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Imagen corporativa de Huawei
Como en otros lugares, la tecnología 5G de telefonía móvil empieza a sentar las bases en Latinoamérica. Lo hace de modo más lento que en regiones más desarrolladas (algunos países aún están expandiendo el 4G) y experimentando más directamente la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China: la presión de Washington para excluir a Huawei de las nuevas redes puede notarse más en países más cercanos geográficamente; al mismo tiempo, las dificultades financieras de los países aconsejan no restar potencial a las subastas de bandas. De momento, solo Costa Rica ha prohibido el uso de tecnología china en las nuevas redes, mientras que México lo ha excluido solamente cerca de la frontera con EEUU.
Huawei y otras empresas chinas como ZTE o Xiaomi han tenido en Latinoamérica un mercado propicio los últimos años. La alta inflación y las dificultades financieras de los estados han favorecido soluciones tecnológicas más baratas que las que ofrecen las compañías occidentales más destacadas, tanto en lo que se refiere a infraestructura técnica como a los terminales móviles de los usuarios. Las conexiones de 4G-LTE de la región están soportadas hasta un 70% por infraestructura de Huawei, según datos ofrecidos por esta compañía, lo que hace que las comunicaciones de más de 660 millones de latinoamericanos viajen cada segundo a través de tecnología china. Huawei tuvo en 2022 en estos países un volumen de negocio de 4.500 millones de dólares, con un crecimiento del 9% respecto al año anterior.
Las cifras de Huawei se deben sobre todo a las ventas de su ‘hardware’, que suministra a muchas de las principales operadoras de telefonía, mientras que en el mercado de los celulares Xiaomi se ha hecho un hueco. En 2023, Xiaomi obtuvo alrededor de un 12% de cuota mercado, en tercera posición después del 40% de la surcoreana Samsung y el 20% de la estadounidense Motorola.
La tecnología china constituye una opción atractiva para gobiernos regionales y proveedores de servicios. En cuanto a países concretos, en Brasil, por ejemplo, seis de cada siete redes móviles 4G fueron construidas por Huawei, mientras que en México el 55% de la red celular 4G-LTE cuenta con tecnología de esa compañía. Además, en México el gobierno chino ha apoyado el desarrollo de la Red Compartida del país invirtiendo en Atlan Redes.
La posición alcanzada permite a los intereses chinos jugar con fuerza en el prometedor desarrollo de las comunicaciones en Latinoamérica. Según GSMA, organización mundial de operadores de telefonía, en 2021 las tecnologías y los servicios móviles generaron el
7,4% del PIB de la región, una contribución que ascendió a más de 345.000 millones de dólares de valor económico agregado, generó 1,6 millones de puestos de trabajo directos e indirectos, y aportó una recaudación tributaria de casi 30.000 millones de dólares. Para 2025 se espera que el 83% de las conexiones sean con teléfonos inteligentes y que el 11% de todas las conexiones se produzcan ya mediante 5G.
Presión de Washington
La penetración china en el sector de las comunicaciones ha movilizado a Estados Unidos. Después de que Vodafone Italia descubriera algunas “puertas traseras ocultas” en los equipos de Huawei entre 2009 y 2011 (la empresa china ha admitido que hubo “vulnerabilidades”, pero niega que fuera un plan intencionado) Washington ha venido alegando que Huawei puede ser utilizado por el gobierno chino como herramienta de espionaje, lo que daría a Pekín una ventaja significativa desde un punto de vista geopolítico. Además de recomendar a sus aliados más directos que prescindan de la tecnología china, la Administración estadounidense ha insistido especialmente a sus vecinos continentales. El Comando Sur –el mando del Pentágono atento a la seguridad regional– ha advertido de esos riesgos en su publicación dirigida a América Latina.
En 2019, la Administración Trump prohibió a las empresas estadounidenses utilizar las tecnologías de Huawei e invitó a los demás países, especialmente a los latinoamericanos, a seguir este ejemplo, citando el artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional de China, promulgada el año anterior, que indica que “todas las organizaciones y ciudadanos deberán apoyar, ayudar, y cooperarán con los esfuerzos de inteligencia nacional de conformidad con la ley, y protegerán los secretos del trabajo de inteligencia nacional de los que tengan conocimiento”. Hasta ahora, países como Canadá, Reino Unido, Japón, Australia y Nueva Zelanda han seguido el ejemplo estadounidense.
Atendiendo a esa llamada, Jair Bolsonaro intentó encontrar una forma legal de impedir que Huawei construyera redes 5G en Brasil, a pesar de que esta empresa ya era un importante proveedor de tecnologías 3G y 4G en el país. Pero después de la salida de Trump de la Casa Blanca Bolsonaro corrigió su posición, pues si a Huawei se le aplicaba esa prohibición podría dejar de suministrar equipos 3G y 4G, lo que se traduciría en pérdidas potenciales de miles de millones de dólares. La misma lógica se aplica a los demás países de la región, cuya inestabilidad política y económica no les da el mismo privilegio que tienen países más fuertes para decirle no a Huawei.
Si las tecnologías chinas realmente sirven para fines de espionaje, entonces la región ya es vulnerable a la intrusión, ya que China equipa la mayoría de las redes 3G y 4G. Sin embargo, con el 5G los riesgos serían mucho mayores, pues permite disponer de Internet de alta velocidad, aumentará el número de dispositivos en la red y, en consecuencia, la posibilidad de una supuesta infiltración en infraestructuras nacionales.
Hasta ahora, Costa Rica ha sido el único país en excluir a empresas chinas de sus redes 5G. Lo hizo indirectamente, mediante la aprobación de un reglamento sobre ciberseguridad que prohíbe la participación en los procesos de licitación de 5G a compañías de países no firmantes del convenio sobre ciberdelincuencia de Budapest de 2001. El gobierno de Rodrigo Chaves ha querido potenciar con ello la instalación de empresas tecnológicas de Estados Unidos, que pueden optar por este país para la fabricación de chips.