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Extracción del litio en Bacadéhuachi, en el estado mexicano de Sonora [@outletminero]
México aprobó en abril de 2022 la reforma de la Ley Minera que, con el objetivo político de proteger la soberanía energética del país, procedía a la nacionalización del sector del litio, de especial carácter estratégico. Aunque efectiva para frenar la penetración extranjera en la actividad minera y velar por la protección de los recursos nacionales, la iniciativa amenaza con incrementar la corrupción institucional, dificultar el acceso a la tecnología extractiva necesaria y reducir la llegada de inversión extranjera, lo que en su conjunto pone en juego la estabilidad y desarrollo económicos del país.
En el proceso de estatalización del sector energético, revirtiendo la liberalización aprobada en el sexenio anterior, el presidente Manuel Andrés López Obrador promovió hace un año la reforma de la Ley Minera. Tras la revisión de la apertura petrolera y la eléctrica, el Gobierno mexicano procedió a la nacionalización del litio, siguiendo las iniciativas que otros países de la región –como Bolivia, Chile y Argentina, que aglutinan el 60% de las reservas de litio– han ido aprobando para asegurarse un mayor control de este mineral de valor estratégico por ser básico para la fabricación de baterías, esenciales hoy en telefonía o automoción.
En su nuevo redactado, la Ley Minera prohíbe la licitación de nuevos proyectos de extracción y busca reevaluar la legalidad de los proyectos privados ya establecidos, como el caso de la licitación de la empresa Bacanora Lithium en el estado de Sonora, en la zona de mayores reservas del país. La empresa, de origen anglocanadiense, ha sido comprada por una compañía china, lo que muestra el interés de las grandes potencias por este mineral.
Debido a la creciente demanda internacional de litio y otros minerales relacionados con la producción de motores eléctricos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene la nacionalización de ese recurso como un importante elemento de su agenda proteccionista. Al promover esta ley en la Cámara de Diputados, el partido oficialista, MORENA, hizo especial énfasis en la necesidad de mantener la soberanía energética del pueblo mexicano. El gobierno considera que la protección de los recursos estratégicos como el litio o el petróleo es necesaria para mantener un control efectivo sobre su propia seguridad nacional.
El temor a la dependencia de capital extranjero no es cosa del presente. Históricamente, dado el enorme peso económico del vecino del Norte, el Estado mexicano ha buscado un equilibrio entre la participación en el mercado global y la protección de sus propios intereses económicos y políticos. La nacionalización del litio recuerda el esfuerzo del presidente Cárdenas por nacionalizar el petróleo en 1938. Gracias a este proceso y a la creación de Petróleos de México (Pemex), el país disfrutó de un completo control de la extracción y distribución del crudo a nivel nacional. La completa estatalización de esta industria se mantuvo hasta que en 2013 la reforma energética del presidente Peña Nieto buscó incentivar la participación privada en estas actividades.
Aunque los argumentos del Gobierno presentan la nacionalización del litio como beneficiosa ‘per se’, únicamente puede traer réditos económicos a largo plazo y en el caso de que las reservas existentes sean rentables de extraer. Los analistas advierten que aún está por determinar los términos económicos de su explotación y que esta puede tardar dos décadas en alcanzar su nivel óptimo. La explotación efectiva del mineral requiere una tecnología especializada de la que el Estado mexicano no dispone actualmente. Solamente para continuar con el desarrollo de la beta de Bacadéhuachi, que sigue adjudicado a la compañía Bacanora, se necesitaría una inversión pública aproximada de 420 millones de dólares.
Con la actual política de austeridad impuesta por López Obrador, es incierto si el gobierno tendría la capacidad para gestionar correctamente la inversión en dicho proyecto. Mientras el presupuesto federal anual asignado en 2022 a protección ambiental, por ejemplo, es de 17.804 millones de pesos (948 millones de dólares), el desarrollo y expansión de Bacadéhuachi se estima en 16.000 millones de pesos (852 millones de dólares). Los incapacitantes problemas de corrupción y mal manejo de ingresos públicos enfatizan aún más la incertidumbre sobre el éxito de la nacionalización, pues se parte de ejemplos como el de la enorme deuda adquirida por la estatal Pemex, cuya producción petrolera está ampliamente por debajo de sus máximos históricos.
