El camino parlamentario del proyecto de ley "Aído" es más desolador cada día que pasa. La abyecta propuesta hecha a impulso del Ministerio de Igualdad mereció la severa crítica del Consejo Fiscal, el desacuerdo histórico del Consejo General del Poder Judicial y el pase de un complaciente Consejo de Estado, aunque con importantes observaciones críticas. Lejos de corregir los defectos que se le han señalado, la ley se atrinchera en el error y, desgraciadamente, puede aprobarse este jueves en el Congreso de los Diputados.

Sostengo que esta ley supone la más grave quiebra de nuestro sistema constitucional. Un modelo efectivo de defensa de la vida es una exigencia de primer orden, pues el derecho a la vida es el prius de todos los derechos. La Constitución Española en su artículo 15 expresa el pacto constituyente de protección de la vida en sus términos más amplios -"todos"-. Y esta propuesta incumple el mandato de protección que el Tribunal Constitucional exige para el nasciturus  como bien distinto de la madre: al  eliminar el conflicto  grave de bienes para admitir la no punibilidad del aborto, al no prever medidas positivas y de ayuda social a la mujer para continuar con la gestación, al fijar un modelo de consentimiento informado insuficiente y al admitir sin sonrojo la selección eugenésica, entre otras.

Después de enmiendas en la Comisión de Igualdad, la objeción de conciencia en los centros sanitarios ya se nos presenta recortada y así, además de contra la vida física, se admite que pueda ceder la integridad moral y la vida espiritual de los sujetos protegida por la libertad ideológica y religiosa. ¿Habrá que recordar que la protección del pluralismo social y político y el respeto a la libertad ideológica es imprescindible en un Estado democrático? ¿y que su negación supone un retroceso hacia modelos totalitarios donde la libertad más genuina no puede invocarse frente al deber impuesto,  cuando este choca brutalmente con las convicciones e ideas más profundas de la persona? ¿Acaso puede llegar a imponerse por ley la participación  necesaria directa o indirecta en la práctica de un aborto a aquél cuya conciencia rechaza cualquier responsabilidad en este acto?

Señalaba hace unas semanas en un medio nacional que si bien el mercado de los votos parlamentarios viene condicionado por muchos elementos, este no puede ser uno más en los puntos de negociación parlamentaria como pago indecente al amarre de puestos o prebendas o cualesquiera contraprestaciones.

Cierto que hay embarazos en situaciones dramáticas y que urge buscar soluciones. Pero cuesta creer que precisamente en este tema que produce un sufrimiento tan terrible a la mujer no seamos capaces de echar más imaginación, ingenio y valor para dar con vías más satisfactorias. No se olvide que la peor pena del aborto no se puede suprimir por ley porque es a la cárcel del sufrimiento personal a la que se arroja en no pocos casos a la mujer que se somete al aborto. A ella se suma la pena colectiva que recae sobre toda la comunidad responsable, de cuyo alcance probablemente seamos conscientes a la vuelta de los años. 

Conectado con esto, es preciso subrayar la trampa mortal que encubre el mal llamado derecho a decidir. En Estados Unidos, donde se reconoció en los años 70,  hoy ha entrado en discusión. La realidad se ha vuelto demasiadas veces contra la mujer, abandonada por el progenitor desentendido y por la sociedad. Y es que -si se aplica la lógica del derecho a decidir- su situación no es fruto de un embarazo sino "de su sola decisión". Por eso, la percepción de las supuestas bondades del derecho a decidir está dando la vuelta y ya se apunta como causa de exclusión social de la mujer. Se explica así el auge de los grupos feministas pro vida en Norteamérica y de ecologistas y partidos de izquierda en Europa que reclaman desde la defensa y promoción de la mujer, el respeto a la vida, que es al tiempo su mayor fuerza.

La historia demuestra que los hombres somos capaces de lo más sublime: de crear lo más bello en las artes y lo más desarrollado en las ciencias, de amar absolutamente, de avanzar en lo más adverso, de tender puentes entre imposibles aparentes, de conquistar espacios que nos parecían de ciencia ficción…. Sin embargo, estamos ciegos e intelectualmente secos ante esta realidad del aborto, sea por desidia, por interés o desinterés o por apego a las ideologías a veces acríticamente secundadas. Con este lastre no acertamos a encontrar un modo satisfactorio para salir de este punto muerto.

Se nos puede pedir un esfuerzo mayor como comunidad que vive en el siglo XXI. Esta ley es un fracaso colectivo que nos debe interpelar a todos. Después de estudiar las estadísticas y ver las causas mayoritarias de aborto concluyo que es imprescindible la recuperación de la percepción de toda vida como un bien que debe protegerse en todo caso, y que deben aprobarse políticas sociales de ayuda a la mujer embarazada, especialmente en los casos de falta de recursos económicos o de exclusión social, pero no sólo. También es preciso repensar una adecuada educación sexual que refuerce la autoestima, el respeto mutuo y la responsabilidad. Pero además, hay que seguir manteniendo vivo el debate, buscando y aunando esfuerzos para idear  soluciones que permitan superar esta ceguera colectiva en beneficio de la sociedad entera, presente y futura.