La mayoría del cultivo se realiza en el entorno de Pedro Juan Caballero, junto a la frontera con Brasil, que es el centro delictivo del país

° Las plantaciones de marihuana alcanzan unas 8.000 hectáreas, con una producción que llega a las 30.000 toneladas, de las cuales el 77% van a Brasil y el 20% a Argentina

° Lugar de paso de la cocaína de Perú y Bolivia, Paraguay ha dado un salto en el volumen de los envíos a Europa: a comienzos de 2021 hubo un cargamento récord de 23 toneladas

° El Congreso paraguayo ha aprobado el uso medicinal de la marihuana; de momento no sigue los pasos de México, primer productor en América, que debate su plena legalización

► El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y la entonces ministra de Seguridad argentina, erradicando plantas de marihuana en PJC [Gob. de Paraguay]

INFORME SRA 2021 /  Eduardo Uranga  [versión en PDF]

Paraguay se encuentra en un momento ascendente en el mapa del narcotráfico, como mayor productor de marihuana en Sudamérica y como distribuidor de la cocaína procedente de Perú y Bolivia. Con una extensión de cultivo de cannabis estimada en casi 8.000 hectáreas y una producción anual que puede acercarse a las 30.000 toneladas, Paraguay exporta este estupefaciente a Brasil y Argentina. La cocaína que pasa por el país se destina a esos dos grandes vecinos y sobre todo a Europa: en febrero de 2021 las autoridades alemanas interceptaron un alijo de 16 toneladas de cocaína, el mayor remitido nunca desde Paraguay, un hallazgo que se elevó a 23 toneladas contando un envío localizado dos días antes en Amberes. En ese mismo puerto, a comienzos de abril fueron halladas otras 11 toneladas.

Si bien, en el caso paraguayo, lo más sorprendente en el último año ha sido ese salto en la capacidad de generar grandes cargamentos de cocaína, la rápida evolución del contexto internacional con relación a la marihuana –por ejemplo, la ONU la reclasificó en diciembre de 2020, señalando su potencial terapéutico– pone de especial actualidad este otro lucrativo comercio de ilícitos.

La creciente legalización de la hoja de cáñamo que comienza a darse en algunos países, generando producciones propias (a diferencia de la coca, que por sus condiciones específicas casi solo se cultiva en Colombia, Perú y Bolivia, la marihuana puede crecer en lugares diversos, también en invernadero) ofrece perspectivas de negocio a los agricultores que hoy en Paraguay se ocupan de su cultivo ilegal (no tanto a la estructura de las mafias, de origen brasileño, pues para competir en Uruguay, el único país próximo que ha legalizado la producción nacional para uso abierto, la marihuana paraguaya debiera venderse más barata que la uruguaya). México, que es el mayor productor en América, se encuentra en proceso de despenalizar su uso recreativo; Paraguay no ha llegado de momento ahí, pero la ley aprobada en agosto de 2020 para permitir el uso medicinal, admite el cultivo individual si hay justificante médico.

Producción y erradicación

La producción de marihuana está vinculada al crimen organizado que opera muy especialmente en las zonas fronterizas con Brasil. Según las cifras que ofrece la Secretaría Nacional Antidroga (SENAD), las mayores operaciones contra el cultivo de ese narcótico se desarrollan en el departamento de Amambay, cuya capital, Juan Pedro Caballero, constituye el centro delictivo del país. Esa ciudad está adosada a la frontera con Brasil y comparte masa urbana con la localidad brasileña de Punta Porá. También el adyacente departamento de Canindeyú, igualmente fronterizo con Brasil, acoge extensas plantaciones.

En la década 2009-2019, el SENAD destruyó 9.838 hectáreas de cultivo de plantas de marihuana en Amambay y 2.432 en Canindeyú, representando conjuntamente alrededor del 90% de las 15.045 hectáreas erradicadas en todo el país. En 2019, último daño referenciado por el SENAD, las autoridades erradicaron 1.468,5 hectáreas, la mayor cifra de la década, lo que no solo indica un incremento del esfuerzo antinarcóticos, sino que también sugiere un aumento en las extensiones cultivadas.

Se calcula que Paraguay existen entre 6.000 y 8.000 hectáreas con plantas de marihuana. Una semilla mejorada introducida hace unos pocos años ha permitido ampliar las dos cosechas anuales habituales a tres o incluso cuatro cosechas, elevando así la productividad a dos y tres toneladas de hierba de marihuana por hectárea, con lo que la producción total podría llegar a las 20.000 toneladas por año. Estas cifras podrían haberse quedado pequeñas, pues la SENAD ha llegado a calcular que hasta 30.000 toneladas de hierba han podido a salir del país en el último año.

El World Drug Report de la Oficina para la Droga y el Crimen Naciones Unidas (UNODC) de 2020 sitúa a Paraguay como el país con mayor incautación de marihuana, por encima de las 1.000 toneladas al año. El informe también indica que la producción de resina del cáñamo es mínima (1,1 toneladas en 2016) y que el 77% de la marihuana generada en Paraguay se destina al mercado brasileño y el 20% al argentino.

En América, la producción de Paraguay solo es superada por México, que cuenta con unas estimadas 12.000 hectáreas de plantaciones, de acuerdo con el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) del gobierno de Estados Unidos de 2021. También es mayor el área cultivada erradicada por las autoridades mexicanas, aunque ese esfuerzo ha caído en los últimos años (5.478 hectáreas en 2016, 4.193 en 2017 y 2.263 en 2018), como indica el informe de la UNODC, que al mismo tiempo apunta que en México se incautaron en 2018 unas 200 toneladas de marihuana, frente a las 400 de 2017.

Corrupción

Paraguay es un campo abonado para el establecimiento de redes criminales. Su posición estratégica es un factor determinante y una condición fundamental para ser elegido por el crimen organizado como punto neurálgico de su actuación criminal. Situado entre los centros de producción de coca de Perú-Bolivia y los crecientes mercados de Argentina y sobre todo Brasil, que son también destino de la marihuana paraguaya, el país es lugar de operaciones de las mafias, especialmente brasileñas. También las condiciones de la Triple Frontera –la conurbación que forman Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguaçú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina)– fomentan el contrabando, la falsificación de productos y el lavado de dinero, así como la financiación de grupos terroristas (tal es el caso de Hezbolá). 

​También influyen los factores económicos. La marginalidad económica y social es un elemento al que recurren estas bandas del crimen organizado para reclutar “empleados”. No obstante, este factor puede explicar solo en parte el particular desarrollo de estas redes. Su dimensión depende fundamentalmente del nivel de aceptación y de tolerancia de la corrupción. Paraguay consta, en este sentido, con las condiciones idóneas para el desarrollo de estas redes. Esto se debe a sus altos niveles de corrupción estatal, señalados en el Indice de Percepción de Corrupción.

Recalcando el obstáculo que la corrupción en Paraguay supone ante la lucha contra el narcotráfico, en enero de 2020 tuvo lugar una fuga masiva de un penal de Pedro Juan Caballero de 75 presos, en su mayoría miembros de una banda criminal brasileña Primer Comando Capital (CCP). La fuga estuvo facilitada por la connivencia de funcionarios y puso de relieve la impunidad con que muchos de los narcotraficantes actúan.

Los dos están consolidando sus inicios como países productores, lo que supone un salto cualitativo importante a pesar de que la producción es aún muy limitada

° Las primeras plantaciones fueron descubiertas en 2017 en Honduras y en 2018 en Guatemala; desde entonces se han localizado más de cien hectáreas de arbusto de coca

° A lo largo de 2020, Honduras erradicó 40 hectáreas de cultivo y Guatemala 19; además se destruyeron casi una veintena de laboratorios de elaboración de cocaína

° La extensión de la producción de coca a Centroamérica es obra de carteles mexicanos, que emplean a colombianos expertos en localizar las mejoras zonas para el cultivo

► Acción antinarcóticos hondureña en una plantación de coca, en octubre de 2020 [Gob. de Honduras]

INFORME SRA 2021 /  Eduardo Villa Corta  [versión en PDF]

La producción de cocaína ha comenzado a extenderse a países de Centroamérica, que hasta hace poco solo eran lugares de paso de la cocaína procedente sobre todo de Colombia, que es el mayor productor del mundo, junto con Perú y Bolivia.

El hallazgo de laboratorios para la elaboración de la droga en Honduras en 2009 ya sugirió el comienzo de un cambio, confirmado con la localización de los propios cultivos de arbusto de coca en 2017 en ese mismo país y en 2018 en Guatemala. Desde entonces, se han localizado en ambos países más de cien hectáreas: esos dos primeros años se contabilizaron conjuntamente unas 50 hectáreas, cifra que se vio duplicada en 2020 en lo que parece una aceleración del proceso.

De todos modos, se trata de extensiones muy reducidas, comparadas con las estimadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen en su informe de 2020 para Colombia (cerca de 180.000 hectáreas), Perú (casi 50.000) y Bolivia (alrededor de 25.000). Además, de momento Estados Unidos asegura no tener constancia de la entrada en su territorio de cocaína generada en el Triángulo Norte centroamericano.

Todo indica que por ahora nos encontramos en un estadio de experimentación o ensayo por parte de carteles mexicanos, que estarían probando la aptitud de terreno y clima de diferentes áreas y la calidad del producto, con la ayuda de expertos colombianos. Los cambios en la cadena del narcotráfico desde que la mayor parte de las FARC abandonó el negocio ilícito en Colombia y el deseo de reducir la compleja logística en transporte de la droga hacia Estados Unidos explican estas tentativas en el Triángulo Norte.

