In the image
Entrada al recinto de Bakú, en Azerbaiyán, donde se celebró la COP29
Tras dos semanas de intensas negociaciones, la COP29 –la conferencia anual de mayor trascendencia en política climática– culminó con un acuerdo cuestionado, que evidencia el progreso insuficiente de la comunidad internacional para abordar la crisis climática.
Con treinta y cinco horas de retraso, el resultado fue un compromiso de 300.000 millones de dólares anuales por parte de los países desarrollados para 2035. Una nueva meta que nos aleja aún más de los objetivos fijados en el Acuerdo de París bajo la COP21 de 2015. La representante de la India, luego del martillazo que dio por culminada las negociaciones, objetó el apresurado procedimiento adoptado por la presidencia generando dudas sobre la validez del texto aprobado debido a la naturaleza de consenso en estas decisiones.
Las controversias en torno a la elección de Bakú (Azerbaiyán) como sede de esta conferencia ha suscitaron cuestionamientos similares a los de la COP28 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). La dependencia de ambos países de los combustibles fósiles genera dudas sobre la capacidad de liderazgo y los limitados avances en el texto hacia la transición a fuentes de energía limpia.
Financiamiento climático
Las negociaciones de esta conferencia estuvieron centradas en financiamiento climático, específicamente en la definición de un nuevo objetivo colectivo cuantificado, NCQG, por sus siglas en inglés.
Durante la primera semana de negociaciones, los países desarrollados retrasaron la conversación relativa a la nueva cifra que reemplazaría la actual meta fijada en 2009 de 100.000 millones de dólares anuales para 2020. La expectativa de los países en vía de desarrollo, particularmente vulnerables al cambio climático, hacía una estimación de al menos 1,3 billones de dólares para 2035 en financiamiento directo por parte de los países desarrollados.
La primera oferta de 250.000 millones de dólares, realizada horas antes de finalizar el último día de la conferencia, fue recibida con amplio descontento por parte de los países en desarrollo. El notorio retraso de los países desarrollados para presentar esta oferta inicial se vincula a la falta de liderazgo de Estados Unidos en las negociaciones tras la recién victoria de Donald Trump en la batalla por la Casa Blanca.
El negacionismo climático y la criticada retirada del Acuerdo de París durante la presidencia del expresidente Trump, limitaron los compromisos financieros de la presente administración a lo largo de la conferencia. Según el experto climático, Brandon Wu, “este es el desenlace de la estrategia de 10 años de Estados Unidos para eludir su obligación de proporcionar financiamiento climático al sur global”.
Las negociaciones sobre financiamiento culminaron con el ‘acuerdo’ de 300.000 millones de dólares anuales para 2035, más la cifra de 1,3 billones de dólares en fuentes de financiamiento públicas, privadas y multilaterales, incluyendo préstamos. Esta última medida, lejos de saldar la deuda histórica de los países desarrollados frente al cambio climático, genera mayor endeudamiento en los países vulnerables que ya luchan por acceso justo y equitativo a la arquitectura financiera internacional.
Global Stocktake
La pasada COP28 marcó un hito trascendental con el primer balance mundial de la historia, incluyendo un llamado a los Estados para garantizar una transición de los combustibles fósiles a fuentes de energía renovable. El Global Stocktake (GST), o también referido como balance mundial, es un proceso que permite a los países interesados medir en qué aspectos ha habido avances colectivos para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.
El objetivo de esta COP era dar seguimiento e implementar el acuerdo del Global Stocktake alcanzado en la COP28 para informar a la siguiente generación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), con fecha límite en 2025. Sin embargo, las discusiones se estancaron debido a visiones divergentes sobre limitar la conversación a cuestiones de finanzas o abordar todo el espectro del balance mundial, incluyendo la transición desde los combustibles fósiles.
Debido a estos desacuerdos, los negociadores fallaron en la tarea de lograr consenso sobre el texto de negociación. Una gran cantidad de países alegaron que evitar referencias explícitas a los ‘combustibles fósiles’ sería un retroceso a los avances alcanzados en las pasadas negociaciones. La presidencia azerbaiyana sugirió retomar las conversaciones del Diálogo de EAU en Bonn (Alemania) durante las sesiones de los órganos subsidiarios rumbo a la COP30 en noviembre del 2025.
