In the image
Ordenadores, impresoras y diverso material electrónico en desecho [dokumol]
Los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos que se desechan constituyen un problema que los países desarrollados resuelven en cierta medida enviándolos para su «reciclaje» a países en desarrollo. Al externalizar las consecuencias de la obsolescencia programada, son los países pobres los que deben soportar el costo medioambiental y sanitario del e-waste no regulado. Ghana y Nigeria son dos destinos destacados de ese colonialismo tóxico.
El tráfico ilícito de residuos electrónicos hacia África Occidental está impulsado por la debilidad regulatoria en países de esa regióh, con ejemplos de la carencia de control en el vertedero de Agbobloshie en Accra (Ghana) y en Lagos (Nigeria). Mientras que las lagunas legales en normativas internacionales como el Convenio de Basilea permiten el flujo de e-waste hacia estas naciones, la debilidad en infraestructura y la dependencia económica del reciclaje informal fomentan un ciclo de destructivo, problemas de salud pública y desigualdad global. No solo es necesario mejorar las regulaciones internacionales, sino también desarrollar infraestructuras de reciclaje. De lo contrario, África Occidental será una constante víctima de esta crisis que daña su desarrollo, medio ambiente y población infantil.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (e-waste) incluyen “todos aquellos componentes subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el momento que se desecha”, tal como señala la normativa española, siguiendo las directivas de la UE. Ghana y Nigeria son los principales receptores de toneladas de e-waste no regulado, lo cual perpetúa un ciclo de desigualdad económica y ambiental entre países desarrollados y naciones vulnerables. El colonialismo tóxico es una práctica que ha convertido, particularmente a esos dos países mencionados, pero no exclusivamente, en un destino significativo para el e-waste no regulado.
Los países desarrollados imponen estrictas regulaciones sobre el reciclaje de residuos y tienen mejor capacidad de implementar y hacer cumplir estas regulaciones. Por ejemplo, España cuenta con organismos dedicados a este fin, como la Secretaría de Estado de Medioambiente, así como sistemas de gestión, como ECOTIC, mientras que los países africanos carecen de los recursos y capacidad institucional necesarios.
Normativas internacionales y sus limitaciones
El Convenio de Basilea de 1989, que regula los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos con marcos regulatorios para reducir el vertido (dumping), ha demostrado ser insuficiente en la práctica. Muchos dispositivos se etiquetan falsamente como reutilizables y llegan a los puertos de Ghana y Nigeria. Las definiciones ambiguas de “reutilizable” y “residuos”, permiten a empresas etiquetar falsamente dispositivos obsoletos. Así, en el puerto de Tema (Ghana), los oficiales encargados de evitar el ingreso de basura electrónica se encuentran con que esta se halla camuflada como productos de segunda mano. Sin controles aduaneros eficaces, esos dispositivos entran en el país fácilmente. En sitios como Agbogbloshie, en Accra, y Oshodi, en Lagos, los residuos se desmantelan, creando focos de contaminación. Los mecanismos de supervisión y sanciones son limitados. Empresas de la Unión Europea y de Estados Unidos aprovechanlagunas legales para exportar residuos bajo pretextos legales, y redes locales en África permiten la entrada de estos materiales a cambio de sobornos y acuerdos informales.
Factores que hacen a Ghana y Nigeria destinos de e-waste
Ghana y Nigeria se encuentran ubicados en rutas comerciales claves y enfrentan desafíos internos que los convierten en destinos para el tráfico del e-waste. Los puertos de Tema y Lagos son de gran importancia para el comercio internacional, pero carecen de controles aduaneros eficaces, de forma que la corrupción generalizada facilita la entrada de dispositivos falsamente etiquetados.
La falta de acción global podría convertir a África Occidental en el vertedero permanente del Norte Global. Los países desarrollados se benefician al externalizar los problemas de la obsolescencia programada, dejando que los países subdesarrollados soporten el costo.
La situación empeora cuando se considera la dependencia económica de Ghana y Nigeria en el reciclaje informal. La economía informal del reciclaje de residuos electrónicos en África Occidental es una solución a corto plazo para muchas comunidades. Proporciona una fuente de ingresos para quienes viven en pobreza extrema y suple la parte formal de reciclaje de residuos, que, si no fuera por esto, no serían gestionados en la región favoreciendo a la circularidad de los productos.
En Nigeria, hasta 100.000 personas trabajan en el sector informal, procesando alrededor de medio millón de toneladas de electrodomésticos cada año. Por otro lado, Ghana obtiene cerca de 100 millones de dólares anuales en impuestos a los importadores de desechos electrónicos, lo que constituye un incentivo fuerte para permitir estas actividades. Por cada 1.000 toneladas de e-waste, se generan 15 empleos en reciclaje y 200 en reparación. Los gobiernos de los países en vías de desarrollo se ven limitados por falta de alternativas viables.