Honduras 

En Honduras la localización de cultivos ha aumentado en los dos últimos años. El último Informe de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR), de marzo de 2021, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, recoge información oficial hondureña contabilizando la erradicación en los diez primeros meses de 2020 de 40 hectáreas de arbustos de coca. Esto supone un incremento en la contabilización de áreas de cultivo respecto a años anteriores, que estimaba la acumulación de 50 hectáreas a lo largo de 2017 y 2018 en Honduras y Guatemala conjuntamente.

La primera evidencia en Honduras de que el narcotráfico no solo usaba su territorio como lugar de tránsito fue el hallazgo en 2009 en la provincia de Cortés de un laboratorio para la transformación de hojas de coca en clorhidrato de cocaína. En diez años se descubrieron doce laboratorios y solo en 2020 las autoridades procedieron a destruir al menos otros once localizados, como indica el INCSR. Aunque alguno tenía capacidad para producir hasta 3,6 toneladas de cocaína al año, sus instalaciones eran más bien “rudimentarias”, según las agencias policiales hondureñas.

La existencia de esos laboratorios permitió concluir que al menos desde 2012 se podría estar cultivando alguna cantidad de hoja de coca en el país, pero no fue hasta 2017 que se halló una zona cultivada, en la provincia de Orlando, con unas 10.000 plantas. En 2018 se ubicaron otras tres explotaciones, una de ellas de 20 hectáreas. La actividad de cultivo y laboratorio no está concentrada en una zona específica, si bien la mitad de los hallazgos han sido realizados en las mencionadas provincias de Orlando y Colón.

La última localización especialmente reseñada, en un proceso de ubicación de siembras cada vez más visibles, fue la realizada por la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en marzo del 2020, que correspondía a un campo de unas 4,2 hectáreas de cultivo y narco-laboratorio en la comunidad Nueva Santa Bárbara. En 2020 se decomisaron al menos 15 campos de coca, con un total de 346.500 plantas.

La DLCN estima que carteles mexicanos, como los de Sinaloa y Jalisco, son los que están detrás de esa penetración, aunque no operan directamente, con un despliegue de individuos armados, sino en diversas ocasiones a través de cultivadores de origen colombiano, conocedores de los cuidados que necesita la planta de coca.

Recientes condenas en Estados Unidos, como la del hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, han dado detalles sobre el corredor de narcotráfico que supone Honduras, pero también la incipiente producción propia. Como se expuso en su juicio, Tony Hernández, condenado a cadena perpetua en marzo de 2021, tuvo relación directa con un laboratorio de cocaína local.

Guatemala

En el caso de Guatemala, el primer descubrimiento de cultivo de hojas de coca se realizó en 2018. Aunque se trataba de solo una hectárea de extensión, con 75.000 plantas, significó también el salto a incipiente país productor. Además de haber sido, como Honduras, un canal de paso para la cocaína procedente de Colombia, Guatemala ya se había distinguido por una producción moderada de marihuana y por haber comenzado a cultivar amapola, por extensión de la actividad de carteles mexicanos implicados en el mercado de la heroína, de la cual México es líder productor en el continente americano. Ahora Guatemala, donde igualmente han aparecido narco-laboratorios, incluía la coca entre sus cultivos ilícitos de narcóticos.

En 2019 las autoridades guatemaltecas hicieron un esfuerzo para combatir esa actividad. El 4 de septiembre de ese año declararon un estado de sitio por 30 días en 22 municipios del norte del país. Las operaciones policiales supusieron diversos decomisos especialmente en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Zacapa. Unas 23 áreas de cultivo fueron localizadas, ocho de ellas en Izabal.

A raíz de esos hallazgos, el ministro del Interior, Enrique Degenhart, admitió que Guatemala pasaba a ser una nación productora de cocaína.

En los diez primeros meses de 2020 fueron erradicadas 19 hectáreas de cultivo de coca y se destruyeron siete laboratorios, como indica el último INCSR, precisando, en cualquier caso, que la producción cocalera tiene en Guatemala una “escala limitada” (como en Honduras, pero incluso por debajo del vecino país), a distancia de la registrada los mayores productores sudamericanos.

Mayor papel para las maras

Las autoridades de Honduras y Guatemala temen, debido al aumento de actividad de producción de droga, que algunas zonas de sus países se conviertan en los nuevos “Medellín de Pablo Escobar”. La existencia de áreas de difícil acceso y la falta de medios para la supervisión y combate del crimen organizado complica la actuación antinarcóticos.

Existe el riesgo también de que las pandillas o maras ganen todavía más poder, con un enquistamiento o incluso agravamiento del problema que suponen. Debido a su dominio del espacio, hasta ahora han cobrado peaje por el paso de la droga a lo largo del territorio, pero con la producción en el propio Triángulo Norte además podrían pasar a controlar el origen mismo de la droga, dándoles las prerrogativas de los carteles.

Al mismo tiempo se complica la coordinación internacional contra el narcotráfico, al hacerse más difícil la localización de centros de producción y la determinación de los actores implicados en esa actividad.

El elevado número de dirigentes sociales asesinados sigue consternando al país: 904 asesinatos desde el Acuerdo de Paz de 2016

° En 2020 hubo en Colombia 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975, en que hubo una tasa similar, y por debajo de la de otros países de la región

° El número de homicidios fue en 2020 de 12.018, siguiendo el progresivo descenso que se registra desde 2002, solo abiertamente roto en 2012, cuando los asesinados fueron 16.033

° Los estudios concluyen que existe una relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país

Ceremonia religiosa en Dabeiba en febrero de 2020, tras recuperar los restos de un desaparecido en 2002 [JEP]g

INFORME SRA 2021 /  Isabella Izquierdo [versión en PDF]

Colombia está reduciendo paulatinamente sus niveles de violencia, al menos en cuanto a tasa de homicidios se refiere, que en 2020 descendió a 24,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975. Aunque el drama del asesinato de líderes sociales ha sobrecogido a la sociedad colombiana en la gestión del posconflicto, la objetividad de las cifras totales habla de una reducción de las muertes violentas. Ese descenso ha estado auspiciado en los últimos años por el abandono de la lucha armada por parte de las FARC y presumiblemente se ha visto favorecido en 2020 por los prolongados confinamientos establecidos para hacer frente a la propagación de pandemia de Covid-19.

El país cerró 2020 con 12.018 homicidios, la cifra más baja en décadas, constituyendo menos de la mitad de los que se producían a comienzos de los años 90, en el periodo más duro del conflicto armado. En aquella época el número de homicidios superaba los 28.000 anuales, lo que constituía alrededor de 80 homicidios por 100.000 habitantes. Desde entonces, con leves repuntes en 2002 y en 2012, Colombia ha ido reduciendo sus niveles de violencia y hoy su tasa de homicidios está lejos de los récords que están marcando otros países de la región: a pesar de que en algunos casos la emergencia sanitaria también ha ayudado a rebajar las cifras, en 2020 las mayores tasas fueron las de Jamaica (46,5 homicidios por 100.000 habitantes), Venezuela (45,6), Honduras (37,6), Trinidad y Tobago (28,2) y México (27).

[En el caso de Colombia, las autoridades hablaron al término de 2020 de una tasa de 23,79, aunque cifras ulteriores de homicidios de la Policía Nacional y datos de población dan como resultado del cálculo el 24,3 por el que aquí se ha optado).

Conflicto y posconflicto

Si bien la guerrilla del ELN se mantiene activa y varias disidencias de las FARC siguen en actividades criminales, alrededor de 8.000 excombatientes se incorporaron a la vida civil a raíz del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, comenzado a negociar en 2012 y firmado en 2016.

Los años anteriores al comienzo de los contactos registraron un aumento de la violencia, para luego decrecer de modo sostenido desde entonces, no solo la relativa al conflicto político sino también la relativa a la criminalidad en general. Al investigar las tasas de homicidio en los años de los diálogos de paz con las FARC, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en Colombia evidenciaron una estrecha relación: cuando la confrontación armada crecía o disminuía, en función de los intereses de los negociadores, en igual medida lo hacía la cifra total de homicidios. La buena marcha de la negociación marcó una dinámica de desescalada del conflicto armado, con una reducción del 8,57% en la tasa de homicidios entre 2012 y 2015.

En 2017, firmado ya el Acuerdo de Paz, la violencia en Colombia alcanzó sus números más bajos en 30 años, con 12.079 homicidios y una tasa de 25,02 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2018 la tendencia varió ligeramente (12.130 homicidios), algo que se pronunció en 2019 (12.667), lo que alertó sobre la necesidad de implementar con rapidez las condiciones de reinserción de los excombatientes, mejorar la seguridad en las zonas desmilitarizadas y aumentar la presencia estatal en el territorio.

El Instituto de Medicina Legal concluyo que las cifras de homicidios de 2018 parecían evidenciar una reactivación del conflicto armado colombiano. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en 2019 un informe evaluando la situación de derechos humanos en Colombia, con énfasis en la implementación de los contenidos en el Acuerdo de Paz: la mayores cifras de homicidios se daban en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde los enfrentamientos por el control de las economías ilícitas eran más violentos.

Efecto del Covid

Las medidas adoptadas en relación con el posconflicto y la llegada de la pandemia, con sus restricciones de movimiento, volvieron a conducir en 2020 a un descenso de los homicidios. En el período del 20 de marzo al 17 de agosto de 2020, cuando se dieron los confinamientos más estrictos, los homicidios diarios por municipio cayeron, en promedio, un 16% respecto de la tendencia que exhibían antes de las medidas de distanciamiento social. En las semanas de cuarentena total, el número diario de homicidios cayó incluso alrededor de un 40% respecto de la tendencia previa a la cuarentena. A partir de junio de 2020, el número de homicidios retornó a las tendencias anteriores a la emergencia sanitaria. La criminalidad bajó los primeros meses por el miedo al contagio, pero rápidamente volvió a las cifras acostumbradas, especialmente en cuanto a robos y hurtos, cuando empeoró la situación económica y aumentó la necesidad de alimentación entre la población de escasos recursos. Sin embargo, por lo ocurrido el primer semestre del año, Colombia cerró 2020 con la tasa de homicidios más baja en los últimos 46 años.

