La tramitación del Decreto-Ley de Reforma Laboral como ley es una trampa que el Ejecutivo pone a la oposición. Si sólo se convalida el D-L, los grupos parlamentarios expresarán su acuerdo, abstención u oposición a su totalidad. Si se tramita como ley, se puede enmendar cada uno de los apartados.

PP y CiU se quejan de la insuficiencia de la reforma propuesta por el Gobierno. Por tanto, al tramitarlo como ley deberían enmendar sus contenidos profundamente.

Por ejemplo, pedir que la indemnización de los contratos indefinidos nuevos se reduzca a 33 días. Entonces, el PSOE buscará aliados parlamentarios para mantener los 45 días actuales, quedando como garante de los "derechos de los trabajadores". Además, dirá que si esos partidos ganan las elecciones de 2012 querrán llevar a cabo esta reforma y pondría la "carga de la prueba" en la oposición y no en el Gobierno, verdadero causante de la necesidad de estas reformas.

En relación a las empresas de colocación, el PP, CiU, y a lo mejor CC y PNV, querrán flexibilizar su aprobación y reducirles trabas administrativas. El PSOE les acusará de mercantilizar la intermediación laboral e ir contra los Servicios Públicos de Empleo.

En las cláusulas de descuelgue de los convenios sectoriales, el Partido Popular podría proponer que las empresas puedan negociar sus propios convenios o adherirse voluntariamente a los sectoriales. Lo contrario del Gobierno, que pretende que primen los sectoriales y se puedan descolgar las empresas demostrando que son perjudiciales para mantener el empleo, con acuerdo del comité de empresa o por laudo arbitral. El PSOE incitará a los sindicatos contra el PP, ya que UGT y CCOO ven en esas negociaciones parte de su razón de ser.

Así con otros puntos de la reforma laboral, quedando el PSOE de moderado y la oposición de radical. Salir de esta tramitación trampa no es fácil, aunque el gallego Rajoy parece que últimamente se las sabe todas.