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Sede central del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) brasileño, en Río de Janeiro [Doll91939]
Tras su vuelta al poder en enero de 2023, Lula da Silva ha revertido algunas medidas liberalizadoras introducidas por Jair Bolsonaro y ha aumentado el peso del Estado en dirección económica del país. Su intención es que fondos públicos, sobre todo a través de créditos reembolsables, que no deberían suponer una carga financiera para el Gobierno, impulsen un nuevo salto industrial del país, incrementando el sector manufacturero y restando influencia al agropecuario. Eso se ha concretado en el plan Nueva Industria Brasil, presentado en enero de 2024 y al que los expertos no parecen augurarle una gran eficacia por caer en viejos tics del estatismo.
El crecimiento del PIB en la última década fue de apenas el 0.5%: se empalmó el fin de la década del ‘boom’ de las materias primas con la crisis del Covid y las distorsiones provocadas por la guerra de Ucrania. Aunque la estimación es que 2023 cerró con un avance del 3%, más de lo esperado, el Fondo Monetario Internacional prevé que en 2024 la economía crecerá solo la mitad. Mediante el nuevo plan industrial, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretende impulsar el crecimiento por encima del 2-3% anual.
Con este propósito, las autoridades brasileñas quieren ampliar y reforzar la industria de modo que la economía del país sea menos dependiente del agronegocio, que es el principal sector económico del país. Actualmente Brasil es el tercer exportador de productos agrícolas del mundo y la industria agroalimentaria es responsable de más del 20% del PIB brasileño; de hecho, gracias a unas magníficas cosechas, en 2023 las exportaciones alcanzado un récord de ventas, por valor de 300.000 millones de dólares, arrojando un superávit de casi 100.000 millones.
Paralelamente, el país padece un deterioro del tejido industrial. Así, la industria manufacturera, que era responsable de más del 30% del PIB en la década de 1980, ha caído hasta el 15% en la actualidad y el 48% de las exportaciones son de bienes no industriales.
Sucesivas políticas económicas
Brasil ha sido siempre la gran potencia mundial del futuro; sin embargo, a cada milagro económico de impulso le ha seguido una crisis de desaceleración y retroceso. Tras el ‘boom’ de su desarrollo comercial e industrial durante el régimen militar de finales del siglo pasado, el país sufrió una severa recesión de la que pudo reponerse bajo el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Los dos primeros gobiernos de Lula Da Silva (2003-2010) consiguieron un nuevo repunte de la prosperidad económica y social de la nación gracias a los altos precios de las materias primas y a programas de asistencia social exitosos, como el de Bolsa Familia, con lo que Brasil llegó a situarse en el umbral de la sexta economía mundial.
Graves indicios de corrupción, sin embargo, salpicaron a ese gobierno y al de su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016), así que la burbuja de crecimiento se desinfló y el sueño de afianzarse en el contexto mundial se desvaneció en una grave crisis económica y política que llevó a la economía brasileña a tocar fondo. La crisis que se vio potenciada por los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y los sobornos internacionales de la constructora Odebrecht.
Los gobiernos de centro y derecha que vinieron después —Michel Temer (2016-2018) y Jair Bolsonaro (2019-2022)— mejoraron la situación económica con una política liberal y simplificando el enrevesado sistema tributario, es decir, reduciendo el penoso ‘coste Brasil’, que es el conjunto de todos los costos que debe realizar cualquier inversor para lograr tener acceso al mercado brasileño. Se considera que es uno de los mayores obstáculos para la inversión extranjera.
Contenido del NIB
El 22 de enero de 2024, Lula presentó el plan Nova Indústria Brasil, un programa de reindustrialización entre 2024 y 2026, pero con proyección hasta 2033. El NIB contempla gastar 300.000 millones de reales (60.000 millones de dólares) a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el cual impulsará instrumentos financieros sostenibles, créditos a la innovación, así como subsidios y subvenciones para la reindustrialización, y priorizará las compras de bienes de producción nacionales. De esa cantidad, 271.000 millones serían para líneas de crédito subsidiadas reembolsables y 21.000 millones no reembolsables, además de 8.000 millones de reales para que el Estado capitalice directamente a empresas, según avanzó el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante.
Este proyecto se puede sintetizar en 6 áreas prioritarias:
1. Cadenas agroindustriales sostenibles y digitales, elevando la mecanización de las empresas agropecuarias del 18 al 70%.
2. Fuerte complejo económico e industrial de la salud, pasando de una producción nacional del 42 al 70% de las necesidades del país en medicamentos, vacunas y equipos médicos.
3. Infraestructuras sostenibles, saneamiento, vivienda y movilidad, mejorando así el bienestar de las personas en las ciudades.
4. Transformación digital de la industria, donde el objetivo es digitalizar el 90% de las empresas industriales, actualmente en el 23%, y triplicar la cuota de producción nacional en sectores de nuevas tecnologías.
5. Bioeconomía, descarbonización, transición energética y seguridad, buscando aumentar la participación de los como biocombustibles en la matriz energética del transporte en un 50% y reducir un 30% las emisiones de carbono de la industria nacional.
6. Tecnologías de interés para la soberanía y defensa nacional, con el objetivo de alcanzar la autonomía en la producción del 50% de las tecnologías críticas, dando prioridad al desarrollo de la energía nuclear, los sistemas de comunicación y de propulsión, así como los vehículos autónomos y teledirigidos.
Objetivos del plan
El plan está bajo la supervisión directa del vicepresidente Geraldo Alckmin, que además es ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios. Exgobernador de Sao Paulo y exlíder del PSBD, partido de centro derecha, fue antiguo rival de Lula y actualmente está afiliado al Partido Socialista Brasileño que forma parte de la coalición gubernamental.
