Los hechos: el presidente del Land alemán de Baja Sajonia, el democristiano Christian Wulff, adquirió  en mayo de 2009 billetes en clase económica de la compañía aérea Air Berlin para volar junto con su familia -mujer y dos hijos- a Miami (ida, el 21 de diciembre, y vuelta, el 3 de enero). Precio de los billetes: 2.759 euros.  Hasta aquí, nada que objetar. También los presidentes de los gobiernos regionales tienen derecho a vivir en familia las vacaciones navideñas. 

La cosa empieza a complicarse cuando al cabo de unos meses, en septiembre, la esposa de Wulff coincide en una fiesta de cumpleaños con el presidente de Air Berlin, Joachim Hunold, y le cuenta sus planes de viaje. El presidente le ofrece sobre la marcha la posibilidad de volar en clase business, supuesto que haya sitios libres. Se trata de una práctica frecuente en las compañías aéreas, denominada upgrading. Además, insiste Hunold, de esta forma se garantiza mejor la seguridad de la familia Wulff, ya que al tratarse de un viaje privado tienen previsto hacerlo sin escolta. La familia Wulff acepta agradecida este ofrecimiento y se supone que disfrutan del vuelo y de las vacaciones sin problemas.

Las dificultades comienzan a la vuelta, cuando el semanario Der Spiegel tiene noticia de lo sucedido y lo investiga. Entre otras cosas, se dirige a la secretaría del propio Wulff, que proporciona la información solicitada sin ocultar ningún dato. La crónica se publica en la edición del 12 de enero y el escándalo está servido. Se produce una interpelación parlamentaria y Wulff tiene que dar explicaciones. De entrada, abona a la compañía aérea 3.056 euros por la diferencia de precios de los billetes. Wulff comparece ante el Parlamento el 21 de enero y reconoce su error: "No debería haber aceptado el upgrade. Fue una equivocación y lo reconozco sin excusas… Un político debe evitar hasta el menor asomo de trato de favor… Caí en la cuenta cuando la redacción de Der Spiegel me preguntó por el asunto".

Los portavoces de la oposición socialista y verde criticaron sin ambages el proceder de Wulff, a la vez que manifestaron un exquisito respeto hacia su persona: "Nadie piensa que Wulff sea un aprovechado, pero actuó de modo imprudente", declaraba el portavoz de los verdes, Wenzel. La cosa no acabó en el Parlamento, pues la fiscalía va a investigar si Wulff ha incurrido en delito. En efecto, la ley de gobierno de Baja Sajonia establece que los miembros del ejecutivo no pueden recibir premios o regalos vinculados al ejercicio de su cargo por valor superior a diez euros, ni siquiera una vez que han abandonado el gobierno. Por tanto, el desenlace final de este incidente queda abierto.

El Land de Baja Sajonia tiene el 20% del capital de Volkswagen, de modo que el presidente del gobierno regional es miembro del consejo de administración de la empresa. Así pues, lo que le ocurra al señor Wulff también influye en Navarra: consecuencias de la globalización. 

¿Sería trasladable ese episodio a nuestro país? Desde luego que aquí tenemos una abundante casuística en lo que se refiere a la utilización de los cargos públicos para la obtención de ventajas privadas. En cambio, pienso que el debate originado a propósito del incidente de los billetes sería impensable en nuestro escenario político y mediático: un jefe de gobierno que colabora sin reservas con una revista que va a por él y que reconoce públicamente y con sencillez sus errores; una oposición que critica al presidente de modo tan implacable como respetuoso; una fiscalía realmente independiente que investiga con absoluta normalidad al jefe del ejecutivo. Suena todo a cuento de hadas.

Este incidente pone de manifiesto que la democracia, además de un procedimiento para regular el acceso al poder, es una cultura que cultiva el debate y la confrontación, pero a partir del respeto a las personas. También nos enseña que la separación de poderes, esa que Alfonso Guerra declaró muerta y enterrada en los años ochenta, es crucial para evitar la degeneración del sistema. Y muestra igualmente que los medios de comunicación ayudan de modo decisivo al fortalecimiento de esa cultura al vigilar y denunciar las irregularidades de los políticos. Acusarlos entonces de desestabilizar el sistema, cuando simplemente cumplen con su deber, resulta estúpido y, con frecuencia, esconde la pretensión de desviar la atención pública para ocultar turbios manejos. La transparencia sigue siendo el mejor remedio para la curación de las patologías que afectan a la democracia.