Espadas en alto entre Venezuela y Guyana mientras el litigio territorial avanza en la CIJ

INFORME SRA 2024 / [versión en PDF]

° No es previsible una confrontación armada, pero la escalada de tensión ofrece el riesgo de incidentes no deseados, por accidente o error de cálculo.

° Caracas tiene la incomodidad de no reconocer la jurisdicción de la CIJ en el caso y tener que defender su posición ante esa Corte en respuesta a los argumentos de su vecino.

° El referéndum de diciembre de 2023, aunque de escaso valor efectivo, remarcó la imagen agresiva del régimen de Maduro, al decidir la anexión administrativa del territorio.

La histórica disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio que supone dos tercios de este último país y cuyo vecino reclama como propio, ha dado un salto cualitativo en el último año. En abril de 2023, a petición de Guyana, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró tener jurisdicción sobre el caso. El régimen de Nicolás Maduro pasó entonces a ser más asertivo y convocó un referéndum, de dudosa representatividad, que en diciembre avaló la anexión administrativa del reñido territorio. Venezuela ha movilizado tropas en la frontera, mientras que países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil han hecho gestos de apoyo a la defensa de Guyana.

La disputa, que afecta a 160.000km² de Guyana, no es meramente territorial, sino que supone también una lucha por los recursos minerales y energéticos que contiene (Guyana está experimentando un ‘boom’ petrolero gracias al área marítima adyacente a ese litoral). La reclamación histórica por parte de Venezuela data de la época colonial, cuando ésta aún era la Capitanía General de Venezuela y el Imperio Británico comenzó a expandir por su cuenta la entonces Guyana Británica. Las tensiones comenzaron hacia 1841, ya independizada Venezuela, cuando mapas británicos dieron por sentado que la franja al este del río Esequibo formaba parte de su colonia.

Laudo de París y Acuerdo de Ginebra

El Laudo Arbitral de París de 1899 cedió una gran parte del territorio en disputa a Guyana, como colonia británica. A pesar de que el resultado fue acatado por ambas partes durante 63 años, la situación se tornó inconclusa tras la muerte del abogado estadounidense que defendió a Venezuela en el Laudo, pues se hicieron públicas evidencias que denotaban la parcialidad del jurado en el laudo arbitral, apuntando a que el juez Friedrich Martens había persuadido a la colegiatura de sentenciar en favor del Reino Unido.

En 1966, cuando Londres iba a dar la independencia a la República Cooperativa de Guyana, Venezuela y Reino Unido firmaron el Acuerdo de Ginebra, que reconocía la existencia del disenso y expresaba el compromiso de ambas partes en la resolución pacífica de la controversia. Las conversaciones sostenidas no dieron resultado y el caso quedó a los buenos oficios del secretario general de Naciones Unidas, quien reiteradamente ha determinado el arreglo judicial, a través de la CIJ, como el medio ideal para dar fin a la disputa sobre el Esequibo.

El Laudo Arbitral de 1899 ha condicionado la posición venezolana respecto a la legitimidad de la CIJ para resolver disputas, pues acusa a ese tribunal de “tener una carga históricamente traumática para el país”. No obstante, Venezuela se ha presentado ante la Corte para exponer sus objeciones preliminares sobre la admisibilidad de la disputa elevada por Guyana, lo que implica un reconocimiento tácito de la jurisdiccionalidad del organismo. Las objeciones primarias venezolanas fueron rechazadas en la orden de la Corte del 6 de abril de 2023. El 8 de abril de 2024 termina el plazo para que Venezuela defienda su postura sobre el fondo del asunto; de hacerlo, avalará el proceso.

Guyana se ha sostenido firme en la defensa del Laudo Arbitral de 1899 y en el rechazo de que negociaciones políticas deban sustituir el itinerario judicial de la CIJ, cuya vía de mediación también apoya la comunidad internacional.