Detrás del plan se encuentra el deseo de un retorno del Estado como principal motor del desarrollo nacional, algo que en épocas pasadas ayudó a Brasil a dar un salto de calidad y que ya estuvo en el ánimo de Lula en sus dos primeros mandatos. Se trata de estimular la reindustrialización mediante el gasto público para consolidar el crecimiento sostenido, que además se desea sostenible, pues para participar en este programa las empresas deben cumplir ciertos requisitos, como no figurar en la lista de organizaciones que utilizan mano asimilable a la esclavitud o no deforestar.
Se busca que la mayor incidencia de la inversión recaiga en infraestructuras, pues su déficit es un problema crónico, y que el país sea menos dependiente del agronegocio, pero sin descuidarlo, dado su elevado peso en el PIB; de hecho, la primera área prioritaria es la de mecanizar el 70% de los establecimientos de agricultura familiar, donde el 95% de la maquinaria deberá ser de producción nacional.
Sin aumento de impuestos
Como ha explicado el director del BNDS, José Luis Gordon, para financiar el NIB no se cobrarán impuestos adicionales y no habrá aumento de los impuestos y tasas existentes ya que los montos anunciados no están en los presupuestos. Los préstamos ofrecidos por el BNDS se harán según las tasas de mercado y se ofrecerán con condiciones más atractivas solo para dos cuestiones fundamentales: la competitividad y el apoyo a la innovación y descarbonización. En el primer año de esta segunda etapa de Lula se elaboró un nuevo régimen fiscal y en 2024 se implantará una reforma tributaria que pretende un importante aumento de la productividad económica del país en los próximos años.
Al NIB se une el nuevo PAC (programa de aceleración del crecimiento), otra herramienta del Gobierno para incentivar el desarrollo industrial del país a través de las compras públicas y obra pública. También se apoya con la empresa privada, pues para el desarrollo del automóvil eléctrico ya hay comprometidos 1.700 millones de dólares por General Motors y 600 por la china BYD. Otro apoyo del sector privado es el de la poderosa federación de industriales de Sao Paulo (FIESP).
Acogida del NIB
La mayor intervención del Estado en la economía es presentada por el Gobierno como parte de la tendencia mundial, pues medidas más intervencionistas se están poniendo en marcha después de la pandemia en Estados Unidos, la Unión Europea y muchos otros países.
Sin embargo, tras la presentación del NIB, el Bovespa, el índice principal de la bolsa de Sao Paulo, cayó un 0,81%. La bolsa brasileña operó en su menor nivel durante el otoño pasado, el real retrocedió un 1,2% respecto al dólar y los bonos soberanos cayeron otro 1%, lo que indica que la recepción a nivel nacional e internacional fue muy tibia, con escasas referencias en la prensa más especializada.
Prestigiosos economistas se han posicionado en contra de esta estrategia intervencionista del Estado. El economista Joel Pinheiro Fonseca, en una de sus columnas en ‘Folha’ recordó los intentos similares durante las anteriores administraciones del Partido de los Trabajadores (PT), que fueron un fracaso y que además se vieron empañados por problemas de corrupción y uso de fondos públicos para favores políticos. En su opinión, “recibir créditos subvencionados para producir sin competencia internacional bienes industrializados que compra al gobierno” no es el modo de animar a la comunidad empresarial a innovar.
Los economistas Pedro Cavalcanti Ferreira y Renato Fraguelli, de la Fundación Getúlio Vargas, escribieron en el diario ‘Valor Económico’ que se trata de “una receta para el desastre, imaginen la burocracia que es requerida para adquirir productos o servicios nacionales probablemente más caros toda la economía pagará por el beneficio de unos pocos”. Observan que “hay ejemplos de fracasos de la política industrial en Brasil, mientras que las historias de éxito son muy pocas y casi siempre efímeras” y citan como ejemplo el de la industria automotriz, que sigue recibiendo subsidios y otras protecciones, pero aun así solo exporta a los otros países de Mercosur, y no lograría competir a nivel doméstico si se le retirase la protección.
En 2021 Argentina presentó un plan llamado Argentina Productiva 2030, con un enfoque similar al ahora puesto en marcha en Brasil, y fracasó. Esa política, presente como línea de fondo en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner e incluso Alberto Fernández, supuso un fuerte aumento del déficit fiscal. Los expertos cercanos al PT, no obstante, consideran que no es comparable la situación macroeconómica de los dos países (aunque ambos tienen una deuda pública próxima al 90% del PIB) y que las condiciones para afrontar un despliegue de recursos de esa magnitud son mucho más fuertes en Brasil que en Argentina.
Muchos empresarios y economistas estiman inalcanzables los objetivos del plan NIB. El que pretende impulsar nuevas tecnologías para hacer al país autosuficiente en las industrias del futuro se enfrenta con la falta de capital humano. Un estudio de Manpower Group ha indicado que la escasez de talento en Brasil alcanzó un récord del 81% en 2022, de modo que empresas de manufacturas como de servicios no encuentran trabajadores con las capacitaciones técnicas y humanas que requieren; mientras, el plan NIB apenas menciona la palabra capacitación.
Aunque en minoría, también existen académicos que desconfían del mercado y justifican el mayor papel estatal. Es el caso de la economista italiana Mariana Mazzucato, asesora del propio gobierno, quien considera que los políticos visionarios deben establecer una clara y ambiciosa misión que reciba apoyo amplio estatal.