Dicen nuestros mayores que somos muy afortunados por vivir en una sociedad libre, donde todas las personas cuentan con los mismos derechos y deberes, pueden pensar y expresar libremente su opinión y los padres podemos educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestros valores.

Esto me traslada a lo vivido hace unos días en el Congreso, donde la sexta ley de educación en 40 años, la LOMLOE, fue aprobada como ley orgánica, no exenta de polémica, desacuerdo entre los partidos políticos, sin ser escuchada la comunidad educativa y un gran clamor social. No pretendo juzgar las distintas posiciones políticas, sino poner de relieve algunas cuestiones que, como persona dedicada a la enseñanza y madre de tres hijas, creo que deben hacernos pensar y reaccionar.

En mi opinión esta ley vulnera tres aspectos importantísimos. El primero, la calidad y exigencia en la formación de nuestros niños y adolescentes en las escuelas. El segundo, el derecho de los padres a elegir la formación que quieren para sus hijos. Y el tercero, la educación de personas con diversidad funcional, que tienen derecho a elegir dónde y cómo quieren formarse en función de sus necesidades particulares.

Con respecto al primer punto, la nueva ley da carácter de excepcionalidad a la repetición de curso y relega la Religión a una asignatura de segundo orden.  Somos uno de los países de la OCDE donde los escolares más repiten curso y, efectivamente, es preocupante. Sin embargo, no creo que la solución esté en rebajar la exigencia para pasar de curso u obtener el título de ESO o Bachillerato con asignaturas suspendidas. La clave está en promover iniciativas que refuercen el aprendizaje de los conocimientos y competencias de cada nivel. Si nuestros alumnos están por debajo de la media, invirtamos más o mejor y dotemos a los profesores de formación y recursos para que se imparta una enseñanza de mejor calidad basada en trabajo y esfuerzo, donde se aprenda a sobrellevar la frustración entendiendo el fracaso como una oportunidad para salir fortalecidos. Sólo así podrán abordar su formación universitaria con éxito y afrontar su vida profesional con integridad, magnanimidad y visión global, cuestiones importantísimas en el mundo actual.

De la asignatura de Religión solo diré que son muchos padres y madres los que optan por ésta. Un porcentaje mucho mayor que los que se declaran católicos. Piensan que esta asignatura hace a sus hijos e hijas mejores personas ya que la cultura religiosa y los valores que promueve son vitales para la sociedad civil, que se alimenta y apoya en estas personas y organizaciones basadas en valores.

Si hablamos de la educación concertada, con la nueva ley desaparece el concepto de demanda social y peligra el derecho de los padres a elegir el centro educativo de acuerdo con su ideario y valores, algo avalado por el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como dato, actualmente en Euskadi, la educación concertada es una opción escogida por el 47% de las familias y el 29% a nivel nacional.

La LOMLOE cambia las reglas y otorga únicamente a la administración pública la elección del centro, pudiendo priorizar la ocupación de plazas públicas frente a las concertadas. Así, en el caso de que la oferta de plazas escolares superase el número de niños a escolarizar, algo que podría ocurrir en un futuro muy próximo, los centros concertados podrían desaparecer por falta de alumnos, independientemente de su demanda social.

Este es el momento de adoptar medidas valientes que redunden en beneficio de toda la comunidad educativa, desde las administraciones públicas, instituciones, cuerpos docentes, alumnos y familias. La implantación del cheque escolar favorecería la libertad de los padres de elegir el centro escolar que quieren para sus hijos de acuerdo a sus convicciones o preferencias por un determinado modelo educativo, ya sea de titularidad pública o privada. Es una medida dirigida a la consecución de la verdadera igualdad y la sana competencia entre centros pues se eliminaría cualquier sesgo diferencial entre colegios. Por otro lado, se pondría fin al eterno debate sobre la financiación de la educación, siempre al albur del momento político en que nos encontremos y que genera, como sucede en esta ocasión, una gran inseguridad jurídica.

No creo que la aprobación de esta ley deba ponernos en alerta sólo a los padres de hijos en escuelas concertadas, o a los padres de hijos que requieren de una educación especial. No se trata de polarizar o crear grietas, sino de que todos los padres y madres, como principales responsables de nuestros hijos, tengamos derecho a elegir. No se trata de si es mejor o no un centro público o concertado. Se trata de que siempre y cuando exista una mayoría suficiente, el Estado, independientemente de su ideología, atienda a algo tan básico como la libertad de los ciudadanos.