Protección de la soberanía energética
Debido a su creciente importancia para la producción de baterías, el litio ha adquirido un peso geopolítico importante para naciones como Bolivia, Chile y Argentina, que constituyen el llamado “triángulo del litio” (por las características del altiplano andino y el desierto de Atacama) y que cuentan con las mayores reservas y algunas de las producciones más grandes. Pero también México encara interesantes perspectivas.
De acuerdo con el último informe del USGS, el servicio geológico de Estados Unidos, en 2021 Chile fue el segundo país productor de litio, con unas estimadas 26.000 toneladas, solo superado por Australia. El tercero fue China y el cuarto Argentina, con 6.200 toneladas. Aunque Bolivia queda algo por detrás en volumen de extracción, es el país con más reservas identificadas, unos 21 millones de toneladas, seguido de Argentina, con 19 millones, y Chile, con 9,8 millones. En el noveno puesto mundial en cuanto a reservas se encuentra México, con 1,7 millones de toneladas.
En Bolivia la producción de litio ha decrecido dramáticamente desde la nacionalización de toda la actividad relacionada con ese mineral, decretada en 2008. La extracción de solo 500 toneladas al año tiene poco pesopara otorgar una mayor influencia internacional al país. Bolivia dispone de escaso músculo financiero para llevar a cabo las inversiones necesarias, pero al mismo tiempo desconfía de los intereses de las compañías internacionales.
Precisamente tanto el expresidente Evo Morales, como su correligionario y actual mandatario, Luis Arce, han atribuido el episodio político que en 2019 desalojó a Morales del poder al deseo de Estados Unidos y su compañía Tesla de controlar el sector del litio en el país sudamericano, aunque en realidad el gobierno provisional que le sucedió no anunció ninguna intención de proceder a una liberalización de esa industria.
En Argentina el kirchnerismo también ha impulsado proyectos de ley a favor de la nacionalización del litio. En ese país el debate se centra en el control de la producción por parte del gobierno nacional versus el control de los recursos que desean las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.
Chile, por su parte, está yendo con más tiento. El nuevo Gobierno de Gabriel Boric ha optado por plantear la creación de una empresa estatal del litio, pero esta podrá contar con participación de empresas privadas mediante licitaciones.
Dificultades de desarrollo
Tras la entrada en vigor de la reforma de Ley Minera, México creó un órgano nacional descentralizado que lleve a cabo la administración del sector del litio. Dependiente de la Secretaría de Energía, LitioMx o Litio para México es la empresa pública encargada de manejar el capital destinado a esta actividad, así como la responsable de todas las operaciones de exploración actuales.
Esta mentalidad estatalista se solidifica al recordar las prácticas abusivas e ilegales de mineras extranjeras en el país, como su participación en varios asesinatos de activistas ambientales mexicanos, así como los vínculos descubiertos entre diferentes empresas extractivas extranjeras y el crimen organizado. La Ley Minera parte de una revisión de antiguos acuerdos de inversión internacionales que han dejado bastante que desear.
Sin embargo, la falta de tecnología necesaria para la extracción, así como la barrera política de acceso a fondos económicos no son los únicos retos por superar por el gobierno de López Obrador. El problema más difícil de superar sigue siendo la corrupción que existe en los distintos niveles del gobierno mexicano.
Paralelamente al caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Pemex, se teme que la nacionalización del litio solamente beneficiará a algunos políticos y realmente no representará un beneficio popular, a pesar de lo prometido por López Obrador. Es de vital importancia que se busquen medidas eficientes para reformar la rendición de cuentas, el sistema de justicia y el excesivo ejercicio de autoridad por parte del presidencialismo mexicano.
La nacionalización del litio puede ser un buen paso para evitar la dependencia respecto a intereses exteriores de la vida económica y política de México; sin embargo, hace falta recorrer un gran camino para que los beneficios sociales de la Ley de Minería se materialicen. Además, si no se incrementa la lucha contra la corrupción, la iniciativa ser verá lastrada por un mal manejo de recursos estatales.