La Corte Internacional da la razón a Chile, pero también atiende a Bolivia en la disputa por el río Silala

En la sentencia del 1 de diciembre de la Corte Internacional de Justicia de La Haya acerca de la disputa entre Bolivia y Chile por el uso de las aguas del pequeño río Silala, los chilenos logran más que sus vecinos. El alto tribunal de Naciones Unidas otorga carácter “internacional” –por tanto, compartido– a un río que Bolivia quería reducir a simple manantial, cuya gestión pretendía llevar a cabo sin tener en cuenta derechos del país que se encuentra aguas abajo. Pero los chilenos pueden ver reducido el caudal, pues la Corte admite que algunas canalizaciones que aumentan el flujo son “artificiales”, hechas en su día en suelo boliviano por una empresa chilena. Esta sentencia, que debía cerrar una de las controversias derivadas de la pérdida de Bolivia de su acceso al mar en el siglo XIX, vuelve a dejar a los dos países en una situación de posibles roces, si no por la soberanía y carácter del cauce, sí por la gestión de sus aguas.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tuvo en realidad que tomar ninguna decisión, pues finalmente los dos países se pusieron de acuerdo. En 2016 Chile demandó a Bolivia después de que el presidente Evo Morales acusara a sus vecinos de “robar” y “desviar” el Silala, un cauce que nace en el Potosí boliviano y, tras una decena de kilómetros, sus aguas alimentan varios tributarios del Loa, el principal río de Chile. Aunque su caudal es pequeño, se trata de un recurso hídrico importante pues discurre por el desierto de Atacama y aporta agua al departamento de Antofagasta, sede de la gran industria del cobre chilena. Bolivia contrademandó en 2018, reclamando que Chile pagara, incluso con carácter retroactivo, por el aprovechamiento de las aguas.

Publicada la sentencia, el presidente de Chile, Gabriel Boric, consideró que su país había visto reconocidos todos sus planteamientos y que había sido Bolivia quien se fue moviendo de posiciones para superar la disputa. Por su parte, el presidente boliviano, Luis Arce, destacó en cambio que, si bien el Silala es un curso “internacional”, la CIJ reconoce la soberanía de Bolivia sobre las canalizaciones “artificiales“ existentes y deja en manos de las autoridades de ese país el futuro de estas. El Gobierno de La Paz indicó que las canalizaciones aumentan el caudal entre un 11% y un 33%, restándolo de una posible contribución a los humedales, pero anunció que no tomará ninguna decisión al respecto de modo inmediato. En cualquier caso, la Corte estableció que Chile no debe pagar por el beneficio del reforzado cauce del Silala.

Origen de la disputa

Este conflicto entre Chile y Bolivia se remonta a la Guerra del Pacífico (1879-1884), en la que Chile se enfrentó a una alianza entre Bolivia y Perú. El 14 de febrero de 1879 Bolivia aumentó los impuestos a la empresa chileno-británica Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, hecho que los chilenos vieron como violación de un tratado de 1874. Ante la negativa de Bolivia de aceptar un arbitraje, Chile invadió Antofagasta. Retirado Perú de la guerra, la derrota llevó a Bolivia a firmar con Chile en 1904 el Tratado de Paz, Amistad y Comercio, que fijó los límites entre ambos países. Como resultado, Bolivia perdió su litoral pacífico, incluida la ciudad portuaria de Antofagasta, que pasó a pertenecer a Chile. Además, se estableció que las aguas del Silala eran internacionales y se realizaron concesiones por parte de ambos países para el uso del agua del río; no obstante, este asunto quedó luego reabierto por falta de acuerdo sobre el uso y la soberanía del recurso hídrico.

Una condición esencial del Tratado de Paz era la construcción por parte del estado chileno de un ferrocarril de Arica a La Paz. No obstante, se construyó también un ferrocarril de Uyuni, en el altiplano boliviano, a Antofagasta por iniciativa privada, a cargo de la empresa The Antofagasta-Bolivia Railway Company Ltd. (posteriormente denominada Ferrocarriles Antofagasta-Bolivia). Para el tren a vapor utilizado en este segundo trayecto era necesaria gran cantidad de agua, para lo que el prefecto del departamento de Potosí concedió a la mencionada empresa la licencia de las aguas del Silala, reconociéndose como río internacional. En 1910 se otorgó una escritura pública en la que figuraba la autorización para construir canales y obras de mampostería en territorio boliviano y utilizar sin coste las aguas del río Silala. En 1962 el tren de vapor dejó de estar operativo y, por tanto, desapareció la finalidad de la concesión, pues se eliminaba la necesidad de utilizar las aguas del Silala por parte de la empresa.

Sin embargo, no fue hasta el año 1996 que el Gobierno de Bolivia comenzó a rechazar la concesión hecha por Chile en 1906 a la empresa británica Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), revocando finalmente la concesión en 1997, con el argumento de que tal empresa no había respetado los acuerdos. En 1997 la Cámara de Diputados boliviana ordenó que se eliminara el término “río” para referirse al Silala, considerándolo un manantial, y se planteó cobrar a Chile por su uso. En 1999 el Gobierno boliviano declaró que el río Silala pertenecía exclusivamente a su soberanía, intensificándose de esta forma la disputa entre ambos países. A esto se añade que en 2002 Chile desvió el cauce del río en su territorio para su beneficio.