Mercados de carbono
Tras años de espera por progresos significativos, la COP29 adoptó importantes medidas entorno a la operacionalización del Artículo 6 del Acuerdo de París. En las negociaciones del Artículo 6.2 se alcanzó consenso sobre los lineamientos en el comercio de emisiones de carbono entre países, conocido como Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (o ITMOs, por sus siglas en inglés). Uno de los lineamientos técnicos adoptados establece que una vez un crédito ha sido comercializado, su autorización no puede ser modificada por el país emisor sin previo acuerdo, lo cual evita que las transacciones sean alteradas de manera retroactiva por parte de los Estados.
En el Artículo 6.4 se aprobaron nuevos estándares para la generación de créditos de carbono entre Estados y las entidades que operan bajo el Mecanismo de Créditos del Acuerdo de París (PACM, por sus siglas en inglés), el cual sustituye al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), adoptado en el marco del Protocolo de Kioto de 1997. Las provisiones acordadas incluyen estándares relacionados a las remociones de carbono, metodologías para la generación de créditos y garantías sociales y ambientales. Además, el acuerdo establece que de ser encontradas inconsistencias entre la información de créditos provista y los reportes del organismo técnico, los países no podrán incluir estos créditos en los logros reflejados de sus NDCs.
Las medidas adoptadas en este ítem de agenda generan esperanza respecto a las estancadas negociaciones sobre el NCQG durante esta COP. Estas medidas permitirán movilizar financiamiento desde los países desarrollados que no han cumplido sus compromisos climáticos, hacia los países en desarrollo con recursos limitados y un amplio potencial de reducción de emisiones.
Adaptación
Objetivo Global de Adaptación (GGA)
Los progresos alcanzados durante las negociaciones del pasado año en Dubái culminaron con el acuerdo sobre el marco para resiliencia climática global. Esta medida incluyó la definición de objetivos y un programa de trabajo bianual para establecer los indicadores de medición de progreso en el objetivo global de adaptación.
Durante esta COP29, las negociaciones tuvieron progresos discretos debido a las discusiones sobre la posible creación de indicadores para los medios de implementación. Los países en desarrollo justificaron la inclusión de estos indicadores al resaltar la importancia del fomento de capacidades, la transferencia de tecnología y asistencia financiera en el desarrollo de políticas climáticas de adaptación.
Estas discusiones arrojaron como desenlace un compromiso por desarrollar ‘facilitadores de implementación’ para adaptación no cuantificables, que incluyen medios de implementación junto a otras cuestiones como transparencia y gobernanza. Las negociaciones de este ítem de agenda fueron pospuestas para retomarse en futuras reuniones.
Planes Nacionales de Adaptación (NAPs)
A pesar de los notorios avances alcanzados durante las conversaciones, las Partes no lograron ponerse de acuerdo sobre el texto de negociación, que finalmente no fue incluido en la decisión final. Este texto prevé ser utilizado como base para las discusiones de Bonn en junio de 2025.
Uno de los anuncios más destacados durante la conferencia ocurrió cuando Alemania prometió una nueva contribución de 60 millones de euros al Fondo de Adaptación, que, con esta aportación, ya suma un total de 117 millones de euros. Las demandas sobre las contribuciones a este fondo han sido categóricas debido a las dificultades que enfrenta para alcanzar su objetivo anual de 300 millones de dólares para 2024.
Pérdidas y daños
Los negociadores durante esta COP estaban llamados a realizar una revisión sobre el Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños (WIM, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los desacuerdos en torno a dos cuestiones fundamentales –las directrices voluntarias para incorporar pérdidas y daños en las NDCs, y la propuesta de un informe sobre el Estado de Pérdidas y Daños– impidieron la adopción de un acuerdo.
El Fondo de Respuesta para Pérdidas y Daños, que cuenta con un balance de 674 millones de dólares hasta la fecha, también recibió promesas de aportaciones de diversos Estados por un monto de 85 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra aún está muy lejos de los 580 mil millones de dólares en pérdidas y daños anuales previstos para 2030.
Transición justa
Durante la COP28, los avances en torno al reconocimiento de los derechos laborales fueron notorios, a pesar de las estancadas discusiones sobre la amplitud del enfoque hacia una transición laboral justa.
El lenguaje sobre derechos humanos, su relación con los objetivos de mitigación previamente acordados y el objetivo de 1,5 grados fueron algunos de los temas que generaron amplios desacuerdos en las negociaciones. A esto se sumaron las diferencias relativas al programa de trabajo para la elaboración de planes y talleres, así como la priorización de los planes de mitigación frente a las medidas de adaptación y financiamiento.
