Víctor Pou, Profesor del IESE, Universidad de Navarra
Una ley insostenible
La Ley de Economía Sostenible adoptada recientemente por el Consejo de Ministros no se sostiene porque no convence al mundo empresarial, académico y político, y ello por varias razones.
La primera es por su adanismo, lo que no es de extrañar si recordamos las palabras que Felipe González le dedicó a Zapatero, en unas jornadas celebradas recientemente en Sant Benet de Bages: "Zapatero es un adanista y un optimista impenitente". Adanismo se puede definir como la manía de pensar que todo se hace por primera vez, ignorando los logros anteriores en la materia. La segunda razón es por el abuso en la utilización de palabras que están de moda o venden bien - como sostenibilidad-,que, al final, pueden acabar significando en el discurso político poca cosa más que un brindis al sol.
La tercera razón es la obsesión por tratar de proporcionar un marco optimista al personal, siguiendo una vez más las tesis de George Lakoff tan apreciadas por el Gobierno, aunque sea sin fundamento real. Así, no es de extrañar que muchos se sientan engañados y lo denuncien abiertamente, como Pimec, por la continuidad del mal funcionamiento del crédito, o la Amec, por no ver aumentados los recursos destinados a la internacionalización de las empresas. La última razón es que se hace muy difícil otorgar un margen adicional de credibilidad a Zapatero, cuando en los albores de la crisis negaba su existencia por motivos electorales (y no sólo era una gran crisis, sino mucho más que eso, ya que comportaba la necesidad de cambiar de modelo productivo), después minimizaba su importancia u otorgaba a otros la responsabilidad de haberla causado, luego adoptaba una serie de medidas desacertadas (como el Plan E) y, al fin, nos dice que ya estamos saliendo de la crisis y propone un cambio de modelo por ley.
El Gobierno debería dejar de lado los aspavientos y hacer lo que le corresponde: en primer lugar adoptar las reformas estructurales que nuestra economía necesita desesperadamente y que le son recomendadas con insistencia desde instituciones como la Comisión Europea, el FMI o el Banco de España y, en segundo lugar, reconocer que el cambio de modelo se debe emprender esencialmente desde la sociedad civil y no por ley. Las nuevas áreas de actividad necesarias han de nacer de la base social, de abajo hacia arriba y no al revés. Desde arriba se ha de propiciar que este cambio sea posible.