En sitios como Agbogbloshie y Oshodi, trabajadores, incluidos niños, desmantelan dispositivos sin protección adecuada, exponiéndose a toxinas como plomo, mercurio y otros metales pesados. Los trabajadores son explotados, el medio ambiente se degrada y la región sigue siendo vulnerable a una contaminación masiva.
El colonialismo tóxico plantea un dilema complejo: una tensión entre necesidades económicas inmediatas y la necesidad de construir un sistema más sostenible a largo plazo. Se necesita de un enfoque integral para abordar los diversos impactos de manera efectiva.
El director del Centro para la Justicia Ambiental y el Desarrollo, Griffins Ochieng, advirtió que cuando los desechos están en un país, este tiene la responsabilidad de evaluar cómo los maneja, sin exportar a otros el problema. Más de la mitad de los 50 millones de toneladas de basura electrónica generadas al año acaban en vertederos o son ilegalmente exportadas a África y Asia; de esa cantidad, Europa es responsable de alrededor de 1,1 millones de toneladas, de acuerdo con Interpol y el Plan de Acción de la UE. Se necesita fortalecer y ratificar los marcos legales de convenios como el de Basilea y el de Bamako que hagan cumplir las leyes que prohíben el tráfico de residuos.
Lagunas legales y propuestas de regulación internacional
Existen lagunas legales que permiten exportar electrodomésticos irreparables con la intención de que se “repararán” en el destino, una práctica conocida como “laguna legal reparable” que elude las restricciones del Convenio de Basilea, ya que se menciona que hay intención de reparar los residuos en el país de destino. De igual manera, no hay una definición clara y exacta de qué es lo que constituye e-waste, y esto permite que cualquier equipo evite controles si se argumenta que es reparable. Baterías, cables y ciertos plásticos no están claramente definidos como residuos peligrosos, lo que permite su libre movimiento a pesar de ser potencialmente contaminantes. El Convenio de Basilea depende en gran medida de la autorregulación de los países exportadores, lo cual conlleva ciertas problemáticas.
Actualmente hay auditarías limitadas, ya que no existe un mecanismo obligatorio que exija a los exportadores demostrar que los dispositivos enviados son reutilizables. Empresas en países desarrollados cometen abusos, priorizando la reducción de costos. De igual manera, las sanciones para las empresas que violan regulaciones son insuficientes, incentivando el incumplimiento.
En 2020, Suiza y Ghana propusieron hacer obligatorio el consentimiento informado previo del país receptor para todos los residuos electrónicos, incluyendo aquellos clasificados como no peligrosos. Esta propuesta se debatió y se aprobó en la 15ª Conferencia de las Partes (BC COP-15) del Convenio de Basilea; las nuevas enmiendas a los anexos II, VIII y IX entraron en vigor el 1 de enero de 2025. Esta es una iniciativa que permite a los países tomar decisiones informadas en la fase previa a la exportación.
Las directrices técnicas sobre movimientos transfronterizos de desechos eléctricos y electrónicos y equipos eléctricos y electrónicos usados, en particular en relación con la distinción entre desechos y no desechos en virtud del Convenio de Basilea Directrices Técnicas para el movimiento transfronterizo de desechos eléctricos y electrónicos, facilitan la distinción entre desechos y materiales que podrían tener un nuevo uso. Reimplantar estas directrices es una alternativa que ayudaría a los países exportadores y receptores distinguir entre Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) sin más vida útil y AEE con potencial a ser reutilizados.
Estas directrices también promueven controles transparentes en la cadena de exportación para asegurar que los dispositivos transportados realmente sean reutilizables, lo cual solo se puede lograr con el esfuerzo de la comunidad internacional. Las inconsistencias en la legislación internacional permiten la explotación de lagunas legales, por lo que alinear normativas ayudará a minimizar este riesgo.
Respuestas locales: Políticas y retos en Ghana y Nigeria
La Ley 917 de Residuos Peligrosos y Electrónicos, promulgada en Ghana en 2016, establece planes para crear una planta nacional de reciclaje de e-waste en colaboración con recicladores privados. También obliga a los exportadores a registrarse en la Agencia de Protección del Medioambiente y pagar una ecotasa. Mientras que la ley 917 constituye un marco legal importante, su implementación sigue siendo un desafío. El gobierno ghanés carece de suficientes recursos para implementar de manera completa y eficaz las disposiciones legales.
Ghana y Nigeria están atrapados en un ciclo de explotación que combina fallas internacionales y desafíos internos. Se requiere de un enfoque integral se requiere para resolver esta crisis. Se necesitan reformas en el Convenio de Basilea, para fortalecer las definiciones y mecanismos de supervisión. La transferencia de tecnología requiere cooperación internacional por medio de programas de asistencia por organizaciones como la ONU o el Banco Mundial. Es necesario invertir en infraestructura para construir centros de reciclaje en los países receptores y promover una colaboración intersectorial entre gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales para poder implementar soluciones de manera eficaz.