La dimisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional lo ha devuelto a primera plana de la actualidad. Los avatares de los últimos años acrecientan el desgaste institucional, al que no es ajeno el contexto político general, más bien al contrario. Y es que la crisis que aqueja al Tribunal Constitucional, con sus elementos propios, tiene muchos más ingredientes: la falta de acuerdo de los partidos para renovar la institución, las recusaciones cruzadas, las prórrogas de los mandatos, las lecturas mediáticas anticipadas del voto de los magistrados, las presiones políticas y también mediáticas para frenar declaraciones de inconstitucionalidad, en fin, todo un cóctel de despropósitos. Por eso, entiendo que mucho más allá de los magistrados concretos -sobre los que la generalización hace injusticia- la responsabilidad alcanza a muchos niveles.

Hablando de la triple dimisión me sugería una colega en estas lides la pregunta siguiente: ¿puede ser la dimisión el último refugio de la independencia? Y le contesto aquí: puede, pero solo si se dimite antes de dictar sentencia. En otro caso me temo que la dimisión es un signo de hartazgo insuperable.
Para valorar la gravedad de la actual situación conviene recordar que este alto tribunal es el broche de cierre de nuestra democracia constitucional. Su papel es el de «guardián de la Constitución» frente al legislador, que vela por el reparto de competencias en un modelo territorial complejo y abierto y, a través de los procesos de amparo, le compete también la tutela extraordinaria de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Como tal pieza del sistema es sumamente delicada, en particular cuando tiene la última palabra sobre las decisiones de alcance político más en el límite de la Constitución.

Pero un juicio ponderado no admite la demolición de la obra del Tribunal Constitucional a lo largo de estos años -y ese juicio se oye con demasiada frecuencia-. La construcción dogmática y el efecto pacificador de las sentencias se ha dado en muchos casos. Sin embargo, otras veces la responsabilidad del propio Tribunal en el deterioro de su imagen admite pocas dudas -nuevamente la generalización no hará justicia-.

Hoy más que nunca, urge recuperar el prestigio de la institución. Eso requiere, como en tantas cuestiones, que los partidos políticos obren con absoluta responsabilidad y con altura de miras, en concreto con dos prioridades: contribuir a la restitución de la credibilidad del Tribunal Constitucional para que cumpla la función esencial que el constituyente le encomendó -sin someterlo al obstáculo del funambulismo entre partidos- y proceder a la mejor renovación a tiempo, eligiendo magistrados de gran calidad técnica, pero también humana y con capacidad para mantener la libertad de juicio.