Un dato claramente negativo de 2020, no obstante, fue la continuación de la violencia dirigida contra líderes sociales y excombatientes. El año pasado 297 dirigentes locales fueron asesinados, lo que eleva a 904 los agentes sociales muertos desde 2016 hasta febrero de 2021. En ese mismo periodo, 276 antiguos guerrilleros resultaron asesinados, la mayor parte de ellos implicados en comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Fiscales federales presentan cargos contra la cúpula de la mara en El Salvador por delitos contra la seguridad nacional

° EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en el último año ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes

° El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas por la cúpula de la MS-13 desde cárceles salvadoreñas y crímenes cometidos en EEUU

° En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua

► Reclusos de las maras en prisiones salvadoreñas, en abril de 2020 [Gob. de El Salvador]

INFORME SRA 2021 /  Xabier Ramos Garzón  [versión en PDF]

Las autoridades de Estados Unidos han dado en el último año un significativo salto en su reacción a la violencia de la principal banda callejera latina, la mara Salvatrucha o MS-13. Por primera vez fiscales federales presentaron cargos por terrorismo contra jefes de la pandilla, abriendo la puerta a una revisión de la catalogación de la MS-13, considerada desde 2012 en Estados Unidos como organización criminal internacional y que podría ser designada grupo terrorista, como ya sucede en El Salvador.

La focalización del Departamento de Justicia en la violencia de conexión centroamericana, sin embargo, pudo obedecer durante la Administración Trump a una priorización de la lucha contra la inmigración ilegal. Se desconoce de momento si la Administración Biden, que tiene menos interés en criminalizar el hecho migratorio, insistirá en la categoría de terrorismo. No obstante, la presión policial y judicial sobre los pandilleros responsables de crímenes en suelo estadounidense no parece que de momento vaya a decrecer.

Ofensiva fiscal

En julio de 2020 el Departamento de Justicia norteamericano hizo públicos cargos por terrorismo contra Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue de gánster, sellados desde el previo mes de mayo en la Corte del Distrito Este de Virginia. Los cargos incluían conspiración para suministrar apoyo material a terroristas, cometer actos de terrorismo transfronterizos, financiar acciones terroristas y llevar a cabo operaciones de narcoterrorismo. Melgar había vivido en Virginia, con algunas ausencias, entre 2003 y 2016, año en que fue deportado. En noviembre de 2018 fue detenido y encarcelado en El Salvador. La Fiscalía considera que desde ese país dirigía la acción delictiva de la MS-13 en la Costa Este: aparentemente ordenaba y aprobaba asesinatos, supervisaba negocios de narcotráfico y recolectaba dinero para las clicas u organizaciones locales.

Abierta esa vía de cargos por terrorismo, que suponen penas mayores, contra dirigentes que supuestamente ordenaban la comisión de crímenes desde El Salvador, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York procedió pocos meses después a la acusación formal más amplia y de mayor alcance dirigida contra la MS-13 y su estructura de mando y control en la historia de Estados Unidos, alegando delitos “contra la seguridad nacional”. Así, en enero de 2021 esa Fiscalía federal hizo público un indictment, formalizado secretamente en el mes anterior, con acusaciones contra catorce jefes de la MS-13, todos ellos integrantes de la Ranfla Nacional o dirección de la mara, la cual estaba encabezada, según el Ministerio Público, por Borromeo Enrique Henríquez, alias Diablito de Hollywood. Once de ellos se encuentran en cárceles salvadoreñas y tres son fugitivos. Los cargos eran similares a los presentados contra Melgar, sin que igualmente la acusación aporte detalles sobre acciones específicas. Se les atribuyen los crímenes de distintas clicas de la MS-19 ya que, al formar parte de su cúpula directiva, serían los responsables últimos de las órdenes de comisión de muchos de los delitos. Según indicó el fiscal al anunciar el caso, “la MS-13 es responsable de una ola de muerte y violencia que ha aterrorizado a las comunidades, dejando los vecindarios inundados de derramamiento de sangre”. EEUU procedió a preparar las respectivas peticiones de extradición.

Además de estas dos causas, que se insertarían en un marco conceptual que parece querer perseguir la figura de jefatura de grupo terrorista (a pesar de que la consideración de terrorista no ha sido aplicada por Estados Unidos a ninguna pandilla, ni hay consenso sobre una estrecha centralización en la toma de decisiones criminales), en 2020 se pusieron en marcha varios procesos judiciales contra miembros de la MS-13 por delitos estrictamente de asesinato, secuestro, narcotráfico, tenencia de armas y otras actividades de crimen organizado. El mismo día de julio de 2020 en que se anunció la acusación contra Melgar, la Corte del Distrito Este de Nueva York presentó una causa contra ocho integrantes de la organización, y la del Distrito de Nevada contra otros trece; en agosto, el Distrito Este de Virginia procedió a la detención de once personas más relacionadas con la pandilla.

Esas actuaciones mostraban un empeño en hacer efectivas las investigaciones que recientemente se habían intensificado, al término de un mandato presidencial que había hecho de la lucha contra las maras una de las prioridades del Departamento de Justicia. Precisamente a finales de 2020, este departamento publicó un informe haciendo balance de los “esfuerzos” llevados a cabo en este terreno entre 2016 y 2020, titulado “Respuesta a gran escala”. El informe, que calcula que en Estados Unidos hay unos 10.000 miembros de diferentes pandillas, contabiliza que en ese periodo se presentaron en los tribunales estadounidenses cargos contra 749 pandilleros; de ellos, el 74% estaban en el país de manera ilegal, el 8% eran ciudadanos estadounidenses y el 3% residía de forma legal. Esos procesos llevaron a la condena de al menos 504 personas, de las cuales 37 recibieron penas de cadena perpetua.

El fiscal general, además, abrió el procedimiento para solicitar la pena de muerte de dos acusados, implicados en crímenes que tuvieron una especial resonancia social. Se trata de Alexi Sáenz, a quien se le atribuyen siete asesinatos, casi todos usando un machete o un bate de béisbol, y de Elmer Zelaya, acusado de coordinar el apuñalamiento de dos jóvenes; la mayoría de las víctimas eran adolescentes. Esta extrema violencia fue resaltada por Donald Trump en varios momentos de su mandato y a ella se refirió el pasado mes de julio cuando se anunciaron los mencionados casos por terrorismo. Calificó a los pandilleros de “monstruos que asesinan niños”, e indicó que las autoridades estadounidenses no descansarían hasta que “todos los miembros de la MS-13” comparezcan ante la Justicia.

Por su parte, el FBI ha conformado con fuerzas de seguridad de varios países centroamericanos las Unidades Trasnacionales Anti-Gang (TAG), que desde 2016 han sido responsables de cientos de detenciones y han asistido a la extradición a EEUU de 68 acusados, 35 desde Guatemala, 20 desde Honduras y 13 desde El Salvador.

Trayectoria

Las disposiciones de Barack Obama en 2011 facultando la consideración de las pandillas como organizaciones criminales internacionales, en el marco de una nueva Estrategia Nacional para Combatir el Crimen Organizado Trasnacional, fueron utilizadas por el Departamento del Tesoro en 2012 para aplicar esa consideración a la MS-13. El Departamento de Justicia recurrió en 2017 a la misma catalogación como base para la “war on gangs” lanzada por Trump. En el propio Congreso ya se puso de relieve en 2018 la peligrosidad e incidencia de las maras, en actuaciones decididas desde El Salvador.

En 2019 el fiscal general William Barr viajó a El Salvador, donde recabó información de las autoridades del país, cuya Corte Suprema ya había designado grupo terrorista a las maras en 2015. Supuestas evidencias de la cadena de mando, que conecta las órdenes de asesinatos y otros crímenes dadas desde las cárceles salvadoreñas y su ejecución en Estados Unidos, habrían sustentado la decisión de 2020 de abrir las causas por terrorismo contra pandilleros en los tribunales federales estadounidenses.

Este cambio en el tipo de delito puede ser clave en el futuro de la lucha contra las maras al ofrecer una serie de ventajas, ya que no existe un estatuto de limitaciones sobre los cargos de terrorismo y estos tienen asociadas penas más severas. Las leyes internacionales también contemplan un mayor arco y margen de maniobra a los países que luchan contra el terrorismo, por lo que la cooperación entre países podría verse aumentada notablemente; de hecho, el que los cargos sean homologables en Estados Unidos y El Salvador podrían agilizar las peticiones de extradición.

