El proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética actualmente está en tramitación en el Parlamento navarro. La propuesta no solo busca «establecer un marco normativo, institucional e instrumental adecuado para facilitar la mitigación y la adaptación a la realidad del cambio climático y la transición hacia un modelo energético bajo en carbono, basado en energías renovables». Propone, además, «preparar a la sociedad navarra y su entorno ante las nuevas condiciones climáticas siguiendo las directrices y los compromisos internacionales en la materia».

Es un proyecto muy necesario, aún más si consideramos que, si bien existen distintas iniciativas internacionales y nacionales para frenar esta amenaza, únicamente Andalucía, Cataluña y Baleares cuentan actualmente con una ley propia de cambio climático.

La propuesta no está exenta de críticas y puede ser mejorada en distintos puntos. Académicos, expertos y representantes de asociaciones empresariales y ambientalistas han expresado recientemente sus críticas y dudas a la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Cada uno ha hecho sus aportaciones desde su especialidad, intereses sectoriales y ámbitos profesionales, si bien se han centrado exclusivamente en aspectos técnico-jurídicos.

No debe extrañar que haya pasado desapercibido el carácter genérico de un concepto crucial: la «educación para el clima y la transición energética». De hecho, entre los principios de la acción climática y el cambio de modelo energético que se enuncian en el Artículo 2 no figura el principio según el cual el ciudadano debe conocer y entender los problemas ambientales que se generan en su entorno.

Por su parte, el Artículo 16 resulta demasiado genérico en cuanto a las políticas educacionales, pues se limita a establecer que «1. El Departamento con competencias en educación establecerá los mecanismos y recursos necesarios, para que el cambio climático y la transición energética se contemplen en los currículos educativos, en la formación y habilitación del profesorado en cualquiera de los niveles, así como en los procesos de evaluación institucional y de calidad del sistema educativo»; y «2. Se promoverá igualmente el desarrollo de proyectos educativos especializados e innovadores en materia climática y de transición energética en colaboración con los departamentos competentes en materia de energía y medio ambiente y con las instituciones educativas pertinentes». Resulta llamativo que la «educación para el clima y la transición energética» ni siquiera se encuentra definida entre los conceptos utilizados en esta norma (Anejo I).

Además, el proyecto deja entrever que dicha educación tendrá un enfoque exclusivamente técnico-científico y que los recursos provistos servirán únicamente para «financiar investigaciones que tengan por objeto mitigar las emisiones de GEI y hacer frente a los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a dichas emisiones».

La exclusión a priori de las ciencias sociales y humanas, tanto de la definición de los contenidos educativos como de la actividad investigadora (Art. 17), impedirá que podamos concienciarnos como ciudadanía sobre la crisis global que estamos afrontando y que, a pesar de las contundentes pruebas sobre su gravedad, nos negamos a ver.

La inédita magnitud y complejidad de los problemas que tenemos que encarar como sociedad nos obliga a llevar a cabo análisis siempre más complejos, inseparables y retroalimentados, desde un enfoque más interdisciplinar. A estas alturas debería ser algo claro para todos, y sobre todo para el legislador, que las humanidades también pueden contribuir a explicar el porqué y el cómo del cambio climático, de su aceleración y consecuencias. Y también que tienen un importante papel para sensibilizar a la ciudadanía, así como para profundizar en las posibles medidas que alivien la situación presente de la humanidad, poniendo acento en los factores sociopolíticos y culturales, a partir de miradas críticas y reflexivas que redundarán en la toma de decisiones local y globalmente. 

Es verdad que las ciencias humanas no han abordado esta problemática durante un largo tiempo, a pesar de ser determinante para el futuro de la humanidad. Además de ser antropocéntricas por definición, estas ciencias estimaban que se trataba de un ámbito de investigación de las ciencias naturales. Sin embargo, esto no debe justificar que el legislador no aproveche las circunstancias para implicarlas y las exhorte a elaborar herramientas y categorías interpretativas y analíticas para proporcionar nuevas soluciones a los desafíos de esta etapa de nuestro presente.

Por esta razón, el anteproyecto de ley, además de recalcar la necesidad de una investigación interdisciplinar, debería destinar los recursos que conformarán el fondo para el clima también al desarrollo de investigaciones en ciencias sociales y humanas. Sus resultados, lejos de ser meros ejercicios intelectuales, contribuirán de manera determinante a la formación de ciudadanos sensibles a los problemas ambientales. Su conciencia sobre los errores del pasado les ayudará a afrontar y gobernar los problemas del presente.