Lacalle Pou cierra con buena aprobación, aunque será un paréntesis entre gobiernos del Frente Amplio

Luis Lacalle Pou avanza hacia el final de sus cinco años de mandato en Uruguay con un alto índice de aprobación. Ese apoyo a su gestión, sin embargo, no ha podido trasladarlo al candidato oficialista en las elecciones de noviembre, y el opositor Yamundú Orsi, del Frente Amplio, asumirá la presidencia el 1 de marzo de 2025. El gobierno de Lacalle Pou, del Partido Nacional y al frente de una coalición de derecha y centroderecha, sucedió a quince años de gestión del Frente Amplio y ahora entregará el bastón de mando de nuevo a ese movimiento de izquierda. La tranquila alternancia subraya la remarcable institucionalidad del país, puesta también de manifiesto en el aplauso más bien general que ha merecido la gestión del actual presidente.

El gobierno presidido por Lacalle Pou supuso el final de 15 años de Gobierno del Frente Amplio en Uruguay. En un contexto problemático tanto económico como de seguridad, el presidente desarrolló proyectos liberalizadores, abriendo el país más al mundo y haciéndole abandonar sutilmente su tradicional posición de mediador. Aun haciendo frente a una pandemia y a varias crisis políticas, Lacalle Pou terminó su mandato con altos niveles de valoración, pues supo adoptar políticas que significaron avances para la República Oriental del Uruguay.

Política doméstica

SEGURIDAD—La seguridad fue un tema importante a lo largo de la campaña del presidente Lacalle Pou, pero durante su mandato no se registraron grandes progresos: los delitos de rapiñas, hurtos y robo de ganado descendieron, pero hubo debilidad con los delitos de homicidio. Algunos críticos determinan que el gobierno no supo atender a las raíces del crimen, e identifican problemas en las políticas adoptadas. Se puso el foco en delito predatorio, pese al continuo descenso de los niveles de denuncias, y se facilitó el blanqueo de capitales, lo que incrementó el narcotráfico, ya que hizo de Uruguay un lugar atractivo para estas actividades.Además, se acudió a políticas punitivas en vez de atacar de lleno al crimen organizado, derivando en situaciones de encarcelamiento por ingresar marihuana a la cárcel a la vez que mayores narcotraficantes cumplen penas sin prisión. También se le critica la falta de iniciativa para brindarle recursos a las fuerzas de seguridad. Como última reforma, se intentó impulsar mediante plebiscito una reforma constitucional que habilitaría los allanamientos nocturnos para bajar la criminalidad, pero no se alcanzaron las mayorías necesarias por el voto contrario promovido por la oposición.

ECONOMÍA/POLÍTICA FISCAL—El Partido Nacional (PN) se propuso impulsar un avance a través del sector privado y las exportaciones agroindustriales, y diversificar acuerdos de libre comercio, con el fin de mejorar los niveles de productividad, corregir el déficit fiscal y reducir gastos. Se tomó un posicionamiento liberal, buscando un gobierno austero y eficiente que propiciara una reorganización funcional, la desburocratización y la rendición de cuentas. Además, se identificaron ciertas áreas que requerían tratamiento puntual, como las ‘mipymes’ y las infraestructuras vial, ferroviaria y portuaria. El gobierno logró la aprobación en referéndum de una ley ómnibus, conocida como Ley de Urgente Consideración, que le permitió impulsar medidas liberalizadoras de la economía, reformar el estado y fortalecer la orientación punitiva en seguridad. Tras casi 5 años de gobierno, los números en macroeconomía muestran estabilidad y mejora del crecimiento del PIB.

PROTECCIÓN SOCIAL—Se alcanzó estabilidad y atrajo inversión extranjera, a través de la priorización de un enfoque promercado, pero esto también implicó dejar de lado el rol del Estado en el mercado y la protección social, cuestiones que parecían consolidadas en el país tras 15 años de gobierno socialista. El empleo y los salarios se recuperaron en el último periodo de gobierno, tras ser afectados al comienzo, mientras que el nivel de pobreza cierra en cifras superiores a como se encontraba a la llegada de Lacalle Pou; algunos críticos aseguran que los aumentos de ingresos solo beneficiaron a los sectores más altos de la sociedad.