Las discusiones relacionadas con el Programa de Trabajo sobre Transición Justa cerraron sin un acuerdo entre las partes, un desenlace que revela el fracaso de la comunidad internacional para garantizar apoyo a las comunidades, los trabajadores y sectores vulnerables, como la agricultura, frente al cambio climático.
Género
Los debates sobre género durante esta COP29 urgían la extensión del Programa de Trabajo de Lima, acordado en 2014 durante la COP20. En principio, las negociaciones se centraron en el período de renovación del mandato con una duración de 5 o 10 años. Además, los países desarrollados mostraron particular interés por trasladar las discusiones sobre el financiamiento de las políticas de equidad a las salas de negociación sobre financiación.
El gran número de cláusulas en el texto de negociación, junto con los términos 'interseccionalidad', hombres y mujeres 'en toda su diversidad' y las referencias a derechos humanos, generó el rechazo de Rusia, Indonesia y el Grupo Africano a la inclusión de estas menciones. El texto final, negociado por la presidencia horas antes de culminar la conferencia, incluyó la extensión del Programa de Trabajo de Lima por un período de 10 años. Sin embargo, este último omitió las referencias a los conceptos enlistados anteriormente, manteniendo únicamente menciones específicas sobre derechos humanos.
Iniciativas de la presidencia
La presidencia de la COP29 lanzó una serie de iniciativas destinadas a impulsar la acción colectiva de los Estados frente a la crisis climática. Pese a la ausencia de proyectos trascendentales, la presidencia azerbaiyana presentó un programa que da continuidad a las coaliciones climáticas establecidas por presidencias anteriores y organismos internacionales, con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos en estos planes.
Durante la conferencia, se anunció la firma de la Declaración sobre la Reducción de Metano proveniente de Residuos Orgánicos, suscrita por aproximadamente el 50% de los países emisores de metano. Este acuerdo representa un avance relevante en relación con el Compromiso Global sobre el Metano, lanzado durante la COP26 en Glasgow, y que ahora cuenta con más de 100 signatarios.
Asimismo, cerca de 100 países acordaron incrementar seis veces la capacidad global de almacenamiento de energía, siguiendo las recomendaciones del balance global de la COP28 sobre la necesidad de fortalecer las energías renovables y mejorar la eficiencia energética.
Conclusiones
La elección de Brasil para la presidencia de la COP30 en Belém genera grandes esperanzas sobre discusiones menos influenciadas por los intereses petroleros que han definido a las últimas dos sedes de la conferencia. Se espera que entre las prioridades de esta próxima presidencia estén cumplir con las expectativas en las negociaciones sobre el Diálogo de EAU y avanzar en la transición desde los combustibles fósiles, según las conclusiones del primer balance mundial producido tras la COP28. Asimismo, se espera abordar cuestiones urgentes, como la adopción del Plan de Acción de Género, tras la extensión del mandato del Programa de Trabajo de Lima alcanzada en esta COP29.
En las próximas semanas se espera que avancen las discusiones sobre el desarrollo de un instrumento legal vinculante para combatir la contaminación por plásticos, incluyendo su impacto en el ambiente marino, en las negociaciones que se llevarán a cabo en Busan (Corea del Sur). Es crucial que se tomen pasos contundentes hacia la adopción de un acuerdo que contemple el proceso de producción dentro del ciclo productivo del plástico, estableciendo límites claros sobre la cantidad de plástico que las compañías pueden producir.
Por otro lado, también se espera que durante la primera semana de diciembre inicien las audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia relacionadas con la opinión consultiva de la Corte sobre la responsabilidad de los Estados, según el Derecho Internacional, frente al cambio climático. Un paso decisivo en la dirección hacia el reconocimiento de las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática.
En términos finales, los resultados de esta conferencia no dejan de ser decepcionantes para los países en vía de desarrollo, especialmente aquellos vulnerables al cambio climático. Ante las altas expectativas sobre la definición del nuevo objetivo colectivo cuantificado, la responsabilidad asumida por los países desarrollados a través de su oferta es una burla para las naciones más afectadas, que han reaccionado con la consigna de #NingúnAcuerdoEsMejorQueUnMalAcuerdo. La deuda histórica de estos países en la movilización de fondos para el sur global seguirá siendo una obligación inminente que conviene saldar más temprano que tarde.