Los acontecimientos de las últimas semanas, empezando por la aprobación final del rescate a Grecia, pasando por el desplome de la Bolsa española la semana pasada y acabando por un fin de semana plagado de reuniones en Bruselas, han dado el pistoletazo de salida a un recorte presupuestario radical. No se puede decir que el Presidente del Gobierno no haya hecho nada hasta la fecha. Es cierto que se han tomado medidas, por resaltar sólo algunas, en marzo se aprobó una Ley de Economía Sostenible, hemos pasado un año 2009 beneficiándonos de las ayudas del Plan E y el Presupuesto General del Estado para el año 2010 se presentó con un recorte del 4% de gasto respecto al año 2009.

Sin embargo, el problema es que han faltado muchas otras medidas por acometer. Así pues, no se ha llevado a cabo a tiempo una reforma del mercado laboral, que ha quedado en el tintero para finales del mes de mayo. Se hizo sólo un débil intento por anunciar una reforma de las pensiones. No se planteó una adecuada reestructuración del gasto público y, sobre todo, no se aplicó una política presupuestaria de ahorro cuando la economía iba mejor. Resultado: no podemos hacer de la necesidad virtud. Lo que ahora se ejecuta precipitadamente tuvo que ponerse en marcha de manera sosegada hace dos años junto con el reconocimiento de que la crisis existía. Además, se debió ejecutar junto con algunas medidas que sí se aplicaron y se ejecutaron a su tiempo.

En resumen, el recorte actual extraordinario, no olvidemos que ya en enero se anunció un recorte de 5.000 millones de euros, era necesario hace bastantes meses y debió ir unido a reformas estructurales, aún pendientes a fecha de hoy y que deben instaurarse también de inmediato. Además, se trata un recorte social a pensionistas, a futuras madres y a funcionarios. No obstante, lo peor de todo, es que es un recorte social que se podría haber evitado y que, para nuestra humillación, pudimos ejecutar desde España, sin la actual tutela e imposición europea e incluso americana.