Migración en el Mediterráneo central: Accciones de la UE y de Italia

Migración en el Mediterráneo central: Accciones de la UE y de Italia

ANÁLISIS

04 | 03 | 2025

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Aspectos de la gestión migratoria de Meloni, con medidas más restrictivas e intento de externacionalización en Albania

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Legada de migrantes al puerto de la isla italiana de Lampedusa en 2007 [Sara Prestianni / Noborder Network]

El mar Mediterráneo, frontera sur de la Unión Europea, es el hogar en el que la cultura y la historia europeas hunden sus raíces, así como las de algunos de los actuales estados miembros con mayor relevancia como España, Italia, Grecia, etc. En la actualidad, Europa se enfrenta a un número cada vez mayor de retos que ponen en riesgo el Sistema Constitucional Europeo tal y como se lo conoce. Uno de ellos, que tiene a los países mediterráneos comoprotagonistas, es el de la gestión de las oleadas migratorias que intentan alcanzar el continente desde los estados del norte de África. De entre las varias rutas migratorias que atraviesan el Mediterráneo, un mar que recorre múltiples estados de índole política, económica o social diversa, este artículo se centrará en la central.

La ruta central del Mediterráneo hacia Europa es una de las más peligrosas, traduciéndose en una de las áreas geográficas más mortales en términos migratorios. Se extiende desde Libia y Túnez, y alcanza a Italia en las islas de Lampedusa y Sicilia, primeros puntos de entrada en la Unión Europea de la migración que intenta llegar a su territorio.

El número de cruces irregulares en esta ruta en 2024 ha venido marcada por una reducción significativa de su actividad en relación a años anteriores. No obstante, la importancia del Mediterráneo central es vital: de acuerdo con la Agencia Europea Frontex, la ruta del Mediterráneo central supuso la mitad de los estimados 232.350 ‘cruces fronterizos irregulares’ hacia la UE en 2023.

La existencia de flujos migratorios irregulares descontrolados suele provocar grandes pérdidas humanas. Como muestra de ello, en el caso de la ruta central, la Organización Internacional para las Migraciones estima que, entre 2014 y 2020, más de veinte mil migrantes habrían perdido la vida intentando llegar a las costas italianas. Además, según el Proyecto ‘Migrantes Desaparecidos’de la misma organización, el número anual de muertes y desapariciones de migrantes en el Mediterráneo, pasó de 1.048 en 2021 a 2.411 en 2022 y alcanzó los 3.041 a finales de 2023.

Desde Libia y Túnez

Los principales puertos de salida de la ruta central hacia Italia están ubicados tanto en Libia como en Túnez. En el primer caso, desde la muerte de Muamar Muhamad Abu-Minyar el Gadafi, que puso fin al régimen dictatorial con el que gobernó el país durante cuarenta años, el país vive una crisis institucional y política derivada de dos guerras civiles y de múltiples gobiernos inestables que han sido incapaces de alcanzar un mínimo consenso político y de abrir una vía hacia el desarrollo económico.  

La ausencia de un poder estatal capaz de garantizar las necesidades más básicas de la población hace de Libia un caldo de cultivo ideal para que las mafias puedan fácilmente desarrollar sus operaciones de migración ilegal. Así, por ejemplo, una de las grandes ventajas que encuentran estas bandas o redes criminales es la de los campos de detención de migrantes, en los que, gracias a la corrupción sistémica en los distintos cuerpos policiales, civiles y militares, pueden ejercer un poder casi absoluto que les permite el control de estos campos y organizar impunemente salidas hacia las costas italianas.

En 2022, las autoridades libias anunciaron el cierre de Al-Mabani, uno de los campos más representativos del país. En él, las milicias que lo controlaban dirigían un gran comercio en torno a la extorsión y chantaje a migrantes procedentes de todo África que llegaban a Libia para dar el último paso hacia Europa, exigiéndoles un precio por su salida del campo. Diversas fuentes han recogido los malos tratos en estos centros de detención en los que se han registrado múltiples episodios de hambruna, violencia sexual y asesinatos.

Una de las últimas y más graves crisis en las que las consecuencias de la migración masiva desde el norte de África —especialmente Libia y Túnez— se vieron claramente fue la del verano de 2023 en Lampedusa, la pequeña isla italiana próxima a la costa de Túnez, en la que se llevan a cabo diferentes labores humanitarias y de identificación previas al traslado hacia Sicilia u otros centros de la península itálica. Entre el 12 y 14 de septiembre de ese año llegaron a la isla, cuya población apenas alcanza los 6.000 habitantes, más de 7.000 inmigrantes. 

