Un año más ha tenido lugar la presentación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Son muchas y variadas las opiniones que se han vertido y que seguirán vertiéndose acerca de dichos presupuestos, pero hay algunos puntos neurálgicos que es clave no olvidar. En primer lugar, y en defensa de cualquier gobierno con independencia del color político o del nivel administrativo, la dificultad para cuadrar las cuentas es invariablemente una tarea compleja. Aumentar los gastos públicos siempre tiene un lógico rédito político, aunque desde el punto de vista económico no siempre la coyuntura los necesite. Lo contrario pasa con los ingresos de tipo impositivo, donde la mayor ganancia política vendría al disminuirlos, con independencia de la situación económica. Así las cosas, la coyuntura económica favorable anterior a la crisis se debió aprovechar mejor, evitado el vicio incrementalista de los gastos y potenciando aún más los estabilizadores automáticos vía impuestos, lo cual, y dicho sea de paso, sí se hizo relativamente bien. Con una política más anticíclica, el déficit superior al 11% registrado en 2009 se hubiese mantenido en cifras holgadamente por debajo de los dos dígitos, lo cual habría permitido evitar los recortes de gasto extremos del pasado mes de mayo vividos en España: exigidos por la coyuntura económica, pero con un coste político altísimo. En resumen, los presupuestos de 2011 heredan un año más la falta de previsión del pasado.

El segundo punto clave es la austeridad. De nuevo, son presupuestos más austeros que los del 2010, cosa que no podía ser de otra forma, aunque presumiblemente más creíbles, siempre y cuando las sorpresas experimentadas por los presupuestos del año en curso no se repitan: el mencionado recorte del mes de mayo, la crisis griega, o los ataques al euro. En efecto, tras la congelación de las pensiones y el recorte del sueldo de funcionarios durante el año 2010, entre otras medidas, el que los presupuestos de 2011 anuncien un recorte del 7,7% del gasto para la Administración Central es una pieza fácil de encajar en el puzzle de la austeridad. El compromiso de un 6% de déficit para el año próximo es más que una necesidad, aunque primero tendremos que cumplir la última previsión fijada en el 9,3% para el 2010.

En tercer lugar, quedan algunas sombras que podrían retrasar el equilibrio fiscal. Citemos sólo algunas. Por lo que respecta a los ingresos, el aumento en la recaudación por IVA debe estabilizarse. El superávit de la Seguridad Social sigue perdiendo cancha. El aumento en la recaudación del IRPF por la subida de tipos a las rentas más altas dará unos exiguos ingresos de aproximadamente 350 millones de euros, cifra menor que el monto que se dará al País Vasco, 472 millones, para gestionar las bonificaciones a empresas, cedidas a cambio del apoyo presupuestario. Y hablando de cesiones: ¿se ha buscado aquí el rédito político o la eficiencia económica? Pienso que las dos cosas, pero la no aprobación de los presupuestos debilitaría la marca España, cosa inadmisible a fecha de hoy. El servicio de la deuda se está disparando, las últimas noticias hablan de que la deuda global de las Administraciones Públicas roza ya los 600.000 millones de euros, cifra muy cercana ya al límite del 60% impuesto por Europa. Y no hablemos de la situación económica, la cual tendrá todo que decir para que los presupuestos consigan sus objetivos, básicamente porque se apoyan en una estimación de crecimiento del PIB entre el 0,4 y 0,6%, lejana al estimado 1,3% de mayo e insuficiente para alejar la tasa de paro del entorno del 20%.