El referéndum

Durante el largo período de Hugo Chávez en el poder Venezuela no hizo especial demanda de la Guyana Esequiba. Chávez mostró desinterés por el conflicto fronterizo, ya que prefería ganarse políticamente al Caribe en su deseo de influencia regional. Igual ocurrió inicialmente con Maduro, de manera que las actividades petroleras de Guyana, comenzadas en 2015, no generaron mayor reacción por parte de Venezuela. No fue hasta septiembre de 2023 que Caracas se pronunció al respecto rechazando y deplorando el negocio emprendido por el país vecino. Maduro advirtió tanto a Georgetown como a las empresas que participan en las operaciones que aplicaría “todas las medidas necesarias para evitar la explotación ilegítima de los recursos naturales que pertenecen a nuestra nación”. Guyana se declaró en pleno derecho a mantener su actividad y contó con el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de la CARICOM, la OEA, y Estados Unidos, que interpretaron la actitud venezolana como una amenaza al uso de la fuerza en perjuicio de lo establecido por el derecho internacional.

A nivel nacional, el Esequibo siempre ha representado en Venezuela un punto de unión en el debate político. Ante una situación económica y social compleja, acudir al tema del Esequibo es un método para dirigir la mirada de los venezolanos hacia un horizonte común, mientras se genera división entre la oposición política. De forma que un Maduro en dificultades enarboló la bandera territorial y convocó un referéndum el 3 de diciembre de 2023. En realidad la consulta tuvo repercusiones mínimas en la evolución judicial de la disputa, pero sus preguntas aumentaron la confrontación con Guyana, especialmente por el uso del término “anexión” para referirse al proyecto venezolano sobre el Esequibo, lo que constituiría un acto de agresión.

Acuerdo de Argyle

Tras la publicación de los resultados del referéndum, que no dejaron de causar dudas por su curiosa base estadística, ambas partes se dieron cita el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas. Convocados en Argyle, en presencia de altos mandos de Naciones Unidas, primeros ministros de la CARICOM, del presidente brasileño y del primer ministro del Estado anfitrión, quien a su vez ejercía la presidencia pro-témpore de la CELAC, las partes de la disputa declararon 11 puntos para el diálogo entre Caracas y Georgetown.

Destaca el primero de ellos, que les compromete a abstenerse de amenazas y acciones que impliquen uso de la fuerza. En el mismo sentido, el punto sexto indica que ambas partes se abstendrán de intensificar el conflicto, bien sea de palabra o de hecho. Si este último punto llegase a verse vulnerado se abriría cuanto antes una línea de diálogo entre Guyana, Venezuela, el presidente de Brasil, la CELAC y la CARICOM para activar garantías de no repetición. Se creó también una “comisión mixta” para el seguimiento de lo acordado, con interlocutores y observadores internacionales, que tuvo lugar en Brasilia en enero.

La transición del nivel político al nivel militar

Esos acercamientos no han impedido movimientos militares en la zona fronteriza. No es previsible una confrontación armada, pero la situación ofrece el riesgo de incidentes no deseados, por accidente o error de cálculo. Unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se han desplegado en diversos puntos de la línea de la separación e incluso se han posicionado en enclaves especialmente disputados, como la pequeña isla de Anacoco, atribuida a Guyana en 1899 y administrada por Venezuela desde 1966, según revelaron inicialmente imágenes satelitales. Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos ha realizado ejercicios militares con Guyana, país al que el Reino Unido envió un buque de guerra, como advertencia a Venezuela. También Brasil, que en este conflicto se alinea con Georgetown a pesar de que Lula da Silva políticamente es más próximo a Caracas, ha enviado soldados a su frontera con Guyana.

Venezuela mantiene, pues, medidas políticas agresivas mientras se presenta abierta al diálogo diplomático. Esta dualidad en la política exterior pierde de vista las consecuencias que una actitud retadora puede tener sobre su imagen ante la Corte. Cabe una escalada de tensión a medida que el caso avance en la CIJ y se aproximen las elecciones presidenciales venezolanas de julio. De continuar después en el poder sin especiales turbulencias, Maduro podría rebajar el tono, si bien una peligrosa huida hacia adelante siempre cabe en una dictadura cuestionada.