Gestión de la UE

La Unión Europea contempla con preocupación el tráfico de seres humanos a lo largo de esta ruta. Una de las líneas de actuación, tanto de la Unión como de sus estados miembros, ha tenido como objetivo a la guardia costera libia, con el propósito de dotarla de la capacidad de asumir un papel de mayor relevancia y peso en la gestión de los flujos migratorios irregulares. Así, a principios de 2017, Italia firmó un memorándum de entendimiento con Libia, renovado el 2 de febrero de 2020, en virtud del cual el país europeo intensificó su relación con la guardia costera libia, a la que proporcionó ayuda material, financiera y humana. Mientras, en el caso de la UE, las acciones y proyectos con tal finalidad supusieron entre 2016 y 2019 más de 226 millones de euros, sobre los 467 millones que, según la Comisión, la UE invirtió en programas de cooperación en Libia.

Entre los objetivos de esta financiación se encontraba la formación y capacitación de la guardia costera para que se hiciera responsable de los salvamentos, además del establecimiento de una Zona SAR (‘Search and Rescue’) en donde poder llevar a cabo las funciones de socorro (vigilancia, comunicación, búsqueda, coordinación y salvamento).

Otra línea de actuación de la UE es la orientada a favorecer la paz y estabilidad en Libia. De acuerdo con ella, en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), el 31 de marzo de 2020, la UE puso en marcha la operación militar de EUNAVFOR MED ‘Irini’. Esta operación, recientemente actualizada y prolongada hasta marzo de 2025 por el Consejo Europeo, es consistente con la Resolución 2733 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que extendió por un año el embargo de armas impuesto desde 2011 al territorio libio por medio de la Resolución 1970, y que prohíbe a los estados miembros de la ONU el suministro, venta o transferencia directa de cualquier tipo de equipo o herramienta militar, ya sea actuando a título propio o a través de organizaciones regionales.

Entre los objetivos de la operación ‘Irini’ se hallan el de someter a seguimiento y recopilar información sobre exportaciones ilícitas de petróleo crudo y productos refinados del petróleo desde Libia, y el de contribuir a la desarticulación del modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y trata de personas mediante la recopilación de información y patrullas aéreas. Las fuerzas armadas italianas tienen un importante peso específico en esta misión, que contó en sus inicios con un comandante italiano, el almirante Stefano Turchetto, así como con el apoyo de cuarteles ubicados en Roma.

Los resultados hasta el momento de dicha operación parecen ser escasos, debido a la falta de coordinación y apoyo entre los países miembros, además de a las muchas reticencias de los socios europeos a la hora de proveer material militar.

Meloni redige a Albania

La reciente creación de la Asociación Estratégica y Global UE-Egipto es, quizás, el ejemplo más representativo de la visión de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, sobre la forma de gestionar la migración. La asociación se creó en el contexto del aumento que, en marzo de 2024, experimentó la inmigración en la UE de egipcios que intentaban cruzar a Europa por la frontera libia, y es coherente con la intención europea de proporcionar asistencia financiera para controlar los flujos migratorios. La asociación prevé un montante de 7.400 millones de euros para ayudar a impulsar la tambaleante economía egipcia y evitar otra crisis migratoria en Europa. Según el acuerdo, el estado egipcio asumirá un papel más proactivo en la gestión de los movimientos migratorios.

Por debajo del nivel de la Unión Europea, el debate de la inmigración es intenso en el seno de sus estados miembros, e incorpora múltiples opiniones debido a la fragmentación política propia de los sistemas democráticos europeos. La situación que vive el Mediterráneo ha derivado en los últimos años en el ascenso de movimientos conservadores escépticos con los tradicionales partidos del establishment político europeo, impulsados en gran medida por el descontento popular con el manejo de la inmigración y la percepción de muchos ciudadanos de hallarse ante una crisis de seguridad.

En el caso de Italia, la llegada de Meloni, contraria a las políticas migratorias de la UE, al gobierno italiano, ha tenido un impacto directo sobre el enfoque que Italia da al problema, y ejerce una notable influencia en las instituciones europeas sobre la formulación de políticas migratorias. El gran peso de la migración que llega a Italia utilizando la ruta del Mediterráneo central ha convertido a la líder del partido italiano Hermanos de Italia en una de las figuras más destacadas y referente del movimiento anti inmigración europeo.

Meloni se ha pronunciado en varias ocasiones en el pasado en favor de la idea de llevar a cabo programas de desarrollo y asistencia económica al continente africano como una herramienta para evitar posibles llegadas masivas de olas migratorias irregulares y cooperar al refuerzo de los estados africanos y sus instituciones. En esta línea, la primera ministra italiana ha llegado a acusar a Francia de practicar un neo-colonialismo monetario y geopolítico en sus antiguas posesiones africanas que no permite el libre desarrollo de sus pueblos.

