La receta de Bukele no funciona en Honduras, donde mata más el narco que las maras

INFORME SRA 2024 /  [versión en PDF]

° La presidenta Xiomara Castro decretó el estado de excepción en diciembre de 2022; en marzo de 2023 anunció la próxima construcción de dos cárceles de máxima seguridad.

° El Salvador es un país más pequeño, el presidente ha negociado bajo la mesa con las pandillas y alrededor de un tercio de sus miembros han huido, algunos precisamente al vecino país.

° Honduras enfrenta además el problema del narcotráfico, Castro tiene menos resortes de poder que Bukele y en Honduras hay mayor complejidad de cuerpos policiales.

El Salvador y Honduras se han visto asolados por un mismo problema desde hace décadas. Las maras han convertido ambos países en dos de las naciones más peligrosas del mundo y con las mayores tasas de homicidios en todo el continente. Con origen entre la inmigración centroamericana en Los Ángeles, las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 se expandieron desde la década de 1990 a El Salvador y Honduras –en menor medida, a Guatemala– una vez allí terminaron las guerras que habían expulsado población.

Tras algún intento previo de mano dura infructuoso en El Salvador, la elección del presidente Nayib Bukele en 2019 significó un cambio considerable y su éxito en la reducción de la violencia ha querido ser replicado por otros países, entre ellos Honduras, donde se han aplicado algunas medidas semejantes sin que hasta el momento haya habido una clara reducción de la tasa de homicidios. La mayor presencia del narcotráfico en Honduras, por donde pasa la ruta de la cocaína colombiana rumbo a Estados Unidos –El Salvador queda algo más al margen– puede explicar esa diferencia, además del poder más omnímodo ejercido por Bukele, en ocasiones con tintes distópicos.

Hasta el comienzo de la presente guerra contra las maras, se calculaba que en El Salvador había de 30.000 a 60.000 miembros activos, prácticamente doblando, aun siendo un tercio menos de población, los entre 25.000 y 36.000 de Honduras (contando también personas de sus entornos, parcialmente implicadas, en el caso salvadoreño el número llegaba a 300.000).

Tasa de homicidios

A su llegada a la presidencia, Bukele lanzó el Plan de Control Territorial, con el fin de acabar con los pandilleros. Este proyecto se basaba en tres ejes fundamentales: atacar las finanzas de las maras, cortar su comunicación en las cárceles y recuperar el centro de las grandes ciudades. Bukele otorgó un rol importante a las Fuerzas Armadas, incrementando sustancialmente los gastos de defensa, y procedió a la construcción de una megacárcel con la que El Salvador se sitúa como el país con la tasa más alta de personas en prisión del mundo.

Paralelamente, se ha seguido una política arbitraria de detención y encarcelación de presuntos sospechosos, y se ha dado un trato abusivo en las cárceles, como Human Rights Watch ha denunciado. Durante esta guerra contra las maras, las autoridades salvadoreñas han capturado a más de 68.000 personas. La aplicación del estado de excepción desde marzo de 2022, se han producido detenciones sin garantías judiciales, un hacinamiento extremo en las cárceles y un número elevado de muertes en ellas.

En este tiempo, El Salvador ha pasado de tener la mayor tasa de homicidios mundial, de 104 por cada 100.000 habitantes en 2015, a 7,8 en 2022 y 2,4 en 2023. En palabras de Bukele ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2023, “El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina” y “compite con Canadá por ser el país más seguro del continente”. La alta popularidad de Bukele, superior al 90%, le llevó a una aplastante victoria en su reelección de febrero de 2024.

¿Vale para Honduras?

Otros mandatarios de la región, siguiendo el ‘efecto Bukele’, se han mostrado interesados en copiar algunas medidas. En general han sido políticos orientados hacia la derecha, con la salvedad de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que en diciembre de 2022 decidió aplicar también un estado de excepción en parte del país, especialmente en las áreas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, suspendiendo algunos derechos constitucionales con el fin de confrontar las maras con dureza. Prorrogado desde entonces, el estado de excepción ha incluido operaciones militares para recuperar el control de las prisiones. En marzo de 2023 Castro anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, una en las islas de los Cisnes y otra en Patuca; las obras aún no han comenzado.