Sin embargo, el paso no está exento de controversia. De la misma manera que no ha servido de mucho aplicar cargos de narcotráfico internacional contra los pandilleros, pues no constituyen propiamente un cartel de drogas trasnacional, está por ver la eficacia de invocar cargos por terrorismo en este caso, dado que las maras, al menos en Estados Unidos, no reúnen la variedad de rasgos propios de una organización terrorista: no existe desde luego el elemento de querer ser un actor político. En cualquier caso, como ha dicho Steven Dudley, codirector de Insight Crime y autor de libro MS-13: la creación de la pandilla más notoria de Estados Unidos, la decisión del gobierno estadounidense de acusar de terrorismo a los líderes visibles de la MS-13 en El Salvador “puede ser una señal de lo mal que entienden a esta pandilla o de lo bien que entienden su sistema judicial”

La comparecencia del jefe del USSOUTHCOM en el Capitolio eleva cada año el grado de alerta ante la influencia china y el retroceso estadounidense

° En su última aparición, el almirante Craig Faller advirtió que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional’ y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”

° En los últimos años el discurso del Comando Sur ante el Congreso ha destacado la penetración de China, Rusia e Irán, de la mano de Cuba, Venezuela y Nicaragua

° El análisis de las intervenciones del jefe del Pentágono para la región muestra la creciente involucración del régimen de Maduro en actividades delictivas

► Visita del jefe del Comando Sur estadounidense a Montevideo, en abril de 2021 [SouthCom]

INFORME SRA 2021 /  Diego Diamanti  [versión en PDF]

El Comando Sur de Estados Unidos –la estructura militar, dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe– ha ido elevando progresivamente la voz de alerta sobre la creciente influencia de Rusia y sobre todo de China en el Hemisferio Occidental, en detrimento de la posición de EEUU. Esto, combinado con la amenaza que proviene de las organizaciones de crimen organizado, especialmente implicadas en el narcotráfico, llevaron al jefe del USSOUTHCOM, el almirante Craig Faller, a confesar en marzo sentir “un increíble sentido de urgencia”: “el hemisferio en el que vivimos está bajo ataque”, dijo en su anual comparecencia ante el Congreso estadounidense, dedicada a analizar las amenazas y las oportunidades que presenta la región en términos de seguridad.

En su tercer “posture statement” ante el Congreso desde que dirige el Comando Sur, Faller advirtió que Estados Unidos está perdiendo su “posición de ventaja” en el hemisferio y planteó que “se necesita una acción inmediata para revertir la tendencia”. Analizando sus intervenciones de 2019 y 2020, así como la de 2018 de su predecesor, el almirante Kurt Tidd, se aprecia un agravamiento en la percepción de la rivalidad con China. Cada vez la referencia a la amenaza china es más explícita y ocupa más espacio. Lo que primero se vio como una influencia económica, por el incremento del comercio y la adjudicación de créditos, ahora se presenta como algo más global y estratégicamente más peligroso. Según Faller, China está buscando “establecer una logística global y una infraestructura de base en nuestro hemisferio para proyectar y sostener el poder militar a mayores distancias”.

El cambio de Administración no ha supuesto ninguna variación en ese agravamiento de la percepción sobre los riesgos que se están generando en Latinoamérica. Si bien la presidencia de Joe Biden ha supuesto un giro en el tono mantenido por su predecesor, se mantiene la hostilidad hacia Pekín y el deseo de marcar de cerca otros regímenes autoritarios como Rusia o Venezuela. De ahí que el “posture statement” presentado este año por el jefe del Comando Sur sea consistente con los anteriores en apuntar a la creciente actividad de Rusia y China en la región (y de Irán, en coordinación con Hezbolá), así como su colaboración con Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que Faller llamó “actores estatales regionales malignos”.

El uso de Cuba

Una de las amenazas constantes que se repiten y que se ve cómo aumenta de manera gradual es la estrategia de diplomacia económica que implementa China en varios países de la región: cómo a través de préstamos e inversiones Pekín incorpora a esos países a su red de comercio internacional, en ocasiones integrándolos en la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. La declaración de 2018 no mencionaba el número de naciones latinoamericanas que participaban en la iniciativa; la de 2019 contabilizaba 16, y la de 2020 hablaba de 19, indicando una clara tendencia de que poco a poco China está aumentando sus actividades y su influencia en el hemisferio. La estrategia de 2020 decía además que 25 de los 31 países de la región tienen proyectos chinos de infraestructura, los cuales, como expresamente destaca el jefe del Comando Sur, podrían ser utilizados en un futuro como apoyo para intereses militares chinos. A todo esto se suma la crisis del COVID-19, que China ha aprovechado para aumentar su influencia regional gracias a potencial de material sanitario y vacunas.

Venezuela ocupa un lugar destacado en las últimas cuatro declaraciones. A lo largo de los años se aprecia cómo la situación empeora progresivamente y se endurece la postura del Comando Sur hacia el régimen de Maduro: pasa de no llamarlo ilegítimo a sí hacerlo, y luego lo acusa abiertamente de estar involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. Subraya su estrecha colaboración militar con Rusia y con los grupos narcoterroristas colombianos –el ELN y las disidencias de las FARC–, a los que acoge en su territorio.

Otro aspecto que se reitera es el énfasis en el papel desestabilizador de Cuba: cómo La Habana interfiere en asuntos internos en Venezuela y Nicaragua, aleccionando a esos regímenes opresores sobre cómo reprimir movimientos y manifestaciones de opositores, en ocasiones enviando a sus propios agentes para cumplir esa función represiva. Además en la estrategia se plantea el hecho de como Rusia utiliza a Cuba como base para sus operaciones de inteligencia hacia los Estados Unidos y para proyectar su poder en la región.

Las declaraciones del Comando Sur están en consonancia con las preocupaciones expresadas en el documento Marco Estratégico para el Hemisferio Occidental, elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional en 2020. Aunque la Administración Trump deberá formular su propio plan estratégico para la región, no cabe esperar sustanciales cambios, dado que existe el mismo interés en recuperar la democracia para Nicaragua, Venezuela y Cuba; en la promover la transparencia y luchar contra la corrupción; en combatir actividades ilícitas, como en el caso del narcotráfico y el tráfico de personas, y en hacer frente la creciente presencia china en la región.

Con una producción petrolera bajo mínimos, el régimen de Maduro ha echado mano del metal precioso para pagar los servicios de Teherán

° Sin más créditos de China o Rusia, Caracas consolidó en 2020 la renacida relación con los iraníes, encargados de intentar reactivar las paralizadas refinerías del país

° En el último año, cargueros despachados por Irán han llevado a la nación caribeña más de 5 millones de barriles de gasolina, así como productos para su supermercado Megasis

° La implicación de entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria, declarada grupo terrorista por Washington, dificulta cualquier gesto hacia la Administración Biden

► La vicepresidenta venezolana y el viceministro de Industria iraní inauguran el supermercado Megasis en Caracas, en julio de 2020 [Gob. de Venezuela]

INFORME SRA 2021 /  María Victoria Andarcia  [versión en PDF]

La relación de Venezuela con potencias extrahemisféricas ha estado caracterizada en el último año y medio por la reanudación de la estrecha vinculación con Irán ya vista durante las presidencias de Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad. Agotadas las posibilidades de financiación facilitadas por China (no concede créditos a Caracas desde 2016) y por Rusia (su interés petrolero en Venezuela, a través de Rosneft, se vio especialmente constreñido en 2019 por las sanciones de la Administración Trump a los negocios de Pdvsa), el régimen de Nicolás Maduro llamó de nuevo a la puerta de Irán.

Y Teherán, otra vez cercado por las sanciones de Estados Unidos, como ocurriera durante la era de Ahmadineyad, ha vuelto a ver en la alianza con Venezuela la ocasión de plantar cara a Washington, al tiempo que saca algún rendimiento económico en tiempos de gran necesidad: cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones de dólares, según Bloomberg, habrían salido de Venezuela en 2020 como pago de los servicios prestados por Irán. Si los créditos de China o Rusia eran a cambio de petróleo, ahora el régimen chavista debía además echar mano del oro, pues la producción de la estatal Pdvsa estaba bajo mínimos históricos, con 362.000 barriles diarios en el tercer trimestre del año (Chávez tomó la compañía con una producción de 3,2 millones de barriles diarios).

El cambio de pareja se simbolizó en febrero de 2020 con la llegada de técnicos iraníes para poner en marcha la refinería de Armuy, abandonada el mes anterior por los expertos rusos. La falta de inversión había llevado al descuido del mantenimiento de las refinerías del país, lo que estaba provocando una gran escasez de gasolina y largas filas en las estaciones de servicio. La asistencia iraní apenas lograría mejorar la situación refinadora, y Teherán tuvo que suplir esa ineficiencia con el envío de cargueros de gasolina. Asimismo, la escasez de alimentos ofreció otra vía de auxilio para Teherán, que también despachó barcos con comestibles.

Gasolina y alimentos

La relación venezolano-iraní, que sin eliminarse del todo se había reducido durante la presidencia de Hasán Rohaní, al focalizarse esta en la negociación internacional del acuerdo nuclear que se alcanzaría en 2015 (conocido como JCPOA por sus siglas en inglés), se reanudó a lo largo de 2019. En abril de ese año la controvertida aerolínea iraní Mahan Air recibió permisos de operaciones en Venezuela para cubrir la ruta Teherán-Caracas. Aunque la aerolínea no ha comercializado la ruta aérea, sí ha fletado varios vuelos a Venezuela a pesar del cierre del espacio aéreo territorial ordenado por Maduro debido a la pandemia de Covid-19. Las operaciones de Mahan Air sirvieron para transportar a los técnicos iraníes que iban a emplearse en los esfuerzos de reiniciar la producción de gasolina en las refinerías del complejo de Paraguaná, así como material necesario para esas tareas.

Esas y otras gestiones habrían estado preparadas por la embajada de Irán en Venezuela, que desde diciembre de 2019 está dirigida por Hojatolá Soltani, alguien conocido por “mezclar la política exterior de Irán con las actividades” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según el investigador Joseph Humire. Este considera que Mahan Air habría realizado unos cuarenta vuelos en la primera mitad de 2020.

