El coste económico de la violencia

El coste económico de la violencia: Reducirla a la media mundial aumentaría medio punto el PIB latinoamericano

ARTÍCULO

20 | 03 | 2024

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El gasto que supone la criminalidad equivale al 3,5% de la economía nacional de los países de América Latina más afectados

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Imagen de la toma en directo de un canal de televisión en Ecuador, en enero de 2024

INFORME SRA 2024 /  [versión en PDF]

° Solo Bermudas, Chile y Cuba están por debajo del promedio mundial en la tasa de homicidios por 100.000 habitantes; el peor dato es el de Jamaica, según Naciones Unidas.

° Los homicidios han descendido en Brasil desde 2017 y en El Salvador desde 2019, pero aumentaron en 2021 en Colombia y desde entonces especialmente en Ecuador.

° Aunque en algunos lugares ha disminuido la percepción de inseguridad, la violencia se ha convertido en la principal cuestión de disrupción política, como antes fue la corrupción.

Latinoamérica sería más rica si tuviera menos violencia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que si la tasa de homicidios de la región se redujera hasta alcanzar la media mundial, su economía podría aumentar medio punto más anualmente (y casi un punto en el caso de los países más azotados por la violencia, como en las últimas décadas han sido los centroamericanos). Ya el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) determinó que la violencia le cuesta a la región un gasto equivalente al 3,5% del PIB.

Los datos publicados en 2023 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) mantienen a Latinoamérica y el Caribe como la región más violenta del planeta, en la que se cometen cerca de la mitad de los homicidios intencionados, cuando en ella habita solo el 8% de la población mundial. Esta realidad de conjunto no se ve alterada aun cuando se dan variaciones en distintos países: por ejemplo, ha habido un descenso de los homicidios en Brasil desde 2017 y en El Salvador desde 2019, mientras en 2021 aumentaron en Colombia y sobre todo en Ecuador, cuya tasa de homicidios se ha doblado desde entonces cada año (esa tendencia ya se destacaba en nuestra edición del año pasado: SRA 2023).

La UNODC atribuye la mayor violencia en Latinoamérica, en comparación con otras regiones del mundo, a la densidad del ecosistema de los grupos de crimen organizado. Establece que hay tres factores de riesgo especialmente determinantes en la persistencia del problema: el mantenimiento a muy altos niveles de la fabricación de droga (especialmente cocaína, pero también hay producción de heroína y marihuana, como en México y Paraguay, respectivamente); la proliferación y fragmentación de grupos criminales fuertemente armados, y el incremento del uso de armas de fuego.

Algunas encuestas registran una mejora relativa de la percepción individual. Así, el Índice Ley & Orden de Gallup sitúa al África subsahariana como la región con mayor sensación de inseguridad, superando desde hace unos años a Latinoamérica. No obstante, cabe advertir que se trata de una medición subjetiva, pues junto a correlaciones paralelas (es el caso del aumento de la criminalidad en Ecuador y Chile, que han pasado a ser el quinto y el sexto país del mundo, respectivamente, donde más ciudadanos consideran inseguro caminar solos por la noche), el índice también recoge una mejora de percepción en lugares con altas tasas de criminalidad (como en Venezuela y México, países que siguen siendo muy inseguros).

Desde el punto de vista público, de todos modos, la inseguridad se ha convertido en la principal cuestión de disrupción política a nivel regional (en países con gran violencia ya lo era), pasando a un primer plano en la discusión social y sustituyendo a la corrupción, probablemente la gran cuestión del debate político de la última década o década y media. La lucha del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador contra las maras ha contribuido a remarcar esa actualidad.

Más allá de los datos objetivos de criminalidad, de la percepción ciudadana sobre ellos y de la articulación del discurso público al respecto también cabe hablar de una vertiente económica. No obstante, suele haber pocas referencias al impacto económico que en la región tiene el fenómeno, posiblemente por la dificultad de computarlo. Algunos estudios lo han abordado de modo nacional (por ejemplo, aplicado al conflicto armado de Colombia) y otros han intentado sistematizarlo en un contexto internacional, más ligado a la guerra que propiamente a la delincuencia. El FMI acaba de aportar su propia estimación.

Medición económica

La mayor parte de los países latinoamericanos y caribeños tiene una tasa de homicidios por 100.000 habitantes muy superior a la media mundial, que es de 5. Solo Bermudas, Chile y Cuba están por debajo, mientras que el país con mayor tasa es Jamaica (53,3), según la UNODC. En ese extremo ha estado también El Salvador, cuya tasa ha descendido bruscamente, y Venezuela, que ya no ofrece cifras.

El FMI considera que, si se redujera la distancia de los niveles criminales de la región respecto a la media mundial, su Producto Interior Bruto (PIB) lo haría también de manera proporcional: con una reducción de la diferencia en un 20%, el PIB podría creer 0,05 puntos porcentuales; con un 50%, crecería 0,1 puntos; con un 100%, igualando el promedio mundial, el incremento podría llegar hasta 0,5 puntos (e incluso 0,8 en el caso de los países con mayor violencia).

La afectación negativa de la criminalidad sobre la economía se debe sobre todo a una reducción en la acumulación de capital y en el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF, que se considera el principal contribuidor del crecimiento económico); los homicidios no afectan de modo sensible a la participación de la masa laboral.

Los gobiernos de la región dedican una importante parte del gasto a la seguridad. Así, un incremento del 1% en la tasa de homicidios lleva a los gobiernos a aumentar el gasto en materia de seguridad un 0,2% de PIB. Siguiendo con las cuentas que hace el FMI, un aumento del 1% en la tasa de homicidios supone una subida del gasto público en partidas de ley y orden del 0,2% del PIB, al tiempo que mayor gasto público en seguridad puede ser necesario para prevenir crímenes adicionales. “Esto sugiere que prácticas más efectivas en el combate contra el crimen podrían liberar importantes recursos para otras prioridades de gasto”, que a su vez podrían incentivar aún más el crecimiento económico, “generando oportunidades en el mercado laboral para reducir los niveles de crimen en la región”, indica el informe.

Gasto

Al margen del impacto económico del aumento o disminución de la tasa de homicidios, puede afirmarse que el problema de la inseguridad ciudadana supone para los países latinoamericanos un gasto que puede llegar al 3,5% del PIB. Así lo menciona el último informe regional del FMI, que precisa que Jamaica es el país que en el periodo 2016-2019 más fondos destinó a este capítulo (por encima del 3,5% del PIB), seguido de El Salvador (cerca del 3% del PIB).

Se trata de un cálculo similar al realizado ya por el BID en 2017, que también apuntó a un coste del 3,5%, incluyendo la afectación tanto sobre las víctimas como sobre las empresas y las arcas públicas, ampliando un informe previo de 2015.

De acuerdo con el BID, el gasto estaría formado por los siguientes tres componentes:

–El costo social de la delincuencia, que incluye los costos de la victimización en términos de la pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos y los ingresos no percibidos de la población penitenciaria: 0,64% del PIB.

–El gasto privado en seguridad por empresas y hogares, que incluye el gasto de las empresas y los hogares en la prevención de la delincuencia, es decir, el gasto en servicios de seguridad: 1,37% del PIB.

–El gasto público, que incluye el gasto público en el sistema judicial, los servicios policiales y la administración de prisiones: 1,51% del PIB.