Una nueva medida que el gobierno italiano adoptó junto al albanés en noviembre de 2023 con el fin de aliviar la presión migratoria, así como los posibles impactos en su territorio del descontrol originado por olas masivas de inmigración, es la creación en Albania de centros de tramitación de asilo para inmigrantes y refugiados. Estas instalaciones, financiadas en su totalidad por Italia, se han previsto para acoger a los inmigrantes rescatados del Mar Mediterráneo mientras se examinan sus solicitudes de asilo en un plazo de 28 días. Las instalaciones cuentan con una primera estructura en el puerto de Shengjin para llevar a cabo los procedimientos de identificación. El acuerdo incluye la posterior conducción de los inmigrantes a Gjader, a un primer centro de acogida con 880 plazas para los solicitantes de asilo; quienes vean rechazadas su solicitud, deberán esperar su repatriación en un centro adjunto de 144 plazas. Cabe resaltar que estos centros  están exclusivamente destinados a varones adultos.

La medida, no obstante, ha tropezado con un importante obstáculo planteado por la  justicia italiana. En octubre de 2024, la Corte de Roma ordenó la vuelta a Italia de doce inmigrantes internados en los centros albaneses, alegando que, tanto Egipto como Bangladesh, países de procedencia de dichos inmigrantes, no podían ser calificados como ‘seguros’ y que, por lo tanto, los migrantes no podían ser devueltos. Además, argumentó que sus detenciones “no fueron validadas” según “principios vinculantes para los jueces nacionales”, en relación un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 4 de octubre ya puso en cuestión la base del pacto Italia-Albania.

Open Arms-Salvini

La complejidad del tratamiento del problema de la inmigración irregular se puede observar también en otra de las innumerables crisis migratorias que sufrió Italia, y que tuvo por protagonista a su actual ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini. El suceso se remonta a agosto de 2019, cuando el por entonces titular de Interior impidió el atraque en puertos italianos a un barco de la ONG española Open Arms con 147 inmigrantes salvados en la zona del Mediterráneo central. La espera en alta mar duró 20 días, período en el que se permitió la entrada de 64 personas por razones médicas, y culminó con la intervención de la Justicia Italiana ordenando el desembarco de las restantes 83.

La Fiscalía Italiana pidió una condena de seis años de prisión para el exministro de Interior, acusado de los delitos de secuestro de personas y abuso de poder por los sucesos anteriormente descritos. Ante esta acusación, Salvini defendió que su decisión y movimientos a lo largo de esta crisis tuvo como objetivo forzar una situación límite que favoreciera la conclusión de un pacto equitativo de reparto de inmigración entre los estados de la Unión Europea, así como defender las fronteras italianas y su soberanía. Finalmente, el político italiano fue absuelto en diciembre de 2024 por el Tribunal de Palermo.

Medidas como estas corresponden a un cambio de orientación y sensibilidad política sobre la inmigración ilegal que surge desde el seno del sistema constitucional europeo, además del de los ejecutivos de sus estados miembros. Esta transformación se ha acelerado desde que el 15 de octubre la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, instara en una carta a los países miembros de la UE a buscar soluciones más innovadoras sobre retornos y lucha contra la inmigración ilegal. Cabe añadir que Von der Leyen instó a “extraer lecciones” de la “experiencia práctica” que supone el acuerdo entre Italia y Albania, a pesar de las críticas que ha suscitado entre la oposición italiana, así como en otros estados miembros que, como España, rechazan rotundamente este tipo de prácticas.

Consideraciones

Diversos aspectos de las cuestiones referidas pueden ser objeto de reflexión. En primer lugar, es preciso resaltar que ciertos actores no tradicionales dentro de la política como las ONG pueden, con sus acciones, ejercer una importante influencia dentro de la política institucional de los estados, como muestra el caso de Italia, tercera economía de la UE. Dentro de la esfera del Mediterráneo central, las acciones de Open Arms suelen suscitar una gran influencia en la opinión pública dirigida a las actuaciones de los ejecutivos.

Otro gran tema de debate derivado del caso de Open Arms es el de la posible incompatibilidad entre el tradicional concepto de soberanía estatal y los derechos humanos de los migrantes, a cuyo respeto los países europeos, así como la Unión Europea en su conjunto, están plenamente vinculados.

En conclusión, tal y como se ha analizado, el Mediterráneo, frontera natural que separa la Unión Europea de África, es un espacio en el que confluyen intereses geopolíticos diversos. El movimiento ideológico que se está dando en la Unión Europea hacia nuevas posiciones y métodos en la gestión de la inmigración que pueden traducirse en medidas más restrictivas, o en un aumento en la externalización en la gestión migratoria hacia países de salida, puede desembocar en nuevas oportunidades y situaciones a las que no hayamos estado sujetos todavía.

Dentro del juego de suma cero en el que cada vez se ven más involucradas las relaciones internacionales, es imprescindible que la UE tome el mando en la reconstrucción de estados como Libia por motivos de solidaridad con sus pueblos, así como por su compromiso con la defensa de los derechos humanos; también debido a la influencia que la inestabilidad y crisis internas en los territorios de origen puede tener en la seguridad europea. La respuesta de la UE al problema de la migración incontrolada podría pasar por la potenciación y reorganización de las diversas estrategias anteriormente mencionadas, y por la exploración de nuevos ámbitos de actuación.