EL Consejo de Ministros aprobó hace unos días un informe con 40 medidas contra la corrupción. Este informe viene con inusitada prontitud, aunque con discutible técnica normativa, a proponer medidas adicionales a la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que, tras superar la votación en el Congreso de los Diputados, previsiblemente verá la luz antes de que finalice el año. Es cierto que los tres meses que el Gobierno se dio para su aprobación en diciembre de 2011 se han convertido en dos años, pero también es cierto que esta larga espera es la consecuencia de un proceso de diálogo amplio, que ha permitido la introducción de mejoras sustanciales.

Lo primero que llama la atención es el título de la futura disposición, que se suma a la moda legislativa de las rúbricas grandilocuentes y de escaso contenido normativo, utilizando el nombre del "buen gobierno" en vano. El proyecto inicial, que trataba de dar respuesta a dos temas distintos aunque relacionados, afronta la regulación de la transparencia pero pasa de puntillas por el buen gobierno, donde se fija exclusivamente en el conflictodeintereses y la gestión económica-administrativa, y deja a un lado aspectos como el consenso, la equidad, la sensibilidad, la participación, la eficacia y la eficiencia, que constituyen aspectos esenciales en los estándares del buen gobierno en todo el mundo, tanto de entidad es públicas como privadas.

La ley se ha visto además muy influida por los acontecimientos durante su tramitación que hanfavorecido la adopción de decisiones, especialmente en lo que se refiere a los sujetos a los que afecta, descartadas inicialmente. Podríamos decir que, en este punto, los ciudadanos deberíamos estar muy agradecidos a personas como Luis Bárcenas o Iñaki Urdangarín.

Pero más allá del inexistente buen gobierno, en lo que se refiere a la transparencia, su contenido bascula entre el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, donde la ley es poco novedosa limitándose a recoger mandatos ya establecidos en normas anteriores, y lo que la ley denomina ¿publicidad activa", campo en el que la futura ley resulta más innovadora pero en el que quizás peca de genérica y abstracta, sin un claro contenido normativo. Entre los aspectos más criticados de la redacción aprobada por el Congreso de los Diputados se encuentran:

1. El rechazo a proclamar el derecho al acceso a la información pública como un derecho fundamental, algo para lo que el legislador ordinario carece de competencias.

2. Las excesivas limitaciones, y su carácter genérico, que dejan un gran margen de discrecionalidad a la Administración Pública, confiando al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno prácticamente todo en relación con los criterios de aplicación de la ley.

3. El sentido negativo del silencio administrativo ante solicitudes de información pública, algo habitual en nuestro ordenamiento jurídico cuando se trata de la adquisición de derechos como sucede, por ejemplo, en el caso del derecho de petición.

4. El hecho que las Comunidades Autónomas puedan atribuir la competencia para la resolución de la reclamación a órganos autonómicos. Una decisión, fruto de la necesidad de apoyo parlamentario al texto, pero previsiblemente llamada a debilitar la imprescindible coherencia de criterios necesaria para la aplicación de esta ley y susceptible de favorecer tratamientos desiguales en función del territorio.

5. Por último, se ha perdido una oportunidad para establecer una regulación para los lobbies en nuestro país. Regulación solicitada por todos los grupos parlamentarios y las propias asociaciones profesionales del sector lobista.

En este objetivo, la clave del arco se encuentra en el Consejo de Transparencia (cuya composición y actuación está pendiente de desarrollo reglamentario) y que se revela ahora más que nunca imprescindible. En este desarrollo reglamentario la cuestión central a tomar en consideración por el Gobierno será entender que esta vez, para el éxito del Consejo, no basta su configuración como un órgano dedicado a controlar sino a facilitar la transparencia de las instituciones. Poner en definitiva en marcha un auténtico Plan estratégico de la transparencia en España convencidos de que "a golpe de BOE" no es posible transformar la realidad social en un tema tan arraigado en nuestro país.

Estamos ante una gran oportunidad de provocar un verdadero cambio de mentalidad en la Administración Pública, una oportunidad de empezar a trabajar con indicadores reales, medibles y comprensibles, de empezar a abrir una puerta a la verdadera participación de la sociedad, e incluso ante una buena oportunidad, para que nazca un nuevo sector de la economía, en torno al procesamiento de esos datos públicos. En manos del Gobierno está que llegue a ser una herramienta importante de la regeneración democrática y no se quede en una mera herramienta cortoplacista de marketing electoral. Es un cambio cultural tan necesario como demandado por la ciudadanía.