Según el informe presentado en 2023 por el Observatorio de la Realidad Social de Navarra, para el 2035, una de cada cuatro personas de la Comunidad Foral tendrá más de 65 años. A su vez, las mayores de 85 años pasarán del 3,5% en 2019 al 3,8% en 2035. Las previsiones son prácticamente similares en el resto de España. A tenor de estos números, cabe decir que esa franja de la población que entra en la difusa categoría de “los mayores” no constituye el pasado sino el futuro. Ahora bien, ¿estamos cultural y socialmente preparados para afrontarlo?

Sin duda, desde el punto de vista cultural, arrastramos inercias en nuestra manera de afrontar esta etapa, cada vez más larga, de la vida; prejuicios que cristalizan en distintas formas de “edadismo” que solo la reflexión crítica e informada por los datos de las ciencias, permite desactivar.

En este sentido, cabe advertir que el mero hecho de emplear una categoría tan vaga como “los mayores” oculta una amplia diversidad de situaciones y necesidades, que exigen una atención igualmente diferenciada.

Por ejemplo, actualmente, el 75% de las personas mayores de 65 años gozan de buena salud y son perfectamente autónomas. De hecho, muchas de ellas habrían continuado de buen grado su vida laboral y participan activamente en su entorno familiar, cultural y social, contribuyendo de formas muy variadas a la riqueza de nuestras sociedades.

A su vez, la mayoría de las personas dependientes, que componen el 25% restante, vive en su domicilio –solo un 5% lo hace en residencias–, con distintos grados de dependencia, que reclaman diversa atención, tanto desde el punto de vista sanitario como jurídico. Ahora bien, proyecciones realizadas en 2021 estiman que la población europea necesitada de cuidados de larga duración aumentará de 30,8 millones en 2019 a unos 38,1 millones en 2050, cifras que cabe relacionar también con las previsiones de aumento del gasto social debido a enfermedades crónicas: de un 1,7 % del PIB en 2019 a un 2,5 % en 2050. La Estrategia Europea de cuidados, presentada en 2022, busca responder a esta realidad.

Aunque el modelo de cuidados imperante en cada país condiciona la manera de afrontarla, la demanda creciente de cuidados de larga duración, está reclamando reflexión a varios niveles. El de políticas económicas y sociales no es el menor de ellos.

Ciertamente, a la luz de las cifras arriba mencionadas, no extraña que, no solo por razones de salud, sino también por razones económicas, se ponga el acento en la prevención, a fin de que el mayor número posible de personas llegue a disfrutar de un envejecimiento saludable y activo. Sin embargo, si nos quedáramos solo en este aspecto, perderíamos una oportunidad preciosa de repensar nuestro modelo social para hacerlo, no solo económica, sino también humanamente sostenible, revalorizando esta fase de la vida, recreando espacios y vínculos intergeneracionales y mostrando la solidaridad del sistema productivo y el sistema de cuidado.

En efecto: parece claro que el incremento de la demanda de cuidados, requerirá ajustes en nuestro modelo económico; basta considerar que, si bien el sector de los cuidados emplea actualmente a 6,4 millones de personas -de las cuales el 90% son mujeres- se prevé que, para el 2030 haya 7 millones de puestos de trabajo disponibles en este sector.  Sin embargo, no se trata de puestos fáciles de cubrir, pues las condiciones de trabajo no son atractivas, tanto por razones económicas como sociales: a pesar de su indudable valor humano, se trata de trabajos con escaso prestigio social; una percepción se ve reforzada por el hecho de que, en muchos casos, tanto por razones culturales como económicas, se sigue recurriendo al cuidado informal y no profesionalizado, algo que, además de los riesgos que conlleva, vuelve más difícil todavía prestigiar socialmente las profesiones del cuidado. Se trata de un círculo vicioso, que solo puede quebrarse mediante un replanteamiento global de nuestro modelo social que tome en consideración el modo en que, de hecho, el entero sistema productivo depende de un sistema eficiente de cuidados –y, a la inversa, el modo en que, de hecho, el sistema de cuidados depende del sistema productivo—, para, sobre esa base, diseñar políticas públicas que apuntalen esa mutua dependencia en beneficio de las personas implicadas.

Mucho depende, en efecto, de que las trabajadoras y los trabajadores vivan “libres de cuidados” mientras están en su puesto de trabajo, porque sus familiares están bien atendidos. Y, por supuesto, mucho depende de que los sueldos alcancen para pagar esos cuidados de familiares y dependientes, por parte de profesionales bien formados, tanto desde el punto de vista técnico como humano. Pero asegurar esa mutua dependencia no es posible en ausencia de una revisión global de nuestro modelo de desarrollo, que lo haga humanamente sostenible.