De la misma manera, Irán estuvo enviando múltiples buques de combustible a Venezuela para hacer frente a la escasez de gasolina. El primer envío llegó en una flotilla de tanqueros que, desafiando las sanciones de Estados Unidos, entraron en aguas venezolanas entre el 24 y el 31 de mayo, transportando en conjunto 1,5 millones de barriles de gasolina. En junio llegó otro buque con unos estimados 300.000 barriles, y otros tres aportaron 820.000 barriles entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 otra flotilla habría transportado 2,3 millones de barriles. A ese total de al menos 5 millones de barriles de gasolina habría que sumar la llegada 2,1 millones de barriles de condensado para aplicarse como diluyente del petróleo extrapesado venezolano.

Además de combustible, Irán también ha enviado en este tiempo suministros médicos y alimentos para ayudar a combatir emergencia humanitaria que sufre el país. Así, resulta importante destacar la apertura del supermercado Megasis, a la que se vincula con la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar iraní que la Administración Trump incluyó en el catálogo de grupos terroristas. El establecimiento comercial vende productos de marcas propiedad del ejercito iraní, como Delnoosh y Varamin, que son dos de las subsidiarias de la compañía Ekta, supuestamente creada como un fideicomiso de seguridad social para veteranos militares iraníes. La cadena de supermercados Ekta se encuentra subordinada al Ministerio de Defensa iraní y a las Fuerzas Armadas de Logística, entidad sancionada por Estados Unidos por su papel en el desarrollo de misiles balísticos.

El oro y Saab

Esta actividad preocupa a Estados Unidos. Un reporte del Atlantic Council detalla cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen de Maduro. El ministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami ha sido identificado como el actor clave de la red ilícita. Éste presuntamente acordó con Teherán la importación de combustible iraní a cambio de oro venezolano. De acuerdo con la información de Bloomberg antes citada, el Gobierno de Venezuela había entregado a Irán, hasta abril de 2020, alrededor de nueve toneladas de oro con un valor de aproximadamente 500 millones de dólares, a cambio de su asistencia en la reactivación de las refinerías. El oro fue aparentemente trasladado en los vuelos de Mahan Air hacia Teherán.

En las negociaciones pudo haber intervenido el empresario de origen colombiano Alex Saab, que ya centralizó buena parte de las importaciones de alimentos realizadas por el régimen chavista bajo el programa Clap y se estaba implicando en los suministros iraníes de gasolina. Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde cuando su avión particular repostaba en un aparente vuelo a Teherán. Solicitado a Interpol por Estados Unidos como principal testaferro de Maduro, el proceso de extradición sigue abierto.

Las entidades participantes en buena parte de estos intercambios están sancionadas por Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense por su conexión a la IRGC. La capacidad de la IRGC de operar en Venezuela se debe al alcance de la red de soporte de Hezbolá, organización señalada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Hezbolá ha logrado infiltrar las comunidades expatriadas libanesas de Venezuela, dando paso a Irán para crecer su influencia en la región. Esos vínculos dificultan cualquier gesto que Caracas pueda intentar para propiciar cualquier desescalada por parte de la nueva Administración Biden de las sanciones aplicadas por Washington.

Pekín ya no es solo socio comercial y otorgador de créditos para infraestructuras: se pone a la par de Occidente en excelencia farmacéutica y proveedor sanitario

° Solo Perú, Chile y Argentina han contratado más dosis chinas y rusas; en Brasil y México predominan las de EEUU y Europa, como en el resto de los países de la región

° Huawei logra entrar en el concurso del 5G brasileño a cambio de vacunas; Pekín las ofrece a Paraguay si abandona su reconocimiento a Taiwán

° Además de los ensayos clínicos que hubo en varias naciones en la segunda mitad de 2020, Argentina y México van a producir o envasar Sputnik V a partir del mes de junio

► Llegada de un cargamento de vacunas Sputnik V a Venezuela, en febrero de 2021 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2021 /  Emili J. Blasco  [versión en PDF]

La vacunación en Latinoamérica se está haciendo sustancialmente con preparados desarrollados en Estados Unidos y Europa, aunque la atención mediática haya privilegiado las dosis procedentes de China y Rusia. La particular diplomacia de las vacunas ejecutada a lo largo de los últimos meses por Pekín y Moscú –que con fondos públicos han promovido la exportación de inyecciones, por delante de las necesidades de sus propios habitantes– ha sido ciertamente activa y ha logrado dar la impresión de una influencia mayor de la real, con la promesa muchas veces de volúmenes de suministros que raras veces se han cumplido en sus plazos.

Cuando, a partir de junio, inmunizada ya gran parte de los estadounidenses, la Administración Biden se vuelque en hacer su aportación de vacunas a la región, el desequilibrio a favor de fórmulas de los laboratorios “occidentales” –también utilizadas básicamente en los acopios del sistema Covax de Naciones Unidas– será aún mayor. No obstante, el desarrollo de la crisis sanitaria en el último año habrá servido para consolidar el pie puesto por China y Rusia en América Latina.

Hasta la fecha, solo Perú, Chile y Argentina han contratado más vacunas de China (CanSino, Sinopharm y Sinovac) y Rusia (Sputnik V) que de Estados Unidos y Europa (AstraZeneca, J&J, Moderna y Pfizer). En el caso de Perú, de los 116 millones de dosis comprometidas, 51 corresponden a laboratorios europeos y/o estadounidenses, 45 millones a los chinos y 20 millones al ruso. En el caso de Chile, de los 79,8 millones de dosis, 18 millones son vacunas del primer grupo, mientras que 61,8 millones son chinas. Por lo que afecta a Argentina, de los 62,4 millones de dosis reservadas, 22,4 millones son “occidentales”, 10 millones rusas y 30 millones chinas. Son datos de AS/COA, que sigue un detallado cómputo de diversos aspectos de la evolución de la crisis sanitaria en Latinoamérica.

En cuanto a los dos mayores países de la región, la preferencia por las fórmulas de EEUU y Europa es notoria. De los 661,4 millones de dosis apalabradas por Brasil, 481,4 tienen esa procedencia, frente a 100 millones de dosis chinas y 80 millones de Sputnik V (además, no está claro que estas últimas acaben llegando, dada el reciente rechazado a su autorización por parte de los reguladores brasileños). De los 310,8 millones contratados por México, 219,8 millones son de vacunas “occidentales”, 67 millones de vacunas chinas y 24 millones de Sputnik V.

Tablas: reproducción de AS/COA, base de datos online, información a 31 de marzo de 2021

Ensayos y producción

Las vacunas de China y Rusia no eran desconocidas en la opinión pública latinoamericana, pues en la segunda mitad de 2020 fueron noticia con frecuencia a raíz de los ensayos clínicos que se llevaron a cabo en algunos países. Sudamérica presentaba un especial interés para los principales laboratorios del mundo, ya que acogía una alta incidencia de la epidemia junto con cierto desarrollo médico que permitía un serio seguimiento de la eficacia de los preparados, compatible con un nivel de necesidad económica que facilitaba contar con miles de voluntarios para las pruebas. Eso hizo que la región centrara el campo de ensayos clínicos mundiales de las principales vacunas anti Covid-19, siendo Brasil el epicentro de la carrera en la experimentación. Además de las pruebas llevadas a cabo por Johnson & Johnson en seis países, y de Pfizer y Moderna en dos, Sputnik V se experimentó en tres (Brasil, México y Venezuela) y en dos lo hicieron Sinovac (Brasil y Chile) y Sinopharm (Argentina y Perú).

La experimentación, no obstante, se debía a acuerdos particulares entre laboratorios, que apenas exigía implicación de las autoridades sanitarias o políticas del país en cuestión. El compromiso de determinados gobiernos con las vacunas de China y Rusia vino con las negociaciones de compra y luego con su consiguiente autorización de uso, último paso que no siempre se ha producido. Una ulterior alianza en el caso de Sputnik V ha sido el proyecto de Argentina de producir en su territorio el preparado ruso a partir del próximo mes de junio, para vacunación propia y reparto a países vecinos, así como el de México para el envasado de las dosis, también a partir de junio. Argentina fue el primer país en registrar y aprobar Sputnik V, utilizando una información que luego ha compartido con otros países de la región. El movimiento de México ha sido interpretado como un modo de presionar a Estados Unidos para que liberalice cuanto antes la exportación de sus vacunas.

También China ha ejercido presiones sobre algunos países sudamericanos. Ha aprovechado la extrema necesidad de vacunas de Brasil para forzar que el Gobierno de Jair Bolsonaro tenga que admitir que Huawei opte al concurso para la red de 5G brasileña, a pesar de haber vetado inicialmente a la empresa china. Igualmente, Pekín parece haber prometido vacunas a Paraguay a cambio de que este país deje de reconocer a Taiwán. Por lo demás, el Gobierno chino promedió el año pasado un crédito de mil millones de dólares para la adquisición de material sanitario, como ha advertido el jefe del Comando Sur estadounidense, llamando la atención sobre el uso de la crisis que está haciendo China para lograr más penetración en el hemisferio.

Consolidación

Sea cual sea el mapa final de la aplicación de cada preparado en el proceso de vacunación, lo cierto es que sobre todo Pekín, pero de algún modo también Moscú, han logrado una importante victoria, por más que sus vacunas puedan quedar muy por detrás en el número total de dosis inyectadas en Latinoamérica. En una región acostumbrada a identificar a Estados Unidos y Europa con la capacidad científica y el alto desarrollo médico y farmacéutico, por primera vez se ve a China no ya como origen de productos baratos y de confección poco sofisticada, sino a la par en investigación y eficacia sanitaria. Más allá de la exitosa gestión que ha hecho Pekín de la pandemia, que puede relativizarse considerando el carácter autoritario de su sistema político, China surge como un país puntero, capaz de alcanzar una vacuna tan rápidamente como Occidente y, en cierta forma, homologable a este. La imagen de Rusia queda algo por debajo, pero Sputnik V permite consolidar el “regreso” ruso a una posición de referencia que había perdido absolutamente en recientes décadas.

