Jorge Otaduy y Fernando Giménez Barriocanal. FOTO:

"La Iglesia seguirá en todo caso realizando la actividad pastoral y asistencial que le es propia. En un momento en que la sociedad necesita tanto de esos servicios, lo más sensato sería no poner obstáculos a su acción". Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, hizo estas declaraciones en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, con referencia a la propuesta de algunos partidos políticos de aplicar el IBI a los bienes inmuebles de la Iglesia.

Giménez Barriocanal explicó que en la Iglesia existen unas 40.000 instituciones diferentes y, por tanto, "no es fácil conocer el número de inmuebles afectados y la cuantía que el pago del impuesto podría reportar". Con todo, recalcó que la cantidad que la Iglesia tendría que abonar en concepto de ese impuesto "no produciría un alivio significativo" a las arcas del Estado.

Por su parte, el profesor Jorge Otaduy, director del Instituto Martín de Azpilcueta del campus pamplonés, recordó que la exención del IBI "no es un privilegio de la Iglesia católica: con carácter general, tampoco se aplica a los inmuebles de las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro".

"Un estado de derecho no incumple unilateralmente los tratados internacionales"

En el caso de la Iglesia, indicó que esa condición ha sido recibida a través de la Ley de Mecenazgo, de 2002, y otras normativas recientes, además del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y España. "La exigencia del pago del IBI sólo podría realizarse mediante una nueva ley del Parlamento español. Supondría una modificación del acuerdo, según las reglas que para ello establece el derecho internacional. Un estado de derecho no incumple unilateralmente los tratados internacionales", recalcó.

Fernando Giménez Barriocanal y Jorge Otaduy intervinieron en unas jornadas de estudio sobre el gobierno patrimonial de las entidades eclesiásticas, organizadas por el Grupo de Investigación sobre el Sostenimiento de la Iglesia Católica (GISIC) de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. La actividad, dirigida por el profesor Diego Zalbidea, reunió a ecónomos y personal de la Administración de numerosas diócesis españolas.

Entre otros ponentes, participaron Jesús Miñambres, profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma); Ángel Ciappi, director de Desarrollo y Corresponsabilidad de la Archidiócesis de San Juan (Puerto Rico); y Yago de la Cierva, secretario general del campus de Madrid del IESE y director ejecutivo de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011.