Arizona se integró en los EE.UU. en 1912. Hasta entonces había pertenecido a España y brevemente a México, aunque una parte del estado fue norteamericano desde mediados del siglo XIX. Es decir, no hace ni cien años que se habla inglés en Arizona, pero hay familias hispanas ilegales que llevan en ese lugar tres siglos. De sus actuales ocho millones de habitantes, un 30% es de origen mexicano, país con el que comparte unos 700 kilómetros de frontera. Si sumamos a ese porcentaje los indocumentados, el resultado es que Arizona tiene unos tres millones de latinos.

A finales del próximo mes de julio, cuando el termómetro llegue a los 110 grados Fahrenheit entrará en vigor la nueva ley de inmigración. Entonces Arizona arderá por sus cuatro esquinas, ya la norma obliga a la policía detener a cualquier sospechoso de ser ilegal aunque no haya hecho nada ilegal. Por tanto, si un guardia de tráfico detiene un coche y el conductor tiene "aspecto" latino, el policía podrá arrestarlo sólo por la "duda razonable" de que sea un indocumentado.

La norma ha provocado la justa indignación de la comunidad inmigrante, que la considera racista y desastrosa para la economía. En la reciente y multitudinaria manifestación contra la ley, quedaron claras las dificultades por las que ya pasaba la población ilegal. Por ejemplo, esta legislación es perfecta para los empresarios explotadores, que saben que sus trabajadores ilegales no van a querellarse por miedo a que los deporten. Otra consecuencia es que las personas que necesiten asistencia médica irán al hospital por el mismo temor y menos aún denunciarán cualquier robo o agresión que sufran.

La policía de Arizona, además, ha dicho que carece de medios para aplicar la ley y que si sus hombres se dedican a identificar hispanos (como es su obligación, ya que si no pueden ser ellos los denunciados) tendrán que dejar de perseguir cientos de delitos más graves. Los comerciantes, por su parte, ya sienten los efectos nocivos de la nueva norma. Básicamente porque miles de ilegales han huido a los estados vecinos (como California o Nuevo México) y el consumo está por los suelos.

Por último, 2010 es año de censo en EE.UU. y este tipo de leyes asustan a los inmigrantes, que no se fían de que los datos que faciliten sean utilizados en su contra. Esta cuestión es muy grave, ya que Washington reparte los fondos federales según la población (sea legal o ilegal) de cada estado y, amenos residentes, menos dinero para hacer carreteras, levantar escuelas o ampliar hospitales, medida que perjudica a todos: blancos, hispanos, legales o ilegales.

Las organizaciones para la defensa de los derechos civiles han iniciado ya una campaña llamada "Boicot a la Intolerancia" para que se derogue la ley Arizona. En su contra está el 60% de los norteamericanos, convencidos de que hay que pararles los pies a los hispanos.

En el fondo de este asunto está el miedo. El miedo a la imparable ola latina, comunidad que ya supera a los negros como la minoría más numerosa. Hoy son unos 54 millones de habitantes (el18% de la población) y el propio gobierno federal prevé que en 2050 sean 120 millones. Es decir, uno de cada tres habitantes.

Barack Obama, que prometió a los latinos una amplia regularización de ilegales, dice que ahora es el momento de la nueva ley nacional de inmigración, pero para eso necesita del Partido Republicano… que gobierna en Arizona.

Así que el asunto va para largo.