Pese al propósito de obtener una drástica reducción de la violencia como ha ocurrido en El Salvador, en Honduras los resultados no han sido tan llamativos. La tasa de homicidios bajó de 38,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021 a 35,8 en 2022 y a 31,1 en 2023. Aunque estas cifras señalan un avance, está claro que la violencia en Honduras aún no se ha controlado.

Pero ¿a qué se deben esos dispares resultados en países vecinos que han recurrido a una estrategia en apariencia similar? La principal razón aducida es que el plan de Bukele ha conllevado negociaciones secretas con las maras. Se ha descubierto que el presidente salvadoreño ha mantenido diálogos con las pandillas, permitiendo entre otras cosas el acceso a cárceles de máxima seguridad para facilitar las reniones entre los cabecillas y los miembros de las clicas. Ha sido incluso acusado de liberar a altos dirigentes de las maras a cambio de que mantuvieran un perfil bajo estando en libertad.

Esta estrategia es difícil de aplicar en Honduras, ya que la configuración de las maras es distinta. En El Salvador, MS-13 y Barrio 18 mantienen una presencia prácticamente ubicua en todo el país, mientras que en Honduras las concentraciones son distintas y hay más variedad de grupos criminales, por lo que resulta más complicado mantener negociaciones. De hecho, en Honduras los mayores responsables de los homicidios no son las maras, sino la narcoactividad, como ha señalado el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de Honduras.

El país es un eslabón esencial en la ruta de la cocaína colombiana: llega en avionetas a la selva de la Mosquitia y de allí se desplaza por el norte del país para seguir el camino hacia México y ser introducida entonces por los carteles en Estados Unidos. La detención del expresidente Juan Orlando Hernández, antecesor de Castro, para su juicio en Nueva York indica la influencia alcanzada por el narcotráfico. En cambio, El Salvador, el único país centroamericano sin costa en el Caribe, queda algo al margen; la ruta por el Pacífico se adentra más en el mar y se salta el pequeño estado.

Además, el hecho de que pandilleros salvadoreños hayan pasado a Honduras para evitar la detención en su país (se calcula que un tercio de los componentes de las maras en el Salvador siguen en libertad, en parte porque han huido), supone la presencia en la nación vecina de elementos violentos que no están integrados en las redes de mando locales, dificultando la acción policial.

Por otro lado, Honduras tiene más variedad de cuerpos de seguridad que El Salvador y la presidenta no controla completamente todos los resortes del poder como Bukele, lo cual puede suponer más laxitud en el interior de las fuerzas, con “filtración de intereses criminales”.

Deterioro democrático

Teniendo en cuenta la no tan exitosa aplicación en Honduras del método Bukele, ¿puede considerarse este un modelo a seguir por otros países latinoamericanos? La respuesta probablemente sea negativa. Para comenzar, la región es muy diversa y sus circunstancias también. No se puede aplicar una misma solución en distintos contextos y problemas. En el caso de El Salvador, el tamaño del país facilita una acción tan contundente, pero sería un problema en países de mayor población. Ni siquiera Haití, el país al que ha apuntado el propio Bukele ofreciéndosepersonalmente para un mandato directo de la ONU que le dé autoridad para resolver el grave caos que vive la nación caribeña, sería un terreno propicio.

Notoriamente, la estrategia salvadoreña está causando un especial daño al sistema democrático. La lucha inicial contra las maras permitió a Bukele ganar el control del poder legislativo, que a su vez ha aprobado leyes que no se ajustan a un Estado de Derecho; con el dominio de la Asamblea Nacional ha procedido al nombramiento inconstitucional de jueces (los cuales, por su parte, autorizaron después una reelección presidencial prohibida por la Constitución). La falta de independencia del poder judicial hace dudar mucho de las garantías de los encarcelados, sobre todo de los que lo han sido de forma injusta, considerados ‘víctimas residuales’. Además, está comprobado que este modelo causa desigualdad social, ya que los que más sufren los estados de excepción son las comunidades marginadas.