El brazo financiero de EEUU para contrarrestar la influencia de China retrocede en Latinoamérica

Para intentar contrarrestar la influencia ejercida por China en el mundo a través de sus créditos y su Iniciativa del Cinturón y la Ruta, Estados Unidos remodeló su propio instrumento de financiación pública en el exterior con la creación en 2019 de la US International Development Finance Corporation (DFC). Aunque la dotación de esta agencia ha ido en aumento, no ha ocurrido así con los programas destinados a Latinoamérica, región a la que el gobierno estadounidense ha dedicado en 2024 la cuarta parte de lo que invirtió hace una década, en contraste con el incremento de partidas para otras regiones, como Asia. A pesar de su retórica, Estados Unidos no acaba de diseñar una estrategia coherente y duradera para rivalizar la creciente influencia china en buena parte de su propio hemisferio.

“Queremos asegurarnos de que nuestros vecinos más cercanos sepan que tienen una opción real entre la diplomacia de la trampa de la deuda y enfoques transparentes y de alta calidad para la infraestructura y el desarrollo”, declaró el presidente Joe Biden en noviembre de 2023, en la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEA). La frase de Biden mostraba la incomodidad estadounidense ante la actividad de China en Latinoamérica y evidenciaba la creciente competencia geopolítica en la región. Sin embargo, a pesar de la retórica, la realidad es que para los líderes regionales que ven a Estados Unidos como un aliado potencial y un acelerador de su crecimiento económico, la nueva iniciativa se quedaba corta. La ausencia en la cumbre de Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos, reforzaba la habitual sensación de que Washington no está interesado en realizar una apuesta competitiva en Latinoamérica y más bien prefiere atender negocios y obligaciones lejos de su vecindad.

Esa percepción no es del todo cierta, pues no hay que olvidar que Estados Unidos es el país con mayor inversión en Latinoamérica, responsable de un tercio de la inversión extranjera directa (IED) recibida en la región. En 2023 la IED que llegó a los países latinoamericanos tuvo su origen en EEUU en un 33%, por debajo del 42% de 2021 y del 39% de 2022, pero igualmente importante, como indica el último informe de la Cepal. De acuerdo con la línea habitual, en 2023 el segundo inversor individual fue España, con un 11% (de la UE en conjunto procedió el 22%). China, origen solo del 4% de la IED recibida por la región en 2021 y del 3% en 2022, en 2023 restringió sustancialmente esa actividad ya reducida, con cantidades imperceptibles.

Pero el dato de la IED es equívoco para valorar la influencia ‘política’ que pueden ejercer las grandes potencias. A diferencia de Estados Unidos, cuya inversión en el exterior se debe básicamente a la iniciativa privada mientras que las partidas públicas se han venido concentrando en ayudas al desarrollo a países pobres, China se ha volcado en otorgar créditos estatales a gobiernos de todo el mundo, en una primera fase (120.000 millones de dólares a gobiernos latinoamericanos desde 2005), y ahora, en una segunda, a dotar financieramente a sus empresas para que tomen posición en los distintos mercados nacionales. Está, además, el capítulo comercial: China se ha convertido en el primer socio comercial de economías importantes, como las de Brasil y Chile, arrebatando esa plaza a Estados Unidos. En un lapso de veinte años, China ha catapultado su influencia en Latinoamérica, con una gran presencia en áreas como infraestructura, telecomunicaciones y generación de energía.

Inversiones a la baja

Para revertir esta situación, Washington puso en marcha en 2019 la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC por sus siglas en inglés), creada a partir de una agencia precedente. La Administración estadounidense quiso adecuar ese instrumento financiero para contrarrestar el alcance global de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La DFC se presenta como la contraparte que se adhiere a los altos estándares de respeto al medio ambiente, los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Mientras que China usa su músculo financiero estatal, la DFC crea alianzas con el sector privado para financiar soluciones a los desafíos más críticos del mundo en desarrollo.

Desde 2019, la DFC ha promovido 117 proyectos para 15 países de la región. Los más beneficiados de este capital han sido Colombia, a la que se le han dedicado casi 1.670 millones de dólares en 16 proyectos, seguida de Brasil, con 11 proyectos y un ingreso de 1.400 millones de dólares, y de Ecuador, con 1.100 millones de dólares en 16 proyectos. El presupuesto total destinado al desarrollo del hemisferio occidental entre 2019 y 2023 ascendió a 7,38 millones de dólares y podría acercarse a los 8.000 millones el acumulado al término de 2024. Las mayores áreas de enfoque son las de finanzas y seguros, servicios técnicos científicos y profesionales, así como minería y agricultura. 