GESTIÓN DE LA PANDEMIA—Considerando que el Gobierno se estrenó con la gestión del Covid-19, es sorprendente que haya salido fortalecido en términos de opinión pública. El presidente sobresalió al adoptar un posicionamiento de ‘libertad responsable’ y de no confinamiento. Consiguió una extensiva adhesión voluntaria de la ciudadanía a las leves restricciones de circulación y desarrollo de actividades, e impulsó programas sociales para atenuar el impacto económico en los sectores más vulnerables. Es reseñable que, aun habiendo debutado con una pandemia, el Gobierno haya logrado estabilidad, apertura y crecimiento.

Política Internacional

MERCOSUR—Con respecto a Mercosur, el presidente abogó por la necesidad de modernizar ese bloque regional. El Gobierno reconoció que el fortalecimiento de Mercosur era beneficioso para el país, pero al mismo tiempo fomentó por su cuenta vínculos internacionales que causaron discordia entre sus socios. Esto se vio plasmado en el impulso por Uruguay de promover un TLC de Mercosur con China (opuesto por el presidente Alberto Fernández de Argentina), y frente a la inactividad, Uruguay comenzó sus propias negociaciones, ya que China es destino del 37% de sus exportaciones.

LATINOAMÉRICA—Ciertos momentos concretos rompieron con la neutralidad y costumbres del país con respecto a sus relaciones con los países de la región. En cuanto a la Venezuela de Maduro, se abandonó la postura mediadora neutral, a través del Mecanismo de Montevideo, acercándose al Grupo de Lima, aunque sin integrarse en él. Por lo que afecta a Ecuador, se expresó apoyo a la decisión del presidente Noboa de ordenar el ingreso de fuerzas policiales en la embajada mexicana para capturar al exvicepresidente Jorge Glas. Por otro lado, hubo distanciamiento hacia presidentes de izquierda: Lacalle Pou no asistió a la asunción de Gustavo Petro en Colombia, ni ningún alto funcionario acudió a la de Bernardo Arévalo en Guatemala. Sus críticos presentan todos estos posicionamientos como un desprecio de la tradicional política exterior de Uruguay, que tenía una trayectoria marcada por la activa defensa de la democracia y los derechos humanos, buscando cierto papel de mediador.

GRANDES POTENCIAS—Pese a lo mencionado anteriormente, el gobierno de Lacalle Pou se ha mostrado fiel a los intereses nacionales, procurando no alinearse ideológica ni políticamente con nadie. Comenzó negociaciones con China y también pretendió hacerlo con Estados Unidos. Se establecieron medidas para promover inversiones extranjeras y generar empleo (como novedades para la configuración de la residencia fiscal y establecimiento de una nueva zona franca), perspectivas económicas que alentaron el flujo migratoriodesde Argentina.

ORGANISMOS INTERNACIONALES—Hubo acuerdos con organismos internacionales, como los que se establecieron con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la puesta en marcha del laboratorio del Programa de Alimentos y Salud Humana. El BID reconoció a Uruguay como un referente regional en innovación y transformación digital, considerándolo como socio estratégico en la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

Opinión pública

No faltaron críticas en estos años de presidencia; el expresidente Mujica opinó que había déficit de políticas social y un exceso de populismo económico. Además, los escándalos de la huida del narco Marset y el caso Artesiano, jefe de la custodia del presidente, dañaron la imagen de Lacalle Pou. Sin embargo, el fin del mandato concluye con altos niveles de popularidad, que quedan plasmado con un 50% de uruguayos aprobando su desempeño y 19% de opiniones intermedias, según una encuesta por Equipos Consultores. Lacalle Pou no solo es el tercer presidente en lograr este saldo positivo, sino que también es sorprendente que lo haya conseguido habiendo enfrentado el Covid-19 y 65 días de emergencia hídrica. Además, tiene mérito que lo haya conseguido siendo un gobierno de coalición, donde ningún partido tuvo mayoría parlamentaria propia.