A raíz de la emergencia por Covid-19, en el imaginario colectivo latinoamericano China ya no constituye solo un factor de comercio, de construcción de infraestructuras y de otorgador de créditos para el desarrollo de estas, sino que asienta su penetración como una potencia con dimensiones plenas, también en lo referente a un elemento central en la vida de los individuos como es la superación de la pandemia.

Y es que los países latinoamericanos han sufrido la crisis sanitaria y económica del coronavirus como ninguna otra región del mundo. Con el 8,2% de la población mundial, para octubre de 2020 acogía el 28% de los casos positivos globales por Covid-19 y el 34% de las muertes. El agravamiento de la situación luego en países como India pudo modificar algo esos porcentajes, pero la región ha mantenido importantes focos de infección, como Brasil, seguido de México y Perú. Para hacer frente a esta situación, Latinoamérica recibe dos tercios de la ayuda mundial del FMI por la pandemia: la región cuenta con 17 millones más de pobres y no recuperará la anterior renta per cápita hasta 2025, más tarde que el resto del mundo.

El aumento de las flotas de pesqueros de China provoca quejas sobre presunta invasión de zonas económicas exclusivas y actividad ilegal

° La presencia de más de 500 embarcaciones crea inquietud por continua evasión de radares, uso de sistemas de extracción no permitidos y desobediencia a los guardacostas

° Los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado llamando a la supervisión de una actividad que Pekín rechaza someter a inspección internacional

° La intimidación recuerda al uso de pescadores chinos como “fuerza de choque” en el Mar de China Meridional; aquí el objetivo no es ganar espacio de soberanía, sino de pesca

► El buque chino Hong Pu 16, seguido por el patrullero argentino ARA Bouchard, en mayo de 2020 [Armada argentina]

INFORME SRA 2021 /  Paola Rosenberg  [versión en PDF]

Diversos países latinoamericanos se han quejado a lo largo del último año de depredación económica china, por la presencia masiva de barcos de pesca chinos en las inmediaciones de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la presenta penetración furtiva en ella. También han denunciado el uso por parte de pesqueros chinos de técnicas de captura no permitidas que esquilman los principales caladeros y erosionan la sostenibilidad marina.

La llegada desde China de embarcaciones pesqueras de lo que normalmente se categoriza como Flota en Aguas Distantes (DWF por sus siglas en inglés) comenzó a producirse en el contorno marítimo latinoamericano en 2001 con una veintena de barcos; desde entonces su número ha ido en rápido aumento y las cifras más recientes hablan de unas 500 naves. El malestar de los países más afectados no es nuevo, pero en 2020 las quejas fueron más altas y formales. Además, en la abierta era de confrontación con Pekín, Washington salió en defensa de los intereses de sus vecinos hemisféricos.

China cuenta con la flota pesquera de altura más grande del mundo, que se halla en expansión cuando las flotas de otros países pesqueros están disminuyendo. No está claro su volumen, pues muchas veces opera mediante pequeñas empresas pantalla que difuminan su origen nacional, pero se ha llegado a estimar un total de 17.000 embarcaciones. En esa actividad lejos de la propia China la flota captura dos millones de toneladas de pescado, lo que supone el 40% del total mundial en aguas distantes. Parte de las capturas que lleva a cabo son resultado de pesca ilegal; China es el país con peor notal del mundo en cuanto a prácticas pesqueras no permitida, según la valoración de Global Initiative.

Mapa tomado de China Dialogue y Global Fishing Watch

Las estratégicas Galápagos

La pesca es uno de los recursos más importantes para varios países latinoamericanos, de ahí que la masiva presencia china en la cercanía de sus aguas de explotación, si es que además no ha habido penetración en ellas, ha generado inquietud. En el último año abundaron las noticias de pesca china a la altura de Ecuador, Perú, Chile y Argentina, sobre todo vinculada con la captura del calamar, pero también de otras especies como el jurel, la caballa, el atún y la merluza austral. Esos países creen que se está dando una sobrepesca y la captura de especies en peligro de extinción, como el calamar gigante, con la consiguiente amenaza para la preservación de la riqueza pesquera y la biodiversidad; además, estiman que también se da la posesión de licencias falsas y la violación de la soberanía de los estados ribereños al presumiblemente entrar ilegalmente en su ZEE. Los pescadores de esos países ribereños reportan cada vez más la presencia de barcos chinos en actitud intimidatoria, realizando actos que amenazan no solo sus recursos naturales sino también su seguridad.

Las principales acusaciones se produjeron a partir de julio en Ecuador. A principios de ese mes, la armada ecuatoriana alertó sobre la presencia de una flota pesquera china de unos 260 barcos faenando justo en el límite de la ZEE de las Islas Galápagos, de soberanía ecuatoriana. A finales del mes, la flota había incrementado a más de 342 naves. El archipiélago de las Galápagos fue declarado por la Unesco como reserva de la biósfera, debido a que alberga cientos de especies de flora y fauna única en el mundo. Por esta razón, la explotación en esta zona implica pérdidas muy grandes en cuanto a la biodiversidad marina.

Además, la mitad de la flota china tuvo un comportamiento sospechoso, al apagar el sistema de rastreo y de identificación. Fue una evasión de radares marinos que se llegó a prolongar durante casi tres semanas, como denunció el ministro de Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín. El ministro dio a entender que esa actitud buscaba esconder pesca ilegal y tal vez también incursión en aguas tuteladas por Ecuador para faenar en ellas. De todos modos, precisó que la armada ecuatoriana solo pudo hallar un par de embarcaciones dentro de la ZEE de las Galápagos, que alegaron estar haciendo uso de “paso inocente”.

El presidente del país, Lenín Moreno, elevó formalmente las quejas a las autoridades de Pekín, comunicándoles que Ecuador haría valer con fortaleza los derechos marítimos sobre su ZEE, y anunció una posición coordinada con otros gobiernos latinoamericanos. De hecho, enseguida otros países de la región vieron llegar la flota china a la proximidad de sus aguas. Los barcos salieron del pasillo de aguas internacionales que existe entre la ZEE de las Galápagos y la que corresponde a la costa de Ecuador, en el que estuvieron cierto tiempo para capturar la pesa que migra de un lado a otro, para desplazarse luego hacia el sur, primero en las inmediaciones de las aguas de Perú y de Chile y después, pasando del Pacífico al Atlántico, de Argentina.

Esos países contaron con el respaldo de Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado aseguró en agosto que la masiva presencia de pesqueros chinos y su práctica de desactivar los sistemas de rastreo, cambiar el nombre de los barcos y eliminar desechos marinos era algo “muy preocupante”. El presidente Donald Trump también se pronunció negativamente con ocasión de su discurso de septiembre ante Naciones Unidas. Washington lleva tiempo atento a la creciente presencia china en el continente, no solo comercial, sino también en la gestión de infraestructuras estratégicas como terminales portuarias. Las Galápagos, específicamente, tienen un especial valor estratégico por su situación en rutas de acceso al Canal de Panamá.

Petición de inspecciones

Después de Ecuador, debido a la amenaza frente a sus aguas, Perú y Chile activaron la Vigilancia Pesquera Global y movilizaron patrullas aéreas y navales para seguir de cerca el avance de la flota pesquera china. Cuando esta pasó al Atlántico, en diciembre de 2020, la fuerza naval argentina también desplegó unidades navales y aéreas para garantizar el control sobre sus espacios marítimos.

En noviembre, los gobiernos de Ecuador, Chile, Perú y Colombia (la ZEE de este último país limita con el pasillo entre las dos áreas marítimas ecuatorianas) emitieron una declaración conjunta, en la que expresaron su preocupación por la presencia “de una gran flota de embarcaciones de pabellón extranjero que ha desarrollado actividades pesqueras durante los últimos meses en aguas internacionales, cercanas a nuestras aguas jurisdiccionales”. La nota prefirió no mencionar expresamente a China (además, diversos barcos de la flota tenían un pabellón diferente, aunque eran chinos a todos los efectos), pero quedaba claro en qué dirección dirigían su denuncia de “actividades pesqueras no sometidas a control o reporte”.

Los países latinoamericanos reclaman que China acepte la realización de inspecciones, en presencia de personal chino si es necesario, de aquellos barcos que levanten sospechas, aunque su navegación se haya mantenido en aguas internacionales. Pekín responde que ya ha establecido moratorias en determinados momentos del año para la pesca del calamar en la región. No obstante, la falta de cooperación evidenciada hasta ahora y la creciente demanda del mercado chino hace suponer que este tipo de actividades seguirán aumentando.

Como ha hecho en el Pacífico, para hacer frente a las incursiones chinas Estados Unidos ha enviado navíos de la Guardia Costera al Atlántico Sur, en este caso en ejercicios conjuntos con Brasil y con Uruguay. Precisamente, con este último país Washington está intentando concretar algún tipo de colaboración que permita una mayor inspección del área marítima, al considerar que Argentina puede prestarse en exceso a los requerimientos chinos.

Temporary Protected Status for Venezuelans and pending TPS termination for Central Americans amid a migration surge at the US-Mexico border

The Venezuelan flag near the US Capitol [Rep. Darren Soto]

ANALYSIS / Alexandria Angela Casarano

On March 8, the Biden administration approved Temporary Protected Status (TPS) for the cohort of 94,000 to 300,000+ Venezuelans already residing in the United States. Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti await the completion of litigation against the TPS terminations of the Trump administration. Meanwhile, the US-Mexico border faces surges in migration and detention facilities for unaccompanied minors battle overcrowding.

