Tendrá lugar el próximo domingo en Suiza (y no en España, para alivio o desengaño del lector, según el caso). Antes de comentar esa votación, quiero ponderar la importancia de la democracia directa en Suiza, que hace de este pequeño país un laboratorio político con repercusión mundial. Todo el que tenga una idea y consiga 100.000 firmas en su apoyo puede someterla a la voluntad popular, lo que viene a suceder cuatro veces al año (aparte estarían los referéndums de ámbito cantonal o municipal). A diferencia de lo que ocurre con los proyectos legislativos, modificables durante el trámite parlamentario, las propuestas votadas en referéndum no se modifican: incluso las más extravagantes se presentarán al escrutinio popular si cuentan con las firmas previstas. El pueblo suizo ha manifestado siempre una notable dosis de prudencia y sentido de responsabilidad al pronunciarse sobre todo tipo de asuntos, también los muy técnicos. Cuando el tema de debate resulta complejo, el Gobierno elabora un folleto explicativo que se distribuye entre la ciudadanía y así se facilita el voto informado. La iniciativa de los suizos ha repercutido más allá de las propias fronteras, pues ideas aprobadas en referéndum se han adoptado luego por otros países, como el anclaje constitucional del techo a la deuda pública: muchos estamos en deuda con esos suizos inquietos y preocupados por la buena gestión.

El 4 de marzo, los suizos decidirán si se suprime el impuesto que financia la televisión pública. El Gobierno federal ha anunciado una modificación en el régimen del impuesto: en lugar de cotizar los aparatos, como sucede hasta ahora (451 francos al año) a partir de 2019 pasarán a hacerlo los hogares, cuenten o no con televisores. La televisión y la radio públicas, integradas en la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SRG), se juegan su futuro, pues tres cuartas partes de su financiación proceden de ese impuesto. Si se elimina, el ente público tendría que desaparecer y sus 6.000 trabajadores quedarían sin trabajo. Suiza se convertiría en el único país de Europa occidental sin televisión pública.

¿Por qué ese referéndum? La respuesta es clara: los jóvenes, en Suiza y en todo el mundo, ven cada vez menos televisión clásica. En sus móviles, se informan a través de internet, oyen música en Youtube o Spotify, y ven películas y series de portales como Netflix. Los promotores del referéndum son precisamente jóvenes libertarios, partidarios de acabar con las subvenciones públicas y, por extensión, con el creciente peso del Estado. En esta batalla cuentan con el apoyo de muchas pymes, pues las empresas se verán especialmente afectadas por la próxima subida del impuesto. En cambio, la gran patronal se opone a esa iniciativa por motivos políticos. Los impulsores del referéndum quieren que, una vez liquidada la televisión pública, el Gobierno federal saque a concurso licencias para gestionar canales televisivos y emisoras de radio. Empresarios y políticos temen que alguien como Christoph Blocher, cabeza del Partido Popular Suizo (SVP), pudiera aprovechar esa oportunidad para reforzar su presencia en el sector. El político populista cuenta ya con algunos medios, y muchos temen que amplíe su influencia y llegue a convertirse en una especie de Berlusconi suizo. El SVP es la única formación política que ha apoyado la iniciativa del referéndum, lo que ha hecho cundir el nerviosismo en el establishment. Sus crispadas denuncias sobre la inminente ¿berlusconización" de Suiza han calado en buena parte de la población y las encuestas no dan muchas posibilidades de éxito al referéndum. Pero como suele ocurrir en estos casos, el debate originado ya ha merecido la pena.

Idéntico debate -sin referéndum de por mediose está dando en Alemania, donde el Gobierno estudia la demanda de mayor financiación por parte de los dos grandes canales públicos, ARD y ZDF. Su continua ampliación de la oferta de contenidos distorsiona el mercado y amenaza a la libertad de expresión.

¿Y cuál es la situación en nuestro país Hemos dejado atrás recientemente la consideración de la televisión como servicio público. En buena hora. Pero los canales públicos, nacionales y autonómicos, mantienen un peso desorbitado. Su gestión es altamente deficitaria, y, aunque no tengamos un impuesto como el alemán o el suizo, se financian con el dinero de todos. Un vistazo superficial a su programación basta para poner en duda la función de servicio público que justificaría su existencia. El sesgo de sus programas informativos los convierte en la voz del gobierno de turno. TV 3 y Catalunya Radio se han significado recientemente en el contexto del procès. Pero no constituyen un hecho aislado: por lo que afecta a nuestra comunidad podemos fijarnos en EITB o en la política de subvenciones del Gobierno foral (afortunadamente, Navarra no da de sí como para tener una televisión pública). Bruselas ha llamado repetidas veces la atención al Gobierno español sobre la irregularidad de nuestro mercado televisivo, pero Madrid hace oídos sordos. ¿Para cuándo un debate serio y abierto sobre la función y sentido de los medios públicos?