Tras el varapalo sufrido con las cifras de la última Encuesta de Población Activa, el dato de paro registrado en el mes de abril ha supuesto cierto alivio para el Gobierno español.

De hecho, el ministro Valeriano Gómez, o el propio presidente Zapatero, se han agarrado a esa estadística como a un clavo ardiendo para hacer una interpretación optimista de la situación. Nadie discute, evidentemente, que la creación de más de 80.000 nuevos puestos de trabajo es una buena noticia.

Pero tampoco a nadie se le escapa que estamos ante una mejoría estacional propiciada por el excelente comienzo de la temporada turística, cuyo cierre dentro de unos meses supondrá un nuevo golpe al empleo. Lo que los datos de la EPA y del Ministerio de Trabajo vienen a certificar es que, en realidad, muy poco o nada ha cambiado en nuestro mercado laboral.

Las medidas anunciadas a bombo y platillo como reformas han sido meros retoques que ni han mejorado sustancialmente el funcionamiento del mercado de trabajo, como se obstina en afirmar el Gobierno, ni lo han deteriorado como creen los sindicatos.

Medidas en todos los frentes
Nuestro mercado laboral precisaba –sigue haciéndolo– una reforma integral, con medidas en todos los frentes para transformar sus rigideces, ineficiencias e injusticia estructurales en un mecanismo más flexible y favorable al empleo. El problema es de carácter sistémico, y no se limita a un aspecto concreto, sino que afecta a todas las instituciones de este mercado y a las interacciones entre ellas. Basta con ver, por ejemplo, la manera en que el nefasto impacto de una desacertada regulación de los contratos laborales se ve multiplicado por la ausencia de unas políticas activas de empleo eficaces o por el obsoleto modelo de negociación colectiva.

La solución, lógicamente, pasa por la creación de un nuevo marco institucional de relaciones laborales, más próximo a la flexiseguridad; un marco capaz de conjugar la flexibilidad que necesitan las empresas en la organización de su actividad, con el empleo y la productividad de los trabajadores. Aunque parezca que hablamos de jauja, ese tipo de modelo funciona en otros países. Algunos expertos, como el conocido grupo de economistas de Fedea, lo conocen bien y han lanzado propuestas para nuestro país dignas de consideración.

Pero cuidado: ninguna reforma laboral, por muy bueno que sea su diseño, será capaz de generar empleo por ella misma. Quienes crean puestos de trabajo son las empresas y si la demanda de su producción es raquítica no contratarán empleados por muy favorable que resulte el marco laboral. Lo que sí podemos esperar, y debemos exigir, de una buena reforma laboral es que, iniciada la recuperación, facilite la creación de empleo y el avance de la productividad, además de contribuir a que esa recuperación sea sólida y estable.

El quid de la cuestión, evidentemente, está en cómo hacer que el chispazo de la recuperación salte y prenda en la economía española. Aquí no hay soluciones milagrosas, sino más reformas estructurales, asumiendo y compartiendo sacrificios en aras de un mayor beneficio futuro. La reordenación del sector financiero, la consolidación presupuestaria, la reforma educativa, o la mejora en la calidad de la regulación económica son buenos ejemplos de lo que debe hacerse.

Y para ello es preciso un cambio de mentalidad en la sociedad española, desde la aceptación de que nada volverá a ser lo mismo, pero con el convencimiento de que sí podrá ser mejor si hoy todos ponemos el esfuerzo necesario.

Nos hemos cansado de exigir ese mismo cambio a una clase política algo pacata. Habrá que seguir insistiendo. Otros también podrían predicar con el ejemplo. Me refiero a sindicatos y representantes empresariales, quienes en un compromiso con la defensa de los verdaderos intereses de toda la sociedad española y de los grupos a que representan, deberían aunar voluntades y cerrar un buen acuerdo sobre el futuro de la negociación colectiva. Pidámosles a todos ellos que se reformen. Sólo así veremos reformas que funcionen.