TPS and DED. The case of El Salvador

TPS was established by the Immigration Act of 1990 and was first granted to El Salvador that same year due to a then-ongoing civil war. TPS is a temporary immigration benefit that allows migrants to access education and obtain work authorization (EADs). TPS is granted to specific countries in response to humanitarian, environmental, or other crises for 6, 12, or 18-month periods—with the possibility of repeated extension—at the discretion of the Secretary of Homeland Security, taking into account the recommendations of the State Department.

The TPS designation of 1990 for El Salvador expired on June 30,1992. However, following the designation of Deferred Enforced Departure (DED) to El Salvador on June 26, 1992 by George W. Bush, Salvadorans were allowed to remain in the US until December 31, 1994. DED differs from TPS in that it is designated by the US President without the obligation of consultation with the State Department. Additionally, DED is a temporary protection from deportation, not a temporary immigration benefit, which means it does not afford recipients a legal immigration status, although DED also allows for work authorization and access to education.

When DED expired for El Salvador on December 31, 1994, Salvadorans previously protected by the program were granted a 16-month grace period which allowed them to continue working and residing in the US while they applied for other forms of legal immigration status, such as asylum, if they had not already done so.

The federal court system became significantly involved in the status of Salvadoran immigrants in the US beginning in 1985 with the American Baptist Churches v. Thornburgh (ABC) case. The ABC class action lawsuit was filed against the US Government by more than 240,000 immigrants from El Salvador, Guatemala, and former Soviet Bloc countries, on the basis of alleged discriminatory treatment of their asylum claims. The ABC Settlement Agreement of January 31, 1991 created a 240,000-member immigrant group (ABC class members) with special legal status, including protection from deportation. Salvadorans protected under TPS and DED until December 31, 1994 were allowed to apply for ABC benefits up until February 16, 1996.

Venezuela and the 2020 Elections

The 1990’s Salvadoran immigration saga bears considerable resemblance to the current migratory tribulations of many Latin American immigrants residing in the US today, as the expiration of TPS for four Latin American countries in 2019 and 2020 has resulted in the filing of three major lawsuits currently working their way through the US federal court system.

Approximately 5 million Venezuelans have left their home country since 2015 following the consolidation of Nicolás Maduro, on economic grounds and in pursuit of political asylum. Heavy sanctions placed on Venezuela by the Trump administration have exacerbated—and continue to exacerbate, as the sanctions have to date been left in place by the Biden administration—the severe economic crisis in Venezuela.

An estimated 238,000 Venezuelans are currently residing in Florida, 67,000 of whom were naturalized US citizens and 55,000 of whom were eligible to vote as of 2018. 70% of Venezuelan voters in Florida chose Trump over Biden in the 2020 presidential elections, and in spite of the Democrats’ efforts (including the promise of TPS for Venezuelans) to regain the Latino vote of the crucial swing state, Trump won Florida’s 29 electoral votes in the 2020 elections. The weight of the Venezuelan vote in Florida has thus made the humanitarian importance of TPS for Venezuela a political issue as well. The defeat in Florida has probably made President Biden more cautious about relieving the pressure on Venezuela's and Cuba's regimes.

The Venezuelan TPS Act was originally proposed to the US Congress on January 15, 2019, but the act failed. However, just before leaving office, Trump personally granted DED to Venezuela on January 19, 2021. Now, with the TPS designation to Venezuela by the Biden administration on March 8, Venezuelans now enjoy a temporary legal immigration status.

The other TPS. Termination and ongoing litigation

Other Latin American countries have not fared so well. At the beginning of 2019, TPS was designated to a total of four Latin American countries: Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti. Nicaragua and Honduras were first designated TPS on January 5, 1999 in response to Hurricane Mitch. El Salvador was redesignated TPS on March 9, 2001 after two earthquakes hit the country. Haiti was first designated TPS on January 21, 2010 after the Haiti earthquake. Since these designations, TPS was continuously renewed for all four countries. However, under the Trump administration, TPS was allowed to expire without renewal for each country, beginning with Nicaragua on January 5, 2019. Haiti followed on July 22, 2019, then El Salvador on September 9, 2019, and lastly Honduras on January 4, 2020.

As of March 2021, Salvadorans account for the largest share of current TPS holders by far, at a total of 247,697, although the newly eligible Venezuelans could potentially overshadow even this high figure. Honduras and Haiti have 79,415 and 55,338 TPS holders respectively, and Nicaragua has much fewer with only 4,421.

The elimination of TPS for Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti would result in the deportation of many immigrants who for a significant continuous period of time have contributed to the workforce, formed families, and rebuilt their lives in the United States. Birthright citizenship further complicates this reality: an estimated 270,000 US citizen children live in a home with one or more parents with TPS, and the elimination of TPS for these parents could result in the separation of families. Additionally, the conditions of Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti—in the context of the COVID-19 pandemic, recent natural disasters (i.e. hurricanes Matthew, Eta, and Iota), and other socioeconomic and political issues—remain far from ideal and certainly unstable.

Three major lawsuits were filed against the US Government in response to the TPS terminations of 2019 and 2020: Saget v. Trump (March 2018), Ramos v. Nielsen (March 2018), and Bhattarai et al. v. Nielsen (February 2019). Kirstjen Nielsen served as Secretary of Homeland Security for two years (2017 - 2019) under Trump. Saget v. Trump concerns Haitian TPS holders. Ramos v. Nielsen concerns 250,000 Salvadoran, Nicaraguan, Haitain and Sudanese TPS holders, and has since been consolidated with Bhattarai et al. v. Nielsen which concerns Nepali and Honduran TPS holders.

All three (now two) lawsuits appeal the TPS eliminations for the countries involved on similar grounds, principally the racial animus (i.e. Trump’s statement: “[Haitians] all have AIDS”) and unlawful actions (i.e. violations of the Administrative Procedure Act (APA)) of the Trump administration. For Saget v. Trump, the US District Court (E.D. New York) blocked the termination of TPS (affecting Haiti only) on April 11, 2019 through the issuing of preliminary injunctions. For Ramos v. Nielson (consolidated with Bhattarai et al. v. Nielson), the US Court of Appeals of the 9th Circuit has rejected these claims and ruled in favor of the termination of TPS (affecting El Salvador, Nicaragua, Haiti, Honduras, Nepal, and Sudan) on September 14, 2020. This ruling has since been appealed and is currently awaiting revision.

The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) and the Department of Homeland Security (DHS) have honored the orders of the US Courts not to terminate TPS until the litigation for these aforementioned cases is completed. The DHS issued a Federal Register Notice (FRN) on December 9, 2020 which extends TPS for holders from Nicaragua, Honduras, El Salvador, and Haiti until October 14, 2021. The USCIS has similarly cooperated and has ordered that so long as the litigation remains effective, no one will lose TPS. The USCIS has also ordered that in case of TPS elimination once the litigation is completed, Nicaragua and Haiti will have 120 grace days to orderly transition out of TPS, Honduras will have 180, and El Salvador will have 365 (time frames which are proportional to the number of TPS holders from each country, though less so for Haiti).

The Biden Administration’s Migratory Policy

On the campaign trail, Biden repeatedly emphasized his intentions to reverse the controversial immigration policies of the Trump administration, promising immediate cessation of the construction of the border wall, immediate designation of TPS to Venezuela, and the immediate sending of a bill to create a “clear [legal] roadmap to citizenship” for 11 million+ individuals currently residing in the US without legal immigration status. Biden assumed office on January 20, 2021, and issued an executive order that same day to end the government funding for the construction of the border wall. On February 18, 2021, Biden introduced the US Citizenship Act of 2021 to Congress to provide a legal path to citizenship for immigrants residing in the US illegally, and issued new executive guidelines to limit arrests and deportations by ICE strictly to non-citizen immigrants who have recently crossed the border illegally. Non-citizen immigrants already residing in the US for some time are now only to be arrested/deported by ICE if they pose a threat to public safety (defined by conviction of an aggravated felony (i.e. murder or rape) or of active criminal street gang participation).

Following the TPS designation to Venezuela on March 8, 2021, there has been additional talk of a TPS designation for Guatemala on the grounds of the recent hurricanes which have hit the country.

On March 18, 2021, the Dream and Promise Act passed in the House. With the new 2021 Democrat majority in the Senate, it seems likely that this legislation which has been in the making since 2001 will become a reality before the end of the year. The Dream and Promise Act will make permanent legal immigration status accessible (with certain requirements and restrictions) to individuals who arrived in the US before reaching the age of majority, which is expected to apply to millions of current holders of DACA and TPS.

If the US Citizenship Act of 2021 is passed by Congress as well, together these two acts would make the Biden administration’s lofty promises to create a path to citizenship for immigrants residing illegally in the US a reality. Since March 18, 2021, the National TPS Alliance has been hosting an ongoing hunger strike in Washington, DC in order to press for the speedy passage of the acts.

The current migratory surge at the US-Mexico border

While the long-term immigration forecast appears increasingly more positive as Biden’s presidency progresses, the immediate immigration situation at the US-Mexico border is quite dire. Between December 2020 and February 2021, the US Customs and Border Protection (CBP) reported a 337% increase in the arrival of families, and an 89% increase in the arrival of unaccompanied minors. CBP apprehensions of migrants crossing the border illegally in March 2021 have reached 171,00, which is the highest monthly total since 2006.

Currently, there are an estimated 4,000 unaccompanied minors in CBP custody, and an additional 15,000 unaccompanied minors in the custody of the Department of Health and Human Services (HHS).

The migratory CBP facility in Donna, TX designated specifically to unaccompanied minors has been filled at 440% to 900% of its COVID-19 capacity of just 500 minors since March 9, 2021. Intended to house children for no more than a 72-hour legal limit, due to the current overwhelmed system, some children have remained in the facility for more than weeks at a time before being transferred on to HHS.