Por ello, en 2009 los presidentes de Bolivia y Chile, en el marco de un programa de acercamiento o “Agenda de los 13 puntos”, trataron de llegar a un acuerdo, pero este no pudo alcanzarse ya que el Parlamento de Bolivia no aceptó el preacuerdo negociado. El preacuerdo establecía que Chile debía pagar el 50% de las aguas del Silala mientras duraran los estudios técnicos sobre su uso y aprovechamiento. No obstante, Bolivia planteó a los dos años que el pago fuera, con carácter retroactivo, desde la conexión de las aguas a Chile a comienzos del siglo XX, lo cual Chile rechazó. Finalmente, Bolivia inauguró un criadero de truchas que se abastece desde el Silala, aun pudiendo afectar a la calidad de las aguas, a lo que Chile respondió declarando que el río era una zona de aguas internacionales, que nace en Bolivia pero que prosigue en Chile.

Demandas en La Haya

El diferendo sobre el Silala se enmarca en el pleito más general que Bolivia mantiene con Chile por la pérdida de su acceso al mar a raíz de la Guerra del Pacífico. Este asunto sigue muy vivo en la conciencia boliviana y tiene su peso en la política nacional de ese país. El 23 de marzo de 2011, el presidente boliviano Evo Morales anunció su intención de presentar una demanda marítima ante los tribunales internacionales. En 2013, Bolivia demandó finalmente a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pidiendo una salida soberana al Océano Pacífico, puesto que en documentos como el Tratado de 1904 se expresaba que Chile tenía un compromiso legal para negociar una salida al mar para Bolivia y no lo había cumplido, obligando de esta forma a que Chile negociara tal concesión. Chile defendió que las fronteras entre ambos países ya se habían fijado en el Tratado de 1904 y que la CIJ no tenía competencia al respecto. El 1 de octubre de 2018 la CIJ desestimó por 12 votos contra 3 la demanda de Bolivia, rechazando la obligación de Chile de negociar una salida al mar con Bolivia. 

En paralelo a ese proceso, Evo Morales anunció en marzo de 2016 su intención de demandar a Chile ante la CIJ por “robar” las aguas del río Silala, es decir, por la utilización indebida realizada por parte de Chile. No obstante, quien primero recurrió a La Haya fue Chile: en junio de 2016, la presidente Michelle Bachelet presentó una demanda ante la Corte pidiendo que se declarara el Silala como curso de agua internacional cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario, solicitando igualdad de derechos sobre el río y, por último, pidiendo que Bolivia adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminación de sus aguas, además de notificar a Chile las medidas que pudieran contaminar el curso del río. De esta forma, Chile podría impedir en el futuro a Bolivia interferir en el suministro de agua del Silala a Chile a través del desierto de Atacama.

En 2018, Bolivia contrademandó a Chile, solicitando que se declarara su soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje en el Silala que se encuentran en su territorio. Bolivia planteaba su soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala que ha sido diseñado, mejorado o producido en su territorio, y alegaba que Chile no tiene derecho a ese flujo artificial, de forma que cualquier entrega de Bolivia a Chile de las aguas del Silala que fluyen artificialmente –así como las condiciones y modalidades de la misma, incluida la compensación que debe ser pagada por dicha entrega–, está sujeta a la celebración de un acuerdo con Bolivia.

Bolivia venía defendiendo que el Silala es un conjunto de ojos de manantial, por lo que le correspondía su usufructo íntegramente, incluso con efectos retroactivos. Es decir, Bolivia sostenía que el Silala nace de manantiales que tienen su origen en vertientes que son captadas y conducidas artificialmente hacia Chile, mediante obras construidas por chilenos que, de no existir, permitirían que su cauce se infiltrara en terreno boliviano. Bolivia aducía que Chile debía pagar por el uso de las aguas del Silala desde su concesión a principios del siglo XX, lo que constituía una elevada deuda.

Chile, por su parte, defendió que el Silala fluye naturalmente desde las alturas bolivianas hacia Chile y que “Bolivia nunca intentó presentar a Chile estudios científicos serios en base a los cuales las dos partes hubieran podido iniciar un diálogo fructífero”. Para Chile el Silala es un río internacional de curso sucesivo, por lo que es de aplicación el principio de uso equitativo y razonable de su recurso; es decir, no es necesario ningún acuerdo ni retribución económica para su uso, eliminando la obligación de Chile de pagar por él. Además, Chile ha recordado que de los casi 10 kilómetros de longitud del río, algo más de la mitad discurre por territorio chileno.

La sentencia de la Corte Internacional de comienzos de este mes viene, pues, a dar gran parte de la razón a Chile sobre los derechos de ambos países en relación con el cauce del Silala, si bien otorga margen a Bolivia para ciertas actuaciones unilaterales, las cuales podrían generar incomodidad a la parte chilena. Siendo un río corto –por más que todo aporte hídrico es importante en el desierto de Atacama–, difícilmente puede llegarse a un gran conflicto entre ambos países. La sentencia de la Corte, en cualquier caso, reduce notablemente esos riesgos, aun cuando se trata de una cuestión especialmente sensible para el sentimiento nacional boliviano.