Enorme revuelo han generado las apariciones televisivas del jefe policial de la investigación de la desaparición de los niños Ruth y José. El caso ha dado un espectacular giro tras los nuevos informes periciales que confirman la presencia de restos óseos de menores en la finca de Las Quemadillas, propiedad de los abuelos paternos. Esta circunstancia no sido desaprovechada por algunas cadenas de televisión que, agotados otros filones veraniegos -como las andanzas de Sánchez Gordillo o la abuela restauradora de Borja-, han encontrado la materia idónea para llenar horas y horas de programación e incrementar significativamente sus audiencias. El fenómeno no es nuevo: un trágico suceso en el que las víctimas son menores de edad, enormes dosis de morbo, decenas de periodistas y expertos entremezclando informaciones y opiniones, filtración de documentos e informes, entrevistas a peritos, programas interminables, imágenes de restos óseos, de la finca, de la hoguera…

Si bien la conversión de las investigaciones judiciales en espectáculo es, por desgracia, tónica habitual en el mercado televisivo, ha sorprendido, sin embargo, la manera en la que el jefe policial Serafín Castro ha contribuido activamente al mismo, facilitando un buen número de detalles sobre una investigación que todavía se encuentra abierta y parcialmente declarada secreta. Su paso por los estudios de televisión deja en el aire muchas interrogantes: ¿estaba autorizada su presencia televisiva?, ¿quién la autorizó?, ¿estaba al corriente el juez instructor del caso?, ¿la consintió?, ¿acordaron qué tipo de detalles de la investigación se iban a facilitar?; si la finalidad de su presencia era tranquilizar e informar a la opinión pública de las nuevas revelaciones, ¿por qué no se dio una rueda de prensa con acceso libre a todos los medios de comunicación?; si, como el propio interesado manifestó, acudió en representación de la policía –uniforme incluido- ¿por qué ofreció valoraciones y opiniones personales sobre el caso y sobre el imputado José Bretón?

Por si todo esto fuera poco, el juez Gómez Bermúdez ha iniciado una investigación para esclarecer si el ministro del Interior cometió un delito de relevación de secretos cuando, en la rueda de prensa que ofreció el pasado mes de julio, informó de la detención de varios implicados en el secuestro de Publio Cordón explicando algunos detalles del caso tras la localización de la casa donde estuvo secuestrado. Algo parece estar fallando en la política de comunicación del Ministerio del Interior; es lógico que la policía trate de tranquilizar a la opinión pública, que intente ofrecer a los ciudadanos una imagen de eficacia dando cuenta del esclarecimiento de graves hechos delictivos. No obstante, durante la fase de instrucción, conviene recordar que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal le confiere un carácter secreto, la transmisión de información no debería realizarse al margen del responsable judicial de aquélla. Urge ahora más que nunca, bajo las premisas de la prudencia y de la reserva, habilitar los instrumentos que sean necesarios para garantizar la adecuada coordinación entre los responsables policiales y los órganos jurisdiccionales encargados de la instrucción. Se trata de que se puedan facilitar informaciones sobre los avances y novedades que se vayan produciendo en las investigaciones para, sin interferir en la buena marcha de la instrucción de la causa, los derechos de las víctimas y de los imputados, garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información sobre asuntos de indudable interés público.