San Agustín definió a la paz como “la tranquilidad del orden”. A quien comparta esta definición no le llamará la atención que el Nobel de la Paz se conceda casi siempre a quienes de un modo u otro contribuyan con el orden político o con el orden jurídico, requisitos sin los cuales no hay paz posible dentro de cada Estado ni entre los Estados. Es el caso de este año, en el que se premió ayer a los organismos de derechos humanos Memorial (de Rusia) y Centro para las Libertades Civiles (de Ucrania), y al activista bielorruso encarcelado Ales Bialiatski. La presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen, sostuvo que los premiados “hicieron un esfuerzo extraordinario para documentar los crímenes de guerra, los abusos de los derechos humanos y el abuso de poder. Juntos demuestran la importancia de la sociedad civil para la paz y la democracia”.

No siempre ha ocurrido, sin embargo, que, como en este caso, el otorgamiento del Nobel de la Paz afecte de modo directo a un conflicto internacional en marcha. Si bien es cierto que los premiados llevan ya mucho tiempo trabajando (Reiss-Anderssen enfatizó que “los galardonados con el Premio de la Paz representan a la sociedad civil en sus países de origen y durante muchos años han promovido el derecho a criticar al poder y a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos”), también lo es que su trabajo se desarrolla en la que es hoy una de las zonas más tensas del planeta. Por más esfuerzos que la presidenta del Comité haya desplegado para señalar lo contrario (“este premio no está dirigido al presidente Putin ni por su cumpleaños [que es hoy] ni en ningún otro sentido. Excepto que su gobierno y el gobierno de Bielorrusia [liderado por Alexander Lukashenko] representan a un gobierno autoritario que reprime a los activistas de derechos humanos”), lo cierto es que la Academia se ha metido de este modo en la política internacional actual tomando partido decididamente. 

No debe minusvalorarse este aporte, aunque a primera vista pueda parecer simbólico. Respecto de los derechos humanos caben un discurso político, un discurso jurídico e incluso un discurso religioso, pero todos ellos tienen por fundamento, en última instancia, una concepción moral. Sin un consenso extendido acerca de la inaceptabilidad moral del uso que se hace de la fuerza en Rusia y en Bielorrusia, entre otros países que podrían señalarse, las sanciones económicas y jurídicas, y la respuesta militar carecerían de justificación.