Desde hoy y hasta el 13 de diciembre la mayoría de los responsables de las políticas relativas al cambio climático se reunirán en Madrid. Hablarán de cómo frenar el calentamiento global, entre otras cuestiones, pero no tengo claro que hablen con la misma intensidad del agua, ese recurso escaso para algunos y abundante para otros, especialmente estos días de borrasca.

Viendo el impecable reportaje de Jalis de la Serna sobre “El país del Agua” pude comprobar lo que implica dar respuesta política y real a un problema de abastecimiento de agua cuando ocurre, como sucede en Australia. Era sencillo compararlo con la demagogia que nos rodea en España en relación a este recurso, que será escaso en el futuro si es que no lo es ya mismo.

Según las estadísticas una persona consume 150 litros de agua al día, así que 40 millones de españoles consumirían 6.000 millones de litros de agua cada día. Esas mismas estadísticas culpan a la agricultura y a la industria agroalimentaria del consumo excesivo de este preciado recurso. ¿Cuánto de verdad hay en estas afirmaciones? Vamos a hacer unos números rápidos.

En el proyecto LIFE MCUBO hemos tenido la oportunidad de trabajar los últimos tres años con 17 empresas productivas del sector agroalimentario del País Vasco, Navarra y La Rioja. Empresas totalmente comprometidas con la reducción del consumo de agua. El equipo del proyecto ha sido capaz de identificar, mediante el uso de herramientas tecnológicas, un potencial ahorro de 1.000 millones de litros diarios en esas 17 empresas. Sí, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el año 2018, había unas 30.000 empresas en este sector, extrapolando el resultado, se podrían ahorrar cada día el equivalente al consumo de todos los españoles durante un año. ¿Por qué no lo reducen? ¿Por qué no les obligan a hacerlo?

En primer lugar, es cierto que una pequeña parte de ese ahorro proviene de medidas sencillas, como la concienciación de los trabajadores para reducir algunos consumos o la adopción de sistemas de limpieza más eficientes que, si bien son algo más incómodos para el personal de limpieza, podrían suponer un ahorro del 30-40% de agua en este proceso. Estas medidas, que son económicamente viables, deberían ser obligatorias y debería asegurarse su cumplimiento con inspecciones.

Otras medidas, que se podrían estimar en un 25% del ahorro de agua total identificado, implican inversiones en tecnología y aquí nos enfrentamos con un dilema económico. El ahorro, en euros, implicarían únicamente 6 €/día por empresa, mientras que las inversiones en tecnología rondarían los 100.000 €, sin contar los costes de mantenimiento, las analíticas, etc. Como consecuencia, ninguna medida tecnológica permitirá a las empresas reducir este consumo considerando el ahorro en la factura del agua. La solución tampoco puede ser subir el precio del agua, porque podría restar competitividad a nuestra industria agroalimentaria, aunque todos sabemos que el coste actual no es el real. Pero hoy en día, no todo tiene que ser retorno económico, por eso estoy convencido de que todos hemos llamado a un electricista y cambiado las halógenas de casa a LED, a pesar de que el retorno en la factura de la luz no es inmediato.

Pero sin duda, la medida estrella del ahorro pasa por la reutilización del agua, concretamente la que sale de la depuradora de las empresas y aquí, chocamos con la política y el recelo del consumidor por el desconocimiento de la calidad del agua que ofrecen estas empresas después de su uso.

Las empresas del sector agroalimentario no pueden reutilizar el agua porque está prohibido por la ley, que limita el uso del agua regenerada en el sector agroalimentario o establece las condiciones del agua apta para consumo humano, respectivamente. Es decir, que algunas empresas pueden verter el agua al río, para que otros la utilicen para regar o dar de beber a una población o incluso puede ser captada por otra empresa para usarla en su proceso; otras empresas pueden verterla al colector para ser tratadas una segunda vez (con el coste que ello supone) junto al resto de aguas urbanas, aunque prácticamente, con un sencillo proceso, podrían ser incluso potables. Pero, en ningún caso pueden reintroducirlas en su proceso.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Todos recordamos aquellos ríos del siglo pasado sucios por culpa de los vertidos de la industria y las alarmantes noticias sobre tragedias medioambientales. Resulta muy fácil meter a todas las empresas en el mismo saco, atribuirles la responsabilidad de la contaminación y ponerles todo tipo de barreras legales para evitar futuras tragedias. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de las empresas, al menos las del sector agroalimentario con las que hemos trabajado, funcionan como los riñones de las personas, devolviendo al río (o al colector) agua en mejores condiciones que la que reciben para sus procesos.

¿Nos vamos a tomar en serio este reto? Sólo se me ocurren dos soluciones posibles. O cambia la ley y les permite a estas empresas -o al menos a una gran parte de ellas- reutilizar el agua o les dejamos de culpar por el alto consumo de agua. Por eso dudo que en la Cumbre del Clima se hable en serio del agua, porque por mucho que nos intenten convencer, la mayoría de las soluciones viables son políticas, aunque políticamente no sean populares.