José Luis Álvarez, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Navarra
Pensiones: un debate necesario y urgente
Pocas noticias económicas podrían haber causado el revuelo generado por la propuesta gubernamental de reforma de las pensiones. Ahora bien, más allá de todos los errores de forma y fondo que la han acompañado, creo que la publicación del proyecto abre una buena oportunidad para el debate constructivo acerca del futuro de las pensiones. Un debate largamente pospuesto, no por la ausencia de ideas y propuestas (a vuela pluma, y me dejo muchas en el tintero, recuerdo las lanzadas por el Banco de España, el Servicio de Estudios del BBVA, el Círculo de Empresarios,…), sino por el empecinamiento político en defender dogmáticamente la viabilidad económica de un modelo que, en sus condiciones actuales, parece insostenible en el medio y largo plazo.
Nuestro sistema público de pensiones es un sistema de reparto, en el que las cotizaciones de quienes trabajan cubren la pensión de quienes están jubilados. Este sistema funciona bien en condiciones demográficas similares a las de sus inicios históricos. Esto es, una pirámide poblacional con una base ancha de gente joven, que soporta al resto de la pirámide, más estrecha conforme se asciende por edades. Asimismo, funciona bien con altas tasas de actividad y bajas tasas de paro, porque entonces más potenciales trabajadores son cotizantes efectivos. Sus resultados también son mejores si la producción que generan esos trabajadores crece a buen ritmo y de manera sostenida en el tiempo, porque de ese modo hay más a repartir.
¿Se dan esas condiciones ideales en la España de 2010? Desgraciadamente, no. Casi a la vez que veía la luz el plan gubernamental, el INE publicaba sus últimas proyecciones de población en España a largo plazo. Si echan un vistazo a las pirámides de población previstas, no verán pirámides, sino algo semejante a extraños botijos en los que la parte más ancha se va desplazando hacia arriba conforme más lejano es el horizonte temporal de previsión. Traducido a cifras, si hoy tenemos 2 personas mayores de 64 años por cada 10 personas en edad de trabajar, en 40 años esa proporción podría aumentar a 6 por cada 10. El incremento de la esperanza de vida, noticia excelente en sí misma, es otro factor de presión demográfica sobre el sistema, al alargar el periodo de percepción de la pensión. La situación económica tampoco invita al optimismo. Nuestra tasa de paro se acerca al 20% y parece lejano el momento en que se recuperen tasas de crecimiento capaces de crear empleo al ritmo deseable. La productividad, por su parte, lleva mucho tiempo estancada.
Una cuestión de confianza y credibilidad
Estamos ante el problema económico por antonomasia: la escasez de recursos. El sistema de pensiones carecerá, en unos años, de recursos suficientes para atender sus obligaciones. Para arrostrar este problema, se puede incrementar la capacidad del sistema para obtener recursos. O se puede reducir el gasto en pensiones. Además cabe potenciar la eficiencia en el uso de los recursos, fundamentalmente con esquemas de capitalización que permitan obtener rentabilidad de las cotizaciones. A su vez, estas alternativas pueden instrumentarse con meros cambios en los parámetros del sistema actual, o con una reforma estructural, que añada en algún grado elementos de los sistemas de capitalización o que potencie las pensiones privadas como complemento de las públicas.
El abanico de posibilidades es muy amplio, aunque se precisa un enfoque global porque medidas aisladas de carácter paramétrico, como la prolongación de la vida activa, no bastarán. Contamos asimismo con la experiencia de países que ya han llevado a cabo reformas en sus pensiones. Pero el tiempo para actuar se agota. Debemos ponernos manos a la obra. Ante todo, es fundamental que se informe a la sociedad de manera rigurosa y transparente acerca de la situación y de las opciones disponibles. A partir de ahí, debe plantearse un debate valiente que lleve a la adopción de medidas concretas, capaces de dar confianza a los ciudadanos y credibilidad a nuestra política económica. De no hacerlo, corremos el riesgo de pagar un altísimo precio en un futuro no muy lejano.