Maduro y el apoyo de las FFAA: Una perspectiva desde las relaciones cívico-militares

Tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio del 2024, tanto el actual presidente Nicolás Maduro como el candidato de la oposición Edmundo González se atribuyeron la victoria. Horas después del cierre de los colegios electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria a Nicolás Maduro[1]. Erupcionaron entonces una serie de protestas y eventos que, por ahora, dejan un saldo de 24 fallecidos[2] y 2.200 detenidos, entre simpatizantes de la oposición, periodistas, y defensores de los derechos humanos[3].

Poco antes del final del mes de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ratificó la decisión del CNE[4] y, el día 2 de septiembre, el Fiscal general de Venezuela anunció que el TSJ había emitido una orden de arresto en contra de González después de que la oposición publicara en internet las actas de voto que muestran que él había ganado los comicios[5]. La orden de arresto fue rechazada por nueve países de Latinoamérica —con las ausencias notables de Brasil, Colombia, México y Bolivia— y por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos[6].

Antes de finalizar la semana, González y su esposa aterrizaron en una base militar en Madrid para pedir asilo diplomático[7]. Desde España, González anunció que volvería a Venezuela en cuanto fuera posible para asumir el mandato presidencial el día 10 de enero del 2025[8]. Entretanto, Washington implementó una serie de sanciones individuales a funcionarios del CNE y el TSJ por considerarlos cómplices del fraude electoral[9], a la vez que hizo un llamamiento desde la Asamblea General de las Naciones Unidas para iniciar un diálogo entre Maduro y la oposición[10], mientras mantiene abierta la posibilidad de ampliar las sanciones individualizadas y revocar licencias para empresas petroleras operando en Venezuela[11]. A pesar del apoyo de instituciones partidarias, el rechazo popular e internacional hacen que una permanencia de Maduro en el poder no sea evidente.

Sin embargo, existe otro factor importante que influencia el desenlace de esta historia: el apoyo de las fuerzas armadas. El ministro de la Defensa de Venezuela, el general en jefe del Ejército Bolivariano Vladimir Padrino López, reafirmó en agosto la “lealtad absoluta” a Nicolás Maduro por parte de la institución militar[12]. Desde las elecciones, el régimen ha promovido a soldados heridos en las protestas y ha publicado una campaña en redes sociales que muestra a la Guardia Nacional Bolivariana bajo el eslogan de “Dudar es traición”[13].

Cómo el régimen, a pesar de todo tipo de contratiempos, ha logrado mantener este apoyo crucial a lo largo del tiempo es una pregunta que podemos analizar en el marco del estudio de las relaciones cívico-militares (RCM) en Venezuela. En la Constitución chavista de 1999 se reformaron los mecanismos para regir la relación entre políticos y soldados, incluyéndose, entre otros algunos como la eliminación del parlamento en el proceso de elección y decisión sobre ascensos y promociones de las fuerzas armadas; la ampliación del campo de actividades de los militares en la administración pública; el cambio del adjetivo de fuerza armada “apolítica” al más restringido y nulo en significado práctico de “sin militancia política”, garantizando el derecho al voto a oficiales activos; y la consagración del principio de corresponsabilidad Estado-sociedad en el mantenimiento de la seguridad y defensa de la nación[14] a través de los denominados “colectivos”.

Gradualmente, entre 2005 y 2010, se impulsó un proyecto de adoctrinamiento ideológico dentro de las fuerzas armadas por mecanismos legales, doctrinarios y políticos, y se estableció un Comando General de la Milicia Bolivariana, que quedaba separado del mando regular y a la disposición de las órdenes del presidente, constituyendo un contrapeso a las fuerzas armadas regulares[15]. Además, se instauró un nuevo sistema de formación del personal militar sin autonomía universitaria que permitió al régimen ampliar su base social, y se utilizó activamente la promoción profesional de militares para mantener la lealtad de la cúpula del ejército[16].

Estos mecanismos se desvían claramente del modelo de RCM equilibradas que permiten la estabilidad de regímenes democráticos[17], al contrariar lo que Samuel Huntington llamó “control civil objetivo” sobre las fuerzas armadas[18]. La subordinación de la institución militar al proyecto ideológico y al programa político del gobierno transforman las relaciones que Peter Feaver denomina como de “principal-agente” entre el gobierno y las fuerzas armadas; de un control civil, se pasó a un control político, en el que el margen de autonomía militar decrecía a medida que avanzaba su absorción en el entramado del poder chavista[19]. Hugo Chávez alteró totalmente el balance de las relaciones cívico-militares y consolidó el control político de las fuerzas armadas.

Maduro mantiene el estado de las relaciones cívico-militares heredadas para minimizar el riesgo que las fuerzas armadas le puedan suponer a su régimen. Junto a las medidas de control, continuó con los incrementos salariales al personal militar; lanzó un programa social específico para militares con el título “La Gran Misión Soldado Negro Primero”; llenó altos cargos de la administración pública con figuras militares; y copó el gabinete ministerial de presencia militar, involucrando a los soldados en ámbitos de naturaleza política y económica[20]. De hecho, durante el mandato de Maduro, los militares han ido colonizando cada vez más espacios de la economía del país — por ejemplo: el Ministro de Defensa general Vladimir Padrino encabezó el bloque económico del gobierno; el mayor general Manuel Quevedo, el Ministerio de Petróleo de Venezuela y la corporación estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA); además, los militares controlan la industria eléctrica, la producción de aluminio, hierro y acero, el comercio exterior, los puertos y aduanas, un banco, uno de los canales de televisión, una agencia de transporte y una empresa agrícola; ocupan cargos importantes en el Arco Minero del Orinoco donde se extraen oro, diamantes y coltán; tienen control sobre la producción, importación y distribución de alimentos, equipos médicos y medicinas[21]; y un largo etcétera. La efectividad de sus esfuerzos para minimizar riesgos quedó evidenciada, al menos, hasta agosto, cuando Padrino anunció la total lealtad de las fuerzas armadas a Maduro.

Pero el retrato del desenlace no está completo. Si bien un estudio de las RCM en Venezuela nos puede explicar un aspecto de cómo se llega a la situación presente, su aporte en cuanto a poder determinar si Maduro se mantendrá en poder en el futuro próximo es más limitado. La única conclusión que se puede extraer con un prudente grado de certeza es que las fuerzas armadas como institución no presentarán un peligro para la continuidad del régimen de Maduro. Otra cosa es que en la cúpula del poder destacadas individualidades militares acaben enfrentadas con Maduro y, atendiendo a los intereses propios de grupos de crimen organizado, dada su implicación en el narcotráfico y otros negocios ilícitos, puedan procurar un cambio de régimen a cambio de un trato benigno ante procesos judiciales.