In order to address the overcrowding, the Biden administration announced the opening of the Delphia Emergency Intake Site (next to the Donna facility) on April 6, 2021, which will be used to house up to 1,500 unaccompanied minors. Other new sites have been opened by HHS in Texas and California, and HHS has requested the Pentagon to allow it to temporarily utilize three military facilities in these same two states.

Political polarization has contributed to a great disparity in the interpretation of the recent surge in migration to the US border since Biden took office. Termed a “challenge” by Democrats and a “crisis” by Republicans, both parties offer very different explanations for the cause of the situation, each placing the blame on the other.

Tras sendos referéndums en 2018 y 2019, el gobierno guatemalteco presentó su memoria ante La Haya en 2020 y el beliceño tiene un año para replicar

Guatemala presentó su posición ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado mes de diciembre, con medio año de retraso atribuido a la situación de emergencia del Covid-19; ahora Belice tendrá un año para responder. Aunque después la CIJ se tomará su tiempo para redactar una sentencia, puede decirse que el diferendo territorial entre ambos vecinos ha comenzado su recta final, teniendo en cuenta que la disputa por ese enclave centroamericano viene del siglo XVIII.

Escudos de Guatemala (izq.) y de Belice (dcha.) sobre sus respectivas banderas

ARTÍCULO /  Álvaro de Lecea

El conflicto territorial entre Guatemala y Belice tiene su raíz en el pulso entre el Imperio Español en América y la actividad de Inglaterra en el Caribe durante la era colonial. La inacción de la Corona española a finales del siglo XVIII frente a las invasiones británicas en lo que hoy es Belice y que en esa época era territorio español, permitió a los ingleses asentar un pie en Centroamérica y comenzar a explotar tierras continentales en busca de maderas preciosas, como el palo de tinte y la caoba. No obstante, las reservas puestas por Guatemala sobre parte del terreno beliceño –reclama más de 11.000 km2, casi la mitad del vecino país; también reivindica la correspondiente extensión marítima y algunos cayos– generaron una situación de tensión y conflicto que se ha mantenido hasta la actualidad.

En 2008 ambos países decidieron celebrar sendos referéndums sobre la posibilidad llevar la disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que sea quien dictamine sobre el reparto de soberanía. Los beliceños aprobaron dar ese paso en 2018 y los guatemaltecos el año siguiente. La cuestión se formalizó ante la CIJ, en La Haya, el 12 de junio de 2019

Contexto histórico

El territorio del actual Belice fue colonizado por España a mediados del siglo XVI, como parte del Virreinato de Nueva España y dependiente de la capitanía de Guatemala. No obstante, al no haber allí recursos minerales y no existir apenas población, la metrópoli prestó poca atención a la zona. Esa escasa presencia española favoreció el ataque de piratas y para evitarlos la Corona España permitió una creciente actividad explotadora inglesa a cambio de defensa. Parecida penetración llevó a cabo Inglaterra en las costas caribeñas de Nicaragua, pero mientras que los españoles consiguieron expulsar a los ingleses de allí, en el área de Belice estos consolidaron su asentamiento y finalmente obtuvieron el territorio por el Tratado de París de 1783, por el que España se desentendía de ese rincón centroamericano. Esa concesión y otra tres años después cubrían apenas 6.685 km2, un espacio próximo a la costa que luego Inglaterra fue agrandando, tierra adentro y hacia el sur, dado que España no actuaba en la zona. Desde entonces el enclave fue conocido como la “Honduras británica”.

La cesión no tuvo en cuenta las reclamaciones de los guatemaltecos, que consideraban como propio el espacio entre los ríos Sarstún y Sibún. Ambos con cauce oeste-este, el primero dibuja, en el sur de lo que hoy es Belice, la frontera con Guatemala; el otro, más al norte, discurre por el centro de Belice, con desembocadura junto a su capital, partiendo el país en dos. No obstante, dadas la urgencia de reconocimiento internacional que tuvo cuando declaró su independencia en 1821, Guatemala firmó varios acuerdos con Inglaterra, la gran potencia del momento, para garantizar la viabilidad del nuevo estado. Uno de ellos fue el Tratado Aycinena-Wyke (1859), por el que Guatemala aceptaba las fronteras beliceñas a cambio de la construcción de una carretera que mejorara su acceso de su capital al Caribe. No obstante, ambas partes culparon a la otra de no cumplir el Tratado (la carretera no se llevó a cabo, por ejemplo) y Guatemala lo dio por anulado en 1939.

En la Constitución promulgada en 1946, Guatemala incluyó el reclamo en el redactado, y ha insistido en esa posición desde que el vecino país, con el nombre de Belice, obtuvo su independencia del Reino Unido en 1981. Ya en 1978 la ONU aprobó una resolución garantizando los derechos a la autodeterminación y protección territorial del pueblo beliceño, donde también se pedía una resolución pacífica del conflicto vecinal. Hasta 1991 Guatemala no reconoció la existencia del nuevo estado soberano y aún hoy sigue poniendo algunos límites en el progresivo acoplamiento de Belice en el Sistema de Integración Centroamericano. Por su matriz inglesa, Belice ha mantenido históricamente más relación con las islas anglófonas del Caribe.

Mapa de Centroamérica y, en detalle, el diferendo territorial entre Guatemala y Belice [Rei-artur / Janitoalevic Bettyreategui]

Línea de Adyacencia y el papel de la OEA

Desde el año 2000, la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que ambas naciones forman parte, se ha prestado a mediar entre los dos países. Ese mismo año, la OEA propició un acuerdo con el objetivo de fomentar la confianza y las negociaciones entre ambos vecinos. A fin de conseguir estos objetivos, la OEA, a través de su Fondo de Paz, apoyó de forma activa la búsqueda de una solución, brindando apoyo técnico y político. De hecho, gracias a este acercamiento se reanudaron las conversaciones sobre el diferendo y se acordó la creación de la “Línea de Adyacencia”.

Esta es una línea imaginaria que básicamente sigue el trazado que de norte a sur venía separando “de hecho” los dos países y es donde tienen lugar la mayoría de las tensiones. A lo largo de los años, ambas partes han incrementado ahí su presencia militar, a modo de respuesta por incidentes atribuidos al otro lado. Debido a esas frecuentes discusiones, en 2015 Belice tuvo que pedir ayuda militar de la armada inglesa. Precisamente en esa Zona de Adyacencia se encuentra una oficina de la OEA, cuyo propósito es promover contactos entre las comunidades y verificar ciertas transgresiones a los acuerdos ya firmados.

Uno de los avances más prometedores que tuvo lugar bajo el paraguas de la OEA fue la firma en 2008 de lo que se denominó “Acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”. Bajo este acuerdo ambos países se comprometieron a someter a consultas populares simultáneas la aceptación de la mediación de la Corte. No obstante, en 2015, a través del Protocolo del Acuerdo Especial entre Belice y Guatemala, se permitió que dichas consultas populares no se realizaran al mismo tiempo. Ambas partes se comprometieron a aceptar la decisión del Tribunal como “decisiva y vinculante” y a cumplirla y aplicarla “de manera plena y de buena fe”.

La Haya y el impacto de la futura resolución

Los referéndums se realizaron en 2018, en el caso de Guatemala, y en 2019, en el caso de Belice. Aunque los porcentajes de ambas consultas populares fueron algo dispares, los resultados resultaron positivos. En Belice, el sí consiguió el 55,37% de los votos y el no, el 44,63%. Por su lado, en Guatemala los resultados fueron mucho más favorables para el sí, con el 95,88% de los votos, frente al 4,12% del no.

Estos resultados muestran cómo los beliceños miran con recelo acudir a la decisión de La Haya ya que, si bien con la fijación definitiva de la frontera cerrarán por siempre cualquier reclamo, se arriesgar a perder parte de su territorio. En cambio, la perspectiva de ganancia es mayor en el caso guatemalteco, pues de aceptarse su planteamiento –o al menos parte de él– ampliaría estratégicamente su acceso al Caribe, ahora algo limitado, y en el caso de perder se quedaría simplemente como ha estado hasta ahora, lo no que constituye ningún grave problema para el país.

La definición de una frontera clara y respetada es necesaria a estas alturas. La línea adyacente, observada por la misión de paz y seguridad de la OEA, ha conseguido limitar las tensiones entre ambos países, pero la realidad es que ciertos incidentes siguen teniendo lugar en esa zona tan desprotegida. Esos incidentes, como los asesinatos a ciudadanos de ambos países o maltratos atribuidos a los militares guatemaltecos, provocan que el conflicto se alargue y las tensiones aumenten. Por otro lado, el hecho de que no exista una definición clara de las fronteras facilita el narcotráfico y el contrabando.

Asimismo, este conflicto ha afectado a las relaciones económicas y comerciales de Belice con sus vecinos de la región, sobre todo México y Honduras. No solo debido a la falta de límites terrestres, sino también marítimos. Esta zona es muy rica en recursos naturales y cuenta con la segunda reserva coralina más grande del mundo, después de la de Australia. Además, esto ha afectado, como era de esperar, a las relaciones bilaterales entre ambos países. Mientras los organismos regionales apuestan por una integración regional más relevante, las tensiones entre Belice y Guatemala impiden que pueda haber una mejoría en este aspecto.

El presidente de Guatemala ha manifestado que, independientemente del resultado del Tribunal, tiene intención de fortalecer las relaciones bilaterales, sobre todo en campos como el comercio y el turismo, con su vecino Belice. Por su parte, los jefes de estado de Caricom expresaron en octubre de 2020 su apoyo a Belice, su entusiasmo respecto a la intervención del CIJ y su felicitación a la OEA por su labor mediadora.