Para comprender tanto la magnitud del problema planteado con Google como la confusión existente desde el punto de vista jurídico, es imprescindible acudir a dos claves: la primera es la limitación de las leyes de vida privada, y la segunda, la revolución, siempre mutante, de internet.

La protección de la vida privada, en una mayoría de países, se consolidó en los años setenta y ochenta. Las leyes se concibieron teniendo como punto de mira a famosos, actores, cantantes, políticos, etcétera, y, como factor de peligro, los medios de comunicación social.

No se debía traspasar el muro de contención de la vida privada. En la misma década de los ochenta, y por el mero hecho de la transformación de los ordenadores gigantes en útiles manejables en miles de oficinas, instituciones públicas y privadas, hospitales, bancos, departamentos universitarios, tiendas y demás, se vislumbró una nueva amenaza: la del registro, cruce y cesión indiscriminados de datos –privados o no– de los ciudadanos: los llamados datos personales. Pero la segunda y definitiva clave para comprender el frente de batalla actual es internet y la presencia de los motores de búsqueda. Porque su poder amplificador de difusión de cualquier referencia, escrita o audiovisual, sobre una persona es, simplemente, infinito en el espacio y en el tiempo.

El mayor motor de búsqueda del mundo, ¿está legitimado para realizar tal gestión de las referencias personales de sus más de mil millones de usuarios? Desde Estados Unidos se le reclama el "derecho a olvidar".

El experto jurista Jeffrey Rosen escribía en el suplemento de The New York Times de 25 de julio de 2010: "Hemos sabido durante años que internet permite un voyeurismo, exhibicionismo y una indiscreción inconsciente sin precedentes, pero acabamos sólo de comenzara darnos cuenta de cuál es su coste, en una era en la que casi todo lo que decimos, y lo que otros dicen sobre nosotros, se guarda de forma permanente –y pública– en archivos digitales. El hecho de que internet nunca olvide es amenazante".

Desde Europa, a partir de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional alemán de 1983, se ha venido reclamando el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, la "facultad del individuo para determinar fundamentalmente por sí mismo la divulgación yutilización de los datos referentes a supersona", algo que ha cobrado actualidad en la era de Google.