viene produciéndose y discutiéndose desde hace tiempo. Recordemos que el llamado pacto de Toledo comenzó su andadura allá por 1995. Desde entonces, en el marco de ese pacto, los sucesivos gobiernos han ido acometiendo reformas casi de forma continuada. Sin embargo, esas reformas se han emprendido sin demasiada discusión pública. Además, los años de bonanza económica y rejuvenecimiento poblacional vía inmigración facilitaron una relajación que pareció anestesiar un tanto la preocupación por este tema, si bien afortunadamente  se comenzó a aportar ahorro a la llamada hucha de las pensiones. Faltó más transparencia, probablemente y, sin duda, se echó de menos mucha pedagogía por parte de nuestros gobernantes. De alguna manera, las protestas actuales también reflejan esas deficiencias.

Las pensiones en concreto y el sistema de bienestar en general son bienes muy preciados para la sociedad. Quienes los disfrutamos, hemos de cuidarlos; y a quienes gobiernan les corresponde gestionarlos en aras del bien común. Ambas responsabilidades demandan de la ciudadanía un buen conocimiento de los mecanismos de funcionamiento del estado del bienestar. Si sabemos cómo operan estos mecanismos, seremos más capaces de tomar decisiones que contribuyan a su sostenibilidad y estaremos en mejor disposición para exigir responsabilidades a quienes los gestionan. Creo que en esto han fallado los gobiernos de los últimos años. Han tomado posiciones cómodas y cortoplacistas. No se han explicado bien las cosas; no se ha hecho el esfuerzo de aclarar el porqué ni el cómo de las reformas. Baste como ejemplo que algunas de las protestas y reclamaciones, de forma explícita o implícita, remiten a una concepción de las pensiones más en línea con un sistema de capitalización (yo he ido aportando dinero para mi jubilación, y ese es mi dinero) que con un sistema de reparto (lo que yo aporto hoy sirve para pagar las pensiones que cobran hoy quienes ya se jubilaron) como el vigente en España.

Tampoco ayudan a despejar el panorama las propuestas y promesas de la oposición, tratando de obtener rédito político del descontento social sobre el tema. Parecen tener una receta mágica que han estado escondiendo hasta ahora. En este debate deberían prevalecer la prudencia y la cautela. Al igual que en otras muchas cuestiones de política, estamos ante un problema de recursos: el sistema actual será incapaz de generar tantos recursos como los que precisa para mantener los niveles de generosidad que se le suponían. Por supuesto, es legítimo recurrir a otras fuentes de financiación, como los impuestos o la deuda. Pero sabiendo y explicando que eso supondrá detraer recursos de otros fines socialmente valiosos. Porque, en contra de lo que puede deducirse de la facilidad con que se atribuyen el mérito de los éxitos económicos, los gobiernos no generan recursos de la nada. La riqueza, la prosperidad no son tampoco los frutos de un universo que se confabula para hacernos más fácil la vida (si del universo dependiera, seríamos muy pobres). Dependen del esfuerzo que hacen las empresas, las organizaciones de diferente índole, la sociedad y cada uno de sus miembros. También de su solidaridad. Los gobiernos sólo pueden crear condiciones más o menos favorables para ello. Convendría hacer pedagogía al respecto. Pero ese es otro tema…