La resaca que siguió a las elecciones del pasado fin de semana trajo, entre sus variados síntomas, nuevos dolores de cabeza provocados por el repunte de la prima de riesgo de la deuda soberana española. Varias causas explicarían los miedos de los inversores. Por una parte, las enormes dudas acerca del futuro de Grecia. Por otro lado, los interrogantes que se abren en España con el cambio político resultante de los comicios autonómicos y municipales. Los inversores parecen temer que la actual debilidad del Gobierno del país dificulte el avance en las necesarias reformas estructurales. Parecen igualmente recelosos ante la posibilidad de que los nuevos gobernantes regionales hallen en los cajones de sus predecesores «oscuros secretos» en forma de déficits ocultos.

Desde luego, los precedentes de opacidad fiscal y presupuestaria de las administraciones autonómicas no ayudan a disipar estas suspicacias. La creciente deuda de sus empresas públicas, que gracias a artificios contables no computa como deuda pública, es un caso palmario de esa falta de transparencia. Es también un ejemplo excelente de la ausencia de disciplina fiscal, el gran mal que aqueja al gasto público de nuestras comunidades autónomas. La configuración del sistema autonómico ha creado incentivos perversos en los gobiernos regionales, aquejados desde hace mucho de un irrefrenable sesgo al déficit. Los gobernantes de las comunidades autónomas siempre han sabido que aumentando el gasto es más fácil contentar a sus ciudadanos. Han confiado en poder hacerlo sin sufrir el desgaste político que supondría ser los responsables de subidas de impuestos. Semejante esperanza estaba justificada porque la Administración central, por el propio funcionamiento del sistema de financiación autonómica y por la escasa resistencia a las presiones políticas de partidos fuertes en la región de turno, probablemente terminaría transfiriendo en algún momento más recursos para cubrir el desequilibrio presupuestario. Desconozco si los nuevos gobernantes encontrarán o sacarán a la luz esos déficits que supuestamente habrían permanecido ocultos. Pero no cabe duda de que sí se enfrentarán a tentaciones presupuestarias similares a las que vivieron quienes les precedieron. Por eso sería deseable que, aprovechando el vuelco político del 22 de mayo, todos se embarcaran en la búsqueda e implantación de mecanismos eficientes de disciplina fiscal. ¿Serán capaces?