 A pesar de esto, en la última década la inversión para Latinoamérica ha ido en retroceso. A inicios de la misma, los números alcanzaban los 2.120 millones de dólares, pero en el ejercicio de 2023, estos disminuyeron a 1.080 millones. En noviembre de 2024, el total se acercaba a los 500 millones, lo que hacía prever que el año cerraría con la menor inversión de Estados Unidos en la década. Esto no sucede con las naciones de Asia, donde entre 2019 y 2023 la inversión de la DFC alcanzó los 7.38 millones de dólares: aunque en el conjunto de esos años se trata de una cifra a la destinada a Latinoamérica, el interés estadounidense por Asia está al alza. Desde 2022 la inversión de la DFC para Asia ha llegado a triplicar lo que se destina al hemisferio occidental. 

Sin estrategia para la región

 Podría pensarse que, dada la considerable ventaja que Estados Unidos goza en su relación con los países latinoamericanos en términos de proximidad geográfica, de acuerdos comerciales y de vínculos culturales y diplomáticos, Washington dispondría ya de una estrategia coherente dirigida hacia sus vecinos del sur. Sin embargo, no ha logrado diseñar una. Una manifestación de ello es que cada Administración intenta su propia aproximación a la región, como la citada APEA que se inventó Biden y que posiblemente su sucesor sustituirá con otras siglas.

Estados Unidos ha tendido a fijarse en Latinoamérica exclusivamente cuando las crisis de la región afectan directamente a los intereses estadounidenses, algo que la deja relegada a un segundo plano en la agenda habitual de Washington. Como resultado de esto, la relación con Latinoamérica tiende a ser reactiva, como si se tratase de una gestión de crisis. Esto coloca a Estados Unidos un escalón por debajo frente a un rival que ve las diversas regiones del mundo a través de un lente explícitamente competitivo.  

La DFC parecía la solución a esta posición histórica del gigante norteamericano, no obstante, su diseño inicial se encuentra en medio de una encrucijada, lo que inhibe el alcance máximo de sus ambiciones. 

Por un lado, la DFC no termina de aclarar si su principal objetivo es el de ser una institución de ayuda al desarrollo o de una corporación explícitamente dirigida a marcar la diferencia competitiva. Para cumplir con su propia definición, el nuevo espíritu de la entidad parecería más bien orientado a lo segundo, sin embargo, quienes gestionan la DFC muestran reticencias al riesgo y más bien optan por proyectos de bajo impacto. Por otro lado, la DFC tiene nuevos atributos que le otorgan un mandato mucho más amplio y flexible que el de su predecesora, la OPIC (Overseas Private Investment Corporation), para participar en proyectos de gran valor estratégico para Estados Unidos. Las exenciones de seguridad nacional le permiten trabajar en países de ingresos bajos y medianos bajos. Esto ya no le obliga a devolver los fondos al Departamento del Tesoro, algo que afectó tanto a la OPIC que la paralizó y la llevó al cese de operaciones.

En esta misma línea, según sus lineamientos, la DFC debe priorizar el apoyo a países de ingresos bajos y medianos-bajos (siguiendo la clasificación del Índice del Banco Mundial), y solo puede asistir a economías de ingresos medianos si dicha ayuda representa un beneficio directo a los intereses de la política exterior estadounidense. Sin embargo, en el indicador del Banco Mundial solo tres países latinoamericanos son encasillados como bajos o medianos-bajos: Haití, Honduras y Nicaragua. Muchos países clave son situados en niveles de mayores ingresos, ya sea medianos-altos o incluso altos. Por eso países como Argentina no son destinatarios de proyectos desde 2019, o países como México y Brasil que en años pasados contaban con tres o cuatro inversiones importantes por ejercicio fiscal, en 2024 solo ha recibieron uno. El estricto y casi automático cumplimiento de las clasificaciones se transforma en un obstáculo burocrático que no permite que Estados Unidos apuntalen su presencia en ciertas áreas clave del continente.

Está claro que Estados Unidos tiene una gran cantidad de ventajas que le permiten competir con China en Latinoamérica, sin embargo, para lograr traducir estos factores en una ventaja competitiva, requerirá de una ambición política para la eliminación de procesos obstaculizadores y una voluntad de abarcar un mayor número de sectores que buscan el apoyo estadounidense. Existe todavía, sin explorar, un potencial de una colaboración más estrecha entre la DFC y Latinoamérica.